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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3937-202316 ene 2024

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
16 de enero de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 3937-2023, sentencia de 16 de enero de 2024

Resumen

Se acoge la protección y se anula la expulsión por falta de fundamentación y de procedimiento sancionatorio conforme a la Constitución, vulnerando el artículo 19 N°3.

Texto íntegro

San Miguel, dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección Cherie Andrea Chandía Espinoza, abogada, en representación de nombre reservado, diseñadora gráfica, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, en contra del nombre reservado, representado por don nombre reservado, no indica profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución adoptada en sesión del Honorable Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado el 28 de octubre de 2023 que confirmó la de 29 de septiembre del mismo año, que dispuso su expulsión, lo que a juicio de la recurrente constituye una privación, perturbación o amenaza a sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1°, 2°, 3° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.

Señala que el 21 de septiembre de 2023, se le citó al pleno del Honorable Consejo Superior de Disciplina, para sesionar sobre una acusación de abandono de deberes.

Refiere que la audiencia se realizó el 29 de septiembre y al final de la misma se dispuso su expulsión con efectos inmediatos, entregándole un acta que no señala fundamentos, ni fechas, sólo indica: “Punto 3 de la letra C y D Nro. 7 del artículo 49 del título 7.6 de los ayudantes del reglamento Cía. Del reglamento general articulo 87 letras a y b”.

Sostiene que fue discriminada porque es madre cuidadora, y alguna vez no estuvo disponible para cumplir con sus funciones en la Compañía. Producto de esto sufrió acoso del capitán nombre reservado, se le impidió acceder a información necesaria para cumplir sus funciones, lo que representó en 3 ocasiones al Director de la Compañía, nombre reservado, con copia a la Superintendencia.

Indica que se le aplicó la máxima sanción, la que considera resulta desproporcionada.

Luego transcribe lo que le relató su representada, de lo que se puede inferir que la persona en cuyo favor se recurre es madre de un adolescente de 17 años que padece discapacidad visual idiopática, que requiere ciertos cuidados, que fue discriminada por tener que atenderlo, que la acosaron, que prefirieron inventar otra cosa y dejar la discriminación de lado, que el Capitán hacía todo el trabajo, mantenía la oficina con candado y ella sólo hacía partes de servicios, hasta que la oficialidad presionó para que pudiese firmar las órdenes del día y oficios a Comandancia, pero que aun así el Capitán hacía todo y se lo enviaba. Añade que su hijo fue diagnosticado con TEA en marzo de 2023 y su Capitán le escribió por WhatsApp “para que tomas cargos si está impedida de hacerlo”. Luego retomó su tratamiento siquiátrico por el constante acoso y que la encargada de equidad de Bomberos de Chile, doña nombre reservado habló con el Superintendente pero que no fueron de ayuda, sino que aceleraron su proceso de comparecer al Consejo de Disciplina y en la sesión, luego de indicar que no tenía problemas de tiempo ya que incluso se había ganado una beca de estudios para mujeres profesionales, un miembro del Consejo, voluntario honorario don nombre reservado le dijo “un motivo más para que se quede en casa”.

Segundo: Que, la recurrida, nombre reservado, informó al tenor del recurso y solicitó su rechazo, con costas.

Señala que la recurrente, producto del incumplimiento de la normativa que el nombre reservado se ha dado para sus voluntarios, fue citada a comparecer en definitiva al Consejo Superior de Disciplina, específicamente a una sala de él que sesionó el 29 de septiembre de 2023.

Señala que la actora fue sancionada por una Sala del Consejo Superior de Disciplina, que conforme al artículo 78° numeral 2° del Reglamento General del nombre reservado funcionó como tribunal de primera instancia y que estaba integrado por los Consejeros nombre reservado, Carlos Urtubia y Ramón Espósito. Dicho Consejo se constituyó para conocer de la infracción de la recurrente al Reglamento de la 3ª Compañía del nombre reservado.

Precisa que la 3ª Compañía del nombre reservado eligió para el periodo 2023 como Ayudante de la Compañía a la recurrente. Al tenor de las disposiciones reglamentarias, corresponde a los Ayudante de la Compañía cumplir con las siguientes obligaciones:

“Artículo 49: Corresponde a los Ayudantes:

1. Citar a los actos que le ordene el Capitán.

2. Pasar la lista de los voluntarios asistentes a los actos del servicio.

3. Dar cuenta al Capitán de las licencias solicitadas por los voluntarios y en ese caso de ser negadas o concedidas condicionalmente, comunicar por escrito esta circunstancia a los solicitantes.

