nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 18 de julio de 2024, comparece nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en contra del nombre reservado, su Honorable Consejo Superior de Disciplina, representado por su Superintendente, Patricio Dagoberto Carrrasco Moreno, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución de 20 de junio de 2024, de la Sala N°1 del Honorable Consejo Superior de Disciplina, que le aplicó la sanción de Expulsión de la Institución, contemplada en el artículo 53° Numeral 1 del Reglamento General, lo que afectaría los derechos consagrados en el artículo 19 Nos. 3°, 4° y 21 de la Constitución Política de la República.

Señala que asumió el cargo de Secretaria de compañía el 07 de julio del 2023, desempeñándolo hasta el 31 de diciembre del 2023 y, luego, asumió el cargo de Inspectora de Comandancia del área de capacitaciones el 17 de enero de 2024. Indica que fue citada por el Consejo Superior de Disciplina en calidad de testigo el 23 de marzo de 2024, para esclarecer los hechos respecto de un aporte del año 2023 que no fue ingresado en la contabilidad de ese año. Anota que una vez que la Secretaria General solicitó al Director del periodo 2023, nombre reservado, enviar todos los antecedentes contables a la Superintendencia, en su calidad de Secretaria de compañía cumplió la orden de enviar la correspondencia y firmar la documentación entregada el 15 de diciembre del 2023. Precisa que al no informársele objeción alguna ni problema de contabilidad, estimó que no había objeción contable al 31 de diciembre de 2023; además, entregó el cargo en forma a la Secretaria entrante para el periodo 2024-2025, nombre reservado, quien en el periodo 2023 ejerció las funciones de Tesorería de compañía según resolución N° 22 de Superintendencia, desde el 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2023. Esgrime que en la citación en calidad de testigo, del 23 de marzo de 2024, estuvo presente la Secretaria General como ministra de fe (nombre reservado), los Consejeros Superiores de Disciplina (Pablo Alberto Escobedo Pacheco, nombre reservado, Exequiel David Ortega Vásquez, nombre reservado y nombre reservado), y que se le mencionó como primer tema la aclaración de un aporte voluntario ingresado pero no declarado en la contabilidad del año 2023, a lo que respondió que no sabía a qué ingreso se refería, ya que primero se señala un ingreso de $250.000 y luego otro de $50.000, ingresos de dinero que fueron gestionados por los voluntarios nombre reservado y nombre reservado, quienes en conjunto con el Director de la época, nombre reservado, y el Tesorero electo para el periodo 2024-2025, nombre reservado, gestionaron los ingresos, a lo cual el mencionado Director siempre dijo que él como representante de Compañía tenía todo saneado. Añade que en el transcurso de la citación, el Consejero Superior Pablo Alberto Escobedo Pacheco, expresó que tenía en su poder un audio de su voz, grabado por el voluntario de la Cuarta Compañía nombre reservado, en el cual alude a los dineros de la Compañía, en una conversación privada que sostuvo con el Director de la época, pero sacada de contexto y grabada sin su consentimiento. Aduce que trató de aclarar que no estuvo involucrada en las gestiones del dinero aportado, demostrando mediante contenido fotográfico que no había estado en la zona como para haber gestionado ese dinero, ya que el día de la gestión estuvo compartiendo con su familia en la comuna de Santiago, y supo de ese ingreso días posteriores, al volver al cuartel; no obstante, insistieron en que fue su responsabilidad por haber firmado la entrega de la documentación por poder, por lo que consideraron que ella era la Tesorera de compañía. Sostiene que con posterioridad, el 28 de marzo de 2024, presentó una denuncia en la Comisión de Equidad de Género por el tema del audio, en contra de Pablo Alberto Escobedo Pacheco, nombre reservado y nombre reservado, respecto de acoso, hostigamiento, conspiración, uso de su imagen y voz sin su consentimiento; sin embargo, el conducto regular de su denuncia no fue llevado a cabo como corresponde por parte de la Secretaria General nombre reservado, según el protocolo de denuncias de acosos o maltratos y abusos sexuales de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, cometiéndose las siguientes irregularidades: no se cumplió