nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO Y OTRO

San Miguel, cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 27 de junio de 2024, comparece Juan Carlos Muñoz Torres, abogado, en representación de nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo, representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, representada por nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Interna N°27 de la Corporación Municipal de San José de Maipo, de 06 de junio de 2024, que le impone la medida de destitución, lo que afectaría los derechos consagrados en el artículo 19 Nos. 2° y 3° de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, señala que el procedimiento sumario se inició en mérito de instrucción particular, según denuncia por supuestos actos de acoso laboral de índole sexual cometidos presuntamente por nombre reservado en contra de Ernelia Honores; según consta resolución N°23/2023 de 28 de septiembre de 2023. Indica que, inicialmente, asumió como fiscal instructora doña nombre reservado, quien incumplió sus deberes y obligaciones pues no respetó las formalidades indicadas en la Ley 18.883, toda vez que nunca citó formalmente a su representado a prestar declaración y menos procuró que prestase declaración. Esgrime que como consta en el sumario administrativo a fojas 29, el 12 de diciembre de 2023 doña Loreto Orellana Sepúlveda citó a declarar a su representado, consignándose que se notificó personalmente el 14 del mismo mes y año. Afirma que con ello consta el primer incumplimiento de la fiscal instructora, toda vez que el artículo 133 inciso segundo de la “Ley 1883” dispone que “La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días”. Indica, además, que el 31 de diciembre de 2023 renunció como fiscal doña Loreto Orellana, nombrándose en su remplazo a don Danilo Molina Andrade. Por otra parte, señala que consta en el sumario administrativo que los testigos ofrecidos por la denunciante depusieron ante doña nombre reservado, y los testigos de su representado, ante don Danilo Molina Andrade. En tal sentido, sostiene que Contraloría General de la República ha señalado que “La falta de declaración de un inculpado no es un vicio de carácter esencial, cuando previamente se le haya citado de conformidad a las normas que regulan la materia”; y que “es responsabilidad del fiscal instructor y de la unidad jurídica del Municipio, velar por la correcta y oportuna tramitación de los procesos sumariales, hasta la vista del fiscal obligación dentro de la cual se entiende incorporada, la de dar cumplimiento a los plazos” (dictamen 27.272 del año 2006). Agrega que “[s]iguiendo con el itinerario de vulneraciones, mi representado ante el fiscal instructor don Danilo Molina Andrade, 4 meses después de iniciado el sumario administrativo, sin la presencia de actuario como Ministro de fe, que certifique lo expuesto por mi mandante” [sic]. Arguye que el fiscal antes indicado, al resolver la reposición en contra de la Resolución Interna No. 26, de 24 de mayo de 2024, argumenta dos razones “espurias” para mantener la sanción de destitución de su representado: A) indica que no se acompañaron los dictámenes de Contraloría General de la República que avalan la presentación; sin embargo, el señor fiscal instructor es quien debe estar en conocimiento de la normativa jurídica emanada de la mencionada Contraloría; B) en segundo lugar, su parte no ha reconocido ni admitido los hechos de la denuncia; lo que se prueba con el hecho que su representado el 05 de marzo de 2024, interpuso acción de tutela laboral ante el Juzgado del Trabajo de Puente Alto, causa rol T-30-2024, debido a que el sumario en su contra es un acto de vulneración de integridad como trabajador. Además, esgrime que el sumario incoado se encuentra viciado, toda vez que según lo dispone el Estatuto Docente en el artículo 145, sólo el alcalde puede iniciar un sumario en contra de un profesional de la Educación, como, asimismo, afinarlo; es decir, la máxima sanción de destitución debe provenir del Alcalde, en el marco del ejercicio punitivo, según lo dispone el principio de probidad administrativa.

