nombre reservado con nombre reservado

En Santiago, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1º Que a fojas 1, comparece nombre reservado, empresario, quien deduce acción de protección a su favor y en contra de nombre reservado, en su calidad de representante de la sociedad Transportes Trans-Oasis S.A.C., ambos domiciliados en domicilio reservado; por el acto ilegal y arbitrario consistente en poner término a su trabajo en taxi colectivo, ya que presta servicios de transporte público para la recurrida, quien dio la orden a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana de cancelar temporalmente la inscripción que tiene para el servicio de transporte público de taxi colectivo urbano licitado de la línea 5144, respecto de su vehículo PPU BJRV.49-1.

Expone que el 22 de noviembre de 2007, entre nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, el recurrente y otros socios que constan en la respectiva escritura pública, se constituyó la sociedad Transportes Trans-Oasis S.A.C., la que se encuentra inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, sociedad que tiene como objeto social principal, el transporte público terrestre de pasajeros, en vehículos propios o de terceros.

Agrega que el año 2010 la sociedad se adjudicó con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la licitación de la Línea 5144, cuyo recorrido es desde el paradero 41 de Santa Rosa hasta el Hospital Sótero del Río y por el hecho de ser socio su vehículo quedó incorporado inmediatamente al servicio licitado, sin perjuicio del Mandato que otorgó a la sociedad para que ésta lo presentara al Ministerio acreditando su disponibilidad para prestar el servicio de taxi colectivo.

Indica que en consideración a que el representante de la sociedad nombre reservado no rendía cuentas a los socios, y que no había una repartición de los ingresos de un vehículo adquirido por la sociedad, ni tampoco existía claridad de esos ingresos, solicitó junto a otros socios que se les hiciera una rendición de cuentas de todo lo efectuado en el tiempo, para lo cual se inició un juicio de rendición de cuentas, rol N° C-33148-2015 en el 2o Juzgado Civil de San Miguel y a consecuencia del referido juicio, nombre reservado junto con el Presidente de la Sociedad comenzaron a amenazar a los que firmaron la demanda, con quitarles la inscripción en la SEREMITT si seguían molestando.

Expresa que el 18 de julio el representante legal del servicio, le comunicó verbalmente que ya no podía prestar más servicios de taxi colectivo en su línea, pues había cancelado su vehículo del Registro de Servicios de Transporte de Pasajeros, que lleva la SEREMITT, haciéndole entrega de una fotocopia del Certificado SU/ N° 1825, de la misma fecha, donde se lee como motivo de cancelación del taxi colectivo de su propiedad placa patente BJRV49 el "CAMBIO DE SERVICIO", por lo que concurrió a dependencias de la SEREMITT a preguntar el motivo de cancelación temporal, informándole que el representante legal de la línea es quien actúa a nombre de la empresa y que la Seremitt solo actúa como buzón de la solicitud, sin poder involucrarse en los motivos fundantes de la cancelación.

Refiere que el acto de solicitar la cancelación del taxi de su propiedad, del Registro de Transporte, no se funda en incumplimientos de sus obligaciones de prestación del servicio de transporte público, y que de existir alguna infracción se habría erigido un proceso administrativo en su contra, aplicándosele alguna sanción por parte del SEREMITT.

Señala que no existe causa legal que fundamente la decisión del recurrido, sino solo el actuar caprichoso de quien quiere vengarse de aquellos que han ejercido sus derechos legales para pedir una rendición de cuentas como en derecho correspondía.

Indica que se han conculcado sus derechos constitucionales establecidos en los números 2, 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto el recurrido en forma maliciosa ha hecho que se le discrimine sin fundamento racional y se le deje fuera de una línea a la cual pertenece por derecho propio al ser parte de la sociedad Transportes Trans-Oasis S.A.C. ya que la aseveración de haber cambiado de servicio, es falsa y se hizo solo con el objeto de perjudicarlo e impedirle trabajar; asimismo indica que el recurrido se ha constituido en comisión especial que ha resuelto sancionarlo eliminando su inscripción de la SEREMITT, sin que haya violado normativa alguna; además indica que al cancelar la inscripción del vehículo en la Línea 5144 se le impide ejercer su derecho de propiedad derivado del contrato de concesión al cual se comprometió con su vehículo a prestar el servicio en la forma y condiciones establecidos en tal contrato de concesión; y finalmente se le impide su derecho a desarrollar la actividad económica y legal que por tantos años ha ejercido, generándole un perjuicio enorme en su economía personal y familiar.

Finaliza su presentación solicita que se acoja el recurso, con costas y se declare que se debe restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto lo actuado en su contra por la recurrida y en especial dejar sin efecto la orden de cancelación en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de su SEREMITT, de la inscripción que tiene para el servicio público de taxis colectivos de su vehículo PPU BJRV.49-1.

2º Que a fojas 30, informa al tenor del recurso, Gustavo Guerrero Peña, abogado, en representación de la recurrida indicando que el actuar de su parte al poner término al Mandato de Administración que el recurrente mantenía con la Sociedad de Transportes Trans-Oasis, que significó que el vehículo PPU BJRV-49 taxi colectivo que prestaba servicios en la línea N°5144 no pudiera seguir prestando servicios para su representada, fue totalmente legal y de acuerdo a derecho.