con escuchar a la parte denunciante; se nombró una comisión investigadora, pero no se le entregó información; la Secretaria General nombre reservado incumplió con la confidencialidad del informe emitido, porque las personas denunciadas sabían de su informe; con esto también se denota el entorpecimiento del proceso de investigación, y el encubrimiento de los denunciados; aspecto estipulado en el protocolo mencionado, en el título VIII, numerales III y IV. Señala, además, que se incurrió en el incumplimiento de los plazos que menciona el protocolo, en orden a que en primera instancia se debe dar una respuesta en 15 días corridos desde la denuncia, pero sólo 32 días después se le envió un correo informando que la Comisión de Equidad de Género resolvió presentar estos antecedentes al Honorable Consejo Superior de Disciplina, que actuará como jurado y analizará los antecedentes para dar cumplimiento a los Estatutos y Reglamento General del nombre reservado. Afirma que la Secretaria General nombre reservado, desestimó su denuncia de manera arbitraria. A continuación, indica que el 22 de abril de 2024 le llegó la citación en calidad de inculpada para el 27 de abril de 2024, para aclarar algunas inconsistencias entre los involucrados, analizar y cerrar la investigación con motivo de la recepción y tratamiento del dinero que fue donado a la compañía y que tuvo un tratamiento irregular; habiendo sido suspendida dicha citación, se le citó nuevamente para el 3 de mayo de 2024. Señala que antes de esa fecha, el 30 de abril de 2024, mediante correo le consultó a la Secretaria General respecto de la presencia de los Consejeros Superiores Pablo Alberto Escobedo Pacheco y nombre reservado, porque podrían haber intereses en su contra, pero no le respondió, y el día de la citación estuvo presente en la Sala como Presidente de Sala uno de los denunciados, Pablo Alberto Escobedo Pacheco, en tanto nombre reservado decidió salir, siendo reemplazada por otro consejero. Destaca que según el Estatuto del nombre reservado, título VIII, artículo 41, todo miembro del Consejo Superior de Disciplina que sea acusador o acusado en una causa, o que pertenezca a la compañía del acusado o acusador, quedará inhabilitado para integrar dicha sala; no obstante, la Secretaria General omitió este artículo. Arguye que el 3 de mayo de 2024 asistió al Consejo Superior, siendo los integrantes de la Sala los siguientes: Secretaria General nombre reservado, Presidente de Sala Pablo Alberto Escobedo Pacheco, integrante de Sala nombre reservado, y nombre reservado, quien no pertenecía a la Sala en su Consejo Superior, sin embargo, la Secretaria General de manera improcedente lo integró, quienes mantienen una relación romántica. Señala que en el Consejo Superior nuevamente le preguntaron respecto al caso de los $250.000, manteniendo su versión entregada en el Consejo anterior; no obstante, el Presidente de Sala la acusó de ser una Tesorera accidental por haber firmado la documentación. Expresa que se sintió incomoda y menoscabada, ya que el Presidente de Sala estaba presente, y la Secretaria General no actuó como ministra de fe sino como un consejero superior de disciplina más, quien además le indicó que la recurrente era persona violenta, sin fundamento. Agrega que el 6 de mayo de 2024 se le notifica la sanción aplicada por el Honorable Consejo Superior de Disciplina, establecida en el Reglamento General del nombre reservado, Título X, artículo 53 numeral 4: “Inhabilitación por dos años para el desempeño del cargo de Oficiales Generales, de compañía, de consejero de disciplina o de administración, de inspectores y de ayudantes de comandancia”; sin embargo, esta sanción no considera que ella ejercía el cargo de Secretaria de compañía, siendo juzgada como Tesorera de compañía, no obstante que otra persona ostentaba este último cargo, la que no fue citada a declarar en calidad de testigo ni de inculpada. Señala que el 15 de mayo de 2024 presentó apelación respecto la sanción impuesta, ante la Sala N° 1 del Honorable Consejo Superior de Disciplina, argumentando la falta al debido proceso y las irregularidades ejercidas por la Secretaria General, solicitando que como ministro de fe actuara el Tesorero General nombre reservado, ya que denuncia a la Secretaria General por actuar de manera hostil, intimidante y ejerciendo su cargo con abuso de