nombre reservado con A.F.P UNO S.A

San Miguel, nueve de julio de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Felipe José Hidalgo Julio, en representación de don nombre reservado, quien en tal calidad deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y la Superintendencia de Pensiones, alegando como acto ilegal y arbitrario el descuento o retención de la suma de $2.164.739, desde una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario, por no tener fundamento legal, vulnerando la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, esto es, el derecho a la propiedad.

Señala que con fecha 26 de marzo de 2020, presentó formalmente en la agencia de Talagante un reclamo por escrito en contra de AFP PROVIDA, dirigido al Gerente General, don nombre reservado, solicitando la devolución del saldo faltante que corresponde a la solicitud de retiro de fondos de APV, folio 002407, comprobante N°20200316002407, fecha de solicitud 16 de marzo de 2020, acompañando los documentos fundantes que tenía a la fecha.

Refiere que con fecha 2 de abril formuló reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, en base a los mismos hechos, sin que hasta la fecha de interposición del recurso exista un pronunciamiento o dictamen resolviendo el asunto, a pesar que la reglamentación prescribe un plazo de 25 días hábiles para emitirlo desde el día de la presentación del reclamo ante la Administradora de Fondo de Pensiones.

Aclara que suscribió un contrato de APV con AFP PROVIDA, como trabajador independiente. Al día 31 de diciembre de 2019 contaba con fondos en base a sus ahorros personales de carácter voluntario por un monto de $21.945.873, en su cuenta de Ahorro Previsional. Luego, a fines de febrero de 2020, al revisar su saldo en la plataforma de sucursal virtual www.provida.cl, para su sorpresa, advierte que sus fondos habían descendido a $20.492.488, es decir, en un lapso de 50 días aproximadamente, se perdieron de su cuenta $1.459.385, lo que era cuestionable a esa época por la cantidad de dinero perdida de sus ahorros voluntarios.

Explica que debido a lo anterior, con fecha 16 de marzo de 2020, mediante comprobante 20200316002407, Folio N° 002407, con fecha de disponibilidad el 20 de marzo de 2020, solicita el retiro total de sus ahorros, que correspondían a esa fecha a la suma de $ 20.492.488, comprobante que en caso alguno, informa la procedencia de comisión o de impuesto.

Indica que la fecha estipulada para el retiro de los fondos, según el propio documento de retiro, era el día 20 de marzo de 2020, sin embargo, llegado el día el retiro no se encontraba disponible, lo que recién ocurrió el día 23 de marzo de 2020.

Sostiene que sin explicación alguna, AFP PROVIDA emite un depósito a plazo renovable no reajustable (0130), del Banco Estado, oficina de Peñaflor, a su nombre, mediante la operación N° 00.007.970.659, por un monto inferior al indicado en el referido documento, esta vez por la suma de $18.309.440, quedando un saldo impago de $ 2.164.739, dineros que la Administradora de Fondos Previsionales Provida S.A., en caso alguno, a la fecha de hoy ha respondido, a pesar de que presentó formalmente el reclamo correspondiente el día 26 de marzo de 2020, solicitando devolución del saldo faltante, guardando silencio la Administradora, desconociendo el recurrente la razón por la cual el retiro de fondos no estuvo disponible en la fecha indicada, y no se pagó el monto indicado por la misma recurrida de $ 20.492.488, y en cambio se pagó el día 23 de marzo de 2020 y por un monto inferior, por la suma de $18.309.440 pesos, quedando en poder de la recurrida AFP PROVIDA el saldo por la cantidad de $2.164.739, sin que le hubiesen informado de algún descuento, comisión o retención impositiva, y asimismo, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, ha informado ni detallado la procedencia de algún descuento o retención legal de sus fondos a retirar, por la suma de $ 2.164.739.

Enseguida asevera, si la recurrida de forma extemporánea alega una retención por impuestos, no es procedente descuento o retención impositiva alguna, puesto que contrató el APV, como trabajador independiente, sumado al hecho que jamás ha utilizado beneficio tributario alguno, que pudiere justificar alguna retención por ley de rentas, por lo que afirma el descuento o retención por un monto de $ 2.164.739, es ilegal y arbitrario, careciendo de fundamento legal, afectando o vulnerando, el derecho de propiedad, garantizado por la Constitución Política en su artículo 19 N° 24.