Refiere afectación a los principios del derecho administrativo sancionador, principios de culpabilidad y de proporcionalidad, y afectación a las garantías consagradas en el artículo 19 Nos. 2° y 3° de la Carta Fundamental. Al efecto, cita la sentencia rol 244, de 26 de agosto de 1996, del Tribunal Constitucional, en la que se sostiene que: “[...] los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política de la República han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado”. En este sentido, aduce que en el proceso sumarial y en la Resolución Interna N°27 de la Corporación Municipal de San José de Maipo, de 06 de junio de 2024, no se ponderó los principios que rigen el Derecho Administrativo sancionador, afectando el principio de culpabilidad, el que indica que no se puede sancionar a la persona cuando ésta no ha actuado en forma dolosa o culposa, lo que se funda en la Constitución Política de la República, que prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal (artículo 19 N° 3 inciso séptimo). Por otra parte, manifiesta que el Tribunal Constitucional da por supuesta la culpabilidad como un elemento para configurar la responsabilidad administrativa, vinculada estrechamente con la presunción de inocencia. Anota que en la sentencia rol 1.518, de 2010, el Tribunal Constitucional sostiene que una pena privativa de libertad exige determinar la culpabilidad del sujeto, cuestionando las presunciones de culpabilidad como un atentado a la presunción de inocencia. Así las cosas, indica que para que exista culpabilidad se debe exigir la reprochabilidad de la conducta; y, además, para determinar la magnitud de la sanción, se debe considerar la certeza absoluta del dolo o culpa del infractor. Asevera que lo anterior no consta en el proceso sumarial ni en la Resolución Interna N°27 de la Corporación Municipal de San José de Maipo, de 06 de junio de 2024, debido a que no se ponderó conforme a este principio la sanción que se impuso, ya que se ordenó la destitución en un sumario que no fue accionado por la autoridad que corresponde, y que dio por acreditada una denuncia de índole sexual, únicamente a través de la declaración de testigos y declaraciones indagatorias (todos viciados), sin recurrir a prueba pericial, informes médicos, psiquiátricos y sicológicos.

Finalmente, pide que se deje sin efecto la Resolución Interna N°27 de la Corporación Municipal de San José de Maipo, de 06 de junio de 2024; se restablezca el imperio del Derecho y se otorgue la debida protección al afectado, lo que se traduce en que: 1) se ordene que la sanción de destitución impuesta fue desproporcionada y se le reintegre a sus funciones, ya que no existió infracción al principio de probidad; 2) además y/o en subsidio de lo anterior, se adopte la o las otras medidas que la Corte estime a fin de restablecer el imperio del derecho y se le otorgue la debida protección; y 3) se ordene el pago de las costas del recurso.

Acompaña copia del sumario administrativo.

El 03 de julio de 2024, cumpliendo lo ordenado por la Corte, el recurrente acompaña la Resolución Interna N°27 de la Corporación Municipal de San José de Maipo, de 06 de junio de 2024, y añade que el 31 de mayo de 2024 interpuso el recurso de reposición establecido en el artículo 139 de la Ley 18.883; y que no recurrió ante la Contraloría General de la República de conformidad al artículo 156 de la Ley 18.883.

Segundo: Que, al evacuar el informe, Felipe Guerra Pérez, en representación legal de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo, hace presente, en primer lugar, que las mismas alegaciones realizadas por el recurrente se encuentran, en parte, siendo analizadas por el Tribunal del Trabajo de Puente Alto en procedimiento de tutela laboral caratulado “nombre reservado con Corporación Municipal de San José de Maipo”, rol T-30-2024, el que se encuentra pendiente por cuanto aún no se realiza la última de las audiencias de juicio, razón por la cual cualquiera que fuere el resultado de dicho juicio repercutirá en estos autos o viceversa, razón por la cual esta Corte debiera abstenerse de conocer los hechos denunciados.

