nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PAINE

San Miguel, veinte de marzo de dos mil veinticinco Al folio 13: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine (“Municipalidad”).

Relata que el 2 de enero de 2024, su madre, nombre reservado, fue notificada de la Ordenanza Municipal N°537/2024, que contiene el Decreto Municipal N°7369/2024, que ordena la demolición total de las construcciones ubicadas en domicilio reservado. Los argumentos con los cuales la Municipalidad fundamenta la orden de demolición total son que se han recibido varias denuncias comunitarias por acopio de productos de tipo inflamable y que, además, mediante fiscalizaciones en el terreno señalado, se constató la ocupación de Bien Nacional de Uso Público frente a la dirección indicada, sin que ninguna de dichas actividades se encontrara autorizada.

Indica que la propiedad comprometida se encuentra registrada en el Servicios de Impuestos Internos bajo el Rol de Avalúo N°00127-00238. Sin embargo, dicho rol corresponde a todo el paño, el cual tiene una envergadura de 3.966 metros cuadrados, aproximadamente. Este terreno está subdivido en 6 porciones, como se ve en el plano que adjunta al recurso. En cada uno de estos loteos viven familias distintas, las cuales están actualmente tramitando la regularización de su propiedad o ya la han concluido.

Afirma haber comenzado con la regularización de su terreno en el Ministerio de Bienes Nacionales, amparada por el Decreto Ley N°2695 de 1979, y en la que se dictó la Resolución Exenta N°E-43935, que ordenó la inscripción de su porción de terreno, el que se encuentra inscrito en el Servicio de Impuestos Internos bajo el Rol de Avalúo N°295-31. Agrega que, al momento de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Buin, este emitió un reparo rechazando la solicitud. A raíz de ello, la recurrente está siendo actualmente patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial de Paine para obtener una orden judicial que exija la inscripción de la propiedad, causa que está siendo tramitada en el Segundo Juzgado de Letras de Buin, bajo el Rol N°V-137-2024.

Agrega que, de acuerdo con las fotografías y los planos, la acumulación de productos de tipo inflamable se sitúa entre el lote 1 y el lote 2, mas no en todo el terreno que se comprende en el Rol de Avalúo N°00127-00238, cometiendo la Municipalidad el agravio de demoler todas las construcciones sin discriminar si ello cumple con los criterios para hacerlo (esto es, ser material inflamable y que se encuentren emplazados en bienes nacionales de uso público).

Señala que el 3 de enero de 2025 se dirigió a las oficinas de la Dirección de Obras Municipales para consultar sobre la respectiva obra de demolición total y si esta se hará valer también en su lote, o solamente en el lugar donde se encuentra el material acumulado. Precisa que se entrevistó con el jefe a cargo de la Unidad, pero no obtuvo ninguna respuesta concreta, quedando en la incertidumbre respecto de la situación de su vivienda. Indica que comentó al funcionario mencionado que tanto su porción del terreno como el de su madre se encuentran actualmente en tramitación para su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Buin, por lo que poseen otro rol que el indicado en el Decreto Municipal, respecto de lo cual tampoco recibió respuesta.

Denuncia que el actuar de la Municipalidad no se ajusta a la legalidad, vulnerando sus derechos. En efecto, se vulneraría el derecho consagrado en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política, que protege la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Precisa que dicha vulneración radicaría en que la Municipalidad ha expedido una orden de demolición total de todas las construcciones emplazadas en el terreno mencionado, sin tener en consideración que se encuentra subdividido en seis partes que corresponden a familias distintas. La orden es desproporcionada, en cuanto comprende porciones de terreno que no se encuentran afectadas por la acumulación de productos inflamables, perjudicando así los derechos de las familias que viven en las demás porciones de la parcelación, amenazando dejarlas en la intemperie.

Del mismo modo, estima vulnerada la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, que protege el derecho a la igualdad ante la ley, ya que el acto impugnad no cumple con los criterios que la misma entidad sostiene al emitirlo. Agrega que no se tomó en consideración que dos de las seis partes en las que se encuentra dividido el terreno afectado están actualmente con proceso judicial vigente para su regularización mediante la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Buin.

Finalmente, alega que se ha vulnerado su derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que se emitió una orden de demolición respecto de diferentes dueños, privando a la recurrente y a otras familias del ejercicio del derecho de propiedad que cada una tiene sobre sus respectivos lotes. La norma constitucional establece que eso solo puede ocurrir en virtud de una expropiación, lo cual no existe en este caso.

Solicita que, acogiéndose el recurso, se deje sin efecto la orden de demolición de la cual fue notificada, y se adopte cualquiera otra medida que esta Corte estime procedente para restablecer la juridicidad quebrantada y asegurar la debida protección de sus derechos.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Paine, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que, a partir de los antecedentes que obran en poder de la Municipalidad, consta que debido a la fiscalización y partes cursados por la Dirección de Obras Municipales y a denuncias comunitarias por acopio de productos inflamables, mediante Memorandum N°498/2024 dicha Dirección solicitó pronunciamiento jurídico respecto a la procedencia de la demolición de las edificaciones, por mal uso de las construcciones sin recepción definitiva, las que se encuentran emplazadas en la propiedad, que pertenece a don nombre reservado y otros.

