Protección contra recurso el abogado don Carlos Pérez Prado

Dejo constancia que se anunció y alegó en contra del recurso el abogado don Carlos Pérez Prado. En San Miguel, a 10 de octubre de 2024, Emil Ibarra Sáez, relator.

San Miguel, diez de octubre de dos mil veinticuatro.

A los escritos folios N°s 15 y 16: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del nombre reservado, representado legalmente por su Superintendente Francisco Javier Ramírez Ramírez, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario o ilegal consistente en las acusaciones formuladas en su contra como autor del delito de apropiación indebida -lo que fue registrado en su hoja de vida-, junto con la perdida de la calidad de bombero, afectando con ello los derechos fundamentales consagrados en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitado que se acoja el recurso, a fin de que se deje sin efecto la expulsión de la que fue objeto, se le ofrezcan disculpas públicas, revirtiendo la anotación que se formuló en su contra, con costas.

Expone que, ejerciendo funciones de Superintendente del nombre reservado respectivo, y luego de que le hubiera pedido la renuncia al Tesorero General nombre reservado por irregularidades en el uso de los recursos durante el año 2023, se inició una investigación tendiente a determinar si existió algún hecho que pudiera implicar responsabilidad de otros funcionarios de la institución.

En ese contexto, y luego de diversas citaciones que se le formularon con el objeto de ampliar los antecedentes respecto de las irregularidades descritas, empieza a recibir actos de acoso, los que se materializan en la audiencia de 16 de mayo de 2024, en la cual se le cita por su responsabilidad de cargo según lo estipulado en el artículo 37 del Reglamento General, producto de los hechos descritos en el informe de auditoría realizado por el nuevo tesorero.

Señala que, en dicha instancia, y luego de ser acusado de haber creado -junto a otros oficiales- una máquina para defraudar al nombre reservado, se le comunicó que había cometido la falta establecida en el artículo 37 mencionado, aplicándole además 3 numerales del Código de Ética -lo que no sería procedente ya que éste no es parte del reglamento-. Ante ello, solicitó la nulidad de dicha actuación, lo que se resuelve el 2 de julio de 2024, negándole dicha solicitud, encontrándose en la sala los mismos miembros que lo habían sancionado anteriormente.

Indica que el procedimiento que se llevó a cabo en su contra no veló por garantizar un debido proceso ya que, primero, se designó al Consejo Superior de Disciplina en contravención a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento General del nombre reservado, ya que se constituyó dicho consejo fuera del lapso de 3 días que tenía -después de efectuarse el primer directorio ordinario- para su constitución. Luego, la sala Nº4, quien se había declarado incompetente para conocer de la investigación, es designada nuevamente para conocer de dicho proceso, indicando además que entendían como informe disciplinario la auditoria que el mismo recurrente encargó, lo cual no es procedente. Asimismo, el día en que se le aplica la sanción, es denostado por los miembros de la sala, y que al momento de conocer de la nulidad interpuesta, el pleno escuchó por 50 minutos a los miembros de la sala que lo sancionaron.

Agrega que la actitud de la recurrida vulnera sus garantías fundamentales ya que se manchó su honra, al acusarlo de aprovecharse de su cargo, obteniendo réditos monetarios, lo que trascendió a otras esferas, afectándose su libertad de trabajo al perder uno.

Pide que se acoja el presente recurso en los términos expuestos.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Carlos Hernán Pérez Prado, abogado, en representación del nombre reservado, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas.

Expone que el recurrente detentó la calidad de Superintendente de la Institución durante todo el año 2023, y hasta la fecha en que su caso fue tratado por la máxima autoridad del nombre reservado.

Agrega que el artículo 37 del Reglamento General del nombre reservado, es claro respecto a las facultades y responsabilidades de los miembros de la institución, y ocurre que por diferentes anomalías detectadas por el Directorio y el propio recurrente, se dieron origen a diversas causas disciplinarias ante los propios organismos de la institución, por hechos que han afectado gravemente los intereses del nombre reservado.

Destaca que no fue el actor quien tomó la decisión de que el Tesorero General nombre reservado dejara su cargo, sino que fue el Directorio de la Institución el que adoptó dicha decisión, por la existencia de diferentes situaciones anómalas en Tesorería General, como por ejemplo rendición al estado (sistema SIRC) pendientes, no tener claridad en los gastos acordados por el Honorable Directorio del CBMS, mezcla de saldos entre dineros correspondientes a operaciones e inversiones, no tener claridad de retiro y rendición de aportes municipales, desorden en lo administrativo correspondiente a la Tesorería General, ocultamiento de información y demora en la entrega de informes solicitados.

Añade que realizada la auditoría pertinente, se detectó que el recurrente recibió un fondo a rendir en marzo del año 2023, y con esta revisión, lo devolvió de inmediato, entre otros actos, lo que motivó a la Secretaria General nombre reservado, solicitar la citación al superior de disciplina de todos los responsables del desorden administrativo y contable, destacando que podría existir responsabilidad del actor ya que en conformidad con el artículo 37 Nº6 del Reglamento General, los movimientos de las cuentas corrientes requerían también su firma. Así, en la primera citación se conoció su testimonio, en la segunda se informó de su falta, y en la tercera se le sancionó con la separación, dada la existencia de graves faltas al reglamento, sin perjuicio que la misma no es la mayor sanción que contempla el Reglamento.

Finalmente indica que los argumentos vertidos en su incidente de nulidad son falsos, y por eso fueron rechazados, derivándose su sanción de un proceso disciplinario, racional y justo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el recurrente denuncia como arbitrario e ilegal la decisión adoptada por la recurrida, a través del Acta de 16 de mayo del presente año, dictada por la Sala 4 del Consejo Superior de Disciplina, por medio de la cual se le suspendió por el lapso de 181 días, decisión que fue refrendada a través del Acta de 2 de julio del año en curso, por medio de la cual se rechazó el incidente de nulidad que promovió el actor en contra de la primera resolución.

Quinto: Que del análisis de las alegaciones incorporadas en la presente causa, consta que se han respetado las diversas etapas del procedimiento denunciado, ya que el recurrente tomó conocimiento de los hechos, asistió a la audiencia correspondiente y rindió prueba en la misma.

Sexto: Que, asimismo y en cuanto a los cuestionamientos efectuados a la integración del ente que decidió respecto del reclamo de nulidad planteado por el actor, debe señalarse que según consta en el Acta de 2 de julio del presente año, si bien en un comienzo de la reunión y del procedimiento estuvieron presentes y participaron los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, también consta que a las 21:16 horas dichas personas se retiraron del salón, dejando de participar en la audiencia disciplinaria aludida en la cual finalmente se resolvió desestimar la reclamación planteada; por consiguiente no se verifica el vicio del que reclama el recurrente; y, por ende, no se puede tener por justificada la vulneración de la garantía señalada como el fundamento de la presente acción, en consecuencia, no se han reunido en la especie los presupuestos que permiten acoger la presente acción constitucional, toda vez que el acto cuestionado fue dictado por un organismo competente, dentro de sus atribuciones y respetando las garantías del actor, todo lo cual permite concluir que el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que se rechaza la acción constitucional de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°4000-2024-Protección.