nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 22 de julio de 2024, comparece nombre reservado, voluntario de bomberos, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en contra del nombre reservado, representado por el Superintendente (S) Francisco Javier Ramírez Ramírez, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Señala que fue citado a la Sala del Consejo Superior de Disciplina con fecha 23 de abril de 2024, excusándose por motivos laborales, y en una segunda citación con fecha 16 de mayo de 2024, oportunidad en que se le indicó como motivo de la citación: “Aclarar y responsabilizarse de valores en dinero que recibió en su calidad de Intendente General año 2023 y que en el informe de auditoría dichos valores no están respaldados en la Tesorera General del Cuerpo” (oficio 341-2024), sin siquiera gozar del principio de inocencia. Expresa que el Consejo decidió lo siguiente:

“La Sala 4 del Consejo Superior de Disciplina delibera tomando en consideración los antecedentes entregados, ya sea por información recibida por el afectado, el Sr. Tesorero General y los datos que se desprenden del Informe de Auditoría, determina que:

1.- No se cumplió con los procedimientos administrativos del nombre reservado, en lo referido a la rendición de caja chica y fondos a rendir, ya que en definitiva no se rindieron al 100% los fondos que recibió en su oportunidad, valores entregados desde el 23 de Marzo a Diciembre 2023”.

2.- Que hay un perjuicio que afecta los intereses generales del Cuerpo según en lo referido a las finanzas, ingreso o patrimonio como lo menciona el Art. 83 número tres.

3.- Que se ha afectado los preceptos N° 7, N° 8 y N°9 del Código de Ética Institucional.

Por todo lo anterior esta sala determina aplicarle al citado bombero Sr. nombre reservado, el Art. 87 numero 5: separación por 181 días”.

Respecto de la resolución transcrita, argumenta, en cuanto al punto N° 1, que hace referencia al no cumplimiento de procedimiento administrativo, por lo que infiere que podría ser el n° 09.1 de 24/05/12 Tesorería – Manejo y Administración, que indica: “Objetivo: El presente procedimiento tiene por objetivo establecer el desarrollo mensual y anual de las actividades del departamento de tesorería del cuerpo, en relación con las tareas propias de la organización, tal que esto asegure el cumplimiento de los aspectos necesarios para el respaldo de la documentación y aseguren el “control de los dineros” en cada fase de su ejecución, entre el ingreso y egreso. Administrar los contratos, velar por el cumplimiento de las leyes sociales y pago de las remuneraciones. Alcance: Este procedimiento cubre a la Tesorería General del nombre reservado, a los Directores, Capitanes y las Tesorerías de las Compañías que lo componen”. Señala, además, sobre el alcance al funcionamiento de tesorerías, que no tiene alcance y/o delega responsabilidades a un oficial general que no sea el tesorero general, ya que indica los controles que el tesorero general en este caso, debe llevar para sus registros. Dice que en su caso, son devoluciones de dinero, las cuales fueron entregadas en tiempo y forma al Tesorero General año 2023; producto de lo cual es que se genera la acción de devoluciones por transferencia, con montos exactos según boletas y/o facturas recibidas conformes por el departamento de Tesorería General 2023. En lo que atañe al punto N° 2, esgrime que el artículo 83° corresponde a las salas del Consejo Superior de Disciplina, que establece: “3. Conocer los asuntos disciplinarios que afectaren los intereses generales del Cuerpo y cuyo conocimiento haya sido encomendado por el Directorio o el Consejo de Oficiales Generales. Se entenderá que un asunto afecta los intereses generales del Cuerpo cuando los hechos investigados puedan incidir directa o indirectamente en la imagen de la institución, en la eficiencia o seriedad del trabajo bomberil, en la seguridad personal de los bomberos o de la ciudadanía, en la seguridad de las edificaciones u obras ciudadanas, en las finanzas, ingresos o patrimonio del Cuerpo, en la armonía del trabajo institucional o en otras circunstancias similares. Pudiendo la sala declararse incompetente elevando los antecedentes al Pleno”. Señala que la situación anterior está alejada de la realidad, ya que toda compra de activo fijo o devolución por compra de logística se acreditó a Tesorería General, acordado por los Oficiales Generales y autorizado por el Tesorero General, respectivamente. Además, manifiesta que de los respaldos, se generaron devoluciones de montos, acciones generadas para cubrir asistencia logística a reuniones e incendios de mayor magnitud. Indica que al contrario de lo que indica la acción de “perjudicar” al nombre reservado, lo que se realizó es un apoyo, beneficiando y favoreciendo al trabajo de bomberos, que se vieron directamente beneficiados de estas acciones, tanto en sus espacios de trabajo, como en acto de servicio y reuniones de trabajo, ya que este tipo de acciones hacía que los insumos fueran más expeditos, donde posteriormente se rendían y se reembolsaba. Añade que a la fecha, se encuentran realizadas las rendiciones del nombre reservado por Tesorería General, las cuales fueron aprobados, teniendo además a la vista los respectivos informes de la comisión fiscalizadora del periodo 2023, los que no tienen reparos de estos puntos que se cuestionan ni a su oficialidad de Intendente General. En lo que concierne al punto N° 3, arguye que al ser juzgado bajo el reglamento antiguo del nombre reservado, no tiene reconocimiento del posterior “Código de Ética Institucional”, por lo cual no puede ser utilizado como instrumento regidor ni legal para realizar un juzgamiento, sobre la base de afirmaciones falsas y antojadizas, que ha realizado el H. Consejo Superior de Disciplina Sala N°4, quienes cuestionan la presentación de todos los antecedentes y respaldos, con opiniones sin fundamentos, mas bien fundados en opiniones antojadizas y arbitrarias. En cuanto a la conclusión de la decisión transcrita con anterioridad, señala que todo lo expresado por la Sala N°4 no tiene fundamento en sí, sólo es antojadizo, perjudicándolo.

