nombre reservado con COLEGIO SAGRADO CORAZON DE TALAGANTE

San Miguel, ocho de enero de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 27: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Colegio Sagrado Corazón de Talagante, representado por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos que califica de ilegal y arbitrarios consistentes en la aplicación improcedente de la Ley N°21.643 (Ley Karin) en su contra, la activación de protocolos de convivencia escolar para excluirla como apoderada de su hijo, la omisión en la aplicación del protocolo de accidentes escolares y la divulgación indebida de datos sensibles del Programa de Integración Escolar (PIE), lo que estima ha vulnerado las garantías consagradas en los numerales 1, 2, 3, 9,10 y 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que es madre y apoderada del alumno de iniciales E.I.V.E., de 5 años, quien actualmente cursa Kínder en el establecimiento recurrido y desde 2024 ha mantenido una participación activa como apoderada.

Denuncia que entre abril y julio de 2025 su hijo sufrió accidentes escolares que no fue oportunamente informados, en particular el 15 de abril de 2025, durante la clase de inglés, padeciendo un corte en la uña del dedo índice derecho y el 18 de julio de 2025 recibió un golpe en la costilla que generó vómitos explosivos, sin que se aplicara el protocolo de contención ni se notificara oportunamente a su apoderada.

Agrega que el 31 de julio se celebró una reunión relativa a los accidentes escolares no notificados, en la que la coordinadora de primer ciclo le advirtió que, por enviar correos con consultas, solicitudes y reclamos, se evaluaría la posibilidad de aplicar la Ley Karin Nº21.643 y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), con el objetivo de poner término a su participación como apoderada y la matrícula de su hijo.

Afirma que, en ese contexto, el 18 y 21 de agosto de 2025, recibió correos electrónicos en que se le notificaba la aplicación de tales instrumentos, los que fueron meras amenazas, ya que no se concretaron en sanción alguna. Luego, posteriormente, el 19 de agosto de 2025, la dirección del establecimiento recibió una denuncia en la que le atribuía la conducta de maltrato entre adultos, por lo que activó el protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, notificándola de un acta de inicio de investigación bajo el artículo 39 del reglamento.

Sostiene que el proceso culminó con la emisión de un informe de investigación de 3 de septiembre de 2025, que da cuenta del inicio de la investigación, en el que se contienen entrevistas exclusivamente realizadas a funcionarias, sin que se le tomara declaración, el que concluye con la sugerencia de cambio de apoderado titular, lo que se construyó únicamente con relatos de funcionarias sin audiencia personal ni posibilidad de presentar descargos.

Refiere que, además, el 10 de septiembre de 2025 se le impidió ingresar al establecimiento para asistir al acto de fiestas patrias lo que le ha generado un profundo impacto emocional, presentando síntomas de estrés agudo y ansiedad.

Denuncia que el procedimiento del establecimiento es ilegal, ya que se inició el 11 de agosto de 2025, en el marco de la aplicación de la Ley Nº 21.643 y del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), normas que no son aplicables a los apoderados. Estima que el colegio incurrió en omisiones graves de su deber de resguardar la seguridad escolar, al no notificar oportunamente accidentes sufridos por su hijo.

Solicita se reestablezca el imperio del derecho y ordene que el colegio reconozca y garantice su calidad de apoderada titular del alumno, con pleno acceso a la información académica, sanitaria y de convivencia, y a todas las instancias de participación previstas por la ley y el RICE, sin condicionamientos ni nuevas afectaciones.

Segundo: Que el Director Regional de la Superintendencia de Educación informa que el 30 de septiembre del 2025 se ingresó la denuncia bajo el N°CAS-122419-J4W2V8 y analizados los antecedentes aportados por la denunciante y el establecimiento educacional, se determinó que el establecimiento no acreditó haber realizado un debido proceso para aplicar la sanción a la apoderada, además de establecer medidas discriminatorias al no permitirle el ingreso al establecimiento, por lo que el 17 de octubre del 2025, a través de MEMO 13 DR N° 2190, se deriva denuncia a la Unidad de Fiscalización de la Superintendencia.

Tercero: Que la abogada de la Fundación Educacional Colegio Sagrado Corazón de Talagante, informa que cuenta con un Reglamento Interno de Convivencia Escolar y que ajustó su Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad incorporando deberes ineludibles y legalmente exigibles por sus trabajadores a su empleador, entre los que se encuentra la obligación de protección de los docentes y asistentes de la educación que sean objeto de actos de violencia en el trabajo.

Precisa que, si bien la Ley Karin no sanciona directamente a los terceros que ejercen violencia en contra de docentes y asistentes de la educación, el reglamento del establecimiento es el instrumento idóneo para tomar medidas de protección en favor de los afectados.

Solicita que, respecto de los hechos indicados en el recurso sobre omisiones de activación de incidentes escolares no informados los días 15 de abril de 2025 y 18 de julio de 2025, se declare la extemporaneidad del recurso, ya que se interpuso el 2 de octubre último, transcurrido el plazo fatal de 30 días.

