nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP. BARROS LUCO TRUDEAU

Certifico que se anunciaron y alegaron en la Segunda Sala, por el recurso de protección el abogado Cristián Fernández, y contra el mismo el letrado Miguel Reyes Henríquez. San Miguel, 05 de marzo de 2024. Diego Muñoz Gaete, relator.

San Miguel, cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

A los escritos folio 15 y 16: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, para interponer acción de protección en contra del Hospital Barros Luco Trudeau, representado legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la negativa a ordenar su reintegro y el pago de remuneraciones adeudadas conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, vulnerando su derecho al fuero maternal y las garantías reconocidas en los numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que, en abril de 2023, estando embarazada, fue desvinculada del contrato a honorarios en virtud del cual desempeñaba el cargo de enfermera para el hospital recurrido desde el año 2020. Agrega que frente a tal decisión dedujo reclamo ante la Contraloría General de la República, la que ordenó su reintegro; instrucción que fue incumplida por el Servicio, el cual, luego de 6 meses de omitir dar respuesta solo el 23 de octubre de 2023, remitió un oficio desconociendo las condiciones de su contratación a honorarios.

Precisa que su vínculo laboral se extendió entre abril de 2020 y febrero de 2023, realizando labores continuas en el hospital. Sostiene que la relación a honorarios se materializaba año a año por medio de un convenio de prestación de servicios a honorarios. En tal marco el 31 de enero de 2023, suscribió la actualización de contrato para el periodo 2023, para prestar servicios de “Atención de Usuarios”, con una jornada de 44 horas semanales, en sistema rotativa 4to Turno por un honorario bruto mensual de $2.058.940.- pesos.

Añade que la función específica que cumplía en el hospital se encontraba además sujeta a un contrato de trabajo con la Universidad Central de Chile, por el cual presta servicios de enfermera y servicios educativos en las instalaciones del Hospital Barros Luco Trudeau. Puntualiza que en forma complementaria a lo anterior prestaba los servicios a honorarios de coordinación de enfermería. Explica que tal función implicaba organizar el agendamiento de horas y las visitas de los enfermeros a los domicilios de los pacientes. Describe que ambas prestaciones eran independientes una de otra, manteniendo simultáneamente ambas funciones, situación que era conocida y aceptada por el hospital.

Expresa que el 3 de marzo de 2023, recibió la noticia sobre su estado de preñez, situación que informó a su jefatura en dos oportunidades, el 13 y 17 de marzo por correo electrónico, frente a lo cual no tuvo respuesta.

Añade que, a finales de marzo, al intentar coordinar su reingreso luego de una licencia médica, nuevamente no recibió respuesta, de modo que no pudo prestar los servicios contratados y recibir los honorarios que le correspondían, siendo desvinculada con infracción fuero maternal que le asistía.

Indica que el 7 abril de 2023 presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, solicitando ser reintegrada en sus funciones y que se le pagará las remuneraciones adeudadas, la que el 5 de junio de 2023, y sin haber recibido el informe del hospital recurrido, resolvió que “dado que la contratación de que se trata se haya prorrogada hasta el 31 de enero de 2023, la señora nombre reservado se encontraría amparada por el fuero maternal que reconoce el artículo 201 del Código del Trabajo, por lo que corresponde que el Complejo Asistencial Barros Luco adopte las medidas conducentes para su reincorporación, por al menos el período que restaba del anotado beneficio maternal y pague los honorarios que dejó de percibir por el tiempo que estuvo separadas de sus funciones.”

Denuncia que transcurrido 15 días de la resolución el recurrido no procedió a su reincorporación, ni dio respuesta a la instrucción de la Contraloría, por lo que presentó una nueva denuncia y el 27 de julio de 2023 el órgano fiscalizador instruyó bajo apercibimiento se le requiriera informe. Afirma que transcurrido el nuevo plazo el hospital nuevamente no dio respuesta por lo que el 19 de octubre de 2023 dictó una nueva resolución apercibiendo al hospital a dar respuesta sobre la reincorporación.

Refiere que finalmente la recurrida el 23 de octubre de 2023, informó que la actora se encuentra sujeta a contrato de trabajo con la Universidad Central de Chile, prestando servicios en el Hospital por medio de un convenio de colaboración, que realizaba prestaciones de servicios a honorarios al Hospital, por turnos extraordinarios, que no estaban contemplados en su contrato de trabajo con la universidad, desde 21 de abril de 2020 en la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, tales servicios eran extraordinarios por la pandemia de Covid-19, y que en el caso que no haya jornada establecida, ni monto mensual de honorarios determinado, el monto a pagar en el periodo en el que estuvo separada de funciones corresponde remunerar solamente 2 jornadas mensuales.

Agrega que le parece impropio que la recurrente, que mantiene un contrato formal regido por el Código del Trabajo, señale que estaba incorporada a un sistema de turnos rotativos en el Hospital.

Alega que frente a tal respuesta el 6 de diciembre de 2023 la Contraloría tomó conocimiento de lo informado y resolvió remitir a la interesada una copia del oficio de respuesta y del dictamen en que funda su posición el hospital recurrido.

Señala que la respuesta de 23 de octubre 2023, conocida el 6 de diciembre de 2023, no da cumplimiento a las instrucciones del órgano contralor, sobre el reintegro de funciones y el pago de las remuneraciones adeudadas entre la desvinculación y la reincorporación, infringiendo las normas sobre protección a la maternidad y las instrucciones directas remitidas por la Contraloría General de la República.

