nombre reservado CONTRA nombre reservado

En Santiago, a seis de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

A fojas 2 comparece don nombre reservado, técnico en enfermería, quien deduce recurso de protección en contra del nombre reservado, representado por su Superintendente don Cristian Orellana Montes, por sí y en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos miembros del referido Cuerpo, en razón de los hechos que pasa a exponer.

Refiere que el 25 de abril del año en curso, fecha a la que ostentaba el cargo de director de la Cuarta Compañía de nombre reservado, fue convocado por el superintendente a una reunión extraordinaria de directorio, con el objeto de tratar un informe relativo a asuntos legales, el que fue preparado por una comisión designada por el mismo directorio para investigar una denuncia efectuada por una ex voluntaria del cuerpo, y el cual recomendaba la intervención de la Cuarta Compañía. Lo anterior, reclama, sin apego a los estatutos y reglamentos de la institución, puesto que la medida adoptada no se encuentra normada en aquellos, no obstante lo cual, se tradujo en el despojo de sus cargos de todos los oficiales de la mencionada Compañía, los que fueron elegidos en su oportunidad de conformidad a los estatutos vigentes.

Manifiesta que la medida de intervención es arbitraria, porque ninguno de los afectados fue requerido para responder denuncia o acusación alguna, cuestión que afecta el principio de inocencia y el debido proceso, y vulnera los artículos 18 y 74 del Reglamento General, puesto que en las sesiones extraordinarias solamente pueden discutirse las materias para cuya discusión fue convocada, en el caso la revisión del informe al que se ha aludido precedentemente, y no para tomar medidas sancionatorias como es la decisión de intervenir la Compañía.

Califica el contenido del informe en cuestión como ofensivo e injurioso, acusa que la comisión que lo realizó asumió un rol policial o judicial y de falta de imparcialidad y señala que a la fecha de interposición del recurso los oficiales que fueron cesados en sus cargos no han recibido un documento escrito que dé cuenta del mismo, ni han sido sancionados por falta alguna por los organismos disciplinarios reglamentariamente habilitados para ello.

Expresa que los hechos relatados vulneran las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2º y 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y de los voluntarios de la Cuarta Compañía, “y el derecho a la libertad personal”, puesto que las medidas cuestionadas vulneran los estatutos, reglamentos y acuerdos vigentes que regulan al nombre reservado.

Finalmente requiere que esta Corte deje sin efecto la medida de intervención aplicada a la Cuarta Compañía de nombre reservado, restituya en sus cargos con todas sus atribuciones a todos los oficiales afectados, y deje sin efecto todo acuerdo tomado por el directorio general “desde la fecha de la afectación”.

A fojas 84 informa al tenor del recurso don Gustavo Sánchez Acuña, abogado, en representación del nombre reservado, solicitando que la acción constitucional de marras sea rechazada.

Indica, en primer término, que el recurso impetrado debe desecharse de plano, puesto que no cumple los requisitos de forma para su interposición y en cuanto el actor no tiene la representación de las demás personas por las que dice recurrir.

Se refiere latamente a la función que desempeña el nombre reservado en beneficio de la comunidad y señala que la medida cuestionada por el recurrente fue adoptada dentro de las facultades propias del Directorio General, entre las cuales se contempla incluso la de disolver las Compañías por hechos graves o de otra índole, entre otras atribuciones que pasa a señalar.

Explica que no existe, en la especie, la aplicación de una sanción disciplinaria, ya que el recurrente sigue en servicio activo en la institución, no tiene impedimento de ingresar al cuartel, ni se le ha impedido postular a cargo alguno, y que la medida de intervención se adoptó al detectarse numerosas irregularidades en la gestión de la Cuarta Compañía, las que ponían en riesgo el servicio que entrega la institución.

