nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

San Miguel, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

A los escritos de folios 23 y 24: téngase presente.

Al escrito de folio 25: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, José Ignacio Díaz Maldonado, abogado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, representada por su alcalde Gustavo Toro Quintana, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en no acatar las instrucciones de la Contraloría Regional Metropolitana a través de Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025.

Indica que nombre reservado fue contratado por el Departamento de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Ramón; que, durante el mes de septiembre de 2021, fue desvinculado de conformidad con la causal prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo; y que reclamó de ello ante la Contraloría General de República, entidad que a través del Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025, ordenó al municipio realizar las gestiones pertinentes a fin de reincorporarlo a sus funciones, precisando que para ello “resulta imperativo que, en coordinación con la Dirección de Educación Pública y el SLEP Santa Rosa” regularice su traspaso a ésta última repartición, “dado que en su calidad de asistente de la educación debió ser traspasado por el solo ministerio de la ley el 1 de enero de 2025”. Refiere, asimismo, que el citado oficio dispuso el pago de todas las remuneraciones devengadas durante el tiempo que se mantuvo separado de sus funciones, siendo de cargo del municipio aquellas anteriores al traspaso del servicio educacional al SLEP Santa Rosa, y de cargo de esta última entidad las posteriores (hecho ocurrido el 1 de enero de 2025).

Indica que dicho oficio fue puesto en conocimiento de la recurrida el 22 de septiembre de 2025, pero que el municipio no ha dado cumplimiento a lo ordenado, infringiendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°10.336 que regula el carácter obligatorio de las decisiones y dictámenes de Contraloría General de la República para los órganos de la Administración del Estado y se vulneran los derechos a la igualdad ante la ley y de propiedad del recurrente, previstos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide acoger el recurso y disponer que la entidad recurrida de íntegro cumplimiento a lo resuelto por la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 10 días hábiles, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, nombre reservado, evacúa informe por la recurrida, Ilustre Municipalidad de San Ramón, solicitando se rechace el recurso, con costas.

Refiere que el recurrente fue efectivamente desvinculado durante el año 2021, toda vez que la administración municipal que asumió durante dicho período se percató que el recurrente fue contratado en enero de 2021, esto es, en pleno receso educativo y durante la pandemia por COVID-19, con el cargo “Asistente Administrativo SEP”, y no constar que efectivamente haya desempeñado dicho cargo. Añade que dicha circunstancia fue evidenciada en la causa Rol 3271-2023 Protección, desestimada por dicha circunstancia y por existir un reclamo pendiente ante la Contraloría General de la República. Sin perjuicio de ello, añade que, según consta en el Memorándum N°13, de 13 de agosto de 2025, del Departamento de Educación Municipal, consta que el recurrente reconoció que jamás asistió al establecimiento educacional para el que fue contratado y que solo realizó gestiones de campaña política para el ex alcalde Miguel Ángel Aguilera.

En cuanto a lo reclamado en el recurso, sostiene que el municipio dio cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República, poniendo lo resuelto en conocimiento del SLEP Santa Rosa y citando al recurrente. Añade que el 14 de octubre de 2025, transparentando los montos que se le pagarían por concepto de remuneraciones y que el recurrente no aceptó, solicitando que se le asegure su traspaso al SLEP Santa Rosa.

Hace presente que el decreto alcaldicio que ordena el pago de los montos que competen al municipio se encuentra en tramitación y que, lo referente al traspaso del recurrente al SLEP Santa Rosa corresponde exclusivamente a dicha repartición en coordinación con la Dirección de Educación Pública.

Finalmente, reitera que no existe incumplimiento de lo resuelto por la entidad de control, ni vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y propiedad del recurrente.

Tercero: A folio 15, la Ilustre Municipalidad de San Ramón hace presente que a través del Decreto Alcaldicio N°1624, de 7 de noviembre de 2025, se regularizó el reintegro del recurrente y el pago de las remuneraciones liquidas acumuladas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, por un total de $19.309.248.

Cuarto: Que informa la Contraloría General de la República e indica que por el Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025, se determinó que no procedía regularizar con efecto retroactivo el término de la relación laboral entre el recurrente y la entidad recurrida, ordenado al municipio reincorporar al señor nombre reservado a sus funciones para la cual resultaba imperativo que, en coordinación con la Dirección Pública y el SLEP Santa Rosa, se regularizara su traspaso a esta última repartición, dado que en su calidad de asistente de la educación debió ser traspasado por el solo ministerio de la ley el 1 de enero de 2025. Añade que por el mismo oficio se ordenó el pago de las remuneraciones correspondientes a todo el periodo en que el señor nombre reservado se mantuvo separado de sus funciones, siendo de cargo del municipio aquellas devengadas en forma previa al traspaso del servicio educacional -debiendo efectuar la reliquidación pertinente en caso de haber enterado la indemnización legal prevista en el inciso final del artículo octavo transitorio de la Ley N°21.109- y del SLEP Santa Rosa a partir de esa data y hasta su reincorporación, agregando, por último, que la entidad edilicia debía instruir un procedimiento disciplinario tendiente a establecer las responsabilidades administrativas que derivan de la excesiva dilación de lo ordenado mediante el Oficio N°E284458/2022 (referente también a la reincorporación del recurrente).

Refiere que el municipio remitió antecedentes a dicha entidad con el fin de acreditar el cumplimiento de lo resuelto, pero que, a través del Oficio E181796, de 27 de octubre de 2025, se le hizo presente que de los mismos no se desprendía que hubiera iniciado gestiones tendientes a regularizar su traspaso al SLEP San Rosa. Añade que, en presentación de 13 de noviembre de 2025, el municipio remitió copia el decreto alcaldicio N°1.567, de 21 de octubre de 2025 que da inicio al procedimiento disciplinario ordenado instruir.

Finalmente, expresa que el 7 de noviembre de 2025, el SLEP Santa Rosa solicitó la reconsideración del Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025.

Quinto: Que, a folio 20, el recurrente incorporó copia del Oficio E146883/25, de 23 de marzo de 2026, a través del cual la Contraloría General de República se abstiene de emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de reconsideración del Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025, presentado por el SLEP Santa Rosa, atendida la actual tramitación del ingreso N°4288-2025, de esta Corte.

Sexto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Séptimo: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación de los derechos de igualdad ante la ley y propiedad del recurrente, en razón de no haberse dado cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República en el Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025, a saber: la reincorporación del recurrente -asistente de la educación incorrectamente desvinculado de la Ilustre Municipalidad de San Ramón- al Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa, sucesor de dicho municipio en la prestación del servicio de educación pública; y el pago de las remuneraciones correspondientes al tiempo en que se mantuvo separado de sus funciones.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes aparece que lo que se pretende de esta Corte es la ejecución de una decisión adoptada por el órgano de control de la Administración del Estado, petición manifiestamente ajena al objeto de esta vía extraordinaria y de cautela urgente de derechos fundamentales, máxime cuando del oficio denunciado como incumplido se desprende que el recurrente carece de un derecho indubitado o suficientemente determinado, desde que, la forma en que debería materializarse la reincorporación del recurrente a un órgano distinto del que fue desvinculado no sé encuentra mínimamente determinada y que los montos, o forma de cálculo de las remuneraciones que correspondería pagar a una y otra entidad, tampoco se encuentra precisada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta por nombre reservado en contra de Ilustre Municipalidad de San Ramón.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°3954-2025 Protección.