Expresa que el hospital desconoce los servicios de coordinación que prestaba en virtud del contrato de honorarios, los que si bien no se trataban de un cargo de jefatura, sí consistían en servicios de organización y gestión. Arguye que la negativa a restituirla en sus funciones y pagar solo 2 turnos mensuales por el periodo en el que estuvo desvinculada, implica un incumplimiento de las instrucciones de Contraloría.

Asevera que los hechos denunciados constituyen atropellos de las garantías de protección de la vida del que está por nacer, la igualdad ante la ley -al existir una discriminación arbitraria- y a su derecho de propiedad.

Solicita se deje sin efecto el Oficio Ordinario Nº 675 de 23 de octubre de 2023 y se ordene su reincorporación en la designación a honorarios en el Hospital Barros Luco Trudeau, y el pago de sus remuneraciones íntegras desde abril de 2023 hasta la efectiva reincorporación. Asimismo, pide se ordene el pago de remuneraciones por los meses de enero y febrero de 2023, y se instruya un procedimiento disciplinario conducente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Segundo: Que informa el abogado del Hospital Barros Luco Trudeau e indica que la recurrente realizaba funciones en virtud de un vínculo estratégico especial de colaboración entre el Hospital con la Universidad Central de Chile. En virtud del cual sus funciones se ejercían cumpliendo una jornada ordinaria con contrato de trabajo con la Universidad Central.

Ratifica que realizaba prestaciones de servicios a honorarios al Hospital por turnos extraordinarios desde 21 de abril de 2020 en la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, cargo que se le encargó cumplir a propósito de la pandemia de Covid-19, y que consistía en cubrir un turno extraordinario y solo en el evento que no pudiese ser por un funcionario del hospital.

Cita el artículo 56 de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales, y el artículo 87 letra b), del Estatuto Administrativo, del que entiende que las prestaciones a honorarios son compatibles con otras labores, siempre que se efectúen fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

Afirma que le sorprende la superposición de labores de la recurrente de lo que entiende que es imposible compatibilizar las tareas contratadas por la universidad en su contrato de trabajo a jornada completa con las labores que supuestamente prestaría, también a jornada completa, sujeta a contrato de honorarios.

Argumenta que de acuerdo al dictamen E223.043 de 2022 de la Contraloría General de la República, en caso que un requirente no tenga una jornada establecida ni un monto mensual de honorarios determinado en su contrato, el monto a considerar para pagar el período durante el cual estuvo separada de sus funciones debe ser aquel equivalente a un desempeño estándar en la anotada unidad. Y ya que no existe designación de turnos en su convenio, corresponde que el hospital le retribuya 2 turnos mensuales, que es el promedio de turnos que se aplican en la unidad.

Añade que el 29 de marzo del año 2023, se presentó denuncia a la Fiscalía Metropolitana Sur, por apropiación indebida, que dicen relación con los pagos recibidos por la recurrente, por montos muy superiores a los correspondientes a los turnos extra efectivamente realizados, lo cual también demuestra, que no se está en presencia de un derecho indubitado.

Tercero: Que informa el Abogado de la Universidad Central de Chile e indica que la recurrente mantiene un contrato de trabajo vigente desde el 4 de marzo de 2021 con jornada de trabajo de 45 horas semanales. Añade que fue contratada bajo la dependencia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, para ejercer labores de Enfermera, desempeñando sus labores en el Hospital Barros Luco Trudeau.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la respuesta de la recurrida a la Contraloría General de la República, mediante oficio de 23 de octubre de 2023 y la negativa a ordenar su reintegro y el pago de remuneraciones adeudadas conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República en oficio de 5 de junio de 2023.

Sexto: Que en una primera aproximación ha de establecerse que cuando la acción se dirige en contra de la respuesta del nosocomio al ente contralor, resulta improcedente, puesto que aquella misiva no tiene los efectos que justificarían esta pretensión, tratándose de un acto de procedimiento y no terminal, sin perjuicio de lo que se dirá a continuación.

Asimismo, de acuerdo a los antecedentes aportados y lo alegado por los abogados en estrados es necesario destacar que los presupuestos que hacen procedente la acción de protección se encuentran íntegramente controvertidos.

En particular, está discutido y cuestionadas las características del vínculo a honorarios que unía a la actora con el hospital recurrido. De los antecedentes no se desprende claramente la naturaleza y contenido de tal vínculo, considerando que el mismo se encuentra establecido por una cantidad de horas similares al contrato de trabajo que la recurrente mantiene vigente con la Universidad Central de Chile, reconociendo el abogado de la recurrente en estrados que recibió aquella íntegramente su sueldo en la casa universitaria.

En base a lo anterior se puede establecer que el objeto de la controversia excede los límites de la acción de protección, teniendo en consideración que no existe un derecho indubitado, presupuesto indispensable en esta clase de pretensión de tutela cautelar.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, el recurrente no justifica la vulneración de las garantías denunciadas como amagadas, toda vez que estando discutido las características del contrato de honorarios, no se desprende inequívocamente que exista una vulneración del derecho a la vida, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Octavo: Que en base a lo razonado no se configuran los presupuestos de la acción intentada por lo que la misma debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Hospital Barros Luco Trudeau.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad N°4071-2023 Protección.