Sostiene que la decisión adoptada por el Directorio General, corresponde a un proceso que históricamente ha velado por la mantención del orden al interior del Cuerpo, el cual se levanta una vez que la respectiva Compañía ha retomado el rumbo, de manera que el recurso impetrado solamente responde al interés del actor de retener un cargo del cual fue suspendido atendida su mala gestión, de la cual da cuenta el informe de la Comisión que cuestiona en su libelo, reiterando que no se ha aplicado ninguna medida disciplinaria sino una de carácter administrativo.

Cuestiona que exista alguna afectación de derechos constitucionales y reitera que el actuar del recurrido se ajusta a los estatutos y el reglamento de la institución, por lo tanto tampoco existe en la especie una ilegalidad.

Dice que el libelo no fundamenta de manera alguna cómo se habría producido la supuesta afectación de los derechos constitucionales que menciona, la que en todo caso niega que exista.

Complementa su informe a fojas 98, precisando las irregularidades y errores de gestión efectuados por el recurrente en su calidad de Director de la Cuarta Compañía de nombre reservado, refiriéndose en primer término a las obligaciones que en razón de tal cargo le corresponden de acuerdo al artículo 108 del Reglamento General.

En lo que dice relación con las irregulares detectadas, ejemplifica indicando que ante una denuncia con tintes de acoso sexual efectuada por un menor de edad, se exigió a sus padres que realizaran un informe escrito con detalles de la situación, cuestión que afectó en definitiva la percepción que de la Institución tenía la comunidad y que importa una falta de criterio e incapacidad de manejo de una situación como la denunciada.

Añade que se pesquisó que dineros propios de la Compañía eran manejados en cuentas corrientes privadas de voluntarios que se desempeñaban como tesoreros y no en alguna cuenta corriente de la institución, constatándose además el extravío de un monto de $250.000, y que las cuotas sociales eran depositadas en la cuenta personal del tesorero de turno.

Denuncia que la Compañía intervenida tampoco contaba con el balance general enviado al tesorero según lo que exige el reglamento, que las rendiciones de tesorería no se encontraban al día, y que no habían inventarios actualizados, cuestiones todas que derivaron en que de manera previa a la intervención la compañía fuera cerrada administrativamente para recopilar información, proceso en el que, además, se advirtió que las actas de asamblea, de consejo de administración y la correspondencia no se encontraban al día en los libros y archivadores respectivos.

Agrega que existía un mal manejo en cuestiones de disciplina, ya que se detectó consumo de drogas al interior de la Compañía y en cuanto el recurrente preguntó por grupos de “WhatsApp” “quienes eran los voluntarios más tóxicos” para así poder expulsarlos de la institución, lo que da cuenta de la incapacidad de aquél para dirigir la Compañía y fueron cuestiones que además fueron puestas en conocimiento de esta Corte a través de otros recursos de protección roles de ingreso N.º 1011-19 y 1012-19.

Comenta que las situaciones reseñadas produjeron un quiebre en la Compañía afectada y que durante el trabajo de la comisión antes aludida se cumplió con identificar las graves situaciones que afectaban a aquella y que se escuchó a los voluntarios que quisieron dar su versión de los hechos, de manera que el recurrente tuvo la oportunidad de incluso grabar sus declaraciones la cual firmó libremente.

A fojas 101, se traen los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que para analizar los asuntos planteados por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal; que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Segundo: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se ejerce su ejercicio; de cualquier manera; o bien arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, es decir, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar intentada por los recurrentes.

Tercero: Que, en consecuencia, para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que el recurrente esgrime la perturbación y amenaza de las garantías contempladas en el numeral 2º y 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental que garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso, que se habría producido ante la adopción de una medida de intervención respecto de la Compañía de Bomberos a la que pertenece, la cual, en su concepto no tendría respaldo en la normativa que rige a dicha institución, a saber, sus estatutos y reglamentos.

Quinto: Que del análisis de la documentación acompañada por las partes, se advierte que el 25 de abril del corriente, se efectuó una sesión del directorio general del nombre reservado, en la que se expuso un informe efectuado por una Comisión de asuntos legales que daba cuenta de la situación de la Cuarta Compañía de ese cuerpo, el que versó sobre tres temas principales; la denuncia de abuso sexual de una miembro de la Compañía y denuncias por consumo de drogas y de diversas anormalidades administrativas y ejercicio de poder al interior de la misma, las cuales son latamente pormenorizadas en el acta de la respectiva sesión.