Por lo expuesto, señala que el silencio guardado por la AFP recurrida, al no emitir un pronunciamiento dentro de los plazos reglamentarios para hacerlo,( 25 días hábiles) constituye una omisión arbitraria, desde que presentó formalmente el reclamo correspondiente el día 26 de marzo de 2020, solicitando devolución del saldo faltante, desconociendo a la fecha, la razón o fundamento del no pago del monto indicado.

Pide en definitiva, se ordene a la recurrida la devolución del saldo faltante que corresponde a la solicitud de retiro de fondos de APV, por un monto de $2.164.739 o la suma mayor que corresponda en derecho, a la cuenta del recurrente, con costas.

SEGUNDO: Que don Eric Rees Prat, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., evacúa informe y solicita el rechazo del recurso, con costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto del recurrente, en cuanto a la garantía establecida en el artículo 19° numeral 24 de la Constitución Política de la República, que por el contrario, en cuanto al cobro de comisiones, se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Para ilustrar que el recurso intentado no es la vía idónea, refiere que la Corte de Apelaciones de Temuco, en causa Rol 2452-2015, acogió recurso de protección interpuesto en contra de AFP Provida S.A. en donde los herederos de doña nombre reservado señalaron que la actuación de Provida era ilegal y arbitraria por cuanto se les imponía unilateralmente la calidad de beneficiarios de pensión de sobrevivencia, lo que no era aceptado por ellos, por cuanto si bien es cierto eran mayores de 18 años y menores de 24 años, no se encontraban estudiando. Posteriormente, -refiere- producto de la interposición de recurso de apelación de la Administradora, en los autos Rol 12537-2015, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia estableció en el considerando cuarto: “En el caso sub lite, no se ha establecido que los recurrentes posean un derecho indubitativo que los habilite para reclamar tales fondos por la presente vía, pues, requieren de una declaración de derechos, lo que no procede hacer en este tipo de procedimientos”.

Agrega, en otro fallo, la Excelentísima Corte Suprema establece que: “Para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado. Carece de tal calidad quien invoca una situación de hecho contradicha por el recurrido”.

Finalmente, indica, en otro fallo del máximo Tribunal, ha sostenido que: “El recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio”.

En cuanto a la acción ilegal o arbitraria de la Administradora, cuya ausencia afirma, sostiene que según la base de datos el recurrente registra una cuenta de ahorro voluntario a contar del 1 de julio de 2013, acogida a régimen tributario general. Por su parte, los saldos de la cuenta del afiliado al cierre de cada mes a contar del 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:

Saldos al 31/12/2020, Fondo A, saldo en pesos RUT reservado, saldo en cuotas 427,85, valor cuota 51.292,03. Saldos al 31/01/2020, Fondo A, saldo en pesos $22.819.371, saldo en cuotas $427,79, valor cuota 53.342,46. Saldos al 28/02/2020, Fondo A, saldo en pesos RUT reservado, saldo en cuotas 427,72, valor cuota 51.231,92. Saldos al 31/03/2020, Fondo A, saldo en pesos, 0, saldo en cuotas 0, valor cuota 0,00.

Luego, aclara que la disminución del saldo de la cuenta de ahorro del recurrente, al 28 de febrero 2020, se explica por lo siguiente: a) Cobro de comisión de enero: 0,06 cuotas, b) Cobro de comisión de febrero: 0,07 cuotas, c) Al cierre de febrero 2020, el saldo en cuotas fue: 427,79 – 0,06 -0,07 = 427,72 cuotas, valorizadas a pesos = RUT reservado, d) Baja del Valor de la Cuota del Fondo A.

Acto seguido, expone un resumen de los abonos y cargos mensuales que registra la cuenta de ahorro voluntario del recurrente:

31/01/2020, Fondo A, saldo inicial 427,85, abonos 0, cargos 0,06, saldo final 427,79, descripción del cargo: Cobro de Comisión Porcentual por Mantención de Saldo. 28/02/2020, Fondo A, saldo inicial 427,79, abonos 0, cargos 0,07, saldo final 427,72, descripción del cargo: Cobro de Comisión Porcentual por Mantención de Saldo. 02/03/2020, Fondo A, saldo final 427,72, abonos 0, cargos 0,07, saldo final 427,65, descripción del cargo: Cobro de Comisión Porcentual por Mantención de Saldo. 20/03/2020, Fondo A, saldo final 427,65, abonos 0, cargos 427,65, saldo final 0, descripción del cargo: Retiro de Fondos.

