nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

San Miguel, uno de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Claudio Tapia Díaz, abogado, concejal de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, representada por su alcalde don Gustavo Toro Quintana, abogado; en contra del Secretario Municipal don nombre reservado, abogado; en contra de don Álvaro Andrés Delgado Martínez, abogado, y contra aquellos que resulten responsables, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 números 3 y 4 de la Carta Fundamental, debido a la denuncia realizada por el Alcalde y el Secretario del Concejo Municipal, en su contra, en el Concejo Ordinario de 15 de noviembre del año pasado, el cual es público y fue trasmitido por redes sociales, por una supuesta denuncia realizada en su contra por su secretaria doña Carol Andrea Cerda Illanes por agresión, maltrato habitual, amenazas y por emplearla en funciones que no estaban consideradas dentro de sus atribulaciones.

Afirma que la denuncia realizada por su secretaria fue con posterioridad a que le informara a ella que prescindiría de sus servicios profesionales, por una serie de faltas en que había incurrido, maltrato a vecinos y dirigentes, falta a la probidad, no estar en la oficina, falsificación de recetas médica, retirarse en forma intempestiva y dejar la oficina cerrada por mucho tiempo, lo que fue denunciado en su oportunidad a su Jefe y a la Contraloría General de la República, y con posterioridad a lo expuesto concurrió ante el secretario municipal, entregándole una licencia médica por treinta días, situación desconocida por él, para después denunciarlo, iniciándose un proceso por el municipio, designándose al abogado don Álvaro Andrés Delgado Martínez, quien le señalo: “Concejal: Junto con saludarle cordialmente, le escribo para consultarle si podrá declarar en la investigación desformalizada que llevo adelante en virtud de denuncia de su ex secretaria, ya que habíamos convenido que su declaración sea hoy a las 15.30 en mi oficina, y no se realizó debido a su ausencia”, lo cual transgrede los principios del debido proceso, señalando que se le juzgó y vulneró por parte del Alcalde y el Secretario en Concejo Ordinario de 15 de noviembre pasado, realizándose una denuncia de manera verbal en su contra detallándose los hechos y el nombre de la supuesta víctima y denunciante, incumpliendo sus funciones el Secretario ya que es él quién debe asesorar en materia jurídica al Concejo y lo más grave es que son ambos abogados, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.

Expone que lo ocurrido provocó que fuera víctima de “funa” por las redes sociales, ocasionándole un daño moral irreparable, no sólo a él sino que también a su familia, hijos, madre y hermanas, señalando que lo que se buscó fue destruir su imagen pública y carrera política, además de ser cuestionado por los demás concejales en cada concejo posterior a la denuncia, lo que le ha ocasionado un daño irreparable a su honra, estado emocional y finanzas, por cuanto se encuentra con ansiedad, angustia y cerca de una depresión, lo que le impide trabajar, no pudiendo generar ingresos para su manutención, las de sus hijos y familia.

Sostiene que se han vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 3 y N° 4 de la Constitución Política de la República y en Tratados Internacionales, sobre el principio de inocencia, igualdad ante la Ley, imparcialidad y debido proceso, por la denuncia verbal en Concejo Ordinario, no existiendo un proceso ni tribunal para el conocimiento de los hechos, asignándose a un funcionario que trabaja para el municipio bajo subordinación y dependencia del Alcalde, así como el respecto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia, además de la protección de sus datos personales.

Pide se deje sin efecto el proceso desformalizado, se ordene a los recurridos no menoscabar más su nombre y honra, absteniéndose de referirse a la supuesta denuncia y prohibiéndose que se vuelva a “tocar” en concejos ordinarios y extraordinarios, mientras no se verifique una denuncia formal, ante un Tribunal de la República, a los involucrados y miembros del Concejo Municipal, se prohíba la difusión del concejo realizado con fecha 15 de noviembre pasado y del procedimiento, además de otras medidas de protección que se estime adoptar, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que evacúa informe don nombre reservado, abogado, por los recurridos, la Municipalidad de San Ramón, representada por Gustavo Toro Quintana, nombre reservado, Secretario Municipal de la I. Municipalidad de San Ramón, y Álvaro Delgado Martínez, abogado de la Dirección Jurídica de la I. Municipalidad de San Ramón, solicitando su rechazo.