Por otro lado, de la misma acta se desprende que el recurrente de autos intervino activamente en la reunión en comento efectuando una serie de reclamos y descargos respecto del informe elaborado por la comisión. Finalmente queda constancia en dicha acta de la decisión tomada por medio de la “orden del día”, en que la medida de intervención cuestionada por el actor fue adoptada por diez votos a favor y dos votos en contra, ordenándose además que la oficialidad de la Cuarta Compañía queda “inhabilitada, por lo cual deberán entregar sus cargos”.

Sexto: Que de otro lado, del examen de los respectivos estatutos, específicamente de su artículo 19 letra e), se tiene que entre las facultades del directorio se encuentra la de “autorizar la creación de nuevas Compañías, Brigadas o Unidades, o de disolverlas cuando el número de voluntarios sea inferior al que exigen estos estatutos o por hechos graves o de otra índole así lo aconsejaren”.

Además, en el artículo 25 del reglamento que rige al Cuerpo se consigna que corresponderá en especial al directorio “2º Ejercitar todos los actos de fiscalización que estimare conveniente”.

Séptimo: Que por otro lado, el actor ha señalado en su libelo que se le ha despojado a él y otros miembros de la compañía de sus cargos de oficiales, cuestión que la recurrida niega, indicando que en la especie se trata de una suspensión de los cargos y que no se ha impedido al recurrente seguir ejerciendo sus servicios, ya que la intervención de la compañía correspondería a una medida de carácter administrativo y no a una sanción disciplinaria como parece entender el recurrente.

Octavo: Que en tal contexto, atendida la regulación estatutaria y reglamentaria del nombre reservado, y del tenor del acta que da cuenta de la adopción de la medida, se tiene que ésta corresponde más bien a una de carácter administrativo, adoptada para determinar la real situación de la Compañía cuestionada, atendida una serie de irregularidades detectadas al interior de la misma, circunstancia que aparece justificada y que por lo tanto no puede tildarse de arbitraria. Tal cariz de la medida adoptada queda en total evidencia al advertirse que la misma acta que la acuerda, ordena que la oficialidad de la Compañía deberá ser pasada al Consejo Superior de Disciplina, organismo que es el habilitado justamente para la aplicación de sanciones y ante la cual el recurrente podrá efectuar sus descargos y ejercer los demás derechos que correspondan.

Noveno: Que si bien la medida de intervención no encuentra definición precisa en la normativa interna antes aludida, la misma puede claramente enmarcarse dentro de los actos de fiscalización que el reglamento autoriza a practicar al directorio, organismo que incluso se encuentra autorizado para disolver una compañía por hechos que así lo aconsejaren, de manera que en tal entendido, el mismo puede perfectamente adoptar la aplicación de una medida de menor entidad, como lo es la intervención de la Cuarta Compañía a efectos de corregir las situaciones anómalas detectadas a su interior.

Décimo: Que así las cosas no se advierte tampoco por esta Corte la existencia de alguna vulneración de las garantías fundamentales que reclama el recurrente, de manera que la presente acción constitucional será rechazada como se dirá a continuación.

Undécimo: Que respecto de las demás personas por quienes dice obrar el recurrente no se emitirá pronunciamiento alguno, en atención a que el recurso no efectúa precisión alguna sobre las supuestas afectaciones de derechos fundamentales que atañen a tales personas, de manera que no es posible decidir sobre las mismas.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, técnico en enfermería, quien deduce recurso de protección en contra del nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora M. Stella Elgarrista Alvarez.

Rol N° 3987-2019-pro Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señora María Stella Elgarrista Alvarez, señora Catalina González Torres y abogado integrante señor Claudio Pavez Ahumada quien no firma por encontrarse ausente.