Refiere que el día 16 de marzo de 2020, el recurrente, en su calidad de afiliado realizó solicitud de retiro por el 100% de su saldo, el cual a la fecha de solicitud y materialización era de 427,65 cuotas, cuya diferencia en pesos, se explica por la disminución del valor cuota del FOA, según detalle que indica:

Retiro de Fondos: Solicitud 16/03/2020, cuotas 427,65, valor cuota 47.918,83, fecha valor cuota, 12/03/2020, monto RUT reservado. Retiro de fondos: Materialización 20/03/2020, cuotas 427,65, valor cuota 42.814,07, fecha valor cuota 18/03/2020, monto RUT reservado.

Añade, que con fecha 22 de mayo, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N° 9387 de 2020, solicita información tendiente a saber si AFP Provida actuó de conformidad a la normativa vigente, indicando que se les consultó lo siguiente:

a) Si la liquidación de los fondos fue realizada dentro en los plazos establecidos por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Y Provida respondió que el retiro se realizó según lo instruido en Compendio de Normas Libro I, Título III, Letra A Administración de Cuentas Personales, Capítulo IX. Retiros de Fondos. Esto es, el 16 de marzo del presente año, el afiliado realizó solicitud de retiro por el 100% del saldo (427,65 cuotas) y su cuenta de ahorro voluntario, se debitó con fecha 20 de marzo del presente año (4to. día hábil siguiente al día de la solicitud)

b) Si el pago de los fondos del afiliado se hizo en la fecha que se le señaló, y de no ser así señalar la justificación. Y Provida respondió que el pago del retiro se realizó en fecha, según lo informado al afiliado mediante comprobante, el monto retirado quedó disponible para cobro en cualquier sucursal del Banco Estado, a contar del 20 de marzo del presente año.

c) Indicar los descuentos y cobros que se le realizaron al retirar sus ahorros. Y Provida respondió que el monto solicitado en el retiro fue de 427,65 cuotas y lo debitado en la cuenta del afiliado corresponde a la misma cantidad de cuotas solicitadas. Señala que no se aplican descuentos ni cobros por realizar un retiro. Sólo a los Retiros de Ahorro Previsional Voluntario acogidos al Régimen Tributario 20L B de la LIR, se les retiene el 15% de impuestos, el cual no es el caso del recurrente.

d) Informar la variación de rentabilidad de los fondos de la cuenta de ahorro previsional voluntarios del recurrente entre el 31 de diciembre de 2019 y 23 de marzo de marzo de 2020. Provida aclara que la variación de rentabilidad de los fondos de la cuenta CAV del recurrente debe ser entre el 31 de diciembre de 2019 y 20 de marzo de marzo de 2020.

Afirma que el 20 de marzo (fecha en que se realizó el cargo del retiro), se valorizó con la cuota del Fondo A del día 18 de marzo, de la siguiente forma: fecha 31/12/2019, cuota fondo A 51.292,03. Al 18/03/2020, cuota Fondo A 42.814,07.

Aclara la Administradora, que en la solicitud de retiro, se informa al recurrente el siguiente mensaje: “Tenga presente que el monto final del retiro para la fecha disponibilidad puede variar debido a disminuciones en el valor cuota”.

Manifiesta la informante, que el recurso se funda en un error conceptual y lógico crucial que consiste en pensar que el Sistema de Pensiones Chileno funciona u opera como un seguro, donde sea cual fueren las condiciones económicas del mercado y del mundo, las AFP estarían obligadas a que el valor de los Fondos de Pensiones siempre aumente, y nunca disminuya. Ésta es una pretensión del todo ilógica e irreal desde que es por todos conocido que la ley obliga a las AFP a invertir dichos fondos en instrumentos (acciones, bonos, etc.) que están expuestos a los vaivenes de la economía. Por tanto, si los fondos están invertidos obligatoriamente en tales instrumentos y estos se encuentran afectos a fluctuaciones positivas y negativas del mercado, resulta ilógico exigir a las AFP que, aún en el caso de una crisis mundial (donde estos instrumentos se desvalorizan), ellas obtengan únicamente rentabilidades positivas en todos los fondos. Sería lo mismo que exigir a las AFP que aseguren que las bolsas locales y extrajeras mantendrán crecimientos sostenidos en el tiempo y que jamás sufrirán bajas, caídas o crisis, lo que no resiste ningún tipo de análisis.

En cuanto al derecho, refiere que el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, regulando en su artículo 2° lo que se entiende por afiliación al sistema de pensiones.

