nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN nombre reservado.

San nombre reservado, a doce de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

Primero: Que comparece el abogado don Augusto Prado Sánchez, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales a favor de don nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, representada legalmente por su Secretaria General, doña nombre reservado, por la dictación de la Resolución Nº 22/2022 de 28 de enero de 2022, que desestimó la reposición deducida en contra de la Resolución Nº 06/2022 de 19 de enero último, imponiéndole, finalmente, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses con una retención de remuneración equivalente al 50%. Le atribuye a dicho acto, la vulneración de su garantía fundamental de igualdad ante la ley, protegida por el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, además del principio de proporcionalidad, y del debido proceso contemplado en el artículo 19 Nº 3 inciso sexto del texto fundamental.

Relata que el recurrente es Coordinador Académico del Liceo Andrés Bello, establecimiento educacional bajo su dependencia, indicando que en el mes de noviembre de 2022, el señor nombre reservado fue sometido a un sumario administrativo, contexto en el cual se le formularon dos cargos, el último de ellos, que es por el cual se le sancionó, corresponde a “Haber incurrido en actos que revisten características de acoso laboral en contra de los docentes del Liceo Andrés Bello, al no entregar lineamientos claros para la sustanciación del trabajo, lo cual afecta la eficiencia y eficacia de los docentes a su cargo, quiénes debieron modificar más de una vez los informes requeridos, al alterar los lineamientos entregados, sin otorgar un plazo adicional para la realización de las modificaciones requeridas por usted, lo cual se ha mantenido durante todo el año escolar 2021 en conformidad a los antecedentes documentales, videos y declaraciones tenidas a la vista”.

Continúa explicando que en una primera resolución, la Nº 06/2022, se dispuso en su contra la sanción de la destitución, conforme lo autoriza el literal d) del artículo 120 de la Ley nº 18.883, decisión contra la cual se dedujo reposición, la que, mediante la Resolución Nº 22/2022 de 28 de enero último, modificó el primer acto, y le aplicó al recurrente la punición de “suspensión del empleo por tres meses con una retención de remuneraciones equivalente al 50%”, por el segundo cargo que le fue formulado.

Reprocha indicando que tal acto se configura como uno de carácter ilegal y arbitrario, pues se le asignó una sanción contenida en una norma legal no aplicable, pues el Estatuto Docente, en el contexto de su artículo 72 b), que regula el cese de funciones de los profesionales de la educación que forman parte de la dotación docente municipal, sólo autoriza a acreditar la falta de probidad mediante el procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la Ley Nº 18.883, pero no autoriza a aplicar las sanciones que dicho cuerpo legislativo establece en su artículo 120, de modo que se trata de una punición impuesta careciendo de fundamento legal.

Finaliza explicando la manera en que dicha conculcación afrenta el derecho de la igualdad ante la ley, como asimismo, su presunción de inocencia (19 Nº 3 inciso sexto de la Constitución) y el principio de proporcionalidad; por ello, solicita que se declare que la recurrida ha actuado en forma ilegal y arbitraria, violentando los derechos fundamentales del recurrente, ordenando el restablecimiento del imperio del derecho, dejando sin efecto la Resolución Nº 22/2021, del 28 de febrero último y que se adopten las providencias y medidas que juzgue adecuadas para el restablecimiento del imperio del derecho y dar seguridad y protección a los derechos afectados, con costas.

Segundo: Que evacuando el informe de rigor, la Corporación Municipal de San Miguel pide el rechazo de la acción constitucional intentada en su contra con costas, señalando, luego de referirse a los hitos principales de la tramitación del sumario administrativo que generó la resolución impugnada.

Señala, en lo concerniente al fondo, que el aspecto recurrido en el presente arbitrio, fue solventado por el acto denunciado sobre la base de consideraciones relativas a la procedencia de la Ley Nº 18.883 en la especie, pues explica que al recurrente “…le resulta aplicable el Estatuto Docente conforme lo dispone el artículo 71, siéndole aplicables las normas del Código del Trabajo de manera supletoria en todo aquello que no esté expresamente regulado en dicho Estatuto. Asimismo, le resulta aplicable las normas relativas al sumario administrativo de la Ley N° 18.883, por expresa disposición legal. Asimismo, debemos recurrir a la norma de hermenéutica legal contenida en el artículo 22 inciso final del Código Civil, por cuanto ‘los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente, si versan sobre el mismo asunto’”. También reproduce los motivos de la resolución atacada, que se hacen cargos de los cuestionamientos relativos a la falta de precisión de los cargos, e infracción a los principios de tipicidad y legalidad, señalando que “…la dimensión formal del principio de tipicidad exige que la conducta sancionable sea descrita previamente por el legislador, cuyo cumplimiento en la especie encuentra consagración positiva en el Código del Trabajo, DFL 1 que fija el Texto refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.070 y normas internas del Liceo Andrés Bello. Así, en lo que refiere a materia administrativa sancionadora, lo que importa al tipo administrativo sancionador es que el núcleo esencial de la conducta se encuentre precisamente delimitada en la ley, pero no la conducta especifica que lo configura”.

