CONSTRUCTORA MACEC LIMITADA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SUR Y OTRO

San Miguel, siete de junio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 27 de febrero de 2022, comparece el abogado Mauricio Tobar Arriagada, en representación de Constructora Macec Limitada, del giro de construcción de edificios para uso residencial, representada legalmente por nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur (en adelante TGR), representada por nombre reservado y en contra del Servicio de Impuestos Internos XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur (en adelante SII), representado por nombre reservado.

Expone que la empresa recurrente explota el giro de mantención y construcción de obras menores, construcción y servicios, abarcando en el área retail la construcción, mantenimientos y mejoras continuas de tiendas comerciales, en el área de edificación en altura prestando servicios de carpintería, moldajes, terminaciones, en obras civiles aportando con movimientos de tierras, cuadrillas de concreteros, también un área de proyectos privados destinada a la construcción de viviendas particulares, inscrito en el SII como “construcción de edificios para uso residencial”, que pertenece a la categoría de pequeño empresario.

Explica que desde el 24 de octubre de 2018 Constructora Macec se ha visto envuelta en un proceso de fiscalización ante el SII, iniciado por “uso indebido de crédito fiscal” dirigido inicialmente en contra de algunos proveedores. Producto de este proceso, el 28 de septiembre de 2021, el Servicio dictó la citación N° 89 con la finalidad de estudiar los períodos de IVA comprendidos desde enero de 2017 a agosto de 2018, argumentando haber encontrado irregularidades. Señala que la citación anterior fue respondida el 3 de diciembre de 2021, después de una prórroga de un mes, respuesta que consistió en un escrito de 161 páginas en que se argumentó la prescripción del proceso de fiscalización, así como su caducidad y, además, se acompañaron un número de documentos suficientes para acreditar que todas las operaciones cuestionadas han sido reales y han cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 23 N° 5 de la ley de IVA respecto al pago. Refiere que hasta la fecha no ha sido respondida por el SII y no ha existido movimiento en el proceso de fiscalización. Agrega que desde septiembre de 2019 la recurrente se encuentra con anotaciones en el SII, las que han ido variando, y actualmente cuenta con dos anotaciones vigentes de 23 de junio de 2020 y 03 de febrero de 2022.

Indica que producto de la pandemia, la recurrente se vio afectada en el normal desarrollo de sus negocios, disminuyendo sus ventas y con ello la liquidez de la empresa, por lo que optó por acogerse al Decreto Supremo N° 997 del Ministerio de Hacienda, que postergaba el pago del impuesto IVA por cuatro meses, esto es, mayo, junio, julio y agosto. Añade que cuando fue momento de pagar, la recurrente aún afectada por la pandemia, quiso acogerse a alguna condonación de intereses y multas o algún convenio de pago con TGR de conformidad a lo dispuesto en el artículo 192 del Código Tributario; sin embargo, producto de las anotaciones efectuadas por el SII no fue posible. De esta manera, manifiesta que el 10 de octubre de 2021 venció el plazo para pagar el IVA prorrogado del mes de julio de 2021, con lo que se ha iniciado un proceso de cobro por parte de la TGR en contra de la actora, el que fue notificado el 07 de febrero pasado. Aduce que no existe norma, cuerpo legal, ni sentencia judicial alguna que sustente este tipo de sanción, que estas instituciones -de forma arbitraria e ilegal- aplican sin ponderar los enormes perjuicios patrimoniales que lleva aparejada. Agrega que el SII excede sus atribuciones arrogándose facultades que la ley no le entrega y con ello sancionando a su representada arbitrariamente. Señala que la exclusión de celebrar convenios y condonaciones es el resultado de un Protocolo de acuerdo existente entre TGR y el SII, a través del cual, las exclusiones impuestas por el SII producto de las anotaciones son automáticamente reconocidas y aplicadas por la TGR. Destaca que las normas generales sobre actos administrativos contenidas en la ley 19.880, implican que la realización de una actuación por parte de un órgano de la Administración supone requisitos, ninguno de los cuales se cumple en el caso de autos, a saber, la existencia de una resolución administrativa que la ordene; que dicha resolución sea escrita (artículos 3° y 5°); y que dicha resolución sea notificada válidamente al afectado (artículos 45 y siguientes).