Indica que la redacción del requerimiento es ininteligible ya que no fundamenta ni especifica cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria, ni quien la ejerce; no se detalla cuál es la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas que sirve de base para su interposición, así como los derechos o garantías consagradas en la Constitución que se ven vulneradas; es confusa ya que señala que el hecho vulneratorio sería la denuncia que se habría realizado en la sesión del Concejo Municipal de la comuna de San Ramón (15 de noviembre de 2023) por parte del Alcalde Gustavo Toro Q. y del Secretario Municipal Jorge Concha F. contra el recurrente, pero inmediatamente relata una serie de hechos que habrían ocurrido entre la parte recurrente y la funcionaria que lo denunció por maltrato laboral, y luego señala el proceso desformalizado que se llevó a cabo para investigar la denuncia, y sobre esto el proceso desformalizado también sería parte de las acciones que él considera vulneratorias.

Asevera que la Municipalidad de San Ramón no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno que implique afectación de garantías constitucionales del recurrente. En relación a las declaraciones vertidas por el Alcalde Gustavo Toro y el Secretario Municipal Jorge Concha en el Concejo Municipal, y es falso que sean una denuncia de hechos, sino que informan del estado procesal de una denuncia recibida por parte de una funcionaria a contrata en contra del Concejal, donde se exponen situaciones graves (maltrato laboral y amenazas), efectuada por ella ante las jefaturas correspondientes la que fue recepcionada por el Secretario Municipal, con anterioridad a la realización del Concejo Municipal, existiendo un memorándum, de 8 de noviembre de 2023 (siete días antes de la mencionada sesión del Concejo Municipal), por parte del Secretario Municipal a la Fiscalía Administrativa de la misma entidad local, solicitando una investigación de los hechos relatados por la funcionaria (Memorándum N°465, de 2023). Añade que, si todo lo anterior no resultará suficiente para desvirtuar lo señalado por la parte recurrente, existen registros fidedignos de lo que se habló durante la sesión ordinaria N° 83 del Concejo Municipal de la entidad edilicia, los cuales están disponibles en el perfil oficial de la Municipalidad de San Ramón en la red social Facebook y en la página institucional de la misma municipalidad, en ella el Alcalde expuso: “Se contactó conmigo la secretaria del nombre reservado por una denuncia grave y me gustaría que el secretario informara también porque yo le solicite que se contactará con usted, recordar que ustedes tienen secretarios y que ustedes los proponen, pero son funcionarios municipales, no son funcionarios ni de ustedes ni míos, son de la municipalidad y sobre todo si son contratas, quiero ser expreso porque es una denuncia grave por acoso, violencia y amenazas graves”.

A continuación, el Alcalde lamenta que el nombre reservado se haya retirado de la Sala de Concejo Municipal, y señala que no es la primera denuncia de este tipo, agregando que “creo que tenemos que hacernos cargo porque nos afecta a nosotros, porque ustedes siempre están levantando denuncias de otros funcionarios que es igual de grave, pero creo que hoy día cuando nosotros que somos autoridades y representantes de la comunidad se tiene que aclarar, creo que usted secretario se debe hacer cargo.” Enfatiza que “Creo que se tiene que aclarar, no estoy ni culpando ni absolviendo al Concejal”, por lo tanto no señala o asevera al nombre reservado como autor de las acciones que se denuncian ni utiliza calificativos o apreciaciones de mérito respecto de los graves hechos denunciados por la funcionaria, pero si es claro en señalar que deben ser investigados, cumpliendo con las obligaciones legales que le corresponden como jefe de servicio y empleador de la funcionaria.

A su vez, el Secretario Municipal tampoco señala en ninguna de sus declaraciones al recurrente (nombre reservado) como autor de los hechos que se investigan, sino que informa de cómo tomó conocimiento de la denuncia por parte de la funcionaria: "Me manifiesta que de forma reiterada habría tenido actos de agresión contra ella y amenazas” y de cómo actuó frente a dicha denuncia: “Ante esa situación le dije que estaba en la obligación legal de informar a la autoridad lo que estaba ocurriendo”, agregando: “Se está llevando a cabo una investigación desformalizada, porque obviamente el concejal no tiene la calidad de funcionario” y “Le van a dar traslado a él para que realice sus descargos”.

Respecto a la investigación desformalizada realizada por el abogado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de San Ramón, Álvaro Delgado, manifiesta que no existe acto ilegal o arbitrario en el desarrollo de esta, siendo un derecho de todo funcionario y funcionaria municipal poder denunciar hechos u omisiones que afecten su integridad física y psíquica y, en ese sentido, doña nombre reservado, quien se desempeñaba como secretaria del concejal Claudio Tapia Díaz, el día 7 de noviembre del 2023 denunció diversos actos de violencia verbal y amenazas que habrían sido ejercidos en su contra por parte del recurrente, informándole de tales al señor Secretario Municipal. Por tal razón, el Alcalde dictó el decreto N° 1861, de 10 de noviembre de 2023, que ordenó la investigación interna.