Luego argumenta indicando que la acción de protección no es la vía idónea para evaluar aspectos de mérito del sumario administrativo, y que si en la especie se respetaron las garantías procesales, y el derecho a defensa, como en la especie afirma que ocurrió, no procede calificar el acto terminal como ilegal o arbitrario, añadiendo en el acápite siguiente, que no existe actuación de ese tipo que pueda serle imputada a la recurrida, para finalmente señalar que no se configura vulneración a las garantías constitucionales denunciadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, constituye jurídicamente una acción constitucional de tutela urgente, de naturaleza autónoma, cuyo objeto es amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en el mismo precepto se individualizan, en la medida que tengan el carácter de indubitado y preexistentes, que se vean afectados mediante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, mediante la adopción de las providencias necesarias para impedir dicha afrenta.

Cuarto: Que en la especie, no existe controversia que el recurrente se desempeña como profesional sujeto al Estatuto Docente, al encontrarse adscrito como Coordinador Académico a un establecimiento educacional dependiente de la recurrida.

Tampoco se discute respecto de la existencia del acto que se alega como vulneratorio, correspondiente a la Resolución Nº 22/2022 de 28 de enero de 2022, que resolviendo un recurso de reposición del recurrente, le impuso al recurrente la sanción de suspensión del empleo por tres meses con una retención de remuneraciones equivalente al 50%, luego de acoger la reposición que se dedujo en contra de la Resolución Nº 6/2022 de 19 de enero de este año, que originalmente había decidido su destitución. Ambas sanciones, tanto la primitiva como aquella que efectivamente se impuso, corresponden a aquellas que establece el artículo 120 de la Ley Nº 18.883.

Quinto: Que conforme se advierte de lo relacionado, la parte recurrente le atribuye al referido acto, el defecto consistente en la adjudicación de una sanción contenida en un texto legal que no es aplicable en la especie, lo que lo hace devenir en ilegal y arbitrario, de modo que dicha consideración, conjuntamente con la determinación de si ello vulnera las garantías constitucionales que se señalan conculcadas, es la que debe ser primeramente analizada para efectos de dirimir el destino del presente recurso.

Sexto: Que al respecto, es conveniente señalar que conforme se observa de la documentación aparejada a los autos, la primera resolución sancionatoria, corresponde a la Nº 06/2022 de 19 de enero último, que absolvió al recurrente de un primer cargo que le fue imputado, pero en relación al segundo, lo tuvo por acreditado, encuadrándolo en la figura de acoso laboral, que entiende como “toda conducta que ocasione hostigamientos reiterados”, añadiendo que en la especie, ello “…se encuadraría en la constante modificación de lineamientos para realizar las labores de informes escolares necesarios para el cumplimiento del trabajo administrativo dentro del Liceo”, proponiendo su destitución, conforme lo dispone el artículo 120 d) de la Ley Nº 18.883.

Por su parte, el acto recurrido, acogió la reposición que se dedujo en contra de la resolución anterior, rebajando la sanción establecida en razón de las atenuantes que fueron estimadas; pero se insiste en la aplicación de las normas que regulan la punición administrativa de la Ley Nº 18.883, no obstante haber sido cuestionado por el recurrente; en efecto, a la hora de disminuir la sanción, aplica el castigo señalado en el literal c) del artículo 120 de dicho cuerpo legal, esto es, la suspensión del empleo por tres meses, con una retención del 50% de su remuneración.

Séptimo: Que en materia de regulación docente, su estatuto, contenido en la Ley Nº 19.070, establece una distinción entre aquellos que se desempeñan en el ámbito público del privado, los primeros, que es el caso del recurrente, quien se desempeña en el sector municipal, se encuentran afectos al régimen estatutario docente, y sólo supletoriamente al Código del Trabajo y sus leyes complementarias, conforme lo prescribe su artículo 71, lo que denota una naturaleza sui generis, al tratarse de una vinculación a la que se le reconocen matices y aspectos del derecho laboral, pero que pertenece al ámbito de lo público; por ejemplo, al reconocerse que son sujetos de responsabilidad de naturaleza administrativa, lo que justifica la circunstancia de haberse iniciado un procedimiento disciplinario en contra del recurrente.

Sin embargo, el Estatuto Docente, carece de un régimen sancionatorio específico, generando dudas acerca de la posibilidad de aplicar las puniciones contenidas en las regulaciones legales generales, como lo son el Estatuto Administrativo, o más concretamente, la Ley Nº 18.883 (que regula el régimen de los funcionarios municipales), por cuanto la Ley Nº 19.070, sólo consagra un sistema relativo al “término de la relación laboral” frente a ciertas circunstancias disciplinarias, contenido en su artículo 72, al señalar que: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales…”, incluyendo: a) renuncia voluntaria; b) falta de probidad, conducta inmoral; c) incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, entre otras.