Afirma que en este caso existe una omisión por parte del SII y una acción de la TGR. Respecto del SII, pues al haberse acompañado en la respuesta a la citación N° 89 no solo una explicación detallada sobre la prescripción y caducidad del procedimiento de fiscalización, sino también documentación suficiente para acreditar todas las operaciones cuestionadas por el ente fiscal en cumplimiento del artículo 23 N° 5 de la Ley del IVA, el SII debió haber levantado las anotaciones contra su representada; sin embargo, al abstenerse de conocer de dicha respuesta, ha omitido el alzamiento de las observaciones que afectan a la recurrente. La TGR por su parte, al iniciar un procedimiento de cobranza sin esperar a que hubieran finalizado los procedimientos pendientes entre su representada y el SII, vulnera los derechos de la recurrente por medio de una acción. Por un lado, la omisión del SII es arbitraria e ilegal y, por otro, el actuar de la TGR es de carácter arbitrario. Sobre la arbitrariedad, precisa que se viola el derecho de su representada a no ser discriminada por los órganos estatales, particularmente en materia económica. En efecto, tal violación se aprecia cuando el ente fiscal arbitrariamente discrimina a su representada, pretendiendo mantenerla sancionada con la anotación sin el sustento de un procedimiento y su consecuente sentencia racional, legal y justa. Indica que lo anterior se agrava si se tiene en consideración la resolución exenta N° 73 de 2021 del SII, en que “supuestamente” reconoce la situación que están viviendo las empresas y sobre todo las de menor tamaño como la de su representada. Señala que de igual forma, se trata de un actuar ilegal puesto que como se indica en el artículo 8° ter en su inciso tercero del Código Tributario: “Las autorizaciones otorgadas conforme a este artículo podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la Dirección Regional, mediante resolución fundada a contribuyentes que se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 59 bis, y sólo mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas”. Señala que teniendo presente que en la contestación de su representada frente a la citación N° 89 se dio respuesta a todas aquellas operaciones investigadas por el SII de manera satisfactoria, cumpliendo a cabalidad todos los requisitos ordenados por el legislador en el artículo 23 N° 5 de la ley de IVA, y sin quedar cuestiones pendientes sin responder, el SII incumple la ley al no levantar las observaciones existentes que impiden que su representada pueda acceder a las condonaciones o convenios a las que tiene derecho por ley. Expresa que el plazo de prescripción de fiscalización del artículo 200 del Código Tributario se inicia en el periodo que tiene el contribuyente para declarar este impuesto, por ello, en este caso, el inicio del cómputo del plazo de prescripción para el último periodo fiscalizado es el 12 de septiembre de 2018, ya que, la última factura del periodo cuestionado tiene fecha de 29 de agosto de 2018, por tanto, esta factura se incluye dentro de la base imponible del IVA del mes de agosto de 2018. Esgrime que en su caso, no le es aplicable la prescripción extraordinaria de seis años, toda vez que para que se amplíe el término de prescripción a seis años, en virtud de la causal “declaraciones maliciosamente falsas”, según lo establecido en la Circular N° 73, de 2001, debe tratarse de declaraciones falsas y que dicha falsedad tiene que ser calificada de maliciosa; porque el SII en toda la etapa de fiscalización no ha dado ningún fundamento ni prueba alguna que permita determinar el dolo positivo que se requiere, o sea, la malicia del contribuyente, por lo que le es aplicable la prescripción ordinaria de tres años consagrada en el artículo 200 del Código Tributario, plazo que disponía el SII para fiscalizar. Expresa que el plazo que tenía el SII para realizar una fiscalización del último periodo de IVA en discusión se cumplió el 12 de septiembre del año 2021, fecha en la cual se completaron los tres años del artículo 200, por lo que la acción de fiscalización por parte del SII se encuentra prescrita desde el 12 de septiembre de 2021, por lo que, en consecuencia, el plazo que tenía el SII para ejercer sus facultades de fiscalización no se ve aumentado en tres meses, toda vez que la Citación N° 89 fue emitida fuera de los plazos legales (28 de septiembre de 2021). De igual forma, la misma prescripción de tres años operaría, para el impuesto a la renta, ya que desde la fecha de emitido el acto administrativo, representado por la citación 89, han transcurrido más de tres años para revisar la declaración de impuesto a la renta de los años tributarios 2018 y 2019.

Señala que de igual forma, ha dado como fundamento a la respuesta de la citación, la caducidad de la facultad de fiscalización. Indica que el SII notificó a su representada el inicio formal de una fiscalización formalizada, con fecha 24 de octubre de 2018, mediante formulario 3285, folio N° 1053187. Asevera que se trata de un proceso que se inició el 24 de octubre de 2018, y la emisión de una citación, emitida el 28 de septiembre del año 2021, es decir, después de 2 años 11 meses y 4 días, o 1.070 días, tiempo que excede cualquier fiscalización de este tipo y materia, probando que el proceso de fiscalización se encuentra además de prescrito, caducado.

Por otro lado, señala que el actuar de la TGR es legal, pero arbitrario, pues existiendo procesos pendientes entre el SII y la recurrente -tanto en sede administrativa como judicial-, el ente recaudador debió haber esperado y frenado el proceso de cobro, a la espera de una resolución que indicara que su representada no estuviera dispuesta a pagar de manera voluntaria y, en consecuencia, fuere necesario iniciar el procedimiento de cobranza.

Anota que la omisión ilegal del SII ha privado y perturbado el derecho de su representada al impedirle acceder a condonaciones y convenios, toda vez que esto constituye un derecho de todo contribuyente contenido en el artículo 102 del Código Tributario. Consecuencia de esto es que su representada vea perturbados sus derechos contenidos en los numerales 2°, 3° y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por su parte, la TGR amenaza los derechos de su representada con su actuar arbitrario. Indica que es clara la amenaza a los derechos contenidos en el artículo 19 numerales 2°, 3° y 22, toda vez que el procedimiento de cobro iniciado por la TGR producto del actuar ilegitimo del SII muestra una falta de igualdad en el trato que se ha dado a su representada, vulnerando cualquier tipo de igualdad frente a los demás contribuyentes, así como al principio de inocencia -uno de los principios bases del debido proceso-.