En cuanto al fondo, refiere que en agosto recibió denuncias de cuatro docentes, conforme a la Ley Karin, que daban cuenta de posibles situaciones de violencia ejecutadas por la actora, por lo que procedió a activar el protocolo contenido en su Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad y, además, activó el protocolo de maltrato entre adultos de la comunidad escolar, ya que los hechos relatados por las denunciantes daban cuenta de situaciones que podrían afectar la sana convivencia escolar.

Precisa que inició dos protocolos – uno de índole laboral y otro de índole educacional-, en cuyo marco en reiteradas oportunidades la directora citó a la apoderada para ser informada de las implicancias de dichos procesos a las que no asistió, por lo que se optó por entregar las comunicaciones correspondientes mediante correo electrónico, haciendo expresa mención en ellos, de su derecho a declarar, entregar su versión de los hechos, y eventualmente a apelar la decisión final.

Indica que la declaración de la denunciada en el protocolo de maltrato no se concretó debido a su propia negativa, además que para la investigación se ponderaron los testimonios de las denunciantes, de testigos y correos electrónicos enviados por la apoderada en distintos contextos, los cuales dieron cuenta de actos de violencia psicológica que generó afectación a la dignidad e integridad psíquica de las trabajadoras.

Precisa que la investigación por Ley Karin fue realizada por una investigadora, quien en su informe final señaló que la apoderada ejercería una conducta basada en el control, persecución, violencia y acoso hacia las profesionales del colegio y sugirió el cambio de apoderado. Destaca que los artículos 156 y 170 del reglamento reconoce expresamente que, ante faltas cometidas por apoderados del establecimiento, resulta aplicable como medida de resguardo y sanción el cambio de apoderado.

Agrega que la recurrente evacuó su apelación y acompañó abundantes documentos que dan cuenta de distintas comunicaciones por correo con varias docentes del establecimiento, pero ninguno de los cuales logró desvirtuar los hechos constatados en el informe respectivo, por lo tanto, se mantuvo la medida de cambio de apoderado.

Arguye que no existe una aplicación improcedente de la Ley Karin, pues es un imperativo legal, desde la promulgación de la Ley 21.643, que todo empleador debe implementar un protocolo de prevención e investigación de conductas de violencia en el trabajo y la activación del protocolo de convivencia no tiene como objetivo excluirla como apoderada sin debido proceso, ya que el establecimiento debió aplicar el protocolo de maltrato entre adultos de la comunidad escolar, lo que implicó una investigación conforme a los pasos y etapas establecidos en el RICE, en la cual se recabaron testimonios y declaraciones de las docentes afectadas, no se contó con la declaración de la actora por negarse a entregar su testimonio, pero ejerció su derecho a reconsideración de la medida.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental Quinto: Que, mediante el ejercicio de la presente acción constitucional se pretende establecer la afectación ocasionada a las garantías del artículo 19 N°1, 2, 3, 9, 10 y 12 de la Constitución Política de la República, a causa de la omisión en la aplicación del protocolo de accidentes escolares, la divulgación indebida de datos sensibles del Programa de Integración Escolar (PIE), la aplicación improcedente de la Ley N°21.643 (Ley Karin) en su contra y la activación de un protocolo de convivencia escolar para excluirla como apoderada de su hijo.

Sexto: Que, en primer término, respecto a la omisión en la aplicación del protocolo de accidentes escolares, la recurrente refiere que los accidentes sufridos por su hijo habrían ocurrido el 15 de abril y 18 de julio, ambos del año 2025, por lo que dada la fecha de interposición del presente arbitrio -2 de octubre de 2025- la presente acción resulta extemporánea para conocer de dichos hechos.

Séptimo: Que, en cuanto a la divulgación indebida de datos sensibles del Programa de Integración Escolar (PIE), del tenor del libelo pretensor, dichos hechos no son desarrollados por la recurrente, por lo que no existe acto respecto del cual esta Corte pueda emitir pronunciamiento.

Octavo: Que, en cuanto a la improcedencia de la aplicación de la Ley N°21.643, dicho cuerpo normativo modificó el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo incorporando lo siguiente: “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que, para efectos de este Código, implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo. Son contrarias a lo anterior, entre otras conductas, las siguientes: c) La violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros.”

Del tenor de la norma anteriormente descrita aparece claramente que no hay una aplicación incorrecta de la Ley Karin, ya que es la norma referida la que obliga al empleador a adoptar medidas que velen por un trato libre de violencia, incluyendo en ello las agresiones que realicen, inclusive, terceros ajenos a la relación laboral, por lo que dicha norma es procedente en la especie, debiendo ser rechazada esta alegación.

Noveno: Que, finalmente, respecto de la existencia de un procedimiento que la excluyó como apoderada del establecimiento educacional, el cual habría vulnerado el debido proceso, dicha situación no se encuentra debidamente probada, sin perjuicio de que -tal como lo refirió la abogada representante del establecimiento educacional en estrados- la sanción impuesta perdió oportunidad ya que regía solo durante el año escolar 2025, el cual finalizó.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Colegio Sagrado Corazón de Talagante.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3778-2025 Protección.