Luego de aquello, en cumplimiento de su obligación funcionaria, contenida en la letra k) del artículo 58 de la ley N° 18.883, artículo 175 del Código Procesal Penal, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Ley N° 21.643 que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, el señor nombre reservado, Secretario Municipal, puso en conocimiento del Ministerio Público los hechos, mediante la respectiva denuncia penal el 5 de diciembre de 2023, por lo que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar del abogado recurrido señor Álvaro Delgado Martínez, ni del señor nombre reservado, Secretario Municipal, ni en general en el actuar de la Municipalidad de San Ramón, en tanto como se describe, es la legislación nacional e internacional la que obliga a denunciar hechos como los acaecidos.

Explica que la investigación interna llevada a cabo por el abogado recurrido, señor Álvaro Delgado Martínez cumplió con todas y cada una de las garantías de existencia de un proceso racional y justo, en los términos del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, citando a declarar a diversos testigos, entre los cuales figuraban funcionarios y secretarios de concejales de diversas sensibilidades políticas representadas en el Concejo Municipal, enviándole citaciones al concejal recurrente para que prestara declaración, hiciera sus descargos o ejerciera los derechos que estimare; expone que el señor Álvaro Delgado Martínez solamente se limitó a realizar la investigación y a proponer al jefe comunal una serie de recomendaciones, razón por la cual resulta temerario imputarle a él, como también al Secretario Municipal que realizó la denuncia penal en virtud de la obligación funcionaria que pesa sobre éste, algún acto u omisión que vulnere los derechos constitucionales del recurrente, a la sazón derechos de índole procesal, como también aquellos que digan relación con su dignidad y honra.

Expresa que sobre la solicitud de que se “prohíba la difusión del concejo realizado con fecha 15 de noviembre” es contradictorio puesto que el mismo concejal aprobó en sesión posterior, del 27 de diciembre de 2023, el acta del miércoles 15 de noviembre, lo que significó que dicha acta pueda estar disponible para toda la ciudadanía en la página institucional del municipio, y en su N° 5 se registra: “El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los presentes acordó aprobar el acta de la sesión ordinaria N° 83 del Honorable Concejo Municipal.” Solo el recurrente hizo alcances de forma en el siguiente tenor: “Concejal Claudio Tapia: pagina 42 dice nombre reservado, es con Z, porque no se está cumpliendo los dictámenes se repite la frase en la misma página 42.”, existiendo un desconocimiento del recurrente, en cuanto a que las sesiones de los concejos municipales deben ser publicadas en una plataforma de libre acceso para la ciudadanía en virtud del mandato legal establecido en la ley N° 21.534.

Pide el rechazo de la acción de protección incoada con costas, esto último en atención a la temeridad de las imputaciones realizadas.

Tercero: Que el recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Cuarto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca, además de acreditar la existencia de un derecho o garantía de los enumerados taxativamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que se encuentre debidamente determinado, es también esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de esos derechos y garantías.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es “ilegal” o “arbitraria”. A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, de conformidad con lo señalado en los motivos que anteceden, y atendidas las peticiones que el recurrente formula, resulta que los actos que reprocha a los recurridos son, fundamentalmente tres, a saber, la realización de un procedimiento “desformalizado” para investigar la denuncia que formulara en su contra la secretaria Carol Andrea Cerda Illanes por agresión, maltrato habitual, amenazas y por emplearla en funciones que no estaban consideradas dentro de sus atribulaciones; la referencia efectuada por el Alcalde y el Secretario del Concejo Municipal a la denuncia realizada por la referida secretaria, en el Concejo Ordinario de 15 de noviembre de 2023, y la transmisión en redes sociales de la mencionada sesión de Concejo, así como del acta respectiva.

Séptimo: Que, en cuanto a lo señalado por el Alcalde y el Secretario del Concejo Municipal en la referida sesión de Concejo, no se aprecia vulneración a las garantías constitucionales que aduce el actor como conculcadas, desde que la autoridad edilicia se limita a informar de la denuncia efectuada por la señora nombre reservado en contra del recurrente, por lo que, en relación con tal conducta, no se observa la ilegalidad o arbitrariedad que el señor nombre reservado reclama.