En cuanto al plazo para interponer la acción de protección, señala que aquel comenzó a correr desde que Constructora MACEC recibió el requerimiento de pago del procedimiento de cobro, el 7 de febrero de 2022, por lo que el plazo vence el 09 de marzo de 2022.

Pide que se acoja el recurso, ordenando al SII la eliminación de toda anotación de sus sistemas informáticos, y disponiendo que la TGR dé la opción a la reclamante de celebrar un convenio de pago y le conceda condonaciones de intereses y multas, o se adopten por la Corte las medidas que se estimen necesarias para el establecimiento del derecho, con costas.

En el primer otrosí acompaña nómina de deudores morosos de Tesorería; notificación y requerimiento de pago; citación N° 89; respuesta a la citación; acta de recepción de documentos de 22 de noviembre de 2018; certificado de anotaciones vigentes del SII; y detalle de exclusiones.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, Director Regional de la XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que la recurrente registra ante dicho Servicio inicio de actividades con fecha 28 de febrero de 2013, en el giro de “Construcción de edificios para uso residencial”. Por los ingresos que obtiene se encuentra afecta al Impuesto de Primera Categoría, de la ley sobre Impuesto a la Renta, y al Impuesto al Valor Agregado, de la ley sobre Impuesto a la Ventas y Servicios. Así, en el marco del Programa de Fiscalización de Cumplimiento Tributario en Terreno, denominado “Uso Indebido del Crédito Fiscal”, con fecha 24 de octubre de 2018, mediante la Notificación Folio N°1053187, se le requirieron los antecedentes contables y tributarios que respaldaban sus operaciones comprendidas entre los meses de enero de 2017 a agosto de 2018. Con fecha 22 de noviembre de 2018, la actora acompañó solo algunos de los antecedentes solicitados, razón por la cual, el 13 de agosto de 2019 se le reiteró la petición, mediante Notificación Folio N° 0878953, para que los adjuntara al 29 de agosto de 2019, lo cual no efectuó.

Sostiene que del análisis de la documentación aportada y de la información que obraba en poder del Servicio, se determinó que durante los periodos señalados (enero de 2017 a agosto de 2018) la recurrente había utilizado facturas falsas, de siete presuntos proveedores, con el objeto de aumentar indebidamente el crédito fiscal IVA que tenía derecho a hacer valer en relación con las cantidades que debía enterar en arcas fiscales, por lo que dicho Servicio inició un proceso de recopilación de antecedentes, el que concluyó con la interposición, el 29 de junio de 2021, de una querella criminal en contra de nombre reservado, representante legal de Constructora Macec Limitada, en su calidad de autor de los delitos tributarios previstos y sancionados en los incisos segundo y final, del N° 4, del artículo 97 del Código Tributario, la que se encuentra radicada ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 2110028744-K, RIT 1900-2021. Añade que la conducta de la recurrente, de carácter reiterada, ocasionó un perjuicio fiscal, que actualizado al mes de marzo de 2021, asciende a la suma de $139.837.856.

Manifiesta que con el objeto de perseguir el cobro civil de los impuestos adeudados como consecuencia de las irregularidades señaladas, se emitió la Citación N° 89, que le fuera notificada con fecha 29 de septiembre de 2021. Aclara que en esta expresamente se consigna que “Respecto al plazo de prescripción, es aplicable el plazo de 6 años establecido en el artículo 200 inciso segundo del Código Tributario…”.

Añade que como consecuencia de la querella señalada, el 03 de febrero de 2022 se registró en el sistema informático del Servicio (SICT) la anotación causal 4001: “Querellado Por Delitos Tributarios”, única anotación que aún sigue vigente y solo puede ser levantada cuando concluya el proceso respectivo.

Hace presente que durante los procesos de fiscalización señalados, se registraron diversas anotaciones en los sistemas del Servicio, para dejar constancia de diversos hechos o alertas relativos a la contribuyente. Entre estas se encuentran las siguientes: a) La causal 52 “Preventiva del Jefe de Departamento”, de 22 de marzo de 2019, debido a sus incumplimientos reiterados; b) La causal 42 “Inconcurre Notificación/Citación En Proceso De Fiscalización”, de fecha 27 de septiembre de 2019, por su no comparecencia para presentar documentación ante el Servicio en el proceso de fiscalización respectivo; c) la causal 4103 “Proceso Pendiente De Recopilación De Antecedentes”, de 23 de junio de 2020; todas las cuales, actualmente, se encuentran eliminadas con fecha 22 de marzo, 4 de enero y 02 de marzo del año 2022, respectivamente. Agrega que en contra de estas anotaciones, el 17 de diciembre de 2021, la recurrente interpuso un reclamo tributario en procedimiento de vulneración de derechos, ante el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, causa RUC 21-9-RUT reservado, RIT VD-18-00046-2021, en base a argumentos similares a los de autos, alegando una supuesta vulneración a la garantía establecida en el numeral 14 del artículo 8 bis del Código Tributario, por encontrarse impedida de efectuar convenios de pago y condonación de multas e intereses ante la TGR. Esta causa se encuentra actualmente en tramitación.

