CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE PIRQU CON INSPECCION PROVINCIAL DEL YTRABAJO CORDILLERA

Foja: 49 Cuarenta y Nueve En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que a fojas 1 comparece don Lorenzo Feres Montecinos, abogado, por mandato y en representación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque, representada por doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, por el acto arbitrario e ilegal consistente en dictar la resolución Nº 400, de 14 de octubre de 2016, mediante la cual se condenó a su representada a pagar una serie de multas administrativas.

De modo preliminar, refiere que con fecha 24 de octubre del año en curso, la recurrida notificó a su representada la mentada resolución, mediante la cual se le condenó a pagar una serie de multas administrativas de 15 UTM, 40 UTM, 20 I.M.M., 21,75 U.F. y 29 U.F., correspondiendo cada una de ellas, respectivamente, a los siguientes hechos: No escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora señora nombre reservado, contratada con fecha 02.01.2014; No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicaciones del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas en el periodo enero de 2014 a junio de 2016, respecto de la señora nombre reservado; No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, documentación correspondiente al registro de control de asistencia de la señora nombre reservado; No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la AFP Próvida, respecto de la trabajadora señora nombre reservado, Rut RUT reservado por el período enero 2014 a junio 2016; y no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la Sociedad Administradora del Seguro de Cesantía, respecto de la Trabajadora señora nombre reservado, por el periodo enero 2014 a junio 2016.

Explica que, para el pronunciamiento de la referida resolución, el Fiscalizador tomó como antecedente el Acta de Constatación de Hechos de fecha 13 de Julio de 2016, y su representada lejos de allanarse a los hechos constatados, los contravino señalando que la señora nombre reservado, tiene un contrato de prestación de servicios con la Corporación Municipal de Pirque, por ende dicho vínculo no tiene la naturaleza de Contrato de Trabajo, por lo que al momento de recopilar los documentos solicitados, muchos de estos no existían por no estar obligada la Corporación a tenerlos en su poder, o bien tener éstos otra naturaleza a los solicitados como fue el caso.

Pese a lo anterior se acompañaron documentos que daban cuenta de la prestación de servicios a honorarios tales como: contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre las partes, descripción de las funciones o cometidos específicos, y copias de boletas de honorarios emitidas por la prestadora de servicios. Sin embargo fue imposible acompañar otros documentos como planillas de descuentos previsionales y de salud, atendida la inexistencia de estos toda vez que al ser un contrato a honorarios, es la propia prestadora de servicios quien puede realizar o no voluntariamente sus cotizaciones previsionales. Sin perjuicio de lo anterior, la resolución por la cual se recurre, condenó a su representada al pago de las multas antes mencionadas, las cuales se basan en un supuesto vínculo laboral entre su representada y la señora nombre reservado, lo cual es negado por su parte.

Indica que, a su parecer, la fiscalizadora ha excedido sus atribuciones legales, invadiendo el ámbito de conocimiento de los tribunales de justicia, a quienes les corresponde el conocimiento de estas materias, imponiendo a su representada una multa claramente ilegal y arbitraria. Agrega que este acto ha amenazado, perturbado y privado a la Corporación Municipal de Puente Alto del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías establecidos en el artículo 19 Nº 3 inciso 5o y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

En relación a la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 inciso 5o de la Carta Fundamental, que dispone "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho" señala que esta fue vulnerada por la Inspección del Trabajo al haberse arrogado, a través de su fiscalizadora, prerrogativas propias de los Tribunales de Justicia, resolviendo una cuestión controvertida y que escapa al ámbito de su competencia, dictando la resolución recurrida.

Y en cuanto a la garantía consagrada en el artículo 19 N°24 de la Carta fundamental, refiere que esta se vio vulnerada al condenar a su representada al pago de diferentes multas, privando de una suma de dinero a la recurrente sin que exista un fundamento legal para ello.

Por otra parte, indica que sin perjuicio de que su representada niega categóricamente que la relación que la liga con la prestadora de servicios sea de naturaleza laboral, cabe considerar que las distintas multas impuestas se basan en los siguientes hechos: No escriturar contrato de trabajo; no declarar oportunamente cotizaciones previsionales; no declarar oportunamente cotizaciones previsionales del seguro de cesantía; no entregar comprobante de pago de remuneraciones, hechos que en realidad corresponden a un único y exclusivo evento, cual es, la no escrituración del contrato de trabajo. Visto de esta forma, un solo hecho significó que le cursaran cuatro multas administrativas, vulnerando así el principio non bis in ídem, en virtud del cual no puede sancionarse dos veces por el mismo hecho. Así las cosas, manifiesta que de imponerse la primera de las multas, correspondiente a no escriturar el contrato de trabajo, deberían dejarse sin efecto las restantes.

Termina señalando que conforme a lo expuesto, la resolución pronunciada por la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera implica una actuación ilegal y arbitraria, que ha impedido a su representada el legítimo ejercicio de sus derechos contenidos en el artículo 19 Nº 3 inciso 5o y Nº 24 de la Constitución Política de la República y solicita se ordene dejar sin efecto la resolución en cuestión.