Con relación al sustento normativo respecto de los cargos que se efectuaron a la cuenta del recurrente por concepto de cobro de comisiones, se encuentra regulado en el citado cuerpo legal, Título III, artículo 17, denominado “De las cotizaciones, de los depósitos de ahorro previsional voluntarios, de ahorro previsional voluntario colectivo y de la cuenta de ahorro voluntario”.

Asimismo, invoca el artículo 8° del Código Civil, en cuanto el recurrente sostiene que al momento de efectuar el giro el 16 de marzo del presente año, “jamás se le informó que dicho retiro estaba sujeto a un impuesto y a una comisión”, aseverando la informante que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ésta haya entrado en vigencia.

Igualmente, refiere que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Libro I, Título III, Letra A Administración de Cuentas Personales, Capítulo IX. Retiros de Fondos, regula el procedimiento para el retiro de fondos de los afiliados.

TERCERO: Que la Superintendencia de Pensiones, evacúa informe y sostiene que si bien la acción constitucional fue dirigida por el recurrente en contra de la AFP PROVIDA y ese Servicio, no señala el actor acción ilegal o arbitraria cometida por dicha institución, por lo que carece de legitimación pasiva pues no ha tenido ninguna actuación que vulnere derecho alguno del recurrente, motivo por el cual solicita su rechazo.

Al efecto, indica que el recurrente manifiesta no haber recibido explicación alguna por parte de AFP Provida S.A., respecto de la diferencia en los fondos que recibió, versus los que había ahorrado, ni la devolución de fondos que señala haber solicitado, sin embargo, la Superintendencia dio respuesta a su presentación web de fecha 2 de abril de 2020, al día siguiente, por esa misma vía.

En cuanto al contenido de la respuesta emitida, en síntesis, dice que la Superintendencia informó al recurrente que la pérdida de valor de sus ahorros se debió a la pérdida de rentabilidad de los Fondos de Pensiones como consecuencia de la volatilidad que se generó en los mercados financieros, luego que la OMS (Organización Mundial de la Salud) decretara Pandemia Global por Coronavirus, produciendo como efecto la caída de los mercados financieros nacionales e internacionales y por lo tanto, del valor cuota de los Fondos de Pensiones.

Afirma que el recurso excede el ámbito de acción de protección previsto por el legislador, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue el recurrente, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Hace presente que las diversas Cortes de Apelaciones del país han declarado inadmisibles recursos de protección interpuestos por pérdida de rentabilidad de los Fondos de Pensiones, estimando que no es materia de un recurso de esa naturaleza, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 31763-2020, en que doña nombre reservado recurrió de protección contra AFP Cuprum solicitando se le restituyera la suma de $1.812.000, producto de las pérdidas de rentabilidad sufridas en sus fondos Previsionales, con fecha 08 de abril del presente, declaró inadmisible la acción de protección contra la AFP. Luego la recurrente apeló a la Excma. Corte Suprema, Rol N° 43592-2020, siendo confirmado el fallo de primera instancia.

Asimismo, ante la Corte de Apelaciones Valparaíso, en causa Rol N° 12891-2020, don nombre reservado, recurrió de acción de protección contra AFP Modelo S.A. por no informar el resultado de las inversiones que dicha AFP obtiene de los fondos previsionales del recurrente, siendo declarada inadmisible el 23 de abril de 2020.

Aclara que la cuenta que el recurrente singulariza como APV (Ahorro Previsional Voluntario) en que manifiesta que al día 31 de diciembre de 2019, contaba con fondos, en base a sus ahorros personales de carácter voluntarios, por un monto de $ 21.945.873, que se instruyó abrir en AFP Provida S.A., no es un APV, sino una CAV, es decir, una Cuenta de Ahorro Voluntario (conocida como Cuenta dos), acogida a Régimen Tributario General.

Reseña que la cuenta de ahorro voluntario (CAV), también llamada "cuenta dos", es un complemento de la cuenta obligatoria de la AFP, siendo una fuente de ahorro adicional para los afiliados, y es distinta del Ahorro Previsional Voluntario o APV, e independiente de la cuenta de capitalización individual, donde se depositan las cotizaciones obligatorias. Al efecto, indica que el artículo 21 del D.L. N° 3.500 establece que los depósitos en la CAV, no tienen carácter de cotizaciones previsionales especialmente para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

En síntesis, aclara la informante que la CAV es un instrumento de inversión para fines no previsionales, pudiendo hacer depósitos las veces que se desee, con un máximo de hasta 24 giros en un año, siendo una opción flexible para administrar dinero. Los fondos acumulados pueden ser utilizarlos para mejorar el monto de las pensiones o cumplir con los requisitos para pensionarse según las disposiciones de la Ley. En este sentido, el artículo 22 del D.L. N° 3500, establece “Los afiliados podrán optar por traspasar todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.