Indica que los giros que se encuentran en cobranza no corresponden a impuestos que digan relación con los periodos auditados (de enero de 2017 a agosto de 2018), sino con el pago diferido del IVA solicitado por la actora durante el año 2021, que ella misma reconoce no haber pagado oportunamente.

Alega falta de oportunidad y litis pendencia, señalando que de conformidad con las fechas indicadas por la actora, las anotaciones a que se refiere corresponden a la anotación causal 4103 “Proceso Pendiente De Recopilación De Antecedentes”, y la anotación causal 4001: “Querellado Por Delitos Tributarios”, ya referidas. Así, la primera de ellas fue eliminada el 2 de marzo de 2022, por lo que a su respecto el recurso perdió oportunidad, atendido que en estos autos se solicita su eliminación. Señala que respecto de dicha anotación la actora interpuso reclamo tributario en procedimiento de vulneración de derechos, el que es conocido por el Cuarto Tribunal Tributario de la Región Metropolitana de Santiago, que aún se encuentra vigente, por lo que a su respecto debe declararse la litis pendencia.

Luego, argumenta la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en la actuación del SII. Al efecto sostiene que el Director del Servicio recurrido en el ejercicio de su potestad normativa, de acuerdo con las facultades otorgadas por los artículos 6°, letra A), N° 1, del Código Tributario; y 7°, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, a través de diversos oficios, ha dispuesto que cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación. Estas anotaciones son de uso interno y dan cuenta de diversos hechos notables respecto del comportamiento tributario que puedan tener los contribuyentes, por lo que son una clara manifestación del ejercicio de las facultades generales de fiscalización. Su existencia, además, se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 2°, del DFL N°3, del Ministerio de Hacienda, del año 1969, que crea el Rol Único Tributario y establece normas para su aplicación. Agrega que el objetivo de estas anotaciones es meramente informativo, de control y/o alerta, siendo las mismas de carácter temporal, toda vez que deben ser alzadas una vez que termine la situación que les dio origen. A mayor abundamiento, hace presente que el uso de estas anotaciones se encuentra validado por lo dispuesto en el N° 16, del artículo 8 bis, del Código Tributario, agregado por ley 21.210, de 24 de febrero de 2020, que moderniza la legislación tributaria. Asimismo, hace presente que la indicada facultad del Servicio de efectuar anotaciones ha sido objeto de reiterado reconocimiento por parte de los tribunales. En el caso de autos, la única anotación que se mantiene vigente es la 4001, que tiene su origen en la presentación de la querella criminal antes descrita, anotación que solo puede ser levantada cuando concluya el proceso respectivo. Concluye que la anotación registrada no obedece a un capricho o abuso de poder por parte del Servicio, puesto que se cuenta con antecedentes suficientes para establecer la comisión de los delitos en cuestión.

En relación con la condonación que pretende la actora, manifiesta que a través de la Circular N° 50 de 2016 se estableció una política de condonación coordinada con la Tesorería General de la República, la que indica “No se otorgará la condonación a los contribuyentes que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones particulares: 3. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena. Los contribuyentes que se encuentren en estas situaciones, podrán concurrir a las Oficinas del Servicio para solucionar su situación tributaria y de esta manera podrán optar al procedimiento de condonación establecido en esta Circular, si procede.” Señala que esta es la situación que afecta a la actora, en su calidad de querellada de los delitos ya referidos. Así, los alcances de la anotación causal 4001, en cuanto a excluir a los querellados de la condonación a que se pretende, no son sino la aplicación universal de los principios de favorecimiento del buen contribuyente, lo cual no puede predicarse de la recurrente por las irregularidades que éste presenta.

Concluye que no existe acción u omisión arbitraria ni ilegal, y tampoco existe una afectación de las garantías denunciadas como infringidas.

Acompaña reclamación por vulneración de derechos, causa RUC 21-9-RUT reservado y RIT VD-18-00046-2021, caratulada “Constructora Macec Limitada con nombre reservado”, presentada el 17 de diciembre de 2021 ante el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana; y resolución de 12 de enero de 2022, evacúa traslado de 25 de enero de 2022, resolución de 17 de febrero de 2022, escrito de “reitera orden de no innovar” de 28 de febrero de 2022, resolución de 03 de marzo de 2022, evacúa traslado de 07 de marzo de 2022, y resolución de 10 de marzo de 2022, todas de la causa indicada.

Mediante presentación de 17 de abril de 2022, acompaña sentencia definitiva dictada por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, en el procedimiento de reclamación por vulneración de derechos, causa RIT VD-18-00046-2021, RUC 21-9-RUT reservado.

