nombre reservado con AFP MODELO S.A. Y OTRO

San Miguel, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales —Ticket N°2695281— notificado el 8 de enero de 2026. Expone que, en su calidad de trabajadora extranjera de nacionalidad venezolana, solicitó el retiro de sus fondos conforme a la Ley N°18.156, acompañando constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, además de otros antecedentes laborales. Sostiene que dicha documentación acredita su afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que otorga cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cumpliendo con el requisito sustantivo exigido por la ley. Sin embargo, refiere que su solicitud fue rechazada por no acompañar un certificado de afiliación apostillado o legalizado, exigencia que —a su juicio— no se encuentra contemplada en la Ley N°18.156, constituyendo una carga adicional impuesta por vía administrativa.

Añade que dicha exigencia resulta materialmente imposible de cumplir atendida la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurándose un caso de fuerza mayor, y que, en todo caso, la constancia electrónica es verificable en línea mediante código, lo que le otorgaría valor suficiente. Concluye que la decisión impugnada constituye una interpretación excesivamente formalista de la normativa, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad sobre los fondos previsionales.

Segundo: Que, en lo que respecta al informe evacuado por la AFP Modelo S.A., la recurrida solicita el rechazo del recurso, señalando que la solicitud de devolución de fondos presentada por la actora con fecha 7 de enero de 2026 fue rechazada por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156. Expone que la recurrente acompañó, entre otros antecedentes, una constancia electrónica de cotizaciones, la que no constituye un certificado de afiliación idóneo, por cuanto no señala de manera específica las prestaciones cubiertas, no acredita la cobertura efectiva durante todo el período trabajado en Chile, no se encuentra firmada por la autoridad competente y carece de legalización o apostilla. Indica que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia —citando expresamente el Oficio N°3141 de 2024 y el Oficio N°12954 de 2025—, la afiliación a un sistema previsional extranjero debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución competente, debidamente legalizada o apostillada, que dé cuenta específica de la cobertura respecto de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período laboral.

Añade que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional que debe interpretarse restrictivamente, requiriendo el cumplimiento copulativo de sus requisitos, lo que no ocurre en la especie. Asimismo, sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa vigente, al Compendio de Normas y a la jurisprudencia administrativa y judicial reiterada sobre la materia, descartándose la existencia de ilegalidad o arbitrariedad.

Tercero: Que, en cuanto al informe de la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo solicita igualmente el rechazo del recurso, oponiendo en primer término la improcedencia de la acción de protección, por tratarse de una materia que excede su ámbito cautelar, al no existir un derecho indubitado y requerirse un pronunciamiento de lato conocimiento respecto del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos. En cuanto al fondo, señala que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional respecto de la regla general de obligatoriedad de cotizar, cuyos requisitos deben cumplirse copulativamente, entre ellos, la acreditación de afiliación a un sistema de seguridad social extranjero mediante certificación emitida por la autoridad competente. Indica que la documentación acompañada por la recurrente —esto es, una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS— no cumple con dichos estándares, por cuanto carece de firma, no se encuentra legalizada o apostillada y no acredita de manera específica la cobertura efectiva durante el período laboral, limitándose a menciones genéricas del sistema previsional venezolano. Añade que, conforme a su jurisprudencia administrativa y a lo instruido mediante el Oficio N°12954 de 2025, este tipo de documentos no constituye un medio idóneo de prueba para acreditar el requisito legal, no pudiendo sustituirse por mecanismos de verificación electrónica. Asimismo, hace presente que la recurrente formuló una consulta ante dicho organismo, la cual fue respondida señalando que no corresponde exceptuar el cumplimiento de los requisitos legales ni pronunciarse sobre la situación diplomática invocada. Concluye que la actuación de la AFP se ajusta a la normativa vigente y a los criterios interpretativos obligatorios de ese organismo fiscalizador, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP recurrida de acceder a la petición de la actora -trabajadora extranjera- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 8 de enero de 2026, por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por la actora al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que el recurrente no se encuentra imposibilitado de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por la parte recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°405-2026 Protección