nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, once de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado interpone recurso de protección en contra de AFP Provida S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en su calidad de técnico extranjero, efectuada al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156. Expone ser de nacionalidad venezolana, que solicitó la devolución de sus fondos previsionales mediante el formulario dispuesto por la propia administradora, acompañando la documentación exigida por la normativa especial, consistente en contratos de trabajo y anexos con cláusula previsional, constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) debidamente legalizada, constancia electrónica de cotizaciones emitida por dicha institución y título profesional apostillado.

Señala que, no obstante haber acompañado tales antecedentes y cumplir —a su juicio— con todos los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, la AFP recurrida rechazó su solicitud, comunicándole dicha decisión mediante llamada telefónica de fecha 30 de septiembre de 2025, fundando el rechazo en que el certificado de afiliación al sistema previsional extranjero no se encontraría debidamente apostillado o legalizado, exigiendo formalidades adicionales no previstas expresamente por el legislador. Afirma que dicha exigencia resulta desproporcionada y arbitraria, atendida la imposibilidad material y pública que afecta a los nacionales venezolanos para concurrir a representación consular en Chile, circunstancia que impediría cumplir con las formalidades requeridas, configurándose un caso de fuerza mayor.

Sostiene, además, que la constancia electrónica del IVSS acompañada permite verificar en línea y de manera permanente la afiliación y vigencia de cotizaciones mediante código de verificación oficial, por lo que la recurrida contaría con medios suficientes para corroborar su autenticidad. Concluye que el actuar de la AFP importa una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la Ley N°18.156, que desnaturaliza su finalidad, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al impedirle disponer de fondos previsionales que le pertenecen.

Solicita, en definitiva, se declare ilegal y arbitrario el acto impugnado, se deje sin efecto el rechazo de la solicitud y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, accediendo a la devolución de los fondos previsionales solicitados o adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho Segundo: Que evacúa informe AFP Provida S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, sosteniendo que su actuación se ajustó plenamente a la normativa legal y administrativa vigente, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

Señala que la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros constituye un régimen excepcional, regulado por la Ley N° 18.156 y por el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, que exige el cumplimiento estricto y copulativo de sus requisitos, correspondiendo a las administradoras verificar fehacientemente su concurrencia antes de autorizar cualquier restitución. Indica que, en el caso de la recurrente, la solicitud fue rechazada por cuanto la documentación acompañada —en particular, las constancias electrónicas de cotizaciones emitidas por el IVSS— no cumplía con las exigencias formales necesarias para acreditar válidamente, en Chile, la afiliación efectiva y la cobertura previsional extranjera durante todo el período laboral, toda vez que dichos documentos no se encontraban debidamente apostillados o legalizados, carecían de firma de autoridad competente y se limitaban a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano.

Añade que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, así como en la Convención de la Apostilla de La Haya, los documentos públicos extranjeros deben cumplir dichas formalidades para producir efectos en Chile, exigencia que se aplica de manera uniforme a todos los solicitantes y no constituye un requisito arbitrario. Sostiene que la imposibilidad práctica alegada por la recurrente para obtener documentación apostillada no habilita a la AFP para prescindir de las exigencias legales, ni transforma en procedente una devolución que no cumple los estándares normativos, destacando además que la finalidad del sistema previsional creado por el Decreto Ley N° 3.500 es el financiamiento de prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, encontrándose las AFP legalmente impedidas de destinar los fondos a fines distintos a los expresamente autorizados por la ley.

Descarta, finalmente, la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, señalando que no existe trato discriminatorio alguno y que el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales no se ve afectado mientras no se cumplan los requisitos legales para su restitución. En mérito de lo expuesto, solicita se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que consta en autos el oficio evacuado por la Superintendencia de Pensiones, acompañado por la parte recurrida, en el cual dicho organismo, en su calidad de ente técnico y fiscalizador del sistema previsional, expone el marco normativo aplicable a las solicitudes de devolución de fondos previsionales formuladas por trabajadores extranjeros conforme a la Ley N° 18.156. Señala que dicho cuerpo legal establece una excepción al principio general de territorialidad previsional, permitiendo la exención de cotizaciones en Chile y, en su caso, la devolución de los fondos enterados en una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que el trabajador extranjero cumpla copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1° de la referida ley, particularmente el de encontrarse afiliado, con anterioridad a la relación laboral en Chile, a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue cobertura, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Precisa que el cumplimiento de dicho requisito debe acreditarse mediante certificación emanada de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, conforme a las reglas generales sobre validez en Chile de documentos públicos extranjeros y a lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Añade que, tratándose de certificaciones electrónicas emitidas por organismos previsionales extranjeros, estas no resultan suficientes por sí solas para acreditar la cobertura exigida por la ley si no se encuentran debidamente legalizadas o apostilladas, si carecen de firma de la autoridad competente o si se limitan a describir de forma genérica las prestaciones del sistema previsional respectivo, sin dar cuenta expresa de la cobertura efectiva del afiliado durante el período en que prestó servicios en Chile.

Indica, asimismo, que corresponde a las Administradoras de Fondos de Pensiones verificar el cumplimiento estricto de los requisitos legales antes de acceder a la devolución de fondos previsionales, sin que la Superintendencia intervenga en la resolución particular de cada solicitud, sin perjuicio de las facultades de interpretación normativa e impartición de instrucciones generales que le confiere la ley. Finalmente, el oficio destaca el carácter excepcional del régimen contemplado en la Ley N° 18.156 y la necesidad de resguardar que los fondos previsionales sean destinados a los fines previstos en el sistema, conforme al Decreto Ley N° 3.500, dejando a salvo el control jurisdiccional que corresponde ejercer a los tribunales de justicia respecto de la legalidad y razonabilidad de los actos de las administradoras Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen que cumpla con los requisitos establecidos en la ley 18.156. Para ello, acompañó fundamentalmente una “Constancia de Afiliación al IVSS”, que no da cuenta en ninguna parte de ella de que se cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la citada Ley, ya que no permiten acreditar que el solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales realizada por la AFP Provida S.A. responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos vigentes, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

A mayor abundamiento, esta Corte no puede soslayar la circunstancia de que la devolución de los fondos solicitados no se relaciona en forma alguna con los fines que el espíritu de la ley -plasmado en la historia fidedigna de su establecimiento- pretendió alcanzar.

Noveno: Que, por las razones antes dichas el recurso se advierte carente de todo fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3953-2025 Protección