nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO (DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES)

San Miguel, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

A los folios 15 y 16: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, Villa 4 de septiembre, comuna de El Bosque, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, fundado en la vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 1 de enero de 2011 ingresó a la planta del personal de la Municipalidad de Lo Espejo, en el cargo de administrativo grado 16° E. M. R. en calidad de contrata que se renovó de manera sucesiva y continua y en el cual se desempeñó por 14 años.

Indica que el 6 de junio de 2025 fue notificado que dejaría de pertenecer a la institución recurrida, a través del decreto alcaldicio N° 2.411 de 3 de junio de 2025, mediante el cual se declaró salud incompatible con el desempeño del cargo y cese de funciones del recurrente, fundado en que hizo uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Refiere que interpuso un reclamo ante la Contraloría General de la República contra dicho acto administrativo. El 17 de septiembre de 2025 fue notificado de la resolución que ordenó a la recurrida a corregir errores administrativos, no obstante que omitió pronunciarse respecto al fondo de la ilegalidad y arbitrariedad del acto.

Señala que dicha notificación, confirma el acto lesivo y constituye un acto arbitrario que da inicio a un plazo de 30 días para la interposición del recurso de protección.

Explica que durante el procedimiento en que se enviaron los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva Invalidez, no existió notificación, privándolo de su derecho a ser oído y a formular alegatos.

Menciona que la recurrida se limitó a contabilizar 415 día de licencia, sin indagar en las causas específicas, entre las que se encuentra una discapacidad física y una patología lumbar agravada por las precarias condiciones de higiene y seguridad de su trabajo, que fueron denunciadas en su oportunidad. Agrega que se encuentra en lista de espera para una cirugía que busca solucionar su condición.

Sostiene que el decreto alcaldicio es arbitrario por no contener fundamentación razonable.

Expresa que el hecho de que la Contraloría se haya centrado en aspectos formales, deja abierta la vía jurisdiccional para que esta Corte controle la legalidad y constitucionalidad del acto administrativo.

Argumenta que se han vulnerado las siguientes garantías constitucionales: a) El derecho a la integridad física y psíquica, puesto que ésta se ha visto afectada al vislumbrarse incierto su futuro económico y laboral; b) Derecho de igualdad ante la ley, debido a que se aplicó un criterio matemático y automático para declarar la salud incompatible en circunstancias que en similares situaciones de otros funcionarios, no se ha declarado la incompatibilidad; c) Derecho a la libertad de trabajo y su protección, por cuando el recurrente se ha visto privado de su trabajo mediante un procedimiento viciado y; d) Derecho de propiedad, dado que se le ha privado de su cargo y de la retribución económica mediante una decisión arbitraria, sin debido proceso y sin fundamentación.

Solicita mediante la acción constitucional: a) Dejar sin efecto el decreto alcaldicio N° 2.411 de 3 de junio de 2025 que declara salud incompatible con el desempeño del cargo; b) Ordenar la restitución a su cargo de administrativo grado 16°; c) Ordenar el pago integral de todas las remuneraciones, asignaciones, beneficios y cotizaciones previsionales dejadas de percibir y; d) Ordenar la corrección de los registros del sistema SIAPER, eliminando la causal de destitución.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Gastón Abarca Martínez, abogado por la Municipalidad de San Joaquín, quien solicita el rechazo del recurso con condena en costas.

Menciona que la Resolución Exenta N° 146037 de 21 de marzo de 2025 del SEREMI de Salud, Región Metropolitana, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), indica que el recurrente presenta un estado de salud recuperable. Añade que acumuló 415 días de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años.

Señala que el recurrente reconoce la hipótesis del artículo 48 g) de la ley 19.378 y 148 de la ley 18.883 y que la Resolución Exenta en cuestión ha cumplido satisfactoriamente.

Respecto a la alegación del recurrente de falta de motivación suficiente del decreto alcaldicio impugnado, sostiene que éste cumple con los requisitos de la Ley 19.880.

Se refiere al dictamen de la Contraloría General de la República de 14 de agosto de 2025 (N° E527522N24) el que además de pronunciarse respecto a la condición de irrecuperabilidad de la salud de un funcionario, dispone que “si ese organismo estima que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para considerar su incompatibilidad con el desempeño del cargo (…)”.

Afirma que de los hechos expuestos por la recurrente y de los documentos acompañados, no es posible concluir la existencia de un acto que constituya abuso o desviación de poder de parte de la recurrida. Añade que el acto impugnado no es arbitrario, puesto que está debidamente fundamentado en la declaración previa de salud recuperable de la recurrente y en el hecho acreditado de haber usado licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años, dejando de cumplir sus funcionas por más de seis meses.

