nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

San Miguel, dieciocho de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio 16: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, en favor de Yusmary Coromoto nombre reservado, ciudadana venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la extranjera, de 15 de septiembre de 2025, acto que estima vulnera los derechos consagrados en los numerales 2, 24 u 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 11 de septiembre de 2025 la actora solicitó a través del portal web de la recurrida la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo que contempla la cláusula de exención de cotizaciones, título profesional, cédula de identidad y certificado del sistema de seguridad social.

Añade que el 15 de septiembre pasado fue notificada del rechazo de su solicitud, fundado en que “La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostilla o legalizado, según corresponda”.

Indica que, atendido lo resuelto, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones haciendo presente la imposibilidad material de legalizar el documento, por no existir representación diplomática en el país.

Adiciona que el 29 de septiembre último recibió un correo electrónico del ente fiscalizador respaldando el actuar de la recurrida.

Estima haber dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, imponiéndosele una condición imposible de cumplir, lo que constituye un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Afirma que la recurrente sigue estando afiliada al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), lo que puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de seguros Sociales.

Denuncia que la negativa de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N°19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, se reconozca como válida la documentación acompañada, se instruya a la recurrida a seguir con la tramitación de la petición y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo de la acción.

Expone que el 12 de septiembre de 2025 la extranjera presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N°18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, acompañando su título universitario, constancia electrónica de cotizaciones, contrato de trabajo de 22 de enero de 2024 suscrito con el empleador Aseguradora Porvenir S.A. y anexo de contrato de trabajo de 15 de mayo de 2025.

Refiere que la solicitud fue rechazada, fundada la decisión en que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no cumple con las exigencias establecidas en la normativa vigente, al no ser un certificado de afiliación, ni menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado, indicando de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, sumado a que no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado.

Argumenta que no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni ha realizado una interpretación arbitraria de la norma, sino que ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la ley.

Añade que, en uso de sus facultades, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio N°21.480, de 20 de septiembre de 2017, que “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156”.

Así, refiere que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la ley, esto es, acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Finalmente, asevera que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República consagra.

Tercero: Que, asimismo, informa la Superintendencia de Pensiones y detalla que la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterados en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Afirma que, como se evidencia tanto del tenor literal de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, como del espíritu del legislador, este beneficio excepcional sólo resulta procedente en tanto el trabajador extranjero se haya mantenido afecto a un régimen previsional fuera de Chile durante el transcurso de toda la prestación de servicios que ha ejecutado en el país respecto de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, régimen previsional que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Hace presente que la documentación aportada por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Sexto: Que La Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así́ como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó́ a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una constancia de cotizaciones que no señala el periodo de cobertura, prestaciones incluidas, documento que no se encuentra debidamente apostillado ni legalizado, no cumpliento con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Yusmary Coromoto nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3902-2025 Protección