Manifiesta que luego de recibir su sanción y enviar su apelación, fue citado al Pleno del Consejo Superior de Disciplina, al Cuartel General. Indica que en esa citación salió de la Sala el Consejero Superior nombre reservado y le indicó que no se podría llevar a cabo la sesión por falta de quórum, por lo que le enviarían una nueva citación al pleno, pero dicha citación nunca llegó, y después de varios días la Secretaria General, nombre reservado, sólo le envió la determinación del Pleno por su apelación, sin haber sido citado ni escuchado con posibilidad de defenderse, argumentar sus respaldos, etc., y además le aumentaron el castigo de “Separación” a “Expulsión”, estando fuera de toda norma interna del procedimiento. Agrega que ese mismo día fue tratado el caso de nombre reservado por el mismo Informe (que es un informe de auditoría y no un informe disciplinario), quien lo llamó y le dijo que salió un Consejero Superior del Pleno a consultarle si el recurrente estaba presente; también le indicó que al interior del pleno estaban los Consejeros de la Sala 4, lo que es irregular. Sostiene que todo lo anterior es un abuso, persecución y vulneración de sus derechos de asociado, sin mancha en su hoja de vida; lo que significa un daño para su dignidad como persona, su imagen y trayectoria bomberil, aparte de una persecución, solo porque que quien debía tener el control de las finanzas y quien actualmente ostenta el cargo de Tesorero General, no reconoce las rendiciones, perdieron los respaldos que debían estar en su custodia, sin darle el comprobante, situación que hasta el día de hoy no se investiga de manera eficiente y rigurosa por las autoridades del nombre reservado. Señala que para agravar la situación, las causales de la primera y segunda citación son distintas, porque pasó de “Motivo: Gastos no respaldados al Tesorero General 2023” a “Motivo: -Aclarar y responsabilizarse de valores en dinero que recibió en su calidad de Intendente General año 2023 y que en el informe de auditoría dichos valores no están respaldados en la Tesorera General del Cuerpo”. Anota que lo anterior implica que ha sido vulnerado en sus derechos de igualdad ante la ley y desobediencia a la propia normativa interna. Hace presente, además, que en las copias de citaciones y resoluciones viene copiado cada vez el Presidente del Pleno del Consejo Superior, con “su correo personal y no institucional.” De igual manera, indica que se ha vulnerado el derecho de propiedad como asociado vigente, manteniéndole alejado de dicha calidad en forma artificiosa y contumaz, no habiendo cometido ninguna falta reglamentaria. Por otra parte, el haber sido sancionado de forma irregular con faltas ficticias, constituye un abuso y discriminación, haber sido juzgado de forma ilegal, por una comisión especial, y también al haberse impuesto una de las más gravosas de las sanciones reglamentarias posibles, que no dicen relación con la supuesta falta imputada, ni tampoco notificada la citación a la Sala de forma legal.