Argumenta que no se han vulnerado las garantías constitucionales. En cuanto a la a) Igualdad ante la ley, no se verifica, puesto que se procedió de la misma manera con otros 22 funcionarios municipales que se encontraban en la misma situación del recurrente; b) Derecho a la propiedad, puesto que para alegarlo se requiere que ostente el carácter de indubitado, y la situación en la que incurrió el recurrente, genera necesariamente una inhabilidad futura y; c) Libertad de trabajo y su protección, no es efectivo lo que refiere la recurrente, puesto que el acto impugnado es una manifestación de la facultad legal establecida en la Ley 18.883.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es el decreto alcaldicio Nº2.411 del 3 de junio de 2025, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba el actor, por salud incompatible.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (…)”.

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por ende, se observa, en las normas citadas, que la única limitante impuesta al jefe de Servicio para poner término a la contratación por la salud incompatible para el cargo es que la salud hubiere sido declarada irrecuperable por la Comisión de Medicina Preventiva, puesto que, en tal situación, la hipótesis que motivaría el cese de funciones sería diferente.

Sexto: Que, en el presente caso, el término de los servicios no acaeció por la invocación de salud irrecuperable, sino que se estimó por la autoridad competente, que se trataba de salud incompatible para el desempeño de la función.

Séptimo: Que es un hecho no controvertido que la duración de las ausencias de la recurrente, con motivo de las licencias médicas respectivas corresponde a 415 días entre el 1 de enero de 2023 y 1 de enero de 2025.

A su vez, de acuerdo a los antecedentes concretos aportados por las partes, aquéllas no tuvieron por causa un accidente en acto de servicio, enfermedad a consecuencia o con ocasión del desempeño de las funciones, ni reposo vinculado con la maternidad de la funcionaria. A esto se suma que no medió, en este contexto, una declaración de salud irrecuperable.

Octavo: Que la situación descrita se enmarca en los presupuestos previstos en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo. De lo que, necesariamente, se sigue que el Servicio recurrido actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal.

En efecto, se infiere, de las normas precedentemente transcritas, que es facultad privativa del Jefe Superior del Servicio, en este caso, el alcalde, calificar si el goce de licencia médica por parte de un funcionario durante un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de irrecuperabilidad, importa o no tener salud incompatible con el desempeño del empleo.

Noveno: Que tampoco el acto impugnado resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan, claramente, los motivos por los que se arriba a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, esto es, se observaron los fundamentos de hecho y de derecho que le sirvieron de base de sustentación, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Décimo: Que, de considerarse que para aplicar lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834 debió mediar una declaración de salud irrecuperable, como postula la recurrente, tendría que aceptarse entonces que sus incisos 1° y 3° serían contradictorios, pues el primero daría la potestad al jefe de servicio de declarar vacante el cargo por salud incompatible, siempre y cuando no haya una declaración de salud irrecuperable; y el segundo le exigiría la existencia de salud irrecuperable para poder declarar vacante el cargo por salud incompatible. Esta interpretación significaría que no tendría efecto alguno aquella facultad que la ley otorga al jefe de servicio, para ejercer la prerrogativa de declarar vacante el cargo por salud incompatible de la funcionaria recurrente, careciendo de sentido la norma, al resultar abiertamente contradictoria.

Undécimo: Que, atendido lo razonado hasta ahora, se debe desechar la alegación de la actora en cuanto a que el acto carece de motivación válida, y de que se encuentra viciado por desviación de poder, por no haberse invocado antecedentes plausibles que permitan concluir su existencia.

Duodécimo: Que, finalmente, debe tenerse presente en lo que dice relación con la alegación de afectación del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, que dicha garantía constitucional, en la variante que ha sido invocada, no se encuentra cautelada por el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, que sólo contempla el recurso de protección "en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación".

Décimo tercero: Que, desde esta perspectiva, es necesario dejar constancia de que la discrepancia en la interpretación normativa que se alega, a través de este libelo, no puede ser constitutiva de una actuación ilegal o arbitraria, puesto que importa la inexistencia de un derecho indubitado Décimo cuarto: Que, cabe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos. En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo; ello en armonía con el objetivo de dicha labor, que implica prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, la que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado.

Décimo quinto: Que, así también lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema ha resuelto, en su sentencia de 22 de abril de 2025, relativa al Rol 3940-2024, la que fundamenta, en lo pertinente:

“(…) Cuarto: Que, en consecuencia, esos tres cuerpos legales distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa).

En efecto, según los textos citados, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años”.

Décimo sexto: Que, finalmente, no está de más recordar que, en virtud del principio de servicialidad, es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada.

Décimo séptimo: Que, por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración, por todo lo cual, el recurso de protección intentado no podrá prosperar.

Que, conforme a lo que se viene razonando, el presente recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°3941-2025-Protección.