nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Areff nombre reservado, de nacionalidad venezolana, representado por el abogado Piero Palazzo Hauptli, interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. por el acto ilegal y arbitrario que atribuye a la carta de 2 de octubre de 2025 que rechaza su solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156.

Señala que pidió el retiro a través del portal web de la administradora y que ésta fundó el rechazo en que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no contaría con la legalización exigida, al no estar apostillada la firma de quien emite el documento, y que la declaración jurada acompañada no suple dicho requisito, citando los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156.

Sostiene que cumple las condiciones de dicha ley por ser profesional extranjero, encontrarse afiliado al sistema de seguridad social de su país de origen y haber manifestado en su contrato de trabajo la voluntad de mantener esa afiliación, de modo que la negativa de la AFP constituye una errónea interpretación de los antecedentes que obstaculiza injustificadamente el retiro de sus fondos.

Alega que la constancia electrónica del IVSS fue emitida por la autoridad venezolana competente, cumple parámetros de seguridad y puede ser íntegramente verificada en línea mediante el enlace oficial del organismo y el código alfanumérico o el número de cédula, lo que permite acreditar su afiliación, la vigencia de la cobertura y las semanas cotizadas. Indica que la administradora no habría efectuado ninguna verificación efectiva de dicha constancia y se limitó a exigir apostilla o legalización, requisito que no se desprende del tenor del artículo 1 de la Ley N° 18.156 y que desconoce los avances tecnológicos que permiten comprobar electrónicamente la información previsional. Sostiene que la insistencia en una formalidad no prevista por la ley transforma la constancia en un documento inútil y que la omisión de validar los datos disponibles en el sitio web del IVSS revela un actuar arbitrario y contrario al fin de la normativa especial, que es reconocer un sistema previsional alternativo al nacional.

Define el acto impugnado como ilegal y arbitrario por infringir los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156 y por descansar en una decisión carente de objetividad y sustentada solo en el capricho de la administradora, que desconoce los medios probatorios ofrecidos y omite verificarlos. Sostiene que se vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, porque se le exige una carga adicional no prevista en la ley y se lo discrimina frente a otros profesionales extranjeros en situación similar, así como el debido proceso del artículo 19 N° 3, en cuanto la AFP no habría seguido un procedimiento racional y justo que le permitiera complementar antecedentes ni explicara de manera suficiente la razón del rechazo.

Agrega que la negativa de AFP Habitat vulnera el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, por cuanto los fondos de pensiones son de dominio del afiliado y la Ley N° 18.156 autoriza excepcionalmente su devolución cuando se cumplen los requisitos que afirma satisfacer, de modo que la retención de dichos recursos sin fundamento legal ni verificación adecuada de la constancia de afiliación constituye una privación de atributos esenciales del dominio.

Solicita acoger el recurso de protección, dejar sin efecto la decisión de 2 de octubre de 2025 que rechaza la devolución de fondos previsionales, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, y disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho que permita efectuar la devolución de los fondos dentro de un plazo razonable o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que, al evacuar informe, Nicole Jedinger Canales, abogada en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso.

Señala que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a restablecer el ejercicio de derechos preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, lo que no se configuraría en la especie, pues el actor pretende obtener por esta vía la declaración de cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 y la modificación del régimen legal del sistema de pensiones.

Sostiene que no existe privación, perturbación ni amenaza actual de garantías constitucionales y que cualquier controversia sobre la procedencia del beneficio debe ventilarse en un juicio de lato conocimiento.

Expone que el recurrente se afilió al sistema de pensiones el 3 de septiembre de 2018 y a AFP Habitat el 1 de agosto de 2025. Indica que presentó solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156 acompañando cédula de identidad para extranjeros y certificado del Servicio Nacional de Migraciones, título universitario apostillado que acredita su condición de ingeniero mecánico, anexo de contrato de trabajo con cláusula de mantención de afiliación extranjera, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitida el 1 de septiembre de 2025 sin firma responsable ni apostilla y declaración jurada notarial en que afirma encontrarse afiliado al sistema previsional de su país. Señala que, tras analizar la documentación, la Fiscalía de la administradora rechazó la solicitud por no acreditarse mediante instrumento público debidamente legalizado o apostillado la afiliación y cobertura previsional exigidas, informando al afiliado que puede volver a solicitar el beneficio cuando acompañe certificación idónea que pruebe en Chile la afiliación y la cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, en los términos del artículo 1 de la Ley N° 18.156 y del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Afirma que la Ley N° 18.156 tiene carácter excepcional y de interpretación restrictiva y que requiere el cumplimiento copulativo de ser extranjero profesional o técnico, estar afiliado a un régimen previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte y haber manifestado en el contrato la voluntad de mantener dicha afiliación, debiendo acreditarse la afiliación mediante certificación de la institución de seguridad social extranjera debidamente legalizada o apostillada.

Invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya sobre apostilla, así como oficios de la Superintendencia de Pensiones, entre ellos los Oficios Ordinarios N° 24.472, 30.477, 1056 y 12.954, que reiteran que las constancias electrónicas sin firma ni apostilla no son suficientes para acreditar la cobertura previsional y que la documentación debe presentarse debidamente legalizada para producir efectos en Chile.

Concluye que la negativa a devolver los fondos obedece a la correcta aplicación de la Ley N° 18.156, del Decreto Ley N° 3.500 y de la normativa administrativa obligatoria, que los fondos del afiliado permanecen íntegramente en su cuenta individual y que no existe acto ilegal o arbitrario que vulnere la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad del recurrente, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así́ como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecida. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Areff nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3792-2025 Protección