nombre reservado con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MELIPILLA

San Miguel, diez de marzo de dos mil veintiséis.

Al folio 18: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Iván Rodríguez Chávez, abogado, en representación de la Comunidad de Copropietarios nombre reservado, también denominada Condominio nombre reservado, para interponer recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, por estimar que el Oficio Ordinario N° 1304-49171/2025, de 8 de septiembre de 2025, que comunicó una denuncia por presuntos hechos de acoso laboral formulada por el trabajador nombre reservado y dispuso diversas medidas de resguardo, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con ocasión de dicha denuncia, la autoridad administrativa ordenó el cese de todo acto de acoso laboral, la designación de una jefatura distinta para el trabajador denunciante, la adopción de una administración estable inscrita en el Registro Nacional de Administradores de Condominios y la derivación del trabajador a asistencia médica o psicológica, bajo apercibimiento de sanciones.

Sostiene que tales medidas se mantienen vigentes pese a haber transcurrido el plazo legal de investigación previsto en el artículo 211 C del Código del Trabajo, lo que afectaría su derecho a un procedimiento racional y justo.

Asimismo, argumenta que las obligaciones impuestas resultan improcedentes e imposibles de cumplir, por cuanto la recurrente no constituye jurídicamente un domicilio reservado, sino una comunidad formada a partir de la subdivisión de predios rústicos conforme al Decreto Ley N° 3.516, razón por la cual no le resultaría aplicable el régimen de administración exigido por la Inspección del Trabajo.

Solicita se deje sin efecto las medidas de resguardo dispuestas en el oficio referido Segundo: Que, informando la recurrida, solicita el rechazo de la acción. Expone, en síntesis, que el recurso incurre en incongruencias y omite explicar de qué modo concreto las medidas de resguardo habrían vulnerado las garantías invocadas.

Señala que la denuncia por acoso laboral fue formulada por el trabajador nombre reservado ante la Inspección Comunal del Trabajo de Curacaví, en el marco de la Ley N° 21.643, y que, una vez contextualizados los hechos y reunidos antecedentes provenientes del propio servicio y del Servicio de Impuestos Internos, se dispusieron medidas de resguardo acordes a la gravedad de lo denunciado, consistentes en el cese de todo acto de acoso, la separación de jefatura respecto del trabajador denunciante, la designación de una administración estable y la derivación del trabajador para asistencia médica o psicológica.

Añade que tales medidas tienen carácter esencialmente modificables, por tratarse de actos administrativos preventivos, y que la propia recurrente jamás solicitó su modificación por la vía administrativa. Refiere además que la investigación se ha desarrollado conforme a la normativa e instrucciones internas vigentes, mediante entrevistas, declaraciones y recopilación de antecedentes, y que su demora obedeció, en parte, a la complejidad propia de este tipo de denuncias, al aumento general de ingresos tras la entrada en vigencia de la Ley Karin y, además, a la conducta de la propia recurrente, que retardó la entrega de documentación, de contactos de trabajadores y de la declaración del denunciado.

Sostiene, finalmente, que la acción carece de objeto, que no existe acto ilegal o arbitrario, que no se ha producido afectación concreta de garantías fundamentales y que el recurso de protección no constituye una vía idónea para sustituir los mecanismos administrativos y jurisdiccionales previstos para impugnar actuaciones de la autoridad laboral.

Tercero: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de naturaleza extraordinaria, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías expresamente protegidas por dicha vía frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza de su ejercicio. Por su carácter urgente y tutelar, esta acción no tiene naturaleza declarativa ni puede transformarse en un procedimiento de lato conocimiento, de manera que su procedencia exige la existencia de un derecho indubitado y de una afectación actual o inminente susceptible de ser corregida por esta vía expedita. La jurisprudencia reciente ha reiterado que el recurso de protección no ampara situaciones meramente hipotéticas, futuras o discutidas, ni está llamado a reemplazar los procedimientos ordinarios especialmente previstos por el legislador.

Cuarto: Que de los antecedentes allegados aparece que el acto impugnado corresponde a la adopción de medidas de resguardo dictadas por la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla con ocasión de una denuncia por acoso laboral presentada en el marco de la Ley N° 21.643, durante la sustanciación de una investigación administrativa aún pendiente de conclusión al tiempo de interponerse la presente acción. La propia regulación administrativa de la Dirección del Trabajo prevé, tratándose de denuncias de esta naturaleza, la adopción temprana de medidas de resguardo y fija un plazo de treinta días hábiles para poner término al procedimiento investigativo.