Tercero: Que informa al tenor del recurso nombre reservado di Pillo Sanhueza, abogado, por la Tesorería General de la República, solicitando su rechazo.

Primeramente alega la extemporaneidad del recurso, indicando que la acción cautelar se dirige, aparentemente, en contra de haber iniciado ese Servicio un procedimiento de cobro de obligaciones tributarias de dinero, a través del Expediente Administrativo Rol N° 10031-2022 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, sin esperar a que hubieran finalizado los procedimientos pendientes entre el recurrente y el Servicio de Impuestos Internos; y para ello, señala el recurrente que ese Servicio practicó la notificación de la respectiva nómina de deudores morosos el 07 de febrero de 2022. Sin embargo, la realidad es que la presente acción cautelar tiene como fundamento la Citación N° 89, notificada a la recurrente el 29 de septiembre de 2021, la que, según el informe del SII, se emitió con el objeto de perseguir el cobro civil de los impuestos adeudados como consecuencia de las irregularidades que se señalan en el mismo y que dicen relación con utilización de facturas falsas. Señala que dicho proceso se originó únicamente con la finalidad de perseguir el cobro de obligaciones tributarias de dinero morosas, específicamente, el cobro del giro formulario 21, folio N° 7233962406, correspondiente al IVA postergado del mes de julio de 2021, por un monto neto de $6.956.990. El referido proceso ejecutivo de cobro no es el único actualmente vigente, sino que además, consta el Expediente Administrativo Rol N° 10256-2021 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, notificado a la contribuyente el 09 de agosto de 2021, mediante el cual se persigue el cobro del giro formulario 21, folio N° 7159171336, correspondiente al IVA postergado de marzo de 2021, por un monto neto de $10.322.900 el que a la fecha asciende a $5.880.505, producto de algunos pagos efectuados por la recurrente. Afirma que el plazo que tenía la recurrente para interponer la presente acción se debe contabilizar desde la notificación de la citación N° 89 efectuada el 29 de septiembre de 2021, por lo que ha transcurrido con creces el plazo fatal de treinta días corridos contados desde esta última fecha.

Luego, alega la falta de legitimación pasiva, señalando que lo pretendido por la actora es que el SII elimine toda anotación de sus sistemas informáticos y como consecuencia de ello, el Servicio de Tesorería le permita suscribir un convenio de pago y conceder las respectivas condonaciones. Como se menciona en el informe emitido por el SII, el uso de las anotaciones se encuentra validado por lo dispuesto en el N° 16, del artículo 8 bis, del Código Tributario, y reguladas por el Oficio Circular N° 2152, de 18 de julio de 1995, como una facultad exclusiva de dicho Servicio.

En cuanto al fondo, indica que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal de parte de Tesorería. En primer término, sobre haber iniciado un procedimiento de obligaciones tributarias de dinero, sin esperar a que hubieran finalizado los procedimientos pendientes entre el recurrente y el SII, señala que Tesorerías en cumplimiento de un deber legal y sin que mediare causal de suspensión, procedió a iniciar los procesos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias de dinero ya señalados, por lo que dicha actuación no puede ser sancionada como ilegal o arbitraria, máxime que dichos procesos tienen su origen en antecedentes que no tienen relación alguna con la discusión originada entre el contribuyente y el SII producto de la fiscalización efectuada respecto de los años 2017 y 2018.