Segundo: Que a fojas 22 y siguientes evacúa informe doña Maria Eliana Alegría Esteban, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, quien manifiesta que el artículo 505 del Código del Trabajo entrega a la Dirección del Trabajo la función de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, mientras que el inciso primero del artículo 503 del mismo código previene la facultad de aplicar sanciones administrativas por las infracciones que se constaten.

En primer lugar, refiere que le llama la atención que el empleador sancionado recurra de protección, en circunstancias de que dispone de otros mecanismos de impugnación.

Explica que, la sanción referida es un acto de autoridad, por lo que corresponde que se exprese y contenga en un Acto Administrativo, denominado Resolución de Multa, agregando que, si bien se trata de una actividad punitiva del Estado, no depende del principio de tipicidad, toda vez que la infraccionalidad reconoce un único y genérico tipo: la inobservancia a la legislación, precisándose en cada caso al contrastar la conducta constatada con la conducta exigible, según la normativa atingente.

Ahora bien, expone que dicho acto administrativo es susceptible de impugnación, según las reglas que la ley ha dado para ello. La vía natural de impugnación es la acción de reclamación judicial de multa, concedida por el inciso tercero del artículo 503 del Código del Trabajo, dotando de competencia al Juez de Letras del Trabajo respectivo para su conocimiento. Por otra parte, la ley contempla la posibilidad de solicitar su reconsideración administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 511 del código del ramo, como también el beneficio de sustitución de multa cumpliendo con los requisitos dispuestos por el artículo 506 ter del mismo cuerpo legal, aclarando que la reconsideración, la solicitud de sustitución y el ejercicio de la acción de reclamación son incompatibles entre sí, debiendo optar el empleador entre ellas.

Agrega que la decisión que el órgano administrativo adopte respecto de la solicitud de reconsideración, es también una resolución administrativa, la cual es susceptible de reclamación, de acuerdo con la acción contemplada por el inciso segundo del artículo 512 del Código del Trabajo. Y por último, indica que existen los recursos de invalidación y extraordinario de revisión, contemplados por los artículos 53 y 60 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Ahora bien, en relación a la supuesta vulneración de las garantías constitucionales, expone que el recurrente no ha sido juzgado por su Servicio, sino fiscalizado y por otra parte, ni la Dirección del Trabajo ni sus fiscalizadores constituyen comisiones especiales, señalando que la Dirección del Trabajo es un Servicio Público, cuya composición y atribuciones se encuentran expresamente descritas en la ley, reiterando que el legislador le entregó al Servicio la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y en la especie, eso fue lo que ocurrió.

Indica que, en terreno se detectó la existencia de informalidad laboral, esto es, vínculo contractual de trabajo no escriturado dentro de los plazos legales, lo que obliga a la fiscalizadora actuante a tomar una declaración jurada al trabajador y a sancionar, conforme a lo dispuesto por el inciso cuarto y el inciso segundo, respectivamente, del artículo 9o del Código del Trabajo.

A mayor abundamiento, señala que el recurrente arguye que la fiscalizadora actuante decidió respecto de una situación controvertida, cuál sería la naturaleza del vínculo jurídico que une a las partes, invadiendo con ello las atribuciones jurisdiccionales, citando para tal efecto, lo dispuesto por el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, norma que entrega competencia al juez laboral para conocer de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales de trabajo, lo que es contradictorio con su planteamiento que la relación que los vincula no es laboral. Y es errada en el sentido de que, la fiscalizadora haya decidido sobre una controversia entre partes, ya que el procedimiento inspectivo solo se encuentra dirigido a empleadores y la aplicación de una multa administrativa no resuelve los conflictos que pueden suscitarse entre las partes ni constituye condena. Además, como acto administrativo sancionatorio, se encuentre siempre sujeto al examen jurisdiccional a través del ejercicio de las acciones de reclamación que la ley concede al empleador.

Agrega que, el mismo empleador compareciente, y en lo concerniente a la misma multa, paradojalmente reconoció competencia a la Dirección del Trabajo, al ejercer a su respecto el derecho que le confiere el artículo 511 del Código del Trabajo, mediante reconsideración escrita de fecha 18 de agosto de 2016, en cuya virtud solicita que las sanciones sean dejadas sin efecto por el ente administrativo o, en subsidio, que se rebajen prudencialmente.

En relación a la vulneración de la garantía constitucional del derecho a la propiedad, señala que el recurrente la fundamenta en dos alegaciones. La primera, abordada en los párrafos que anteceden, a propósito de lo que asume fue una actuación ilegal de la Inspección del Trabajo y que esta parte rechaza, según lo ya señalado. Y la segunda, consistente en que se habría contravenido el principio non bis in ídem. En cuanto a esta última alegación, es necesario tomar en cuenta que la Dirección del Trabajo debe vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones que impone la legislación laboral y que dentro de éstas, toca al empleador el cumplimiento de muchas obligaciones de hacer, que apuntan principalmente a la certeza jurídica y al rol registral que para efectos de publicidad y de salvaguarda de los derechos de los dependientes, ha establecido el legislador. Al respecto, la falta de escrituración de un contrato de trabajo no es propiamente un hecho, sino una omisión, susceptible de sanción administrativa cuando la falta de constancia escrita exceda de los plazos que dispone el artículo 9o del Código del Trabajo. Obviamente, el incumplimiento de esta obligación ubica en posición de desmedro a la trabajadora, y la defensa desplegada por el recurrente es la mejor prueba de ello. Pero, además, el empleador incurrió en otras omisiones, de las que dan cuenta las restantes tres multas cursadas, pues, la necesidad de otorgar comprobante de pago de remuneraciones o la de declarar las cotizaciones previsionales, son otras obligaciones de origen legal, cuyo incumplimiento fue sorprendido por el fiscalizador actuante, por lo que merecían sanción adicional.

