Protección contra Sindicato de Trabajadores N°1 de Mimet S

Foja: 74 Setenta y Cuatro En Santiago, a catorce de abril de dos mil dieciséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 22, nombre reservado, interpone recurso de protección en contra del Sindicato de Trabajadores N°1 de Mimet S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en expulsarlo de la asociación sindical antes señalada, vulnerando las garantías consagradas en los números 2, 3 inciso quinto, 19 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El recurrente expone que trabaja en la empresa Mimet S.A. desde el 21 de julio de 2010 y que es un socio antiguo del sindicato N°1 de la empresa, ejerciendo funciones en la Comisión Revisora de Cuentas de la asociación.

Señala que el 26 de enero de 2016 se le envió a él y a otro trabajador, carta firmada por los directivos del sindicato, mediante la cual se le informaba que con fecha 21 de enero anterior habían dejado de pertenecer al Sindicato.

Detalla como antecedente de la decisión, el aviso publicado en el diario mural de la empresa, a través del cual se citaba a una reunión que se celebraría el 21 de enero del año en curso y en la que se trataría el Régimen disciplinario establecido en los artículos 44 y 45 de los estatutos, agregando que, en la citación, no se señaló si la asamblea sería ordinaria o extraordinaria.

Refiere que los artículos citados en la convocatoria a la asamblea, hacen referencia a la forma en que debe convocarse para la aplicación de sanciones en situaciones que revisten el carácter de “gravedad o reincidencia” y a su vez, que la medida de expulsión de un socio es extrema y que siempre existirá la oportunidad de defenderse. Como consecuencia de lo anterior, el recurrente entiende que la convocatoria a la asamblea debió ser promovida con ciertas formalidades mínimas en su procedimiento, como, por ejemplo, informar la fecha y plazo para su realización, individualizar a los involucrados, señalar el motivo u objeto de la asamblea y entregar un plazo mínimo para que los afectados pudieran defenderse y presentar pruebas.

A continuación, detalla que llegado el día de la asamblea, el Presidente del Sindicato, don nombre reservado, dijo inmediatamente a los presentes: “Hay dos socios que fueron desleales y hay que votar para ver si se van o se quedan”, explicando que la alusión se refería a él y un colega, y señalando que acto seguido, se procedió a entregar a todos los asistentes un papel con un SÍ y con un NO, para votar por la desvinculación de ambos afectados, calificando la votación como injusta y arbitraria.

Agrega que, en todo caso, la sanción que correspondía en caso de tener asidero los dichos del directorio, correspondían a la multa y no a la expulsión, de acuerdo a lo expresado en los artículos 42 y 43 de los estatutos y sostiene que, con la sanción impuesta no se ha respetado el Principio de Proporcionalidad.

Finalmente indica cuáles son los hechos que, a su juicio, han molestado al Directorio, y en definitiva, han motivado la decisión que por esta vía se recurre: en primer lugar, que como miembro de la Comisión Revisora ha solicitado reiteradamente al Tesorero que exhiba las cuentas que están en su poder y que la respuesta siempre ha sido negativa. En segundo término, expone que en una asamblea anterior se ordenó que el 4 de enero del presente año, todos los asociados debían quedarse fuera de la empresa por 5 minutos, antes de iniciar la jornada, como una forma de hacer presión para que el empleador negociara colectivamente, sin embargo él no pudo permanecer fuera de la empresa, en atención a que estaba enfermo del estómago y debió ingresar al baño de la empresa y detalla que en esa oportunidad el Secretario del Sindicato le gritó a viva voz: “Amarillo vendido, gusano amarillo”.

Detalla que los conflictos tuvieron su punto cúlmine el 20 de enero pasado, cuando junto a otra miembro de la Comisión Revisora, concurrieron a la Inspección del Trabajo a dejar constancia de la negativa del Directorio de entregar documentos para su revisión.

En cuanto a las garantías conculcadas, sostiene en primer lugar que la Asamblea actuó como una comisión especial al haberlo sancionado con la expulsión, fuera del marco jurídico establecido en el propio estatuto en su artículo 44 y sin respetar las garantías del debido proceso. En segundo lugar, manifiesta que los recurridos han pasado por alto su Derecho de Igualdad ante la ley al no haberle aplicado el procedimiento disciplinario establecido para todos los socios en los artículos 42 y 45. A continuación estima vulnerado su derecho a sindicalizarse. Y finalmente sostiene que se ha transgredido su derecho de propiedad, en atención a que, a la fecha de la expulsión, el sindicato recurrido estaba concluyendo un proceso de Negociación Colectiva de la cual él era parte y que a la fecha de presentación del recurso está pendiente de pago del bono en cuestión, razón por la cual el acto recurrido amenaza su derecho de percibir aquella suma de dinero.