También sostiene que los ahorros depositados en la CAV son invertidos en mercados financieros, lo que permite recibir mayor o menor rentabilidad. Existen casos en los que puede haber pérdidas, la rentabilidad es en esencia variable, por lo tanto, el saldo acumulado en la cuenta dependerá de los abonos y retiros realizados, además de la rentabilidad positiva o negativa generada por las inversiones de la AFP, restando las comisiones cobradas por la administración de los ahorros, la que corresponde a un porcentaje del saldo de la cuenta de ahorro voluntario, comisión que es fijada por cada AFP, conforme al artículo 20 C del D.L. N° 3.500, de 1980.

En cuanto el régimen tributario aplicable a la CAV, el inciso quinto del artículo 22 del D.L. N° 3.500, indica que “Los afiliados podrán acogerse, por su cuenta de ahorro voluntario, a las normas que se establecen en la letra B.- del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con excepción de los retiros que se destinen a incrementar el saldo de la cuenta de capitalización individual y a los fines indicados en el inciso quinto del artículo 21. En el caso que no opten por acogerse a dicha normativa, quedarán sujetos a las disposiciones generales de esa ley sobre la renta que se les determine por los retiros, que no sean los exceptuados anteriormente, que efectúen de su cuenta de ahorro voluntario. Es decir, el afiliado puede optar por el régimen general o especial.

Refiere que en el caso del recurrente, la CAV estaba acogida a “Régimen General” de Impuesto a la Renta, lo que implica que sólo debe pagar impuesto por la rentabilidad real percibida de los giros realizados en el año calendario. De esta forma, en cada giro que se realice desde la cuenta dos, la AFP determinará qué parte corresponde a capital y qué parte a rentabilidad real. Posteriormente, al inicio del año siguiente, la AFP enviará un certificado anual con todos los movimientos realizados en la cuenta dos, para los efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Están exentos del pago de dicho impuesto los trabajadores dependientes de un solo empleador, que sólo tengan ingresos provenientes del trabajo, así como los pequeños contribuyentes (mineros, talleres, suplementeros, etc.), cuando el total de la rentabilidad de todos los giros realizados durante el año no supera las 30 UTM.

Respecto de los retiros de ahorro previsional voluntario, las Administradoras deben ceñirse a las instrucciones que se establecen en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Libro I, Título III, Letra A, Administración de Cuentas Personales, Capítulo IX. Retiros de Fondos.

Seguidamente, informa que del análisis de la revisión de la base de datos, se constató que A.F.P. Provida S.A. con fecha 20 de marzo de 2020 registró un cargo por $18.309.437.- equivalentes 427,65 cuotas del Fondo Tipo A en la cuenta de ahorro voluntario del recurrente, cargo que corresponde a la solicitud de giro realizada por el afiliado respecto de su cuenta de ahorro voluntario.

Destaca que el monto de $18.309.437.- correspondiente al depósito efectuado por A.F.P. Provida S.A. al recurrente es el resultado de la multiplicación de las 427,65 cuotas antes señaladas, por el valor cuota de fecha 18 de marzo de 2020 del Fondo Tipo A, equivalente a $42.814,07.

Agrega que la Superintendencia verificó que la solicitud de giro efectuada por el recurrente se realizó en la agencia de Maipú (0860), según se observó en comprobante de solicitud de retiro de ahorro N° 20200316002407, Folio N° 002407, por un monto de $20.492.488.- equivalentes a 427,65 cuotas del Fondo Tipo A, cuyo comprobante de solicitud de giro fue autorizado por el afiliado con su firma, RUT y huella dactilar, documento que incluye una reseña que señala lo siguiente: “Tenga presente que el monto final del retiro para la fecha de disponibilidad puede variar debido a disminuciones en el valor cuota. Adicionalmente podrá anular esta solicitud, dentro de los tres primeros días de suscrita, pasado este plazo su dinero quedará disponible para cobro de acuerdo a la modalidad de pago escogida”.

