nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

San Miguel, seis de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, Ingeniero, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-152630-2023-Santiago, de 9 de noviembre de 2023, notificada mediante correo electrónico en misma fecha, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, según el siguiente tenor: “Que, atendido lo anterior, dicha entidad, concluyó, en síntesis, que atendido lo indicado en la referida Carpeta Tributaria, se puede observar que "en el pago de servicio interno mensual, que el base imponible no justifica una solvencia económica acorde al sueldo presentado por el trabajador de $2.000.417" (sic), decisión que vulnera con ello sus garantías fundamentales reconocidas en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 2 de mayo de 2022, fue contratado por la sociedad Transportes y Turismo Limitada, cuya socia mayoritaria es doña nombre reservado, quien efectúo importantes inversiones para comenzar la operación comercial de transporte de personas y servicios automotrices, debiendo ejercer el cargo de encargado con un sueldo imponible de $1.850.000. Añade que el citado negocio no obtuvo los resultados económicos esperados, motivo por el cual sufrió afecciones psicológicas que lo hicieron consultar con un médico psiquiatra, el que le prescribió reposo médico mediante la emisión de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, por 21 días cada una a contar del 1 de septiembre de 2022.

Agrega que la Compin Región Metropolitana autorizó, pero sin derecho a subsidio por incapacidad laboral el reposo prescrito en las citadas licencias médicas, esgrimiendo para ello que su empleador no acreditaría solvencia económica, Explica que ante aquella respuesta, reclamó ante la Superintendencia, entidad que instruyó en marzo de 2023 a la Compin, fiscalizar el lugar de desempeño laboral del interesado, a fin de determinar la existencia de huellas laborales, materiales y concretas que permitieran acreditar el desarrollo efectivo de sus labores y la solvencia económica de su empleador, instrucción cumplida por esta institución e informada a la recurrida en abril de 2023, lo que motivó la dictación de la resolución recurrida de 9 de noviembre de 2023 por la Superintendencia de Seguridad Social, la que se limitó a confirmar lo informado por la citada Compin, en el sentido que la entidad empleadora no ha demostrado acreditar solvencia económica suficiente para contratar al interesado, de manera que existiría una eventual falta de huellas laborales que demuestren el vínculo laboral. Ello, a pesar de acompañarse la información necesaria para acreditar el vínculo laboral, tales como contrato de trabajo, liquidaciones, cotizaciones, libro de asistencia, además de la visita al taller constatando la existencia de máquinas y funcionamiento.

Cuestiona que como empleado se le castigue con el no pago del subsidio por incapacidad temporal por una supuesta falta de solvencia de su empleadora, además de la falta manifiesta de fundamento de la resolución dictada por la recurrida, la que se remite sólo a confirmar lo resuelto por la Compin, limitándose a señalar que “En mérito de lo antes indicado, corresponde en la situación en estudio confirmar lo informado por la citada COMPIN, toda vez que la entidad empleadora no ha demostrado acreditar solvencia económica suficiente para contratar al interesado, por lo que existiría una eventual falta de huellas laborales que demuestren el vínculo laboral”, obviando toda la documental y demás antecedentes que dan cuenta de la existencia de la relación laboral, lo que considera arbitrario e ilegal, afectándose sus garantías fundamentales a la integridad física y psíquica y de propiedad Por lo anterior solicita se acoja el recurso y se ordene el pago de forma íntegra todas las licencias médicas rechazadas, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación: 1.- Resolución Exenta RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-41262-2023 Santiago, 28 / 03 / 2023, que confirma el rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, firmada por doña nombre reservado; 2.- RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-152630-2023 Santiago, 19 / 11 / 2023 que confirma el rechazo de las licencias médicas por parte de la COMPIN, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, firmada por don nombre reservado; 3.- Contrato de trabajo celebrado entre mi persona y doña nombre reservado, copia simple libro de asistencia al trabajo; 4.-Liquidaciones de sueldo; 5-Certificado de cotizaciones previsionales emitido por AFP capital; 6.- Conversaciones con clientes, proveedores y gestión de publicidad; 7.- Información financiera de la señora nombre reservado, compra maquinarias, crédito, depósito a plazo, compra de camioneta; 8.- Declaración jurada simple de testigos.

Segundo: Que informa Andrea Cisternas Tiemann, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando en primer término se declare la improcedencia de la acción de protección por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, el que no está amparado por la acción cautelar de protección.

En subsidio y en cuanto al fondo señala que el recurrente presentó reclamo ante ese organismo el 4 de noviembre de 2023 (sic) en contra de la COMPIN Región Metropolitana, que autorizó sin derecho a subsidio por incapacidad laboral el reposo indicado en las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, por 63 días, a contar del 1° de septiembre del mismo año, fundado en el hecho que su empleador no acreditaría solvencia económica, determinación de la que discrepa.

Explica que previo estudio de los antecedentes, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-41262-2023, de 28 de marzo del año 2023, se resolvió instruir a la Compin efectuar una fiscalización, tendiente a determinar la existencia de huellas laborales, materiales y concretas que den cuenta de la efectividad de la calidad de trabajador dependiente del interesado y de la solvencia financiera de la empresa, según el extenso fundamento que la misma resolución contiene en su parte considerativa, resumido en que el sueldo declarado por el recurrente no se condice con la capacidad económica que refleja la empresa en sus estados tributarios mensuales, no bastando la mera presentación de documentos formales para acreditar la realidad del vínculo laboral que sustente la entrega de subsidios económicos por incapacidad laboral transitoria.