Indica que su representado no actuó en forma arbitraria e ilegal y no infringió garantías constitucionales del recurrente, atendido que las causales que tuvo para poner término al contrato de administración y prestación de Servicios fueron los siguientes:

a) Que el recurrido tenía mal comportamiento con los demás conductores y prestadores de servicios de la línea y con los usuarios de la línea, existiendo muchos reclamos en su contra;

b) Que la Inspectora de Garita de la línea, señora nombre reservado tiene múltiples reclamos contra el recurrente, ya que se negaba y no cumplía los turnos que se le asignaban, tampoco concurría a su trabajo y se negaba a acatar las órdenes para el servicio;

c) Que el recurrente no cumplió los turnos para prestar servicios con su Taxi Colectivo, los que le eran notificados en forma anticipada.

Indica que los turnos se deben cumplir ya que su mandante está obligada por el contrato de concesión, el que en su Título V art. 17 trata sobre las frecuencias y la obligación que tiene el concesionario de prestar los servicios de transporte público de pasajeros, y agrega que es causal de término de contrato de concesión si su mandante es sorprendida no dando cumplimiento a la prestación de servicios con sus vehículos.

Expone que según planillones de servicio o de garita, que se acompañan, de mayo de 2016 a junio del 2017, el recurrente no concurrió con su vehículo a prestar servicios durante 161 días sin causal alguna y agrega que infringió el contrato de administración en su art. 8, al no cumplir con la obligación de prestar los turnos establecidos y no cumplir con el reglamento interno.

Finaliza su presentación solicitando que se rechace en todas sus partes el recurso interpuesto, con costas.

3º Que a fojas 41 evacua informe nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, indicando que cuando los responsables de servicios de transporte público de pasajeros son personas jurídicas, con independencia de contar con un contrato de concesión, el representante legal es quien se encuentra habilitado para solicitar la cancelación de los vehículos adscritos al mismo, para efectos de trasladarse a otro servicio dentro de la misma región o, hacia una región distinta a aquella en que se encuentra inscrito, encontrándose con ello en la llamada categoría de "cancelación temporal de Registro Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros".

Agrega que en relación a las razones para proceder a la cancelación de vehículos de la flota de un servicio, si bien se solicita al representante legal que indique el motivo para realizar tal trámite, basta con que exprese que se trasladará a otro servicio.

Indica que en el caso del vehículo PPU BJRV49, con fecha 13 de julio de 2017, nombre reservado, en su calidad de representante legal del concesionario responsable del servicio de taxi colectivo urbano licitado, Transportes Trans-Oasis S.A.C., línea N°5144, solicitó la cancelación de dicho servicio mediante formularlo N°1, en el que consta como motivo de la cancelación "No cumplimiento mandato administración", por lo que no existiendo motivos para rechazar la solicitud de cancelación, se emitió por esa Secretaría Regional Ministerial el Certificado de 13 de julio de 2017, que dio curso a dicha cancelación.

Agrega que el vehículo PPU SJRV49, no registra ningún proceso sancionatorio fundado en el Decreto Supremo N° 212 de 1992, que establece el Reglamento de los Servicios Nacionales De Transporte Público De Pasajeros.

Cuarto: Que la parte recurrida no ha desconocido que realizó una presentación para lograr la cancelación de la inscripción del vehículo de propiedad del recurrente en la línea de taxis en que se desempeña, la que presentó ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, que se limitó a cursar dicha petición.

El recurrido aduce que obró conforme a los acuerdos adoptados por las mismas partes y existiendo antecedentes que lo hacían procedente, para cuyo efecto adjuntó determinada prueba documental.

4º Que conforme se aprecia del documento presentado ante la Subsecretaria de Transportes, el recurrido pidió la Cancelación del vehículo PPU BJRV 49 por “No cumplimiento mandato administración”.

El respectivo mandato de administración se encuentra incorporado a los autos, apareciendo del mismo que el recurrente compareció como mandante, cediendo “a prestación del servicio Nº 5144 el automóvil placa patente BJRV49”, que se señala y donde se convino un contrato de mandato de administración, por el cual el mandante confió al mandatario la gestión de administrar el vehículo “el cual se regirá por las normas declaradas en este contrato; y por las disposiciones y reglamentos que integran la normativa vigente de transportes…” Se trata de un mandato remunerado, como se lee de la cláusula sexta del mismo y se obligó el mandante a cumplir con las normativas y reglamentos internos de la concesionaria tales como “presentarse a turnos establecidos, presentarse un mínimo de 25 días mensuales a sus labores en el recorrido correspondiente, mantener documentación al día, etc. y otros establecidos en el reglamento interno”. Asimismo, en la cláusula novena del contrato se estipuló que “El mandatario tendrá atribuciones de: amonestar, multar y o sancionar al mandante en caso de faltar a las normativas y reglamentos internos de la concesionaria”.