Conforme a los antecedentes expuestos la Superintendencia ha podido determinar que la diferencia que se produjo entre los $20.492.488.- solicitados por el actor, respecto a los $18.309.440.- recibidos, se debió a la disminución en el precio del valor cuota del Fondo Tipo A entre el día hábil ante precedente al de la solicitud del giro (12 de marzo de 2020) y el precio del valor cuota del Fondo Tipo A utilizado por la Administradora para pagar el giro (18.03.2020), esto es, $47.918,83 y $42.814,07 respectivamente, observándose una disminución de $5.104,76 por cuota, como consecuencia de la declaración de la OMS de fecha 11 de marzo de 2020, declarando al COVID-19 Pandemia Global, lo que tuvo un fuerte impacto en los mercados financieros; concluye que el monto devuelto por A.F.P. Provida S.A. al recurrente, es correcto, no habiéndose detectado ninguna infracción a la normativa vigente en la materia.

En cuanto a la falta de respuesta de AFP Provida S.A., a la presentación del recurrente, de fecha 26 de marzo de 2020, señala que la Superintendencia constató que la Administradora no emitió respuesta al afiliado, y por lo tanto incumplió la normativa establecida al efecto, esto es el Libro I, Título VII, Letra A Capítulo III. punto N° 13 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, sobre proceso de gestión de reclamos.

CUARTO: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente señalar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que a objeto de aclarar y mejor ilustrar el escenario en que se plantea la presente acción constitucional que el recurrente funda para reclamar de un acto u omisión ilegal y arbitrario, consiste en que el actor no recibió respuesta por parte de la Superintendencia de Pensiones a su presentación de fecha 2 de abril de 2020, ni tampoco de AFP Provida S.A., privándolo del ejercicio de su derecho de propiedad, sobre la cantidad de $ 2.164.739, puesto que al intentar retirar sus ahorros el día 20 de marzo de 2020, no se encontraban disponibles, lo que recién se verificó el 23 de marzo de 2020, cuando se le entregó un depósito a plazo renovable no reajustable, del Banco Estado, en la oficina de Peñaflor por un monto inferior al que se le había indicado inicialmente. Es decir, de los $20.492.488, que creyó recibiría solo se le pagó la suma de $18.309.440, quedando impago según él, un saldo de $ 2.164.739, dinero que pide le devuelva AFP Provida S.A.

SEPTIMO: Que en cuanto a la pretendida devolución de fondos previsionales que persigue el recurrente por medio de la acción constitucional de carácter cautelar, destinada a proteger derechos fundamentales frente a posibles privaciones, perturbaciones o amenazas, ha de aclararse que esta no es la vía procesal idónea por medio de la cual pueda establecerse el monto de dinero de que se trata, esto es, el descuento o retención de la suma de $2.164.739, por cuanto como se especificó latamente por los informantes, la regulación normativa aplicable al efecto se encuentra contenida en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, que crea el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, en concordancia con el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Libro I, Título III, Letra A Administración de Cuentas Personales, Capítulo IX. Retiros de Fondos, de suerte que lo pedido excede el ámbito de resolución del recurso interpuesto, no pudiendo obtenerse la devolución anotada de la forma como se ha dicho.

OCTAVO: Que, luego de lo expresado, asoma incuestionablemente que lo reclamado en autos no es la tutela de un derecho indubitado, aseveración que permite concluir que la presente acción cautelar se ve impedida de prosperar por esa sola circunstancia, sino la declaración de un derecho, desde que la pretensión del recurrente es que se haga la devolución de un saldo de sus fondos previsionales que mantenía en una cuenta de ahorro voluntario, como aclaró la AFP PROVIDA y la Superintendencia respectiva, y no en una cuenta de ahorro previsional voluntario, como sostuvo el actor en su recurso, para lo cual -en todo caso- el legislador ha dispuesto los procedimientos declarativos de lato conocimiento que permitirán un pronunciamiento en el sentido solicitado.

NOVENO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso por no haberse acreditado la vulneración de la garantía constitucional alegada por el recurrente contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, por actos u omisiones ilegales o arbitrarias atribuidas a las recurridas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado don Felipe José Hidalgo Julio, en representación de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y la Superintendencia de Pensiones, sin costas.

Redacción del Ministro (I) Carlos Hidalgo Herrera.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 4069-2020 - Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sr. Roberto Contreras Olivares, Sra. Carolina Vásquez Acevedo y Sr. Carlos Hidalgo Herrera.

Se deja constancia que no firma el ministros Sr. Roberto Contreras Olivares no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.

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