poder. Manifiesta que se le citó el 3 de junio de 2024, vía correo electrónico, para el 9 de junio de 2024 a las 19:50 hrs., excusándose por motivos laborales, por lo que el 14 de junio se le cita para el 20 de junio a las 17:30 horas. Indica que ese día se presentó y en la Sala N° 1 estaba la Secretaria General nombre reservado, y los siguientes consejeros como integrantes de la Sala: Presidente de Sala Exequiel David Ortega Vásquez, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Hace presente, que en esta oportunidad, la Secretaria General había hecho salir a nombre reservado de manera arbitraria, pero la recurrente solicitó que ingresará ya que era miembro de la Sala N° 1; además, la recurrente mencionó que el Presidente de Sala Exequiel David Ortega Vásquez no debía estar, porque era Presidente de la Sala N° 2, a lo que la Secretaria General le respondió que no importaba quien fuera el presidente de sala. Expresa que al empezar con el argumento de su apelación, relativo a la falta al debido proceso, en reiteradas ocasiones fue interrumpida por la Secretaria General, señalándole en una de las interrupciones que no le interesaba el debido proceso, lo que fue avalado por el consejero superior nombre reservado; mencionándole que les interesaba saber el tema del dinero; ella les consultó si habían leído su apelación, respondiéndole el consejero nombre reservado que la Secretaria General no había entregado a todos los antecedentes de su apelación, lo que demuestra la vulneración a sus derechos; además, la Secretaria General nuevamente la atacó diciéndole que era manipuladora, lo que demuestra que su rol como ministra de fe no lo ejerce al expresar una opinión personal sin fundamento. Hace presente, además, que minutos antes de entrar a su consejo superior, fue tratado el caso del ex Director de la época nombre reservado, quien concurrió con un representante para su defensa, esto es, el tesorero actual de la Cuarta Compañía nombre reservado, a quien la recurrente también había denunciado y entregó una prueba falseada en su contra, para generar confusión entre los consejeros y favorecer al Director de la época, culpándola de los hechos acontecidos. Luego, dice que estando presente en su apelación la Secretaria General, toma la prueba presentada minutos antes en el otro Consejo y la utiliza en su contra; al consultar por el origen de esta prueba, le indicaron que fue presentada por el Tesorero de compañía nombre reservado, a lo cual mencionó que por ostentar cargo de compañía no puede ser representante, según el Reglamento General del nombre reservado, título X, artículo 54 letra G: “El bombero u oficial citado podrá hacerse acompañar por un bombero representante, el cual debe tener más de 10 años de servicio en la institución, ningún castigo superior a los 30 días de suspensión en los últimos 3 años, y no debe estar ocupando ningún cargo en el cuerpo o la compañía…”, a lo que el Presidente de Sala respondió que no le interesaba este artículo y que no debía saber el reglamento y el estatuto más que los consejeros; asimismo, la Secretaria General dijo que ella y el Presidente de Sala lo autorizaron a entrar, demostrando el sesgo hacia la recurrente y el abuso de poder, como también el no respeto al reglamento y estatutos de la institución. Por último, señala que el Presidente de Sala y la Secretaria General, le indicaron que la juzgarían en base al Reglamento anterior del nombre reservado, ya que éste mencionaba que la secretaria de compañía hacía las veces de tesorera de compañía. Indica que el 22 de junio recibió la notificación de la resolución de su apelación, que le aplica el castigo del título X, artículo 53 numeral 1, esto es, la expulsión de la institución. Asevera que con posterioridad, se contactó con ella el Consejero Superior nombre reservado, quien le dijo que la Secretaria General intercedió en la opinión de los consejeros para que aplicaran la expulsión; y agrega que los Consejeros Superiores nombre reservado y nombre reservado, denunciaron ante el Directorio General de la institución, las irregularidades cometidas por la Secretaria General, quien obliga a los consejeros a firmar las actas de los consejos superiores en blanco y después escribe lo que recuerda que ocurrió en el consejo, tema que se trató en el directorio de la primera semana de julio de 2024, formalizándose la denuncia.