Octavo: Que tampoco existe conculcación de los derechos fundamentales invocados con motivo de la difusión por redes sociales del contenido de la sesión, por cuanto, según hemos dicho, no se aprecia que las autoridades recurridas hayan proferido expresiones que conculquen algún derecho del actor. Por lo demás, el artículo 84 de la Ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, dispone expresamente en su inciso sexto que “[l]as sesiones públicas deberán ser transmitidas simultáneamente, por cualquier medio electrónico capaz de emitir imagen y voz. Asimismo, deberán publicarse las grabaciones de las sesiones en la página web institucional y/o en alguna plataforma de libre acceso en internet, y se hará constar el enlace a ella en la página institucional o en otras plataformas oficiales de información al público, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su celebración, y mantenerse disponibles por el plazo mínimo de tres años”, preceptos que obligan a dar la difusión al contenido de la sesión que el recurrente reprocha.

Noveno: Que, de lo razonado, resulta que no ha existido acto ilegal o arbitrario por parte del alcalde ni de del secretario municipal, lo que lleva, necesariamente, a desestimar la presente acción constitucional, en lo que a ellos respecta.

Décimo: Que, en cuanto a la sustanciación de la investigación “desformalizada” efectuada por el abogado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de San Ramón, Álvaro Delgado Martínez, tampoco se aprecia la ilegalidad o arbitrariedad que se alega, desde que el alcalde de San Ramón, en atención a la denuncia efectuada en contra del recurrente por doña nombre reservado, ordenó su realización, mediante el decreto N° 1861, de 10 de noviembre de 2023, con el objeto de determinar la seriedad de dicha denuncia. En efecto, si bien este procedimiento no se encuentra expresamente regulado en la normativa aplicable, nada obsta a su realización con el objeto de que la autoridad edilicia, con la información obtenida, haga las denuncias pertinentes ante las autoridades que corresponda, lo que efectivamente hizo.

Undécimo: Que, contrariamente a lo sostenido en el libelo recursivo, tampoco se aprecia vulneración al debido proceso durante la substanciación de tal investigación, por cuanto se dio a conocer al recurrente que se realizaría tal investigación, se le otorgó la posibilidad de ser oído y de aportar todos aquellos antecedentes que estimare pertinentes, por lo que también en esta parte ha de desestimarse la acción constitucional que se revisa.

Duodécimo: Que, sin embargo, las conclusiones a que arriba el abogado Álvaro Delgado Martínez en el documento intitulado “Resolución Investigación Desformalizada”, fechado el 23 de noviembre de 2023, no se limitan a meras recomendaciones en orden a efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los antecedentes de la referida investigación o remitir los antecedentes al nombre reservado de la entidad edilicia, como efectivamente se indica en los numerales 4°, 5° y 6° del mencionado documento —recomendaciones que no merecen reproche alguno—, sino que efectúa, además, ciertas valoraciones de la conducta del recurrente que no son propias de un procedimiento como el mencionado, desde que su único objetivo debió ser determinar la seriedad de los hechos denunciados para efectuar las denuncias correspondiente.

En efecto, en el numeral 1° de la parte resolutiva del documento conclusivo de la investigación, se indica que “se tuvo por establecido que hubo maltrato por parte del concejal Claudio Tapia Díaz a la funcionaria nombre reservado, estando dos testigos contestes al efecto, cuyas versiones son totalmente concordantes”. Tal aseveración da por acreditada, al margen del procedimiento laboral, penal o administrativo correspondiente, una determinada conducta del actor contraria al ordenamiento jurídico, apartándose del único objetivo que podía tener la investigación cuestionada, cual es determinar la verosimilitud de la denuncia para así remitirla a las entidades llamadas por ley a determinar su existencia.

Decimotercero: Que al proceder de la forma señalada en el motivo que antecede, don Álvaro Andrés Delgado Martínez ha vulnerado el derecho constitucional del recurrente consagrado en el número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señalare la ley y, que se hallare establecido por esta, con anterioridad a la perpetración del hecho”, por cuanto el recurrido, en la referida conclusión del documento titulado “Resolución Investigación Desformalizada”, de 23 de noviembre de 2023, ha excedido las atribuciones de que legalmente estaba investido, alzándose como una verdadera comisión especial.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la acción deducida por don Claudio Tapia Díaz, solo en cuanto la dirige en contra de don Álvaro Andrés Delgado Martínez, disponiéndose que se elimina el punto 1 de la parte resolutiva del documento titulado “Resolución Investigación Desformalizada”, de 23 de noviembre de 2023, realizado por el mencionado recurrido, debiendo abstenerse de tal conducta. Se rechaza, en lo demás, el recurso, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°4044-2023 Protección Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte, presidida por el ministro señor Roberto Contreras Olivares e integrada por el ministro señor Leonardo Varas Herrera y por el abogado señor Adelio Misseroni Raddatz.

No firma obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma el ministro señor Vargas por presentar problemas técnicos con su firma digital, tampoco lo hace el abogado integrante señor Misseroni por no haber sido convocado.