Sin perjuicio de lo señalado, evacua el informe solicitado, expresando que el actor ingresó a prestar servicios para su representada el año 2010 ejerciendo distintas funciones, siendo la última de ellas la de director subrogante de la escuela de San Alfonso. Indica que el recurrente fue destituido de su cargo luego de ser sancionado por conductas de acoso sexual que fueran denunciadas y reveladas a partir de un sumario administrativo que se abrió oportunamente y que fuera resuelto definitivamente el 06 de junio de 2024, cuestión que fue objeto de un recurso que fue desestimado. Aduce que el procedimiento sumarial fue instruido por el secretario general de la Corporación, don nombre reservado, de acuerdo a las facultades que se le otorgan por el directorio de la referida corporación pues es él la máxima autoridad administrativa de tal ente de derecho privado, el que si bien cuenta con un directorio, dicha instancia no cuenta con facultades disciplinarias. Esgrime que el recurrente tuvo conocimiento en todo momento de la existencia del sumario pues fue objeto de una medida provisoria de suspensión de sus funciones con pago de remuneraciones y beneficios, medida que cumplió durante el tiempo que se mantuvo vigente el sumario. Hace presente, además, que el recurrente fue notificado en más de una oportunidad por los fiscales que instruyeron el referido sumario, citaciones que fueron omitidas por el actor sin causa legal que justificara sus inasistencias; aun así y luego de formulados los cargos, se apersonó al sumario formulando sus descargos e incluso aportó antecedentes, declaró ante el fiscal y entregó algunas pruebas, descargos y medios probatorios que no lograron desvirtuar lo cargos, imponiéndose, en definitiva, la sanción de destitución. Arguye que de la lectura del recurso incoado, se puede advertir la disconformidad del actor con la medida aplicada; sin embargo, no es posible encontrar cuáles son sus argumentos para que se declare como ilegal o arbitraria la aplicación de la sanción, pues por una parte dice que el proceso sumarial cuenta con vicios de forma que alteraron el procedimiento, pero por otro lado, reconoce que pudo realizar sus descargos e incluso aportar pruebas en la etapa de formulación de cargos. Agrega que el mismo abogado del recurrente, fue quien concurrió ante el fiscal instructor en más de una oportunidad presentando distintos escritos y medios probatorios e incluso solicitó plazo para evacuar los descargos, sin que hiciera valer los eventuales vicios que podrían haber afectado una adecuada defensa. En cuanto a los argumentos de derecho expuestos por el recurrente, señala que llama la atención que alegue que la resolución recurrida afecte las garantías de los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin que exista una clara identificación de cómo dichas garantías habrían sido vulneradas por su representada, puesto que no se puede observar una concatenación de hechos que permita vislumbrar una vulneración como la que se denuncia. Asevera que la garantía del artículo 19 N° 2 se ha respetado, desde que su representada al tomar conocimiento del acoso laboral, dispuso un procedimiento de investigación que arrojó como resultado la responsabilidad administrativa del recurrente, cuestión que quedó acreditada en el proceso investigativo que se sustanció de acuerdo a las normas procesales que rigen la materia. Por otra parte, en cuanto a la garantía del artículo 19 N°3, afirma que no es efectivo que el recurrente haya sido víctima de una presunción penal de responsabilidad frente a los hechos investigados, ya que escapa de las atribuciones que pudiere tener el secretario general de la corporación municipal, pues de la lectura de la resolución recurrida es posible advertir que se hace efectiva la responsabilidad administrativa del funcionario de la educación que fue denunciado por acoso sexual, amparándose para ello en lo dispuesto en la letra b) del artículo 72 de la Ley 19.070, que establece la causal de cesación de funciones del profesional docente y la falta de probidad.

Acompaña copia de demanda de tutela laboral y copia del sumario administrativo.

Tercero: Que, informa nombre reservado en representación de la Contralora General de la República. En primer lugar, hace presente que el recurso no señala ni individualiza acto alguno impugnado de esa entidad contralora y que pueda producir agravio al recurrente. Indica que revisados los sistemas de tramitación documental de esa Contraloría General, no se registra el ingreso de alguna presentación del recurrente que diga relación con la materia consultada. Por los mismos fundamentos, alega, en segundo lugar, la falta de legitimación pasiva de esa entidad de control. A mayor abundamiento, argumenta que de los antecedentes consta que las alegaciones del recurrente se encuentran sometidas al conocimiento del Tribunal del Trabajo de Puente Alto, en procedimiento de tutela laboral caratulado “nombre reservado con Corporación Municipal de San José de Maipo”, rol T-30-2024, y que actualmente se encuentra pendiente de resolución.

