nombre reservado con AFP. UNO S.A.

San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero Ley N° 18.156, notificado el 22 de septiembre de 2025.

Expone que el recurrente, con residencia definitiva en Chile, ha cotizado sistemáticamente en el sistema previsional chileno pese a contener su contrato de trabajo cláusula previsional acogiéndose al artículo 1 de la Ley N° 18.156. Señala que en 2023 ya obtuvo la devolución de fondos presentando constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales legalizada por la autoridad consular y que en septiembre de 2025 ingresó nueva solicitud ante AFP UNO acompañando nuevamente dicha constancia y una versión actualizada.

Indica que la administradora rechazó la petición señalando que la declaración emitida por el consulado se encontraba vencida, que el código QR no era validable debido al cese de actividades del consulado y que la constancia electrónica solo acreditaría cotizaciones y no afiliación ni cobertura integral en enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo de servicios en Chile, invocando al efecto el Oficio N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que se cumplen los requisitos del artículo 1 en relación con el artículo 7 de la Ley N° 18.156, puesto que el recurrente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social venezolano que cubre contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, lo que se desprende de las constancias del IVSS, y que en su contrato de trabajo manifestó su voluntad de mantener dicha afiliación. Alega imposibilidad material de obtener nueva legalización o apostilla debido a la inexistencia de representación consular de Venezuela en Chile, lo que configura caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, y destaca que la constancia electrónica es emitida por organismo público competente, cuenta con código de verificación y puede comprobarse en línea en el portal oficial del IVSS. Invoca además antecedentes administrativos y jurisprudenciales en que, en situaciones análogas, la Superintendencia de Pensiones y distintas Cortes de Apelaciones han ordenado a administradoras de fondos devolver recursos a técnicos extranjeros, estimando arbitraria una interpretación excesivamente literal y formalista de la Ley N° 18.156 y suficiente la documentación que acredita afiliación y cobertura previsional, aun cuando existan dificultades formales de vigencia o legalización.

Argumenta que la negativa de AFP UNO S.A. vulnera las garantías del artículo 19 N° 2, N° 24 y N° 26 de la Constitución, por imponer exigencias no previstas en la ley, generar un trato desigual respecto de otros cotizantes extranjeros que han obtenido devolución con documentos semejantes y afectar el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales al retenerlos sin causa legal suficiente.

Afirma que la Ley N° 18.156 no exige apostilla ni legalización consular de las constancias de afiliación, sino solo acreditar afiliación a un régimen de seguridad social extranjero con cobertura mínima y la voluntad contractual de mantenerla, de modo que la exigencia adicional de la recurrida carece de sustento normativo y desconoce la finalidad de la norma de evitar cotizaciones paralelas.

Solicita acoger el recurso de protección, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada y que se continúe la tramitación de la solicitud disponiendo la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable, además de las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Romina Dalbosco Cornejo, abogada en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Señala que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de derechos indubitados frente a actos ilegales o arbitrarios y que en la especie no existe derecho preexistente ni acto de tal naturaleza, por cuanto la devolución de fondos a técnicos extranjeros es excepcional y solo procede cuando se cumplen estrictamente los requisitos del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156 y de la Circular N° 553, lo que no ocurriría en el caso del recurrente.

Expone que el actor inició el trámite el 22 de agosto de 2025 respecto de su relación laboral con SUPPLYNET SpA y acompañó contrato, anexos, título profesional con apostilla, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada y certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de 31 de octubre de 2023.

Indica que la AFP rechazó la solicitud el 10 de septiembre de 2025 y que, al responder consulta posterior, precisó que el certificado consular se encontraba vencido al tener vigencia de 120 días y que el código QR no era validable por el cese de actividades del consulado, además de que la constancia electrónica solo acredita existencia de cotizaciones y no afiliación vigente ni cobertura integral en enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo de servicios en Chile, conforme a lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en el Oficio Ordinario N° 12.954.

Añade que la normativa previsional chilena se rige por el principio de territorialidad, siendo la exención de cotizar y la devolución de fondos para técnicos extranjeros una excepción regulada en la Ley N° 18.156 y en el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exige acreditar calidad de técnico, afiliación previa y vigente a un régimen de seguridad social extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y voluntad contractual de mantener dicha afiliación, mediante certificación de la institución extranjera debidamente legalizada o apostillada de acuerdo con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Refiere el Oficio Reservado N° 2966 del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Oficio Reservado N° 25057 de la Superintendencia de Pensiones sobre autenticidad de documentos apostillados y señala que la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile no exime del cumplimiento de tales requisitos ni habilita a la administradora para prescindir de ellos.

Destaca que la Superintendencia, mediante Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025, ha reiterado que las certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no sirven como medio de prueba y que solo la autoridad previsional extranjera puede certificar la cobertura exigida, citando además fallos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que han confirmado la legalidad de ese criterio y rechazado recursos análogos.

Concluye que AFP Uno S.A. se ha limitado a aplicar la ley y la normativa administrativa vigente, sin privar ni perturbar las garantías del recurrente, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario que pueda ser corregido por esta vía.

Tercero: Que, asimismo, informa la Superintendencia de Pensiones y expone que la legislación previsional chilena se rige por el principio de territorialidad y que la Ley N° 18.156 configura un régimen de excepción, de interpretación restrictiva, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1, consistentes en estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y haber manifestado en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación, pudiendo solicitar la devolución de fondos previsionales únicamente si acreditan tales condiciones según el artículo 7.

Indica que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa del Servicio, la cobertura en el país de origen debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social extranjera debidamente legalizada o apostillada, o por certificado de cobertura emitido por embajada o consulado en representación de la autoridad previsional competente, debiendo constar expresamente que el trabajador contó con protección efectiva e integral para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile.

Señala que en el caso de nombre reservado éste acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitida el 31 de octubre de 2023, con vigencia de 120 días, de modo que a la fecha de la solicitud de devolución de fondos, presentada en septiembre de 2025, dicho documento se encontraba vencido según la propia autoridad emisora y no podía ser tenido por vigente. Añade que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS no se encuentra firmada por quien la emite, carece de apostilla o legalización y no detalla las coberturas ni el período exacto de protección, limitándose a una referencia genérica al sistema, por lo que no sirve para acreditar la cobertura exigida en la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, y que la declaración jurada del recurrente tampoco es idónea, por cuanto solo la autoridad previsional extranjera puede certificar la cobertura fuera de Chile.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así́ como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se encuentra vencida y no acredita su afiliación ni las prestaciones requeridas, no cumpliendo con las exigencias legales establecida. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3797-2025 Protección