nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicada por correo electrónico el 8 de octubre de 2025.

Expone que requirió la devolución de sus fondos al amparo de la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y la posibilidad de retirar los fondos acumulados cuando se cumplan sus requisitos. Señala que ProVida fundó el rechazo en que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de 2 de enero de 2025, no permitiría acreditar que el recurrente cumple con el requisito de contar con cobertura previsional suficiente para enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile, agregando además que la cobertura por enfermedad no señalaría expresamente prestaciones médicas y pecuniarias.

Sostiene que la decisión de la AFP desconoce la normativa especial aplicable, pues admite de hecho que se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen, pero rechaza la solicitud sobre la base de exigencias adicionales que no están contempladas en la Ley N°18.156. Afirma que acompañó una constancia de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizada y verificable, así como declaración jurada ante notario, y que las constancias electrónicas venezolanas contienen un código alfanumérico susceptible de validación en línea en el sitio oficial del IVSS. Explica que estos documentos dan cuenta de su fecha de afiliación, del número de semanas cotizadas, de su estatus de asegurado y de que el régimen de seguridad social venezolano cubre contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, coincidiendo así con las prestaciones mínimas exigidas en el artículo 1 de la Ley N°18.156. Añade que la administradora omitió verificar dicha constancia por los medios tecnológicos disponibles y que incluso otras AFP, como Cuprum, han aceptado constancias verificadas en línea en casos análogos, lo que demostraría el carácter caprichoso y desigual de la decisión impugnada.

Explica que el artículo 1 de la Ley N°18.156 exige únicamente, por una parte, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y, por otra, que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación, mientras que el artículo 7 del mismo cuerpo legal permite solicitar la devolución de los fondos previsionales cuando se cumplan esas condiciones. Afirma que en su caso esos requisitos concurren íntegramente y que, por lo mismo, la AFP recurrida incurre en un actuar arbitrario al incorporar formalidades no previstas expresamente por la ley, tales como exigencias adicionales de vigencia o modalidades específicas de certificación. Alega además que, ante la inexistencia actual de representación diplomática venezolana en Chile, imponer requisitos de difícil o imposible cumplimiento importa desconocer el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor y levantar un obstáculo irrazonable para nacionales venezolanos que sí pueden acreditar materialmente su afiliación previsional mediante documentos electrónicos verificables y certificados previamente legalizados.

Invoca la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, señalando que se le ha dado un trato desigual respecto de otros solicitantes que, hallándose en similares condiciones, han obtenido respuestas favorables con documentación semejante. Afirma asimismo la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, por cuanto los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual le pertenecen y la negativa a restituirlos constituye una retención injustificada. Añade la garantía del artículo 19 N°26, sosteniendo que la recurrida ha impuesto condiciones y requisitos no previstos en la ley que afectan la esencia de sus derechos.

Solicita que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, proceda a efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados o se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas.

En primer término, sostiene que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver la controversia planteada, por tratarse de una materia de lato conocimiento y carácter contradictorio. Señala que el recurso de protección fue concebido como una acción urgente para amparar derechos fundamentales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, pero no para declarar derechos controvertidos ni para revisar cuestiones que requieren un debate probatorio más amplio. Afirma que en este caso no existe un derecho indubitado del recurrente a obtener la devolución de sus fondos previsionales, sino una discrepancia jurídica sobre si cumple o no con los requisitos de la Ley N°18.156, lo que excede el objeto propio de esta vía cautelar. Añade que la pretensión del actor implica, en los hechos, discutir la correcta aplicación del régimen previsional vigente y eventualmente modificar el alcance de la normativa que regula el sistema de pensiones, lo que no puede resolverse mediante recurso de protección.

En cuanto a los hechos, indica que ProVida rechazó la solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero el 8 de octubre de 2025, fundándose en que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de 2 de enero de 2025, no permitía acreditar el cumplimiento del requisito relativo a la cobertura previsional en el extranjero. Precisa que, si bien ese documento da cuenta de una afiliación al IVSS desde el 1 de octubre de 2007, no acredita que el recurrente haya contado efectivamente, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, con cobertura en los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidos por la Ley N°18.156. Agrega que, específicamente respecto de la cobertura por enfermedad, la constancia tampoco señala que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Destaca además que el documento acompañado no se encuentra firmado por quien lo emite y que, junto con la declaración jurada presentada por el recurrente, carece de valor suficiente para acreditar por sí solo el requisito legal de cobertura previsional en el extranjero.