Sin perjuicio de lo expuesto, refiere la normativa legal y jurisprudencia administrativa aplicables a las corporaciones municipales respecto a lo recurrido. Hace presente que el artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°1-3.063, de 1980, del ex Ministerio del Interior, permitió a las municipalidades que tomaran a su cargo servicios de las áreas de educación, de salud o de atención de menores, para los efectos de la administración y operación de ellos; constituir, conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con organizaciones de la comuna, interesadas en los servicios referidos, una o más personas jurídicas de derecho privado, o entregar dicha administración y operación a personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro. Añade que en virtud de dicha potestad, la Municipalidad de San José de Maipo, por medio de escritura pública de 12 de agosto de 1981, otorgada ante el notario público de Santiago don nombre reservado, constituyó la Corporación Municipal de San José de Maipo, siéndole concedida personalidad jurídica por Decreto N°1.485, de 5 de diciembre de 1981, del Ministerio de Justicia. Luego, indica que de conformidad con el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes Nos. 60.213 de 2016, 22.397 de 2017 y 460 de 2021, las normas de carácter laboral que rigen a los trabajadores que se desempeñan en los establecimientos administrados por las corporaciones municipales corresponden a la regulación del sector particular, toda vez que los empleados de dichas entidades no revisten la calidad de funcionarios públicos. En dicho contexto, aclara que la facultad de interpretar y fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral que rigen al personal que se desempeña en establecimientos educacionales administrados por las corporaciones municipales, corresponde privativamente a la Dirección del Trabajo, ya que la naturaleza jurídica de un empleo la determina la calidad del empleador y no el estatuto jurídico que regula el vínculo laboral pertinente; de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de esa Contraloría General, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos. 72.028 de 2012, 6.224 de 2014 y E303942 de 2023. Atendido lo anterior, manifiesta que en virtud de los artículos 6°, 16 inciso segundo y 25 de la Ley 10.336 y 136 de la Ley 18.695, las corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales se encuentran sujetas a la fiscalización de esa Contraloría General para los efectos de cautelar el uso y destino de sus recursos, el cumplimiento de sus fines, la regularidad de sus operaciones y hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados (dictámenes Nos. E113751 de 2021 y E235694 de 2022). Asimismo, indica que según se ha precisado en la jurisprudencia de la Contraloría, fiscalizar el cumplimiento de los fines y la regularidad de las operaciones de los organismos citados en dicho artículo 16, comprende comprobar que éstos sujeten su actuar al ordenamiento jurídico, sin que ello implique pronunciarse respecto de reclamaciones por derechos laborales, asuntos que competen a la Dirección del Trabajo. Reitera que ante esa Contraloría General no se ha presentado reclamo ni consulta alguna por parte del actor, por lo que no ha tenido intervención alguna ni ha emitido acto que diga relación con lo reclamado acerca de la aludida corporación, atendido, además, de carecer de competencia para pronunciarse sobre la materia señalada en virtud de la normativa y jurisprudencia antes anotada, por lo que pide que se desestime el recurso respecto de esa entidad contralora.

Acompaña copia de los dictámenes Nos. 72.028 de 2012, 6.224 de 2014, 60.213 de 2016, 22.397 de 2017, 32.233 de 2019, 460, E113751, E72681 y E76257 todos de 2021, E235694 de 2022 y E303942 de 2023.

Cuarto: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, anteriormente citado, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en primer término, cabe desestimar la alegación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo en orden a que esta Corte debiera abstenerse de conocer del presente recurso de protección por encontrarse en actual tramitación la causa rol T-30-2024 sobre tutela laboral ante el Juzgado del Trabajo de Puente Alto, toda vez que el ejercicio de la presente acción no impide la interposición de otras acciones que se estimen pertinentes.

Sexto: Que, en segundo lugar, como se advierte de la acción cautelar interpuesta, el recurrente no invoca ningún acto ilegal ni arbitrario que haya emanado de la Contraloría General de la República, de manera que el recurso deducido en su contra no puede prosperar.

Séptimo: Que, en la especie, el acto que se califica como ilegal y arbitrario es la Resolución Interna N°27, de 06 de junio de 2024, de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por el recurrente en contra de la Resolución Interna N°26, de 24 de mayo de 2024, y confirmó la sanción de destitución a nombre reservado.

Octavo: Que, conforme se observa de la documentación aparejada a los autos, la primera resolución sancionatoria corresponde a la N°26, de 24 de mayo de 2024, que aplicó la destitución al recurrente y término de la relación laboral, teniendo presente la gravedad que revisten los hechos probados en el sumario administrativo, lo prescrito en los artículos artículo 72 letra b) del D.F.L. N°1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, en relación con lo dispuesto en el artículo 144 letra d) de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. En la referida resolución se consideró el informe final sobre sumario administrativo, en el que el fiscal da cuenta de “hechos que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, al efectuarse actos inapropiados respecto de una docente, que devinieron, más allá de toda duda razonable, en una afectación a la esfera de derechos fundamentales, en especial su integridad física y psíquica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República…”; concluyendo que el recurrente, en su calidad de director subrogante de la Escuela San Alfonso, incurrió en actos constitutivos de acoso laboral de carácter sexual, actos que resultan vulneratorios de la esfera de derechos fundamentales de una profesional de la educación (docente) perteneciente a la comunidad educativa de la escuela básica San Alfonso RBD G-636; proponiendo la medida de destitución, establecida en el artículo 72 letra b) de la Ley 19.070, en relación con lo dispuesto en el artículo 144 letra d) de la Ley 18.883.