Pide que se restablezca de inmediato su calidad de bombero e Intendente de la institución reclamada; se disponga una investigación que dé cuenta cómo fue posible que no se llevara un correcto registro del pago y de las rendiciones correspondientes, informando a la Corte; se dé cuenta cómo se juzga a alguien sin haber sido citado, en su ausencia, e imponiendo una pena más gravosa aún; se revierta toda inscripción de sanción en su hoja de vida; que el recurrido someta a la normativa disciplinaria a los responsables de la afección a sus intereses, imagen y trayectoria bomberil, como ordenan los reglamentos; con costas.

Acompaña: Oficio Secretaría General 341-2024; Oficio Secretaría General 353-2024; Apelación; Oficio Secretaría General 462-2024; Oficio Secretaría General 495-2024; correo de nombre reservado - Rendiciones 2023; Boletas y comprobantes que se enumeran en el correo precedente.

Segundo: Que, al evacuar el informe, Carlos Hernán Pérez Prado, abogado, en representación del nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Refiere el marco legal en que operan los bomberos en Chile, a saber, la Ley 20.564, Ley Marco de los Bomberos de Chile, que establece en su artículo 1° que los Cuerpos de Bomberos son servicios de utilidad pública, que conforman el Sistema Nacional de Bomberos, que se rigen por las disposiciones de la Ley Marco, por el Reglamento de la Ley Marco, por sus estatutos y, supletoriamente, por las reglas del Código Civil. Añade que los Cuerpos de Bomberos tienen un régimen distinto al de las demás personas jurídicas, considerando su diversa naturaleza derivada de los fines que cumplen; de este modo, lo que está regulado en sus estatutos es la norma fundamental para sus miembros, lo que reviste especial importancia en cuanto al régimen disciplinario que se den los Cuerpos de Bomberos.

Sostiene que el recurrente detentó la calidad de Intendente General de la institución, cargo que ejerció durante todo el año 2023, y hasta la fecha en que su caso fue tratado por dos instancias del Consejo Superior de Disciplina. Agrega que en su calidad de intendente general sus deberes derechos y obligaciones están regulados en el artículo 54 del Reglamento General de nombre reservado recurrido. Añade que con motivo de graves faltas del Tesorero General, se ordenó una auditoria, la cual acreditó que el actor aparecía con fondos del Cuerpo superiores a los que el reglamento le permitía; por lo que sobre la base de dicha auditoria fue citado al Consejo Superior de Disciplina, la cual oyendo al recurrente y actuando como Tribunal de Honor, lo sancionó con la sanción de separación del Cuerpo por 181 días. Señala, además, que haciendo uso del derecho de apelación que contiene el Reglamento, el actor recurrió al Consejo Superior dentro de plazo, el cual conociendo su falta en Pleno, aumentó la sanción a expulsión de la institución. Indica que el recurrente siempre supo su falta y desprolijidad en el ejercicio de su cargo, y su sanción es la que corresponde a la grave falta cometida; no siendo efectivos los demás argumentos sostenidos por el recurrente, tampoco la sanción fue ilegal ni arbitraria, respetándose siempre por parte de la institución los derechos y garantías constitucionales de aquél. Expresa que la obligación de cumplir el Código de Ética está en el artículo 10 de los Estatutos del Cuerpo; y que en el procedimiento se han cumplido todas y cada una de las garantías constitucionales que amparan al actor.

Acompaña copia del acta de la Sala N° 4 del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, donde se le impone la sanción de separación; copia de la Sesión del Pleno del Consejo Superior de la Institución en la que se rechaza el recurso de Apelación, y copia del Reglamento General de la Institución.

A folio 16, acompaña copia del Reglamento General del nombre reservado, vigente.