Para los efectos del análisis que se hace a continuación, aparece pertinente dejar constancia que ambas partes integran una sociedad anónima cerrada llamada “Transportes Trans-Oasis S.A.C.” o “Trans-Oasis S.A.C.”, la que se constituyó por escritura pública de 22 de noviembre de 2007, cuyo íntegro contenido se desconoce puesto que al proceso sólo se incorporaron la primera y última hojas de la mencionada escritura, de las cuales solo se puede constatar que tanto el recurrente como el recurrido son socios y que se contempló una cláusula por la cual se dejó constancia que las dificultades que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de dicho contrato entre los accionistas en su calidad de tales o entre ellos y la sociedad o sus administradores sería resuelta por un árbitro o en su defecto, por la justicia ordinaria.

También resulta preciso dejar asentado que si bien en el contrato de mandato se alude a la existencia de un reglamento interno, lo cierto es que aquél no se presentó a esta Corte.

5º Que de los antecedentes arriba relacionados surge que es cierto que el mandato de administración otorga determinadas facultades al recurrido, incluso de imponer sanciones al mandante, pero no se especifica en dicho mandato que aquellas facultades puedan extenderse a la cancelación de un acuerdo distinto, cual es la incorporación del vehículo a una flota, toda vez que lo encargado por dicho contrato al Sr. nombre reservado es la administración del vehículo y donde tampoco se contempla entre las sanciones posibles –acordadas en dicho documento- una tan gravosa como la mencionada.

Tratándose de una sanción impuesta a una supuesta infracción sea de un contrato o de la prestación de un servicio, ha sido necesario que exista un acuerdo de voluntades expreso en relación a qué evento determinado podría producir una sanción también determinada de modo expreso, como asimismo, la forma en que tales incumplimientos, faltas o infracciones serían constatadas y la forma de aplicar la sanción definida.

Nada de ello se aprecia en la especie, desde que el mandato, por una parte, sólo permite “amonestar, multar y o sancionar al mandante”, esto es, no se establece la cancelación de inscripción como una sanción posible y, tampoco se establece la conducta precisa que pueda conllevar cada sanción, puesto que sólo se dice “en caso de faltar a las normativas y reglamentos internos de la concesionaria” los que hasta ahora siguen siendo desconocidos no sólo por la falta de antecedentes que los demuestren, sino que, porque en la imputación que se hace al recurrente, no se describe con precisión que es lo que se le atribuye.

En la forma señalada surge evidente que existe una infracción en la forma que se ha procedido por la recurrida al gestionar la cancelación de la inscripción del vehículo del recurrente ante la autoridad administrativa.

Luego, si bien es efectivo que la parte recurrida ha adjuntado ciertos documentos para corroborar su determinación, lo cierto es que no sólo ocurre que tales documentos resultan incomprensibles para estos juzgadores, sino que además y como ya se adelantó, no consta que haya existido una imputación clara y precisa hecha al recurrente para que pudiera ejercer sus derechos en forma previa a tan drástica determinación, a lo que se suma que de acuerdo a los datos que aporta el proceso, las diferencias que pudieran surgir entre los socios con motivo de su carácter de tales y/o de administradores, debieron ser sometidas a un árbitro.

En la especie, si la diferencia se enmarca dentro del sólo contrato de mandato, sucede que sus estipulaciones además, parecen exceder a las propias de un contrato de esa naturaleza y, con el ya anotado defecto, de carecer de especificación sobre las faltas y sus sanciones correlativas.

6º Que la actuación ilegal y arbitraria que se ha descrito -porque infringe la ley del contrato y porque está desprovista de motivo alguno-, ha afectado la garantía constitucional que ampara el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política desde que priva al recurrente de la posibilidad de explotar su vehículo en la línea licitada Nº 5144, afectando de ese modo su derecho de propiedad tanto sobre sus rentas como sobre sus derechos de socio, por lo que se acogerá su pretensión en la forma que se dice en lo resolutivo.

7º Que por haberse limitado la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones a cursar la solicitud del recurrido, no corresponde constatar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge el recurso interpuesto por don nombre reservado y se deja sin efecto la cancelación requerida por el recurrido nombre reservado, respecto del vehículo placa patente BJRV49, según consta de documento de fs. 52 y que lleva folio 21.5144, vehículo perteneciente a la Linea Trans-Oasis S.A.C. y de propiedad del recurrente, el que deberá ser restablecido a sus labores con todos sus derechos y obligaciones inherentes en el recorrido signado con el Nº 5144, según aparece del mandato de administración.

Comuníquese lo resuelto, en su oportunidad, a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, para que deje constancia en la forma que corresponda, de esta orden por la cual se ha dejado sin efecto la cancelación referida.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra Sra. Carolina Vásquez Acevedo.

Rol Nº 3918-2017 prot.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por las Ministros señora María Teresa Díaz Zamora y señora Carolina Vásquez Acevedo y el Abogado Integrante señor Pablo Hales Beseler. No firma la Ministro señora Díaz, no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.