Por su parte, el acto recurrido, esto es, la Resolución Interna N°27 de la Corporación Municipal de San José de Maipo, de 06 de junio de 2024, rechazó la reposición que se dedujo en contra de la resolución anterior, confirmando la sanción de destitución impuesta, haciéndose cargo de los argumentos expuestos en dicho recurso. En efecto, en cuanto a la alegación que la fiscal doña Loreto Orellana Sepúlveda habría incumplido sus deberes al no citar al inculpado a declarar en la etapa indagatoria, se desecha por los siguientes motivos: en el expediente administrativo consta la citación realizada el 12 de diciembre de 2023, a la que el sumariado no asistió ni consta que haya justificado su inasistencia; en el escrito de reposición el propio sumariado reconoce la existencia de dicha citación; el fiscal don Danilo Molina Andrade citó al sumariado el 20 de febrero de 2024, citación a la que no asistió ni consta que haya justificado su inasistencia; consta en el expediente declaración del recurrente el día 23 de abril de 2024. Respecto del argumento que la fiscal no habría actuado con la debida objetividad, se rechaza porque a fojas 29 del expediente administrativo consta una citación a declarar para el día 18 de diciembre de 2023; y porque la declaración del recurrente y de sus testigos fue valorada por el fiscal. En lo que concierne a la alegación relativa al incumplimiento del plazo establecido en el artículo 133 inciso segundo de la Ley 18.883, se rechaza porque el retraso está justificado en una serie de factores, a saber, el propio inculpado no se presentó en dos oportunidades a prestar declaración; la renuncia de la primera fiscal a cargo y la solicitud de ampliación de plazo para presentar descargos y medios de prueba (fojas 52), ampliándose el plazo a veinte días hábiles; porque el denunciado no alegó anteriormente el vicio en comento durante la substanciación del proceso; y lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 18.883. En cuanto a los dictámenes 27.272 del año 2006, 47.766 de 2010, 11915 de 2011 y 13576 de 2013 de la Contraloría General de la República, no se tienen presente por no haberse acompañado. Respecto del argumento que la prueba testimonial de la denunciante no fue tomada por el fiscal a cargo del procedimiento, se rechaza porque en el expediente consta la declaración de la denunciante; quien no volvió a ser citada a declarar para no exponerla a una doble victimización. En lo que atañe a la alegación de una supuesta predisposición a ponderar de mejor forma la prueba de la denunciante, se desestima porque no se condice con lo que consta en el expediente e informe o vista fiscal, donde se pondera de forma objetiva tanto la prueba del denunciado como la de la denunciante. En relación a la alegación que los cargos no son objetivos ni fundados, se rechaza toda vez que en el expediente consta la formulación de cargos e informe final, que establece cuáles fueron los cargos probados en el sumario. En cuanto a la alegación de vulneración de las garantías procesales, se desestima porque consta en el expediente que se le otorgó al denunciado todas las garantías para ejercer su derecho a defensa. Respecto a la alegación de desproporción en la aplicación de la medida de destitución al contar el inculpado con irreprochable conducta anterior, tiene presente que los hechos que lograron acreditarse a través del sumario administrativo seguido en contra del recurrente, revisten una gravedad tal que no logra contrarrestarse con la atenuante esgrimida. En cuanto al argumento de ser víctima de discriminación al hacerse “vista gorda de los escritos presentados”, se refuta con el expediente administrativo donde consta que se otorgaron las debidas garantías al sumariado para que elaborara y expusiera su defensa. Respecto del argumento que el fiscal habría infringido garantías procesales al celebrar diligencias probatorias sin la presencia de su abogado y sin la presencia de actuario, se refuta con la grabación de declaración del inculpado quien manifiesta estar de acuerdo con la inasistencia de su abogado y de la actuaria de autos, quien no contaba con reemplazo para asistir a la diligencia.