Tercero: Que, cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en la decisión de expulsar al recurrente del nombre reservado, sin que se hubiere respetado las normas que rigen a la institución recurrida y las garantías establecidas en el artículo 19 Nos. 2°, 3°, 4° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, de los antecedentes reunidos en la carpeta electrónica, se constata que el recurrente era miembro de la institución recurrida y mediante sentencia disciplinaria de 16 de mayo pasado, fue sancionado por la Sala N° 4 del Consejo Superior de Disciplina con separación por 181 días. La notificación de la referida resolución establece: “oficializo lo comunicado a usted en la sesión del Consejo Superior de Disciplina, el día 16 del presente mes. La Sala 4 del Consejo Superior de Disciplina delibera tomando en consideración los antecedentes entregados, ya sea por información recibida por el afectado, el Sr. Tesorero General y los datos que se desprenden del Informe de Auditoría, determina que: 1.- No se cumplió con los procedimientos administrativos del nombre reservado, en lo referido a la rendición de caja chica y fondos a rendir, ya que en definitiva no se rindieron al 100% los fondos que recibió en su oportunidad, valores entregados desde el 23 de Marzo a Diciembre 2023. 2.- Que hay un perjuicio que afecta los intereses generales del Cuerpo según en lo referido a las finanzas, ingreso o patrimonio como lo menciona el Art.83 número tres. 3.- Que se ha afectado los preceptos N° 7, N° 8 y N°9 del Código de Ética Institucional. Por todo lo anterior esta sala determina aplicarle al citado bombero Sr. nombre reservado, el Art. 87 numero 5: separación por 181 días”.

Del mismo modo, se constata que el actor presentó apelación a la sanción impuesta, la que fue resuelta el 2 de julio último por el Pleno del Consejo Superior de Disciplina, que desechó las pretensiones de la apelante y modificó lo resuelto por la Sala N°4, aplicando la sanción de Expulsión de la institución. La notificación de la referida resolución indica: “comunico a usted que, en reunión del Consejo Superior de Disciplina en Pleno, de fecha 02 de Julio del presente año, ha sido tratado vuestro recurso de apelación respecto de la sanción aplicada hacia su persona, por sala 4 de este Consejo de Disciplina, el día 16 de Mayo de 2024, la que se tradujo en separación de las filas de la Institución por 181 días. Lo anterior como consecuencia de las irregularidades en la rendición de fondos utilizados en el ejercicio de su cargo durante el año 2023, reflejadas en la auditoría hecha, en el primer trimestre del presente año, por el Tesorero General 2024, Sr. nombre reservado. Se deja de manifiesto, tal como consta en el acta de dicha sesión, y, como el reglamento lo exige que, los Consejeros de la sala 4 que trataron el caso en primera instancia, Srs. Geroge nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, no estuvieron presentes en la sala durante el tratamiento de la apelación.

A continuación se expone la contra argumentación de los Consejeros habilitados, que quedara en acta, respecto de lo manifestado en la apelación, manteniendo a la vista como documentos normativos, los Estatutos, el Reglamento General y el Código de Ética del nombre reservado, además de la Circular N° 5 vigente, de la Subsecretaría del Interior, que instruye a los Cuerpos de Bomberos de la Nación sobre balances, ingresos, gastos y rendición de cuentas.

1.- Sobre legislación y normativa aplicable, refiriéndose a la Carta Magna, Se deja en claro que el Consejo Superior de Disciplina es un organismo disciplinario que también actúa como tribunal de honor y no es un organismo judicial. Por lo anterior, la ley estipula que Bomberos de rige por sus propios Estatutos y Reglamentos.

2.- En lo que respecta a la supuesta inexistencia de un informe disciplinario para tratar el caso, aludiendo que, a su juicio, esta posible falta o infracción de la que se le responsabiliza, debería haber sido informada por escrito al Director de Compañía a la que pertenece de acuerdo al procedimiento 92.1, se hace notar que dicho procedimiento fue dado de baja por Orden del Día N° 57, de fecha 08 de Junio de 2023. Además, cabe aclarar que, la auditoría que da origen a la sanción, fue validada como informe por el Consejo Superior de Disciplina en Pleno, en su sesión N° 008-2024, de fecha 07 de Mayo de 2024. Por otra parte, reglamentariamente, en su condición de Oficial General al momento de ocurridos los hechos, no corresponde notificar a su Director de Compañía sino que, cualquier irregularidad, debe ser tratada directamente por el Consejo Superior de Disciplina, según el artículo 83°, numeral 1, del Reglamento General del Cuerpo vigente al momento de ocurrir los hechos.

3.- En cuanto a lo mencionado sobre que no tenía obligación de rendir fondos porque el procedimiento utilizado era reembolso de gastos a través de transferencias directas a su cuenta personal, se aclara que no se ajusta a lo instruido en la Circular N° 5 de Subsecretaría del Interior antes citada, en su artículo V, incisos 3,4,5 y 6.

4.- Por otra parte, no reconoce la validez de Código de Ética y Doctrina Institucional, argumentando que no es parte del Reglamento General del Cuerpo, ante lo cual se deja de manifiesto que, dicho documento normativo, está considerado y reconocido en el actual Estatuto General del Cuerpo, en vigencia desde el 13 de Mayo de 2023.