4. Comunicar por escrito al Capitán los nombres de los Voluntarios que acumulen las inasistencias que se consignan en un período de tres meses:

a. Activos con una antigüedad inferior a siete años, diez inasistencias a actos obligatorios de la Compañía.

b. Activos con una antigüedad superior a siete años e inferior a trece años, trece inasistencias a actos obligatorios de la Compañía.

5. Transmitir en el servicio activo, las órdenes que imparte el Capitán.

6. Comunicar a los interesados los nombramientos que efectúe el Capitán en conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41, debiendo también ponerlos en conocimiento de los voluntarios por medio de un anuncio que fijará en la Tabla de Ordenes del Día y por correo electrónico.

7. Proporcionar al capitán, de forma trimestral, la información necesaria para el cumplimento de lo estipulado en el numeral 15 del artículo 39.

Artículo 50: El Ayudante deberá mantener al día la siguiente documentación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 39:

a. Un cuadro de licencias concedidas a los Voluntarios b. Un cuadro de asistencias mensual de los voluntarios.

c. Los siguientes Libros o Archivos:

i. Correspondencia recibida por los Oficiales de mando, Maquinista y Ayudantes.

ii. Duplicados de la correspondencia despachada y recibida por los oficiales de mando, maquinista y ayudantes.

iii. Duplicados del parte mensual de las asistencias de los voluntarios a todos los actos del servicio.

d. Llevar al día la información de partes y asistencia de voluntarios según lo establecido por la Junta Nacional de Bomberos de Chile y mantener a resguardo toda la información física que sea requerida para estos efectos.

Artículo 51: El Ayudante deberá enviar al capitán, al día 3 de enero de cada año, un resumen del total de actos de servicio habidos en el año anterior, y las asistencias; faltas y licencias obtenidas por los voluntarios en el mismo período.”

Señala que el nombre reservado es una institución organizada, jerárquica y disciplinada que requiere, para el cumplimiento de su misión, un mando superior que en el caso de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chile se designa entre los mismos Voluntarios.

Sostiene que doña nombre reservado no pudo cumplir a cabalidad con sus obligaciones reglamentarias como Ayudante de la Compañía.

Hace presente que en ningún caso se ha juzgado la condición personal de la recurrente, la que ella misma ventila en autos.

Explica que con los antecedentes entregados por ambas partes (oficios remitidos por la recurrente), la sala del Consejo Superior de Disciplina decidió en forma unánime aplicar la sanción de expulsión a la actora, toda vez que quedó más que en evidencia su incumplimiento a las obligaciones reglamentarias. Se debe hacer presente que el mismo cuerpo normativo entrega alternativas para que, en caso de no poder cumplir con las obligaciones autoimpuestas, ya sea temporalmente o de forma definitiva, la persona afectada no incumpla el reglamento. Lo anterior se conoce “bomberilmente” como licencias.

Expone que la decisión de expulsión aplicada a la actora se encuentra debidamente enmarcada en un debido proceso, conocido de antemano por ella, es proporcional a la falta cometida y lo que es más importante, se encuentra razonablemente fundada y le fue dada a conocer de la forma prescrita por el reglamento.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la acción cautelar, a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, en estos autos se denuncia ilegal y arbitraria la sanción de expulsión del nombre reservado y que fuera objeto la voluntaria recurrente, decidida por el Consejo Superior de Disciplina del citado nombre reservado y contenida en la decisión de levantada en acta de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés y ratificada el veintiocho de octubre de dos mil veintitrés por el Consejo Superior.