Noveno: Que, no existe controversia que el recurrente se desempeñaba como profesional sujeto al Estatuto Docente, al encontrarse adscrito como director subrogante a un establecimiento educacional dependiente de la corporación recurrida.

El Estatuto Docente, contenido en la Ley 19.070, establece una distinción entre aquellos docentes que se desempeñan en el ámbito público del privado, los primeros, que es el caso del recurrente, quien se desempeñaba en el sector municipal, se encuentran afectos al régimen estatutario docente y sólo supletoriamente al Código del Trabajo y sus leyes complementarias, conforme lo prescribe su artículo 71, lo que denota una naturaleza sui generis, al tratarse de una vinculación a la que se le reconocen matices y aspectos del derecho laboral, pero que pertenece al ámbito de lo público; por ejemplo, al reconocerse que son sujetos de responsabilidad de naturaleza administrativa, lo que justifica la circunstancia de haberse iniciado un procedimiento disciplinario en contra del recurrente.

En efecto, la Ley 19.070 consagra un sistema relativo al “término de la relación laboral” frente a ciertas circunstancias disciplinarias, contenido en su artículo 72, que dispone: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales…”, incluyendo entre otras: a) renuncia voluntaria; b) falta de probidad, conducta inmoral; c) incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función. En lo que concierne al mencionado literal b), se trata de una situación en la que se establece como procedimiento para acreditar la concurrencia de dicha causal de término de la relación laboral, la investigación disciplinaria del estatuto funcionario, indicándose que la falta de probidad y conducta inmoral, deben ser “establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.”, agregando que “[e]n el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor”.

De este modo, se observa que en el caso de los profesionales de la educación sujetos al Estatuto, este último contempla dos causales de desvinculación por conducta del trabajador, cuyo fundamento es asimilable a la responsabilidad disciplinaria del docente, y estas son las contenidas en los literales b) y c) del referido texto; y, que en relación a la primera causal mencionada se hace remisión al Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales respecto a sus artículos 127 al 143, que son las normas que regulan el procedimiento disciplinario administrativo, pero no incluye el régimen de sanciones que se ubica en el artículo 120. De esta forma, un profesional docente adscrito al sector municipal, sólo podría ser sometido al sumario que regula la Ley 18.883 por falta de probidad y conducta inmoral, y no por otras causales, y cuya conclusión, necesariamente, deberá terminar o en su absolución o su destitución, sin existir sanciones de intensidad intermedia, no siendo posible hacerle extensivas otras regulaciones sancionatorias.

Décimo: Que, en este contexto, las normas del sumario administrativo están previstas para la investigación de hechos o situaciones que eventualmente pudieren configurar una causal de destitución del funcionario. Por este motivo, el acto terminal de un sumario consiste en la recomendación (dictamen) que el fiscal instructor puede hacer a la autoridad administrativa para sobreseer o destituir.

En este sentido, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna; por el contrario, la resolución que se reclama por esta vía se enmarca en un procedimiento administrativo tramitado en forma legal, por quien tiene las facultades para hacerlo, actuando dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

En todo caso, conforme dispone el artículo 142 del referido Estatuto de los Empleados Municipales, “[l]os vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario.”, influencia que no ha sido alegada ni acreditada por el recurrente.

A mayor abundamiento, las supuestas irregularidades invocadas en el presente recurso de protección, también fueron esgrimidas en el de reposición ante la autoridad administrativa, quien se hizo cargo de ellas fundadamente tanto en los hechos como en el derecho, descartándolas, cumpliendo los requisitos de los artículos 11 inciso segundo y 41 de la Ley 19.880, sobre procedimientos administrativos. Al efecto, cabe tener presente que el recurso de protección no constituye una instancia de apelación de las decisiones que la autoridad administrativa adopta en el ejercicio de su facultad disciplinaria, sino solamente de revisión de la eventual ilegalidad o arbitrariedad que pudiese afectarlas, a fin de adoptar las medidas urgentes que aparecieren necesarias en caso de constatarse tales contravenciones y el impedimento o restricción que ello significa para el libre ejercicio de las garantías fundamentales protegidas por esta vía.

Undécimo: Que, en consecuencia, por no ser ilegal ni arbitrario el acto reclamado, debe rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a la vulneración de los derechos fundamentales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo y de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González nombre reservado.

N° 3760-2024 Protección.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señora nombre reservado. Catalina González nombre reservado y señora nombre reservado.