nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado quien interpone recurso de protección en contra del nombre reservado (10° Compañía), representado por el Superintendente Luis Reyes Concha, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la aplicación de una sanción disciplinaria de separación de funciones por el término de 181 días, acto que vulnera sus garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Explica que fue citado al Consejo de Disciplina el 29 de agosto de 2023, debido a un informe que lo acusaba de infringir la Orden del Día Nro. 44 de 2022 y ciertos procedimientos de guardias. Este informe también hacía referencia a situaciones registradas en listas durante los últimos seis meses y a su comportamiento de asistencia en los últimos nueve años. Como consecuencia de ello, el 5 de septiembre de 2023 se le impuso una sanción de separación de 181 días.

Refiere que en respuesta a esta sanción, presentó una apelación conforme al Reglamento General del nombre reservado, el 28 de septiembre de 2023. Dado que la apelación no fue respondida dentro del plazo reglamentario de 45 días, el 14 de noviembre de 2023, envió una carta al Secretario General argumentando que, de acuerdo con el Reglamento, la apelación debía considerarse acogida en su favor. No obstante, el 15 de noviembre de 2023, el Consejo Superior de Disciplina respondió negando la apelación, indicando que había sido tratada el 6 de noviembre de 2023, sin que se le permitiera al recurrente presentar argumentos, ni defenderse, vulnerando así los plazos establecidos por los reglamentos.

Agrega que los Reglamentos Internos de la compañía y las órdenes del día no pueden contradecir la legislación vigente, el Estatuto o el Reglamento General del Cuerpo.

Cita el artículo 553 del Código Civil que establece que cualquier potestad disciplinaria debe ejercerse mediante un procedimiento racional y justo, respetando los derechos constitucionales y legales de los asociados. Argumenta que tanto la orden del día como el manual de procedimientos contravienen lo establecido en la mencionada ley, al imponer restricciones que afectan la libertad de los voluntarios, en particular al exigir que dispongan de sus horarios de trabajo o estudio para cumplir con obligaciones de lunes a viernes, lo que va en contra de la naturaleza voluntaria de su labor.

Indica que en lo que respecta a la apelación, el Reglamento General del Cuerpo dispone que ésta debe ser resuelta dentro de los plazos estipulados, y si no se dicta una resolución en el tiempo establecido, se entiende que la apelación se acoge en favor del recurrente. Sin embargo, en este caso, la apelación fue tratada fuera del plazo reglamentario y no tuvo la oportunidad de defenderse, lo que implica una posible vulneración de sus derechos.

Pide, que se restablezca el imperio del derecho, disponiéndose que se deje sin efecto la sanción impuesta de separación por 181 días, se anule la sanción de su registro de hoja de servicio, se le reincorpore sin mayor trámite a sus funciones y se disponga que el nombre reservado debe ajustar los procedimientos disciplinarias a la Constitución y las normas vigentes.

Segundo: Que, informa al tenor del recurso nombre reservado, solicitando se rechace la presente acción constitucional, con costas. Explica, en primer lugar, que los Cuerpos de Bomberos operan bajo un régimen jurídico particular, distinto al de otras personas jurídicas, debido a la naturaleza de los fines que persiguen. Por lo tanto, sus estatutos constituyen la norma fundamental que regula la conducta de sus miembros, especialmente en cuanto al régimen disciplinario.

Refiere que el recurrente presentó la acción constitucional alegando que fue sancionado injustamente con una separación de 181 días por actos que considera ilegales y arbitrarios. Sin embargo, el fundamento de su recurso reside en su negativa a cumplir con las obligaciones voluntariamente aceptadas, particularmente en lo que respecta a las guardias diurnas impuestas por la Orden del Día del Capitán de la Décima Compañía. Agrega que el recurrente argumenta que estas obligaciones contravienen las normas de voluntariado establecidas en la Ley Nro. 20.500, sin considerar que la Ley Marco de Bomberos, dictada durante el periodo de vacancia de la Ley 20.500, regula específicamente las normas aplicables a los bomberos, siendo esta última de especialidad en comparación con la normativa general de voluntariado.

Además, sostiene que su apelación, basada en el artículo 97 del Reglamento General del nombre reservado, debería haber sido acogida debido a que, según el recurrente, no fue tratada en tiempo y forma. Sin embargo, se confirma que la apelación fue efectivamente tratada dentro del plazo reglamentario y su recurso fue rechazado, lo que dejó la sanción en firme. El proceso disciplinario seguido fue racional, justo, contó con una doble instancia, y el recurrente fue escuchado durante el mismo, según consta en los documentos acompañados, esto son, Consejo de Disciplina Nro. 004/023 de 29 de agosto de 2023 en que por unanimidad los consejeros votaron que el recurrente sí incurrió en falta y Acta de Consejo Superior de Pleno de 6 de noviembre de 2023, en que por unanimidad se declaró no admisible el recurso de apelación y se acordó mantener la sanción.

Por último, en cuanto a la sanción, señala que no fue la más severa contemplada en el Reglamento y que se aplicó de manera proporcional a la falta cometida.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Por consiguiente, es una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes puede concluirse que no existe un acto arbitrario e ilegal, ya que la Resolución que aplica la sanción impugnada, contiene los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, adoptada dentro del margen reglamentario y legal aplicable a esta clase de actuaciones.

Por lo demás, tal como señaló́ la recurrida en su informe, en el procedimiento sancionatorio, se citó́ oportunamente al recurrente indicando los motivos de ésta última, tuvo la oportunidad de efectuar sus descargos y, además, hizo uso del sistema recursivo dispuesto al efecto, constatándose que la Resolución de su recurso de apelación data del 6 de noviembre de 2023, esto es, dentro del plazo reglamentario de 45 días que se alude como infringido en el libelo.

Quinto: Que, en consecuencia, lo decidido se ajustó́ a un procedimiento en el que concurrieron las garantías mínimas procedimentales justificando, de ese modo, las decisiones finales, siendo innecesario analizar las vulneraciones a los derechos fundamentales invocados en el recurso, todo lo cual conduce a desestimarlo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el abogado integrante Jonatan Valenzuela Saldías.

N° 4021-2023 Protección.

Pronunciado por la Quinta Sala de esta Corte, integrada por la ministra Claudia Lazen Manzur, ministra Celia Catalán Romero y abogado integrante Jonatan Valenzuela Saldías.

No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa no firma el abogado integrante señor Valenzuela por no encontrarse en funciones en la audiencia de hoy.