Cita en apoyo el Oficio N°5376 de la Superintendencia de Pensiones, en el que se instruye que no basta un documento que describa en forma genérica las coberturas del sistema previsional extranjero, sino que debe existir una certificación específica emitida por la autoridad previsional competente que acredite que el trabajador contó efectivamente con protección en todos los riesgos previstos por la ley durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Añade que, conforme a la jurisprudencia administrativa sistemática de la Superintendencia de Pensiones sobre valor probatorio de documentos expedidos en el extranjero, las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente y que tampoco indiquen de forma expresa las coberturas del afiliado ni permitan inferir un período determinado de cobertura, no sirven para acreditar debidamente el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156. Precisa que, desde la entrada en vigor en Chile del Convenio de la Apostilla, el 30 de agosto de 2016, y considerando que Venezuela también es Estado Parte de dicha convención, los documentos públicos extranjeros deben venir apostillados por la autoridad competente venezolana para surtir efectos en Chile, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya.

Agrega que, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la constancia de afiliación al IVSS emitida en representación de la autoridad previsional por la delegación consular venezolana sí era útil para estos efectos, pero que actualmente ello no exime del cumplimiento de las formalidades legales exigibles.

En cuanto a las declaraciones juradas, indica que la propia Superintendencia ha instruido expresamente que, aun cuando estén certificadas ante notario chileno y apostilladas, no constituyen medios idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, porque esa certificación solo puede emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

Explica que el Decreto Ley N°3.500 creó el sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, estableciendo que la afiliación genera derechos y obligaciones, entre ellas el derecho a las prestaciones y la obligación de cotizar. Refiere que las AFP están impedidas de ofrecer u otorgar beneficios distintos de los previstos por la ley y que los fondos acumulados en las cuentas individuales tienen por destino exclusivo financiar las prestaciones previsionales contempladas legalmente. Señala que solo existen excepciones expresamente previstas, entre ellas la contemplada por la Ley N°18.156 respecto de técnicos extranjeros, la cual debe interpretarse restrictivamente. Explica que dicha ley exime de cotizar en Chile a trabajadores extranjeros que, copulativamente, tengan la calidad de técnicos, se encuentren afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifiesten en su contrato de trabajo la voluntad de mantener tal afiliación. Añade que el artículo 7 de la misma ley permite solicitar la devolución de los fondos previsionales únicamente si se cumplen esos requisitos.

Precisa que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones de la Superintendencia, el cumplimiento del requisito de cobertura previsional extranjera debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones exigidas.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones informa que el rechazo de AFP ProVida a la solicitud de devolución de fondos de nombre reservado se fundó en que la constancia electrónica del IVSS no acredita cobertura efectiva en enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo trabajado en Chile, ni indica en forma suficiente prestaciones médicas y pecuniarias por enfermedad. Añade que el recurrente no presentó reclamo previo ante ese organismo por estos hechos.

Sostiene que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional y de interpretación restrictiva, aplicable solo si el trabajador extranjero acredita copulativamente afiliación a un sistema previsional extranjero con cobertura suficiente y la voluntad contractual de mantener dicha afiliación.

Afirma que la constancia electrónica acompañada no sirve para acreditar ese requisito, porque no está firmada, ni apostillada o legalizada, y además no especifica de manera suficiente las coberturas concretas ni el período efectivo de protección del afiliado.

Concluye que, conforme a su jurisprudencia administrativa y a la normativa vigente, el rechazo de AFP ProVida se ajusta a derecho y no presenta ilegalidad ni arbitrariedad.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones del IVSS” de 3 de octubre de 2025, sin legalización ni apostilla.

Séptimo: Que conforme lo expresado, la falta de vigencia y de apostilla de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos debidamente legalizados y/o apostillados, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4045-2025 Protección