Hace presente que producto de denuncias registradas en la Dirección de Obras Municipales, ingresadas por la comunidad, se procedió a remitir los antecedentes al Juzgado de Policía Local, mediante citaciones N°17/2023, de 11 de abril de 2023, y N°65/2024, de 11 de noviembre de 2024, por ocupación de bien nacional de uso público y por faltas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, debido a construcciones irregulares sin contar con permiso de edificación ni recepción de los mismos. Se indicó además en dichas citaciones que en el terreno se realiza una actividad comercial de reciclaje, y por ende se acopian productos inflamables, provocando reiteradas denuncias comunitarias. Se constató además la ocupación de bien nacional de uso público, con vehículos en mal estado estacionados frente a la propiedad, que se utilizan como contenedores cargados con diferentes elementos de reciclaje.

Indica que a raíz de lo anterior, el Director de Obras Municipales solicitó emitir pronunciamiento por los antecedentes y proceder, de ser aplicable, a comunicarlo a quien corresponda para la emisión de un decreto de demolición total de todas las construcciones sin recepción definitiva, sugiriendo para ello un plazo no mayor a 30 días corridos, además de ordenar el retiro de los vehículos y desechos ubicados en bien nacional de uso público.

Refiere que posteriormente, a través de Memorandum N°1985 de 27 de noviembre de 2024, la Dirección de Asesoría Jurídica evacuó un informe favorable para los fines de adoptar la medida propuesta, citando pasajes del referido documento.

Enfatiza que en el entendido que existe norma expresa y que la situación ha sido comprobada por la Dirección de Obras, habiéndose verificado incluso denuncias al Juzgado de Policía Local competente, se consideró procedente solicitar al Alcalde la demolición de las obras emplazadas específicamente en la propiedad ubicada en domicilio reservado, cuyo rol según Servicio de Impuestos Internos es el N°00127-00238, respecto de las viviendas que no contaren con permiso de edificación ni con recepción definitiva, ya que estas no ofrecen las debidas garantías de salubridad y seguridad, justificándose así su demolición.

Alega que el Decreto Municipal Nº7369/2024, que ordena la demolición de las referidas construcciones, le fue debidamente notificado a la recurrente el 2 de enero de 2025, sin que conste la presentación de recurso de reposición en contra de la decisión adoptada.

Hace presente que, sin perjuicio del supuesto proceso de regularización del terreno, lo cierto es que se constataron infracciones a los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de ocupación de bien nacional de uso público sin autorización, por lo que, si bien el pretendido terreno al que alude la recurrente podría eventualmente inscribirse a su nombre, de igual manera se ha producido una violación al ordenamiento, el cual se presume conocido por todos.

En cuanto al derecho, alega que no existe acto arbitrario o ilegal de la Municipalidad, ya que el alcalde ha actuado dentro de los márgenes de sus atribuciones y competencias, limitándose a hacer efectiva la orden de demolición a petición del Director de Obras, bajo las causales previstas en la regulación legal. En particular, cita el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que exige permiso de edificación y recepción definitiva de las construcciones.

Agrega que el recurso de autos omite referirse al desarrollo y grado de vulneración de sus garantías, limitándose a reproducir preceptos constitucionales en lo que refiere a la igualdad ante la ley. Agrega, acerca de las garantías a la vida e integridad física y psíquica, así como la igualdad ante la ley, que basta con tener a la vista la justificación ya explicada para concluir que no existe vulneración, sumado al hecho que la recurrente se encuentra en infracción a la ley.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

Cuarto: Que, consta del mérito del proceso, que el fundamento de la resolución que decreta la demolición y se impugna en esta sede radica en la constatación, por la Dirección de Obras Municipales, de la existencia de construcciones en la propiedad ubicada en domicilio reservado, que no cuentan con permiso de edificación ni recepción definitiva no ofreciendo, además, las debidas garantías de salubridad y seguridad.

Quinto: Que, en cuanto a la normativa que debe considerarse para el análisis, el artículo 5° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones prescribe que es deber de las municipalidades la aplicación de dicha ley, de su ordenanza, normas técnicas y reglamentos, en todas las acciones administrativas relacionadas con la planificación urbana, urbanización y construcción, debiendo velar por el cumplimiento de sus disposiciones.

Por su parte, el artículo 116 del cuerpo precitado señala que “La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General”.

Del mismo modo, el artículo 148 del mismo cuerpo legal faculta al alcalde, a petición del Director de Obras, a ordenar la demolición total o parcial de obras ejecutadas en disconformidad con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Sexto: Que, atendido lo anterior, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la dictación del Decreto Municipal N°7369/2024, al haber sido dictado el acto por la autoridad competente, ampararse en las facultades que señala la ley, y estar debidamente fundamentado, razón por la cual la presente acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°383-2025 Protección