En segundo lugar, sobre haber impedido a la recurrente celebrar un convenio de pago y de conceder condonaciones de intereses y multas, manifiesta que, como se indica en el informe evacuado por el SII, a esta fecha la contribuyente registra una anotación o exclusión respecto de la deuda vencida y por vencer que consta en el Certificado de Deudas de la contribuyente. La exclusión o anotación efectuada por el SII y comunicada a TGR, corresponde a una exclusión de tipo 6, la que afecta al RUT, y por tanto, impide a la contribuyente celebrar convenios y optar a condonaciones de multas e intereses. Este traspaso de información tiene su origen en un protocolo suscrito entre ambas instituciones de 24 de septiembre de 2015, el cual se encuentra refrendado mediante la Resolución Exenta N° 1691 de 06 de noviembre del mismo año, la que aprueba el protocolo sobre política de condonación entre el SII y la TGR vigente a contar desde el 01 de octubre de 2015. En este protocolo se establece y coordina la actuación de la TGR y del SII en el ejercicio de la facultad para condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos, incluido el impuesto territorial. En el numeral V del mencionado protocolo, se establece, entre otras, como causal de exclusión de condonación, la siguiente: “3. Contribuyentes que se encuentren querellados, procesados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena”; además, se indica que: “Adicionalmente, se acuerda que los contribuyentes que registren las situaciones de los puntos 3 al 5, anteriormente indicados, no podrán acceder además a convenios de pagos del artículo 192, inciso primero, del código Tributario, con vigencia a contar del 1 de octubre de 2015”. Por otro lado, en virtud de lo establecido por el inciso primero del artículo 192 del Código Tributario, la política de convenios y condonación permanente de TGR se encuentra, además, refrendada en la Circular Normativa N° 198, versión N° 9, circular en la que se fijan las normas o criterios objetivos y de general aplicación determinados por el Tesorero General. En este sentido, indica que como lo dispone el artículo 192 del Código Tributario, ya sea el otorgar facilidades para el pago de los impuestos adeudados, como la condonación total o parcial de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los mismos, corresponde a una facultad del Tesorero General, por lo que no corresponde a un derecho que se otorga per se, sino que cumpliéndose con los requisitos y condiciones que se establecen en la Circular Normativa 198. Así, en la página 28, específicamente en el numeral 9, se señala que “No podrá otorgarse condonación a aquellos contribuyentes excluidos por el SII y que son informados con las exclusiones N° 4 a 9”. Además, se señala que “En el caso de las exclusiones de los números 6, 7, 8 y 9 del SII, los contribuyentes, además, no tendrán derecho a acceder a convenios de pago del artículo 192 del Código Tributario”. De esta forma, en el Anexo N° 3 (pág. 45 de la C.N. 198), se indica el cuadro resumen con las exclusiones del SII de la siguiente forma, resaltando a la vista la exclusión N° 6 “Contribuyentes Querellados”, como lo informó el SII. En consecuencia, en lo que dice relación a la actuación de haber impedido a la recurrente celebrar un convenio de pago, la TGR no ha hecho más que apegarse estrictamente a derecho, cumpliendo tanto con la normativa administrativa, como con las disposiciones legales y constitucionales que regulan la materia, por lo que no ha sido arbitrario, máxime que dichas disposiciones se aplican para todos los contribuyentes que se encuentren en la misma situación, sin distinción de ninguna especie.

Finalmente señala que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales de la recurrente.

Acompaña copia del Expediente Administrativo Rol N° 10031-2022 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda; copia del Expediente Administrativo Rol N° 10256-2021 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda; copia de la Resolución Exenta N° 1691 que aprueba el protocolo sobre política de condonación entre el SII y la TGR vigente a contar del 01 de octubre de 2015, de 06 de noviembre de 2015; Circular Normativa N° 198 v. 9.0 de 01-03-2016, actualizada al 21-11-2019 y que comunica la política de convenios y condonación permanente del Servicio de Tesorerías, para el pago de los impuestos y créditos fiscales morosos sujetos a cobranza por el Servicio de Tesorerías.

Cuarto: Que, en primer término, la Tesorería General de la República alegó la extemporaneidad del recurso, fundada en que el plazo que tenía la recurrente para presentar la acción constitucional no se debe contabilizar desde el día 07 de febrero de 2022, sino que, al menos, desde la notificación de la citación N° 89 efectuada el día 29 de septiembre de 2021.

Al respecto, se debe considerar que Constructora Macec Limitada dedujo recurso de protección en contra de la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en haber iniciado un procedimiento de cobranza sin esperar que finalizara el procedimiento de fiscalización en su contra, de manera que el plazo debe contarse desde que la recurrente tuvo conocimiento del mismo, esto es, el 7 de febrero de 2022, fecha de la notificación del procedimiento ejecutivo de cobro iniciado en el expediente administrativo rol N° 10031-2022 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En estas condiciones, corresponde concluir que la acción intentada fue deducida dentro del plazo previsto en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, razón por la cual la alegación de extemporaneidad no puede prosperar.

Quinto: Que en segundo lugar, cabe señalar que del mérito de los antecedentes aportados por las partes emanan los siguientes hechos:

a).- El 28 de septiembre de 2021 el Servicio de Impuestos Internos emitió la citación N° 89, mediante la cual requirió a Constructora Macec Limitada aclarar irregularidades detectadas que afectan a los periodos tributarios Impuesto al Valor Agregado enero 2017 a agosto 2018, de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, con incidencia en el impuesto a la renta, en las declaraciones anuales de los años tributarios 2018 y 2019 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Específicamente por créditos fiscales amparados en facturas (electrónicas) ideológicamente falsas, declaradas entre los períodos mensuales enero de 2017 hasta agosto de 2018, de proveedores que registran “anotaciones” o “irregularidades” en las bases de datos del SII.

b).- En dicho contexto, el 3 de diciembre de 2021 la contribuyente presentó ante el Servicio escrito que “da respuesta a citación N° 89”, en cuyo otrosí acompaña diversos documentos entre los que se mencionan, declaraciones juradas de dos proveedores; órdenes de compra de un proveedor; carta poder notarial de representación con firma electrónica; fotocopias de cédulas de identidad de tres personas.