Indica que el motivo de su sanción se funda en que habría manipulado y desviado dinero aportado a la compañía a una cuenta personal del Tesorero electo para el año 2024, nombre reservado; no obstante, que ella ejercía el cargo de Secretaria de compañía y no el de Tesorera de compañía, por lo cual no gestionó, manipuló ni transfirió dinero alguno, solo se encargó de entregar la documentación a la Superintendencia. Agrega que dicha sanción se funda en la presunción de su falta de control en los recursos económicos de la compañía, debido a la canalización del dinero de una donación en la cuenta particular del Tesorero electo para el periodo [cuenta reservada], lo que no correspondía ya que al efectuarse la donación en diciembre de 2023, debía ser ingresada ese año contable. Explica que el dinero de dicha donación no estuvo fuera de las arcas de la Cuarta compañía; que el dinero no se perdió, no se malversó ni mal utilizó, solo estuvo resguardado por el Tesorero electo y así pudiera comenzar el año 2024 con flujo de caja de compañía. Alega las siguientes irregularidades: 1. tuvo conocimiento del hecho días después de realizada la donación, cuando consultó al Director de la época si todo estaba en regla, quien sostuvo que tenía todo saneado al momento de entregar la documentación; 2. no se sancionó a quien debe ser el custodio de los dineros de la compañía, en este caso la Tesorera de compañía de la época; sí se sanciona al Director de la época, quien toma una mala determinación respecto de ese dinero; 3. el argumento basal de la sanción sólo fue por las distintas declaraciones de los citados, sin haber realmente una investigación a fondo; además, se basaron en pruebas obtenidas de manera irregular y falseadas, lo que no se tomó en cuenta; 4. la sentencia de la Sala N° 1 del Honorable Consejo Superior de Disciplina, ha sido dictada invocando el mero arbitrio para decidir su responsabilidad en los hechos investigados, conducta que ha lesionado sus derechos al no ser tratada con igualdad frente a otras personas en su misma situación; además, atenta contra su honra vulnerando todos los derechos que le garantiza el reglamento y la ley. Aduce que la sanción es desproporcionada y está destinada a interrumpir el ejercicio del trabajo que ha realizado en el área de capacitaciones del nombre reservado; atacar su imagen por parte de los voluntarios que conspiraron en su contra, y de la Secretaria General, para eliminar a todos los voluntarios que podrían hacer una buena. Afirma que las investigaciones son ilegales y arbitrarias, y vulneran las garantías constitucionales establecidas en los Nos. 3°, inciso quinto, 4° y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental; el N°3 inciso quinto, porque se ha permitido que el denunciado a través de su viciada intervención, la juzgue y condene en una especie de acción de venganza por haber informado ante el órgano sancionador su propia conducta poco ética e indisciplinada; y el N°4, porque la actitud del recurrido impide el correcto desempeño del H. Consejo Superior de Disciplina, al avalar y amparar la actitud de la Secretaria General. Señala, además, que el derecho a ser juzgado con un debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 inciso sexto, no fue observado en el juzgamiento desde el momento que existe una persona denunciada como juez en la causa; también se vulnera su derecho a ser juzgada por un Tribunal de la República y no por comisiones especiales, y se perturba su derecho al libre ejercicio de una actividad para la que fue electa democráticamente.