Lo relevante se observa en el literal b) mencionado, pues se trata de la situación concreta en que el legislador establece como procedimiento para acreditar la concurrencia de dicha causal de término de la relación laboral, la investigación disciplinaria del estatuto funcionario. En efecto, se indica que en el caso referido, la falta de probidad y conducta inmoral, deben ser “establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”.

La duda, entonces, se genera acerca de la posibilidad de imponer sanciones diferentes a la desvinculación (que regula el artículo 72) en caso de responsabilidad funcionaria de docentes municipales y si procede aplicar aquellas puniciones que contempla el artículo 121 de la Ley Nº 18.883 (que van de la censura a la destitución, pasando por la multa y la suspensión del empleo), cuando se trata de docentes del sector municipal.

Al respecto, es útil tener presente la opinión de la Contraloría General de la República, en su dictamen Nº12.060 de 2014, indicando que “…un sumario administrativo incoado en contra de un profesional de la educación, debe tramitarse de conformidad a las indicadas normas de los artículos 127 al 143 de la ley Nº18.883”, pero añade que no es posible aplicar las sanciones de dicho cuerpo legal, indicando, que dicha investigación “…solo podrá concluir con el término de la relación laboral del respectivo docente, de acreditarse la causal preceptuada en la letra b) del artículo 72 de la ley Nº19.070, o su absolución, según procediere”, y ello, por que las medidas disciplinarias son de derecho estricto, por lo que no es posible aplicar sanciones no contempladas en el estatuto pertinente.

De este modo, se observa que el legislador, en el caso de los profesionales de la educación sujetos al Estatuto Docente, sólo contempló dos causales de desvinculación por conducta del trabajador, cuyo fundamento es asimilable a la responsabilidad disciplinaria del docente, y estas son específicamente las contenidas en los literales b) y c) del referido texto; y, que la remisión que el legislador hace al Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, es exclusivamente en relación la primera causal mencionada, y sólo respecto a sus artículos 127 al 143, que son las normas que regulan el procedimiento disciplinario administrativo, pero no incluye el régimen de sanciones, que se ubica en el artículo 120. De esta forma, un profesional docente adscrito al sector municipal, sólo podría ser sometido al sumario que regula la Ley Nº 18.883 por falta de probidad y conducta inmoral, y no por otras causales, y cuya conclusión, necesariamente, deberá terminar o en su absolución o su destitución, sin existir sanciones de intensidad intermedia, y no siendo posible hacerle extensivas otras regulaciones sancionatorias.

En otras palabras, y a riesgo de ser reiterativo, el examen de la legislación aplicable, lleva a la conclusión de que el Estatuto Docente carece de una reglamentación disciplinaria, y que sólo respecto de una de las causales de término de la relación laboral, remite al régimen administrativo, pero sólo para los efectos de aplicar el procedimiento sumario que la Ley Nº 18.883 contempla, pero no sus sanciones concretas, por lo que se incurre en una ilegalidad cuando así se hace, ya que se debe sujetar a las únicas posibilidades que establece el artículo 72 del texto normativo antes citado, así, “…frente a un proceso disciplinario contra un docente, el fiscal a cargo del sumario administrativo se encuentra en una encrucijada de “todo o nada”, debiendo proponer a la autoridad respectiva el término de la relación laboral del docente o su absolución” (como lo expresa nombre reservado en su columna de opinión publicada en Diario Constitucional de 12 de abril de 2021).

De este modo, no correspondía aplicar en la especie la sanción de suspensión de funciones que contempla el artículo 120 del texto legal ya citado, como erradamente lo hizo la entidad recurrida.

Octavo: Que con lo expresado, a juicio de esta Corte, se comprueba que el acto impugnado por la presente vía, devino en ilegal, al haber aplicado al actor una sanción que no es procedente conforme el ordenamiento legal vigente, lo que además, lo convierte en arbitrario, afectando, de modo inconcuso, las garantías constitucionales que se reclaman como vulneradas por el recurrente, siendo procedente el amparo requerido, y el restablecimiento del imperio del derecho, esto es, dejando sin efecto las sanciones que le fueron impuestas en virtud del sumario administrativo que se inició en su contra.

En efecto, se conculca el derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, al hacerle extensivo, indebidamente, puniciones que no son aplicables en la especie, por cuanto se sanciona al recurrente por una conducta que no fue reconducida a la única causal que autoriza la desvinculación de un docente, por medio de un sumario administrativo (falta de probidad o conducta inmoral); y, además, aplicó una penalidad, contemplada en un texto legal que no es procedente en la especie.

En mérito de lo expuesto y, visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de San Miguel; y, en consecuencia, se invalidan las sanciones consecuentes a la investigación sumaria a la que fue sometido el recurrente, materia de estos autos, concretadas en las Resoluciones Nº 06/2022 y 22 /2022 de 19 y 28 de enero de este año, respectivamente, las que se dejan sin efecto.

Redactado por el ministro señor Martínez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 384-2022. Ingreso Protección.

Pronunciado por la Primera Sala integrada por los ministros señor Roberto Contreras Olivares, señor Patricio Martínez Benavides y señor Marcelo Ovalle Bazán (I).