Con anterioridad, el 22 de noviembre de 2018, el SII, respecto de Notificación N° 1053187 de 24 de octubre de 2018, recibió de la contribuyente documentación consistente en 1 caja con 6 archivadores con factura de proveedores año 2017; 1 caja con 5 archivadores con facturas de proveedores año 2018; 1 archivador con facturas de venta y libro de ventas 2017 y 2018; y 1 archivador con boletas de honorarios.

c).- En la página de internet, el SII certifica que al 26 de febrero de 2022, la contribuyente Constructora Macec Limitada registra dos anotaciones vigentes, que imponen restricciones en algún trámite del ciclo de vida como contribuyente o en la obtención de algún beneficio:

1.- 4001 de 3 de febrero de 2022. Descripción y efectos: “El SII ha presentado una acción penal en su contra, mediante la presentación de una querella por delito tributario. Por ello, y mientras esta anotación esté vigente, no podrá acceder a condonaciones en el pago de multas e intereses, ni podrá realizar convenio de pago”. Acción requerida: “La anotación se levantará una vez finalizado el proceso y un juez con competencia penal resuelva su causa. Terminado el proceso, para agilizar alzamiento visite sii.cl, opción Servicios Online, menú Peticiones Administrativas y otras Solicitudes, ingresar Petición Administrativa, materia Levantamiento Anotaciones Jurídica, o bien, acuda a oficina si las condiciones lo permiten”.

2.- 4103 de 23 de junio de 2020, Descripción y efectos: “El SII ha iniciado un Proceso de Recopilación de Antecedentes (regulado por la Circular N° 8 del 2010), al detectar hechos que podrían constituir delitos tributarios. Por ello, y mientras esta anotación esté vigente; no podrá acceder a condonaciones en el pago de multas e intereses, ni podrá realizar convenios de pago”. Acción requerida: “La anotación se levantará terminado el proceso, con la decisión que adopte el Director del SII o se decrete su archivo. Si toma conocimiento de la decisión o archivo visite sii.cl, opción Servicios Online, menú Peticiones Administrativas y otras Solicitudes, ingresar Petición Administrativa, materia Levantamiento Anotaciones Jurídica, o bien acuda a oficina, si las condiciones lo permiten”.

d).- El 2 de febrero de 2022, la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur inició cobro ejecutivo contra Constructora Macec Limitada, en Expediente Administrativo Rol 10031-2022 Pedro Aguirre Cerda. El 3 de febrero de 2022, se despachó mandamiento de ejecución y embargo y se ordenó notificar y requerir de pago por la suma de $6.956.990, por impuesto IVA, con vencimiento legal o período 20 de octubre de 2021 (Form 21; Folio 7233962406; Fecha Giro/Movimiento, 20 de julio de 2021; Vencimiento Legal o Período, 20 de octubre de 2021; Valor adeudado $6.956.990; Naturaleza del Impuesto o Crédito, IVA Post. Prim.).

La contribuyente fue notificada y requerida de pago el 7 de febrero de 2022.

e).- El 4 de agosto de 2021, la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur inició cobro ejecutivo contra Constructora Macec Limitada, en Expediente Administrativo Rol 10256-2021 Pedro Aguirre Cerda.

f).- El 17 de diciembre de 2021, la recurrente presentó reclamación por vulneración de derechos ante el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, causa RUC 21-9-RUT reservado, RIT VD-18-00046-2021, caratulada “Constructora Macec Limitada con nombre reservado”, por la omisión ilegal y arbitraria del Servicio, de no eliminar las anotaciones 42 de 27 de septiembre de 2019, 52 de 22 de marzo de 2019 y 4103 de 23 de junio de 2020, que vulnera los derechos de la contribuyente consagrados en el artículo 8 bis N° 14 del Código Tributario, por afectar esas anotaciones el normal desarrollo de las operaciones económicas de la reclamante por la restricción de dar folios y excluirla de todo tipo de convenio para solucionar sus deudas con Tesorería.

Por resolución de 12 de enero de 2022, del referido tribunal, se tuvo por interpuesto el reclamo y se confirió traslado al Servicio de Impuestos Internos para contestar. Al contestar el traslado, el SII, entre otras alegaciones, señaló que las anotaciones 42 y 52 fueron dejadas sin efecto en febrero de 2022, quedando subsistente la anotación 4103. Con posterioridad, al evacuar un traslado respecto de una orden de no innovar, el SII, entre otros argumentos, informó que la anotación 4103 fue eliminada el 2 de marzo de 2022, por lo que al día de hoy el Servicio ha dejado sin efecto las anotaciones que motivaron la interposición de la reclamación por vulneración de derechos.

Por sentencia definitiva de 11 de abril de 2022, se rechazó el reclamo, por extemporáneo y por no haberse vulnerado los derechos de la contribuyente consagrados en el artículo 8 bis N° 14 del Código Tributario. En el considerando 3°), se establecieron como hechos no controvertidos los siguientes:

- El SII registró las siguientes anotaciones en contra del contribuyente: a) La anotación N°42 activada con fecha 27/09/2019, por no asistir a una notificación para presentar documentación; b) La anotación N°52 activada con fecha 22/03/2019, por incumplimientos relevantes debiendo presentarse a oficinas del SII; y, c) La anotación N°4103 activada con fecha 23/06/2020, por inicio de un proceso de recopilación de antecedentes.

- Con fecha 28/09/2021, el SII emitió a la reclamante la Citación N°89, a la que el contribuyente dio respuesta con fecha 03/12/2021.