Pide que se decrete nulo el fallo que la castiga por encontrarse viciado al tener en él una participación directa la Secretaria General del nombre reservado, nombre reservado, y los consejeros involucrados en la confabulación, acto realizado fuera de las atribuciones que señalan los Estatutos y el Reglamento General del nombre reservado; se le restituya en su cargo, instaurando y recuperando el estado de Derecho.

En el primer otrosí acompaña Reglamento General agosto 2023; Estatutos del nombre reservado; denuncia a la Comisión de Equidad de Género y correo; Resolución de separación de todo Cargo, de 6 de mayo de 2024; apelación a la sanción impuesta; Resolución de expulsión de la institución, de 22 de junio de 2024; Protocolo de Equidad de Género de la JNB; Resolución sobre orden de las salas de los consejos superiores de disciplina. A folio 18, acompaña Informe disciplinario o denuncia realizada por la recurrente en contra de miembros del nombre reservado, ante el Comité de Género; Resolución del nombre reservado, de 28 de mayo de 2024, oficio 32-2024; Resolución de inhabilitación de la voluntaria nombre reservado (recurrente). A folio 22, acompaña Registro Nacional de Bomberos que contiene la Hoja de Vida de la recurrente. A folio 19, acompaña pendrive con video y audio, que se guardó en custodia número 36-2024 de 23 de septiembre de 2024.

Segundo: Que, al evacuar el informe, Alejandro Figueroa Montaldo, abogado, en representación del nombre reservado, pide el rechazo el recurso, con costas.

Refiere el marco legal en que operan los bomberos en Chile, a saber, la Ley 20.564, Ley Marco de los Bomberos de Chile, que establece en su artículo 1° que los Cuerpos de Bomberos son servicios de utilidad pública, que conforman el Sistema Nacional de Bomberos, que se rigen por las disposiciones de la Ley Marco, por el Reglamento de la Ley Marco, por sus estatutos y, supletoriamente, por las reglas del Código Civil. Añade que el ejercicio de las funciones disciplinarias corresponde al Consejo Superior de Disciplina, conforme lo dispone el artículo 48° del Reglamento General del nombre reservado. En el Título X, artículos 47° y siguientes, se encuentra regulado el proceso disciplinario, citación, defensa, sanciones, conformación del órgano, atribuciones, comunicación de las sanciones y los recursos de ante el Consejo Superior de Disciplina. Se trata de un procedimiento disciplinario regulado en detalle y que contempla todos los elementos del debido proceso, desde la conformación de los órganos disciplinarios integrados por miembros no inhabilitados; en el que el voluntario afectado es debidamente informado de los cargos al momento de su citación y tiene derecho a hacer sus descargos, en cada una de las instancias que contempla el procedimiento; en el que la sanción es debidamente notificada o por carta certificada u otro medio; y que concede al voluntario sancionado un recurso de apelación, y que la decisión disciplinaria sea revisada por un órgano disciplinario integrado por otros miembros distintos de los que acordaron la sanción recurrida.

Sostiene que la recurrente ejerció el cargo de Secretaria y, además, ejercía las labores de Tesorera accidental, ya que el cargo se encontraba vacante, quien era responsable de las entradas, salidas, pagos, rendiciones de los dineros de la Cuarta Compañía, entre otros deberes, descritos en el artículo 70° del Reglamento General. Argumenta que la recurrente como Tesorera tuvo pleno conocimiento de la recepción y tratamiento de una donación para la Compañía, la cual no fue registrada ni contabilizada adecuadamente, por la suma de $250.000, la cual fue depositada en la cuenta de un tercero y usada para fines que no son propios del servicio, ocultando dichos hechos a las autoridades superiores de la Compañía, lo que constituye una grave irregularidad. Arguye que siguiendo las disposiciones del Reglamento General, artículo 54°, la recurrente fue citada al Consejo Superior de Disciplina, para el 3 de mayo de 2024, sesión en la que se le tomó declaración, se formularon los cargos y se hicieron los descargos. Luego, dicho Consejo Superior, tomando en consideración los cargos y los descargos, acordó aplicarle la sanción de inhabilitación por dos años para el desempeño de un cargo de Oficial, de acuerdo con el artículo 53° número 4 del Reglamento General. La recurrente apeló para ante la Sala N° 1 del Consejo Superior de Disciplina, el cual se reunió para conocer dicha apelación el 20 de junio de 2024, y decidió modificar la sanción impuesta, imponiéndole la sanción de expulsión, la que fue comunicada posteriormente a la actora. Asevera que en el procedimiento seguido en contra de la recurrente se respetaron todos los derechos y garantías, contemplados en el Reglamento General, la recurrente asistió a las citaciones cursadas y apeló de la decisión.