En definitiva, solicita se acoja el presente recurso y se reestablezca el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida reincorporarlo al Sindicato, con la correspondiente condena en costas.

SEGUNDO: Que para fundar su acción cautelar, el recurrente acompañó los siguientes antecedentes: a) Copia de los estatutos del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Mimet S.A.; b) Copia de la carta de 26 de enero de 2016, por medio de la cual se le comunica la desvinculación; c) Foto del aviso de citación a la asamblea; d) Contrato de Trabajo del recurrente; e) Copia de Contrato Colectivo de Trabajo de 10 de noviembre de 2015 y d) Copia de carta dirigida y recepcionada por la Inspección del Trabajo, de fecha 20 de enero de 2016, en la que consta la denuncia al Directorio del Sindicato por la negativa a la entrega de información.

TERCERO: Que a fojas 64, doña Elizabeth Ahumada Valdés, abogada en representación de la parte recurrida, informa al tenor del recurso, y expone lo siguiente:

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción cautelar, en atención a que faltarían los requisitos constitucionales para su interposición.

Señala que no existiría un acto arbitrario, pues la decisión fue razonada y fundada y adoptada por todos los miembros del sindicato y expresa que tampoco sería ilegal, pues de acuerdo al artículo 45 del estatuto, la asamblea está facultada para establecer como medida extrema la expulsión de un socio, siempre que fuera aprobada por la mayoría de los socios del sindicato.

Respecto al fundamento de la medida, sostiene que el recurrente habría incurrido en una falta calificada como grave por la asamblea, consistente en no acatar una decisión adoptada por la Asamblea General y que consistía en retrasar la jornada laboral por cinco minutos.

En cuanto a la convocatoria, señala que ésta se ajustó a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de los estatutos.

En lo relativo al Principio de Proporcionalidad, señala que de acuerdo al tenor del artículo 45 del estatuto, queda de manifiesto que, si la gravedad de la falta lo amerita, la asamblea puede expulsar al socio y que en el caso de marras, la falta fue calificada como muy grave, y en consecuencia, procedía dicha sanción sin necesidad de aplicar sanciones en forma gradual.

En relación a los hechos que a juicio del recurrente originaron la medida, expresa que el recurrente no es miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, pero que cuando lo fue, sí se le exhibieron los antecedentes correspondientes y que la negativa versó sobre la entrega de un informe escrito, en atención a que no existe estipulación que establezca dicha obligación.

Finalmente, y respecto a las garantías invocadas, sostiene que al haberse convocado la asamblea en cumplimento de las normas estatutarias, no se actuó como una comisión especial. A continuación, expone que no hubo vulneración a la igualdad ante la ley, pues al recurrente se le aplicaron las normas estatutarias que rigen a todos los socios. En lo que dice relación con el derecho a sindicalizarse, manifiesta que nunca se le impidió al señor nombre reservado hacer ejercicio del mismo, sino que se le aplicó una sanción ante una falta grave. Por último y en cuanto al derecho de propiedad, señala que no es efectivo que se estuviera concluyendo algún proceso de negociación colectiva, que no existe bono pendiente de pago y que lo cierto es que el 19 de noviembre de 2015 se presentó un proyecto de contrato colectivo que tenía por objeto negociar con la empresa, pero dicho proyecto no fue recibido pro MIMET S.A., por encontrarse suspendido el proceso de negociación colectiva de acuerdo al artículo 507 del Código del Trabajo, esto es, existir una causa vigente en el Juzgado de letras del Trabajo de San Miguel, indicando que el nuevo proyecto de contrato colectivo será presentado el 4 de abril del presente año y que el señor nombre reservado no será incluido en la nómina de socios que estarán sujetos a la futura negociación colectiva, por haber sido expulsado.

Solicita se rechace el presente recurso de protección, con costas.

CUARTO: Que a fin de acreditar sus dichos, la recurrida acompaña los siguientes documentos: a) Copia simple de los estatutos; b) Certificado de ejecutoria de 4 de marzo de 2016 emitido por esta Corte, que permite computar el plazo para presentar el nuevo proyecto de contrato colectivo; c) Copia simple de ordinario 172 de la inspección del Trabajo Sur, que concluye que el proceso de negociación colectiva se encuentra suspendido a la fecha.

QUINTO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

SEXTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive al reclamante de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEPTIMO: Que al efecto, de la lectura del libelo recursivo donde se denuncia la transgresión a las garantías contempladas en los Nos. 2, 3, 19 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, se encuentran contemplados en la protección cautelar que proporciona el presente recurso, así se desprende en forma expresa en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, ya que la arbitrariedad, desproporcionalidad e ilegalidad de la medida tomada por la recurrida, corresponde precisamente a aquellas materias cuya resolución deben ser conocidas a través del recurso intentado, por tanto éste es plenamente procedente.