Sexto: Que luego, en cuanto a la alegación de falta de oportunidad planteada por el recurrido Servicio de Impuestos Internos, cabe tener presente que del tenor del informe evacuado y los antecedentes referidos precedentemente, se desprende que la situación denunciada respecto de la anotación de 23 de junio de 2022, que corresponde a la 4103, ha perdido vigencia, toda vez que el Servicio de Impuestos Internos dispuso su eliminación con fecha 2 de marzo de 2022. En estas condiciones, no se advierte medida alguna que sea procedente adoptar respecto de dicha anotación, toda vez que uno de los hechos que provocó el recurso incoado ha cesado, circunstancia que lleva a concluir que la presente acción ha perdido oportunidad respecto de la referida anotación y, por consiguiente, no podrá prosperar a su respecto.

Atendido lo expuesto, no se emitirá pronunciamiento respecto de la alegación de litis pendencia formulada por la recurrente en relación con la misma anotación, por innecesario.

Séptimo: Que en lo que atañe a la falta de legitimación pasiva alegada por la recurrida Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur y respecto del fondo del asunto planteado, cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, anteriormente citado, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Octavo: Que como se advierte del recurso, lo que se reprocha a los recurridos, en el caso del Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Santiago Sur, es la omisión ilegal y arbitraria que la actora hace consistir en abstenerse de conocer su respuesta a la Citación N° 89 que le fuera practicada y en no levantar la anotación que registra, que le impedirían acceder a condonaciones o convenios de pago con la Tesorería; y respecto de la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur, es el acto arbitrario, que hace consistir en haber iniciado un procedimiento de cobro ejecutivo, en expediente administrativo rol 10031-2022 Pedro Aguirre Cerda, sin esperar que finalizara el procedimiento de fiscalización en su contra.

Noveno: Que al efecto, se debe considerar que el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 7 de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, dispone que corresponde a este organismo: “la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”.

En concordancia con la norma anterior, el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 1969 del Ministerio de Hacienda, que crea el rol único tributario, establece: “La confección del Rol Único Tributario, su mantención y permanente actualización estarán a cargo del Servicio de Impuestos Internos, el cual dictará las normas internas necesarias para estos efectos.

Dicho Rol Único se llevará en la Dirección Nacional, en la cual deberá concentrarse y mantenerse la información de todos los contribuyentes del país, sin perjuicio de que puedan confeccionarse duplicados o copias parciales del mismo para uso en las diversas Oficinas de Impuestos Internos y Tesorerías, con el objeto de facilitar las actuaciones de los contribuyentes”.

De esta manera, al haber procedido el Servicio de Impuestos Internos a consignar en sus registros el código de anotación que daba cuenta que la recurrente tenía la calidad de querellada en una causa penal, y mantener vigente dicha observación, actuó en ejercicio de sus facultades legales tendientes a concentrar y mantener la información de todos los contribuyentes del país.

Por consiguiente, no resulta posible reprochar arbitrariedad o ilegalidad al comportamiento del recurrido, por lo que el recurso debe ser rechazado a su respecto.

Décimo: Que por otra parte, la letra a) del artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que contiene el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, dispone: “A las Tesorerías Regionales y Provinciales, dentro de sus respectivos territorios les corresponderá especialmente:

a.- Dirigir, controlar y activar la cobranza administrativa y judicial de las contribuciones y demás ingresos fiscales y los de otros organismos que se le encomienden;…”.

A su turno, la letra e) del artículo 13 previene: “Sin perjuicio de las atribuciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones específicas, los Directores Regionales Tesoreros y los Tesoreros Provinciales, tendrán, además, las siguientes:

[…]

e.- Ejercer en sus respectivos territorios las funciones de jueces substanciadores de acuerdo al Código Tributario;…”.

En este contexto, resulta que la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur ha obrado en el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias seguido contra la recurrente dentro de su competencia, encontrándose facultada para iniciar el procedimiento, dictar resoluciones en el expediente y disponer diligencias. De esta manera, la cobranza impugnada se ha llevado a cabo por el Servicio competente, esto es, aquel que se encuentra autorizado por el legislador para obrar en la causa, sin que se advierta la existencia de alguna suspensión del procedimiento dispuesta por órgano igualmente competente.

En estas condiciones, cabe concluir que la actuación del Tesorero Regional recurrido en el expediente administrativo no resulta ilegal ni arbitraria, de manera que el recurso no puede prosperar en cuanto se dirige en su contra.

Undécimo: Que a mayor abundamiento, la materia referida a la prescripción y caducidad no corresponde a un asunto que pueda ser dilucidado por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar en esta parte, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto en representación de Constructora Macec Limitada en contra de la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur y del Servicio de Impuestos Internos XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 383-2022 PROTECCIÓN.

Pronunciado por la Quinta Sala de esta Corte, integrada por las ministras señoras Ana Cienfuegos Barros, Ma. Catalina González Torres y fiscal judicial señor nombre reservado. No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma por encontrarse ausente el señor nombre reservado.