Señala que la recurrente fue sometida a un procedimiento racional y justo, sustanciado ante los organismos disciplinarios contemplados en los estatutos, cuya legalidad es reconocida en la Ley Marco de Bomberos, integrado por voluntarios elegidos democráticamente cada año, quienes conforme a sus atribuciones aplicaron la sanción que estimaron procedente, sin incurrir en arbitrariedad ni infracción a garantías constitucionales. Respecto de la denuncia de vulneración del artículo 19 Nos. 3 y 4 de la Constitución Política, indica que en la citación se expresa que es citada debido a la investigación que se abrió por la recepción y tratamiento de dinero que no entró a las arcas de la Compañía; no aportó ningún medio probatorio o testigos; tampoco solicitó ser defendida por un voluntario, como permite el artículo 54° letra f). En cuanto a la gravedad de los hechos, señala que la recurrente ejercía el cargo de Tesorera de compañía, por lo que debía resguardar los recursos económicos que se le confiaron; sin embargo, no informó a las autoridades pertinentes de la donación realizada a la Compañía, la que nunca se registró ni se ingresó, lo que produce un perjuicio económico a la institución, dado los exiguos aportes que recibe. Sostiene que la actora fue sometida a un proceso racional y justo; fue citada conforme al Reglamento; se le hicieron los cargos y tuvo la oportunidad de presentar sus descargos y defensas, también tuvo la oportunidad de haber presentado medios de prueba, lo que no hizo; interpuso recurso de apelación; concurrió a las instancias a las que fue citada, dándole validez al proceso, y en ningún momento recusó a algún miembro de los órganos disciplinarios. Hace presente que los órganos disciplinarios se constituyen como jurados y fallan de acuerdo a los antecedentes del caso; no son jueces, como tampoco tribunales de justicia.

Tercero: Que, cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en la decisión de expulsar a la recurrente de la Compañía de nombre reservado, sin aplicar un debido proceso de acuerdo a las normas que rigen a la institución recurrida y a las garantías establecidas en el artículo 19 Nos. 3°, incisos quinto y sexto de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, de los antecedentes reunidos en la carpeta electrónica, se constata que la recurrente era miembro de la institución recurrida y mediante sentencia disciplinaria de 3 de mayo pasado, fue sancionada por la Sala N° 2 del Consejo Superior de Disciplina con Inhabilitación por dos años para el desempeño del cargo de Oficial General, de Compañía, de Consejero de Disciplina o de Administración, de Inspectores y de Ayudante de Comandancia. La notificación de la referida resolución establece: “Informo a usted que el Honorable Consejo Superior de Disciplina, reunido en sala con fecha viernes 3 de mayo de 2024 a las 23:10 horas en el Cuartel General, el cual fue citada conforme a las pautas y normas estipuladas en el Reglamento General del nombre reservado. Tras escuchar sus declaraciones y analizarlas detenidamente, se ha determinado que, al tener conocimiento de una grave irregularidad en la recepción y tratamiento de una donación destinada a la Compañía, la cual no fue registrada ni contabilizada adecuadamente, usted participó activamente en su ocultamiento al no informar a las autoridades disciplinarias pertinentes. Este comportamiento se considera una falta muy grave, Por consiguiente, se resuelve aplicar la sanción según Art 53 Numeral 4: Inhabilitación por dos años para el desempeño del cargo de Oficial General, de Compañía, de Consejero de Disciplina o de Administración, de Inspectores y de Ayudante de Comandancia”.