5.- Finalmente, se deja presente que, hasta la fecha, no ha regularizado, ni aclarado ante la Tesorería General del Cuerpo, ninguna de las observaciones que dieron origen a la sanción en primera instancia.

Por cuanto, por unanimidad de los Consejeros presentes habilitados, no se acoge el recurso de apelación presentado y, facultados por el Título VII, artículo 98°, del Reglamento General de Cuerpo, vigente antes del 15 de Abril de 2023, período en que se produjeron las irregularidades, el Consejo Superior de Disciplina en Pleno, en votación dividida, determina modificar la sanción de separación por 181 días, a expulsión de las filas de la Institución, con 6 votos a favor y 2 votos en contra, siendo 8 los Consejeros habilitados y presentes en sala”.

Sexto: Que, en este contexto, el Reglamento General del nombre reservado, en sus artículos 80 y siguientes contempla el procedimiento para la sanción de las faltas al régimen disciplinario interno, además de los medios de impugnación que se pueden ejercer en contra de dichas decisiones. Se constata de los antecedentes de autos, que el recurrente fue debidamente notificado y asistió a la audiencia de 16 de mayo último para contestar los cargos formulados.

A su turno, el artículo 94° del Reglamento General, establece la facultad de apelar de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Consejo Superior de Disciplina constituido en Sala, ante el Consejo Superior de Disciplina en Pleno. Dicho derecho de impugnación fue ejercido por el recurrente, siendo resuelta la apelación por el Pleno del referido órgano disciplinario, de acuerdo al artículo 82° N° 1 del mismo reglamento.

Séptimo: Que, por otra parte, de los antecedentes no consta que el recurrente haya sido citado para la sesión del 2 de julio de 2024 del Pleno del Consejo Superior de Disciplina. El recurrente afirma que no fue citado, en tanto que en copia del Acta del Consejo Superior de Disciplina en Pleno N° 012-2024, de 2 de julio de 2024 iniciada a las 20:30 horas, se consigna que “[s]iendo las 21:20 hrs., se llama a ingresar al salón al recurrente que fue citado en tiempo y forma, a viva voz, tres veces. No se presenta y tampoco ha enviado excusas. Ante esta situación el Pleno procede a tratar su caso en su ausencia, facultado por el artículo 95°, párrafo 4, el que no obliga a que el recurrente esté presente”. Sin embargo, cabe tener presente que el artículo 95° del Reglamento General, dispone en el inciso segundo: “El recurso de apelación deberá ser por escrito, fundado y deberán acompañarse los antecedentes que a juicio del recurrente lo justifiquen, los que podrán ser considerados suficientes para poder tomar una determinación”; en el inciso tercero, agrega: “Dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la interposición del recurso, el Secretario General deberá requerir del Director de Compañía o del Presidente de la sala respectiva todos los antecedentes que fueron considerados para aplicar la sanción apelada, y éstos dispondrán de un plazo de cinco días para dar cumplimiento a este requerimiento”; por último, en el inciso cuarto, añade: “Cumplido este trámite, el Secretario General podrá citar al recurrente y al recurrido para que comparezcan ante el organismo que corresponda, debiendo enviar la citación dentro del plazo de tres días y llevarse a cabo la audiencia dentro del plazo de cinco días contados desde el envío de dicha citación”. De la normativa transcrita, se advierte que la citación del apelante ante el órgano de apelación es facultativa para el Secretario General, al contrario de lo que ocurre con su citación ante el órgano disciplinario de primera instancia de acuerdo a lo previsto en el artículo 88° del referido Reglamento General, que previene: “El Consejo Superior de Disciplina, tanto en pleno como en sala, procederá oyendo al afectado, previa citación, indicando el motivo de la comparecencia…”.

Asimismo, se debe considerar que el artículo 98° del citado Reglamento General, autoriza al Consejo Superior de Disciplina, en Pleno o en Sala, conociendo de un recurso de apelación “mantener o modificar la resolución apelada aún en perjuicio del recurrente”. Por consiguiente, en la sanción impuesta al recurrente, no se observan las irregularidades que denuncia a través de la presente acción cautelar.

Octavo: Que, en estas condiciones, la acción interpuesta no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del nombre reservado.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 4007-2024 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señora M. Catalina González Torres y señora Claudia Lazen Manzur, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.