Aduce que, una vez recibido el informe de fiscalización de la Compin, ORD.: N° 231347, de 24 de abril de 2023, la que contiene documental y otros antecedentes recabados ante el supuesto empleador del recurrente, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-152630-2023, de 19 de noviembre del año 2023, se dictaminó …”confirmar lo informado por la citada COMPIN, toda vez que la entidad empleadora no ha demostrado acreditar solvencia económica suficiente para contratar al interesado, por lo que existiría una eventual falta de huellas laborales que demuestren el vínculo laboral”, decisión que es igualmente precedida de la suficiente fundamentación para su mejor entendimiento. Además, agrega que en dicha decisión final se informó al actor el derecho a recurrir de reconsideración ante la misma recurrida, de acuerdo a los artículos 59 y 25 de la Ley 19.880, impugnación que no ejerció.

Afirma que lo resuelto está en íntima relación con la normativa legal y reglamentaria para el otorgamiento de subsidios por licencia médica, siendo un presupuesto fundamental para ello la existencia de una relación laboral efectiva del actor, realidad que ha sido puesta en duda por la Compin y esa Superintendencia, atendida la discrepancia entre la remuneración que señala tener el recurrente frente a la solvencia económica que acredita la empresa empleadora, requisitos mínimos que corresponde verificar a esos organismos según la Constitución y las Leyes 16.395 y 20.691, encontrándose dubitada dicha calidad en este caso. De ahí también que al carecer el recurrente de un derecho indubitado en esta materia, la acción de protección se torna improcedente al no ser esta una procedimiento declarativo de derechos.

En consecuencia, concluye que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazar al subsidio económico de las licencias médicas del recurrente, se encuentra justificado, debido a que los antecedentes tenidos a la vista no permiten justificar la existencia cierta de la relación laboral del recurrente por falta de solvencia económica de su supuesto empleador, limitándose a resolver la situación dentro del ámbito de su competencias, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad del recurrente.

Por lo anterior solicita sea desestimado el recurso en todas sus partes, con costas. Acompaña a su presentación, expedientes administrativos relativos al caso del recurrente.

Tercero: Que respecto de la alegación planteada por la recurrida, relativa a la improcedencia de la acción planteada, por tratarse de materias de seguridad social garantizadas en el N° 18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República y que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, cabe señalar que esta argumentación no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece meridianamente claro que con, el rechazo del pago de la licencias médicas, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica del recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

De lo que se colige que la pretensión se enmarca en aquellas contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y consecuentemente corresponde el rechazo de la cuestión previa planteada sobre su improcedencia.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, corresponde indicar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que el acto emanado de la recurrida, e impugnado mediante esta acción constitucional, señala que el motivo de rechazo de las licencias objeto de controversia resulta del examen de la documentación acompañada y revisada por la Compin, y que no habría resultado suficiente para acreditar huellas laborales materiales que permitieran dar por establecida la calidad de trabajador dependiente de nombre reservado, respecto de su empleador sociedad Transportes y Turismo Limitada, cuya socia mayoritaria es doña nombre reservado.

Sexto: Que si bien el actuar de la SUSESO se ampara en el ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, deviene en la especie en arbitrario, pues carece de la necesaria fundamentación que todo acto de la administración del estado requiere, omitiendo justificar por qué los antecedentes tales como contrato de trabajo celebrado entre el recurrente y doña nombre reservado, copia simple libro de asistencia al trabajo, liquidaciones de sueldo, certificado de cotizaciones previsionales emitido por AFP Capital, y declaraciones juradas acompañadas por el recurrente, serían insuficientes para acreditar el vínculo laboral del actor el que se extiende desde el 2 de mayo de 2022.

En este caso importa dejar consignado que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, ordena en su artículo 16 que: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia".

Por otra lado, tanto la Compin como la Suceso son órganos de la administración del Estado, por lo tanto, les son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado, cuyas decisiones poseen la naturaleza jurídica de acto administrativo, cuya definición se encuentra expresada en el artículo 3° del referido cuerpo legal.

Conforme a lo anterior, el artículo 11 de la ley antes citada, dispone: "La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte", y en su inciso segundo agrega: "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos".

Así también, el deber de fundamentación de los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado, se encuentra refrendado en el artículo 41 de la misma Ley de Bases antes citada, que se refiere al "contenido de la decisión final", en cuyo inciso cuarto reitera: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".

Séptimo: Que en consecuencia el actuar de la recurrida evidentemente vulnera el derecho de propiedad del actor, amparado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo recurrido.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara:

Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UJU-152630-2023-Santiago, de 9 de noviembre de 2023, notificada mediante correo electrónico en misma fecha, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, debiendo el órgano recurrido aprobar las citadas licencias médicas y efectuar todas las gestiones necesarias a fin de proceder a su pago a la brevedad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra (s) Alondra Castro Jiménez.

Rol N°4054-2021 Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte, presidida por la Ministra(s) señora Alondra Castro Jiménez, Fiscal Judicial señora nombre reservado y abogado integrante señor Francisco Cruz Fuenzalida.

No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado por estar con feriado legal, tampoco lo hace el abogado integrante señor nombre reservado por no encontrarse en funciones en la audiencia de hoy.