Del mismo modo, se constata que la actora presentó apelación a la sanción impuesta, la que fue resuelta el 20 de junio último por la Sala N°1 del Consejo Superior de Disciplina, que desechó las pretensiones de la apelante y modificó lo resuelto por la Sala N°2, aplicando la sanción de Expulsión de la institución. La notificación de la referida resolución indica: “Informo a usted que la sala N°1 del Honorable Consejo Superior de Disciplina reunida con fecha jueves 20 de junio de 2024 a las 17:30 horas en el Cuartel General, fue citada para tratar su apelación a la sanción impuesta por la Sala N°2, conforme a las pautas y normas estipuladas en el Reglamento General del nombre reservado. Tras escuchar sus declaraciones y analizarlas detenidamente y en su mérito, se ha determinado que, al tener conocimiento de una grave irregularidad en la recepción y tratamiento de una donación destinada a la Compañía, la cual no fue registrada ni contabilizada adecuadamente, usted participó activamente en su ocultamiento al no informar a las autoridades disciplinarias correspondientes. Este comportamiento se considera una falta muy grave. Como consecuencia de lo mismo, el Consejo ha determinado modificar lo resuelto por la Sala N°2 y aplicarle la sanción de Expulsión de la Institución, contemplada en el Art. 53° Numeral 1 del Reglamento General”.

Sexto: Que, en este contexto, el Reglamento General del nombre reservado, en su artículo 54 contempla el procedimiento para la investigación y sanción de faltas al régimen disciplinario interno, además de los medios de impugnación que se pueden ejercer en contra de dichas decisiones. Se constata de los antecedentes de autos, que la recurrente fue debidamente notificada y asistió a la audiencia de 3 de mayo último para contestar los cargos formulados.

A su turno, la letra k) del mencionado artículo 54° del Reglamento General, establece la facultad de apelar de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Consejo Superior de Disciplina constituido en Sala, ante el Consejo Superior de Disciplina, la que será vista por una sala de dicho órgano. Dicho derecho de impugnación fue ejercido por la recurrente, siendo resuelta la apelación por la Sala N°1 del referido órgano disciplinario, de acuerdo al artículo 51 del mismo reglamento.

Séptimo: Que, por otra parte, de los antecedentes no consta que alguno de los integrantes de la Sala N°1 del Consejo Superior de Disciplina que conoció y resolvió la apelación deducida por la recurrente, estuviera inhabilitado para integrar dicha sala en los términos del artículo 49° del Reglamento General del nombre reservado o del artículo cuadragésimo primero de los Estatutos del nombre reservado. Al efecto, cabe tener presente que el citado artículo 49° dispone “…Cualquier Consejero de Disciplina que se sintiere inhabilitado para conocer y juzgar algún asunto disciplinario, lo hará saber a la sala o al Pleno que le corresponda integrar, con a lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha fijada para la audiencia, mediante comunicación por escrito dirigida al Secretario General. El inculpado podrá hacer valer la inhabilidad en la misma oportunidad, y respecto a tan sólo de uno de los componentes de la Sala que le juzgará…”; y el mencionado artículo cuadragésimo primero, dispone “Todo miembro del Consejo Superior de Disciplina, que sea acusador o acusado en una causa o que pertenezca a la compañía del acusado o acusador, quedará inhabilitado para integrar dicha sala”.

Asimismo, de la lectura del recurso aparece que la recurrente no precisa la forma en que se habrían incumplido las normas reglamentarias pertinentes en relación con los procesos disciplinarios, que permitan comprender la manera en que se habría vulnerado las garantías de los Nos. 4° y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que, en estas condiciones, la acción interpuesta no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del nombre reservado y de su Honorable Consejo Superior de Disciplina.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 3986-2024 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señora M. Catalina González Torres y señora Claudia Lazen Manzur. No firma la Ministra señora Lazen, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.