Quinto: Que a objeto de dilucidar el presente arbitrio, aparece necesario dejar consignado los siguientes hechos contenidos en los antecedentes que han sido incorporados por las partes:

a) Que el Consejo Superior de Disciplina, previa notificación por correo, en sesión de septiembre 29 de 2023, decide la expulsión de la recurrente, por infracción del punto 3, letras c) y d) del N° 7 del artículo 49 del Título 7.6 de los ayudantes de la Compañía, al Reglamento General artículo 96, letras A, B, artículo 87, letras A y B.

b) Que el tres de octubre de dos mil veintitrés, la recurrente apela de tal medida por cuanto sostiene, entre otras alegaciones que no le queda clara la acusación de abandono de deberes según el reglamento de la Compañía, en la normativa ya referida; que según el Consejo de Disciplina, esta acusación se basa o se inicia con otra oficialidad por hechos ocurridos el año 2022, considerando que de ser así debió ser pasada a consejo el año pasado; que no se le entrega por parte de la Oficialidad o del Consejo de Oficiales en curso el detalle de abandono de deberes; presenta evidencias que no son tomadas en cuenta por el Honorable Consejo Superior.

c) Que en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintitrés el nombre reservado, Consejo Superior de Disciplina, a objeto de resolver la apelación de la resolución que determina la expulsión de la voluntaria recurrente, determina mantener la sanción, según las causales presentadas.

d) Que el Título 10 del Reglamento Interno del nombre reservado Tercera Compañía “Bomba la Obra”, determina las facultades y atribuciones del citado consejo, sin embargo de la revisión íntegra del citado instrumento no es posible apreciar algún apartado destinado a un proceso disciplinario propiamente tal.

Como tampoco es posible visualizar si lo reglado y prescrito en los artículos 75 y siguientes del Título XV “Del Consejo Superior de Disciplina”, correspondiente a los Estatutos y Reglamento General de octubre de 2022, obedece a un proceso disciplinario.

Sexto: Que, cabe señalar que la normativa atinente al caso corresponde, en primer término, al artículo 1 de la Ley N °20.564 que prescribe: "Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y, en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil".

Por su parte, el artículo 553 del Código Civil dispone: "Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.

La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados.”

Séptimo: Que del examen de los antecedentes antes referidos, y considerando las argumentaciones expuestas por la voluntaria recurrente en su escrito de apelación de tres de octubre de dos mil veintitrés, no es posible observar que la recurrida hubiera realizado un procedimiento racional y justo a objeto de decidir la expulsión de la citada voluntaria.

En síntesis, jamás existió una etapa para que la recurrente pudiera evacuar sus descargos, rendir prueba, declarar, circunstancia que tampoco fue cuestionada en virtud de la revisión del recurso de apelación presentado ante el referido Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado.

En conclusión, no se observó ninguna de las garantías procesales que define el debido proceso como un conjunto de garantías que pretenden cautelar el efectivo ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y la ley, otorgan a cualquier persona que se vea sometida a la competencia de un organismo con facultades para imponer sanciones, ya sea de carácter penal o administrativo.

Octavo: Que, por otra parte, no debe olvidarse que la garantía constitucional del derecho a defensa jurídica tiene principalmente dos aspectos en nuestra legislación: El primero de ellos es la defensa propiamente tal, que se relaciona con la posibilidad efectiva de comparecer ante el órgano que ejerce jurisdicción en amparo de los propios derechos, sea personalmente o mediante la asistencia de un letrado, remunerado o no. Por otro lado, nos encontramos con un segundo aspecto relacionado con el derecho a defensa y que dice relación con la posibilidad de obtener asesoría respecto a materias legales, también proporcionadas por un especialista en el área.

Así se desprende de la disposición constitucional contenida en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental cuando indica: "La Constitución asegura a todas las personas... N°3: La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos".

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos." Noveno: Que, en ese contexto, se desprende que el acto que motiva el presente recurso fue adoptado al margen de la Constitución y la ley por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, pues -sin cumplir la decisión impugnada el estándar mínimo de fundamentación que requiere una medida de esta naturaleza-, como ha quedado acreditado, no se realizó un procedimiento sancionatorio conforme a nuestra Carta Fundamental, circunstancia que, en definitiva, importa una vulneración a la garantía denunciada establecida en los artículos 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del nombre reservado, sólo en cuanto, se dispone que se deja sin efecto la decisión de expulsión o baja adoptada por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, mediante la resolución de 29 de septiembre de 2023.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción ministra (S) Alondra Castro Jiménez.

Rol N°3937-2023 Protección Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte, integrada por la ministra (s) señora Alondra Castro Jiménez, ministro (s) señor Carlos Hidalgo Herrera y fiscal judicial señor nombre reservado.