OCTAVO: Que el artículo 44º del Estatuto por el cual se rigen los asociados al Sindicato señala: “La asamblea, en reunión convocada especialmente, podrá aplicar sanciones de suspensión de los beneficios sociales, sin pérdida del derecho a voto, por un máximo de hasta tres meses dentro de un año, cuando la gravedad de la falta o de la reincidencias en ella así lo aconsejaran”. A su vez el artículo 45º), también citado como infringido por el recurrente, dispone: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse”.

NOVENO: Que a fojas 11 consta la citación de la asamblea que dio lugar a la expulsión del recurrente y en ella se cita para el 21 de enero de 2016 a las 18:00 horas para tratar los siguientes puntos: “1.- Régimen disciplinario art. 44 y 45 de los estatutos del sindicato, y 2.- Información negociación colectiva. Modificación de estatutos (cuotas).

DECIMO: Que como se observa de esta citación, efectuada dos días antes de la celebración de la asamblea en cuestión 19 de enero de 2016, fecha señalada en el recurso y no discutida por los recurridos al evacuar el traslado correspondiente, no cumplió las exigencias establecidas en los Estatutos en su artículo 7º, en el cual se establece que tanto la asamblea ordinaria como la extraordinaria debe ser convocada con, a lo menos, tres días de anticipación. La citación se produjo el día 19 para realizarse el día 21, claramente esta norma se infringió por la directiva al citar a la asamblea, en la que tampoco se determina si es ordinaria o extraordinaria.

UNDECIMO: Que como quiera que haya sido la asamblea convocada por la directiva sindical para el día 21 de enero del año en curso, la misma disposición estatutaria, ya citada señala que debe señalarse “la materia a tratar”. La recurrida señala que la materia fue especificada, al señalarse en su punto 1 que el motivo era “régimen disciplinario art. 44 y 45”, sin embargo, tal punto es extremadamente amplio, toda vez que lo que se pretendía tratar en ella era la sanción a aplicar a dos socios, sin señalar en la convocatoria y en la forma en que está redactado el punto podría, incluso pensarse que se trataba de una modificación de los mismos. Conforme a esta ambigüedad en su redacción no se da cumplimiento a la norma estatutaria, como tampoco a lo dispuesto en el artículo 44º, en cuanto al tratarse de una suspensión de los beneficios sociales, sin pérdida del derecho a voto, la asamblea debió ser convocada especialmente para ello. Tal exigencia se hace mayor cuando en esa asamblea se acordó la expulsión de dos socios, considerando que allí se ha estimado una situación de menor transcendencia que aquella sanción que le fue aplicada a estos dos socios.

DUODECIMO: Que los resguardos de las normas estatutarias, reseñadas precedentemente, no es otro que proteger también los derechos de los asociados cuestionados, puesto que, ellos deben tener pleno conocimiento -para los efectos de sus respectivas defensas- que serán sancionados por la asamblea y que no resulte de ella una sorpresa para los afectados y así permitir que ellos asistan con los medios necesarios para su debida defensa.

DECIMO TERCERO: Que en el informe evacuado por los recurridos se señala que en la asamblea se votó por la expulsión del recurrente, entre otros, siendo una decisión de los asociados y, que además los afectados pudieron defenderse adecuadamente. Sin embargo nada de ello consta en esta causa, no se indica cómo se tomó la decisión, si fueron debidamente informados los asociados, cómo se efectuó la votación. Sólo se tienen los dichos de ambas partes sin que exista ningún respaldo de ello, información que debió ser aportada por quienes dicen haber cumplido íntegramente con los Estatutos, es decir, la recurrida.

DECIMO CUARTO: Que en el Convenio Nº 87 sobre “sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948”, ratificado por Chile en el año 1999, se dispone en sus artículos pertinentes: “Artículo 2: Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. “Artículo 8: 1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.” Por todo ello el recurso deberá ser acogido.

DECIMO QUINTO: Que apreciados los antecedentes de conformidad al N°5 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se logra establecer que la Directiva Sindical, llamada a cumplir especialmente las normas contenidas en sus estatutos, no acreditó haber dado cumplimiento al procedimiento establecido para el llamado a asamblea de socios, sea ésta ordinaria o extraordinaria, por lo que los acuerdos tomados en tales condiciones carecen de toda validez desde que dicho sindicato se convirtió en un tribunal especial vulnerando garantía consagrada en el N°3 inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, quien fuera expulsado del Sindicato de Trabajadores Nº 1 de Mimet S.A. con fecha 21 de enero de 2016, ordenándose su reintegro en su calidad de socio de dicho Sindicato con todos sus beneficios y derechos.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Fiscal Judicial, señora nombre reservado.

Nº 396-2016-PROT.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por las Ministros señora María Carolina Catepillán Lobos, señora Dora Mondaca Rosales y Fiscal Judicial señora nombre reservado.

En Santiago, catorce de abril del año dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.