Quinto: Que, en ese contexto, las medidas de resguardo cuestionadas no revisten el carácter de una sanción ni importan, por sí mismas, una decisión terminal acerca de la efectividad de los hechos denunciados, sino que constituyen providencias preventivas y provisorias, destinadas a proteger a los involucrados mientras se desarrolla la investigación respectiva. Desde esta perspectiva, no se advierte que el solo mantenimiento transitorio de tales medidas, en tanto instrumentos precautorios propios del procedimiento administrativo instaurado por la Ley N°21.643, configure por sí mismo una actuación carente de fundamento o desprovista de razonabilidad. La normativa administrativa dictada por la Dirección del Trabajo, además, contempla expresamente que estas medidas sean adoptadas de manera inmediata al ingreso de la denuncia, precisamente por su finalidad cautelar.

Sexto: Que tampoco se divisa, en los términos expuestos por la actora, la existencia de un acto manifiestamente ilegal por la sola circunstancia de haberse excedido el plazo contemplado para la investigación. En efecto, aun cuando la autoridad administrativa se encuentra obligada a observar los principios de celeridad y eficiencia, el vencimiento de dicho término no conduce, sin más, a la ilegalidad de lo obrado ni priva de sustento jurídico a las medidas adoptadas en el curso del procedimiento, máxime cuando se trata de actuaciones preventivas y cuando, según lo informado, la tramitación se vio influida por la complejidad del asunto, el incremento de denuncias bajo la nueva legislación y la tardía remisión de antecedentes por parte de la propia recurrente.

A ello se agrega que la doctrina administrativa de la Dirección del Trabajo ha precisado que el plazo de investigación es de treinta días hábiles administrativos, sin que de ello se siga, por sí solo, la invalidez de las medidas de resguardo decretadas durante su sustanciación.

Séptimo: Que, asimismo, la recurrente no ha explicitado de manera concreta y circunstanciada cómo las medidas impugnadas habrían importado una vulneración actual de la garantía de igualdad ante la ley. Para que ello ocurra, era necesario demostrar la existencia de un trato diferenciado carente de justificación respecto de otros sujetos que, hallándose en condiciones equivalentes, hubieren recibido de la autoridad administrativa una respuesta distinta, circunstancia que no ha sido establecida en autos. Antes bien, el recurso formula objeciones generales acerca de la improcedencia o dificultad de cumplimiento de las medidas dispuestas, cuestión que excede el ámbito cautelar de esta acción.

Octavo: Que igual conclusión se impone respecto de la alegada afectación del derecho a un procedimiento racional y justo. Del mérito del informe evacuado por la recurrida aparece que la investigación fue tramitada mediante requerimientos de documentación, solicitudes de declaración, recopilación de antecedentes y entrevistas a los involucrados, esto es, a través de actuaciones destinadas precisamente a formar convicción sobre los hechos denunciados.

En tal escenario, no es posible sostener, por la sola prolongación del procedimiento o por la disconformidad de la actora con el contenido de las medidas precautorias dictadas, que se haya desconocido de manera palmaria el estatuto de racionalidad mínima exigible, máxime cuando la recurrida afirma que la propia empleadora no hizo uso de la posibilidad de solicitar administrativamente la modificación de dichas medidas.

Noveno: Que, por otra parte, la controversia planteada revela la existencia de una discusión jurídica y fáctica acerca del alcance de las facultades de la Inspección del Trabajo, la procedencia y adecuación de las medidas de resguardo adoptadas y la forma en que ellas deben implementarse en atención a la naturaleza de la organización recurrente, materias todas que no se presentan como indubitadas y cuya resolución exige un examen incompatible con la naturaleza cautelar y sumaria del recurso de protección. Cabe agregar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que esta acción no puede ser utilizada con fines declarativos ni como sustituto procesal de otras vías impugnatorias cuando la cuestión requiere debate y prueba.

Décimo: Que, en el mismo orden de ideas, tampoco puede perderse de vista que el propio ordenamiento contempla mecanismos administrativos y jurisdiccionales para cuestionar actuaciones de la autoridad laboral, de modo que el recurso de protección no constituye la sede natural para revisar, en abstracto, el mérito, oportunidad o suficiencia de un acto administrativo dictado en el curso de una investigación de acoso laboral, menos aun cuando, según se informa, las medidas de resguardo eran susceptibles de modificación a petición de parte y no consta que la actora hubiere instado previamente por esa vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3787-2025.