Indica que, lejos de desprenderse de un solo hecho, las múltiples omisiones acusadas aumentan exponencialmente la desprotección a que ha sido sometida la dependiente, de modo que, además de ajustarse a derecho, la actuación del funcionario ha venido a poner cierto equilibrio en una relación del todo asimétrica.

Atendido lo expuesto, solicita que se rechace en todas sus partes la acción constitucional intentada, con costas.

Tercero: Que de los antecedentes expuestos en las presentaciones de recurrente y recurrida aparece que el acto impugnado es la Resolución Nº 400 de fecha 14 de octubre de 2016 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, y comunicada a la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque el 24 de octubre del año en curso, a través de la cual que sancionó a ésta última con la aplicación de cinco multas por los siguientes conceptos: No escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora señora. nombre reservado, contratada con fecha 02.01.2014; No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicaciones del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas en el periodo enero de 2014 a junio de 2016, respecto de la señora nombre reservado; No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, documentación correspondiente al registro de control de asistencia de la señora nombre reservado; No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la AFP Próvida, respecto de la trabajadora señora nombre reservado, Rut RUT reservado por el período enero 2014 a junio 2016; No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la Sociedad Administradora del Seguro de Cesantía, respecto de la Trabajadora señora nombre reservado, por el periodo enero 2014 a junio 2016.

Cuarto: Que la parte recurrente en síntesis sostiene que, resulta improcedente la aplicación de las multas impuestas toda vez que la relación que la une con la señora nombre reservado, es de carácter civil, correspondiendo a una prestación de servicios a honorarios y para acreditar tal hecho, procedió a acompañar a la Inspección del Trabajo los contratos a honorarios, informes de actividades y las boletas de honorarios que apoyaban su afirmación.

Quinto: Que junto con la acción cautelar deducida en autos, se acompañaron por la recurrente los siguientes documentos: a) Resolución de Multa № 1180/16/40, de fecha 13 de Julio de 2016; b) Copia de Acta de Notificación de Multa; c) Solicitud de Reconsideración de Multa de fecha 18 de Agosto de 2016; d) Copia de Resolución de Solicitud de Reconsideración de Multa N° 400 del 14 de Octubre de 2016; e) Copia de contrato de prestación de servicios de doña nombre reservado; f) Copia de Boleta de Honorarios de doña nombre reservado; g) Sentencias de la Corte Suprema; h) Dictámenes de la Dirección del Trabajo y Contraloría General de la República; i) Copia de Mandato Judicial por escritura pública.

Por su parte, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.Activación de fiscalización № 791, con fecha de origen 28.06.2016; 2.Acta de requerimiento de documentación y citación № 791, de fecha 07 de julio de 2016; 3. Acta de constatación de hechos en terreno № 791, de fecha 13 de julio de 2016; 4. Carátula de Informe de fiscalización N° 791, con fecha de origen 28 de junio de 2016; 5. Informe de exposición № 791, de fecha 13 de julio de 2016; 6. Resolución de multa N° 1180.2016.40, de fecha 13 de julio de 2016, con guía de despacho que da cuenta de su notificación; 7. Solicitud de reconsideración administrativa de multa de fecha 18 de agosto de 2016; 8. Resolución № 400 de fecha 14 de octubre del 2016, con su guía de despacho que da cuenta de la notificación; 9. Reclamo causa RIT N° 1-96-2016 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto.

Sexto: Que la acción o recurso de protección es una medida cautelar de rango constitucional que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando existe una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siempre y cuando exista un acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere dichas garantías.

Séptimo: Que de los antecedentes reunidos aparece que el recurrente pretende dejar sin efecto la aplicación de multas impuestas por la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, para lo que existe una vía ordinaria de reclamación, de la cual no se hizo uso, sin que se divise que dicha Inspección haya incurrido en algún acto ilegal o arbitrario, toda vez que su actuación se enmarcó en las facultades contempladas en los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo y D.F.L. N°2, de 1967.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DECLARA:

Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado don Lorenzo Feres Montecinos con fecha 9 de noviembre del año en curso, en representación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera.

Redacción del Abogado Integrante don César Germán Toledo Fuentes.

Regístrese, comuníquese y archívense oportunamente los antecedentes.

Rol Nº 3974-2016 – PROT.

Pronunciada por la Ministros de la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Sra. nombre reservado, Fiscal Judicial Sra. Tita Aránguiz Zúñiga y Abogado Integrante Sr. César Toledo Fuentes.

En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.