nombre reservado con COLEGIO SANTA MONICA LIMITADA

San Miguel, once de enero de dos mil veinticuatro.

Al folio 17: Téngase presente.

Al folio 18: En atención a lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 198 del Código Orgánico de Tribunales.

Al folio 19: En atención a lo dispuesto en los incisos 2° del artículo 198 del Código Orgánico de Tribunales, no ha lugar por extemporáneo.

Vistos:

Primero: Que el abogado Pedro Díaz Belmar interpone recurso de protección en representación de doña nombre reservado, esta última a su vez en representación de su hija menor de edad nombre reservado, en contra del Establecimiento Educacional Colegio Santa Mónica Ltda., representado legalmente por don nombre reservado, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no resguardar diligentemente a la recurrente frente a actos de hostigamiento y discriminación de la que fue víctima, lo que perturba e infringe sus derechos asegurados en el artículo 19 N° 1, 4 y 10 de la Constitución Política de la República.

Expone que la alumna tiene 14 años y cursa 1° medio en la institución educativa recurrida, siendo parte de esta comunidad educativa desde el año 2011.

Explica que la alumna desde agosto de 2022 a la fecha ha sido objeto de situaciones de exclusión social, hostigamiento y bullying por parte algunos alumnos del curso y que durante el año 2023 un grupo dominante del curso de aproximadamente 12 alumnos han generado hechos de acoso y de exclusión, que han sido continuos, recurrentes y sistemáticos, en especial de un grupo de alumnas que menciona.

Agrega que bajo la lógica de respetar los conductos regulares, los padres de la alumna han hecho partícipe al colegio mediante la interposición de las respectivas denuncias, solicitando la aplicación de las intervenciones necesarias y la activación del protocolo de convivencia escolar del establecimiento, sin obtener el apoyo ni el resguardo a la integridad emocional y psicológica de la adolescente en forma oportuna y eficiente.

Detalla los hechos vulneradores, los que se resumen primeramente en un conflicto que comenzó el año 2022, en el contexto de un trabajo escolar del cual la alumna no pudo participar por duelo familiar, lo que generó un quiebre con su grupo de estudio, a lo que se agrega otra diferencia ocurrida en enero de 2023 con ocasión de una salida al parque de atracciones “Fantasilandia” y, finalmente, durante el año 2023, con ocasión de una actividad del curso para reunir dinero en el cual parte del curso decidió cambiar la locación de dicho evento –a realizarse en la casa de la recurrente-, por otro lugar acordado, lo que conllevo un último quiebre y percepción de rechazo hacia la recurrente. Complementa esto último, indicando que la decisión de cambio de locación se le hizo a la alumna de forma agresiva en el patio del colegio.

Agrega que en este contexto y debido a la afectación en la alumna, los apoderados procedieron a denunciar estos actos de acoso y exclusión a la dirección del colegio, información que significó una reunión de curso irregular orquestada por una profesora, en la cual el resto de compañeros encaró y opinó en contra de la recurrente, todo bajo la presencia de la pedagoga.

Alega que estos hechos dieron pie a que los padres y la alumna fueran entrevistados por la encargada de convivencia escolar, a quién se solicitó la apertura del respectivo procedimiento y aplicación del protocolo de convivencia escolar, instancia en la cual se restó importancia a la denuncia y la situación de la alumna. Agrega que en octubre de 2023 los apoderados insisten con su pretensión de investigación y sanción de los hechos, indicándoseles por el director e inspector general que los hechos investigados no revisten mayor gravedad ni tampoco constituyen bullying, acoso ni violencia social y que, por tal, no son susceptibles de ser sancionados o reprendidos, afirmando que la investigación se encontraba agotada y que el caso se cerraría. Sobre esto último, indica haber solicitado copia de todos los antecedentes recopilados y copia de las filmaciones de video del patio del colegio, los que nunca fueron entregados a los apoderados.

Por otra parte, arguye que estos hechos generaron afectación emocional en la alumna, lo que generó ausencias a clases y se ventiló la posibilidad de cerrar anticipadamente su año escolar, lo que no se llevó a cabo por la falta de algunas notas y porque los apoderados no estuvieron de acuerdo con el calendario de pruebas otorgado por el colegio, motivo por el cual deciden reintegrar a alumna a partir del 19 de octubre de 2023. Sin embargo, alega que el colegio no tomó los resguardos necesarios para que esta vuelta a clases se realizara en condiciones de seguridad para la alumna, lo que provocó un último episodio de descompensación y cuadro de angustia, instancia en la cual fue objeto de burlas por las alumnas que lideran estos actos de acoso, hechos nuevamente denunciados al colegio y que no implicaron una reacción oportuna y eficiente.

Hace presente que debido a esta actitud pasiva del colegio, se interpuso reclamo ante la Superintendencia de Educación el 2 de octubre de 2023, a fin de revisar y eventualmente sancionar el actuar del colegio, abriéndose el correspondiente procedimiento de fiscalización, el que se encuentra aún pendiente Afirma que estos actos y omisiones ilegales y arbitrarias lesionan los derechos a la integridad psíquica de la alumna, así como su derecho al respeto a su honra y a adecuarse en un ambiente seguro.

Finaliza haciendo presente que, dada todas estas circunstancias finalmente los padres optaron por retirar a la alumna del citado colegio, sin perjuicio de lo cual pide acoger el recurso, ordenando al recurrido a realizar las gestiones necesarias para aclarar quienes fueron los responsables de los abusos de los que fue víctima Amanda y que adopte las medidas necesarias para sancionar a los responsables y para que hechos como este no vuelvan a ocurrir dentro de la comunidad escolar y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa don nombre reservado, en representación del Colegio Santa Mónica Ltda., solicitando el rechazo de la acción.

Indica que, con ocasión de la denuncia interpuesta por la apoderada de la alumna de marras, durante el mes de agosto de 2023 se entrevistó a ambos padres, quienes dieron cuenta de los hechos denunciados y su contexto, decidiéndose derivar el caso al equipo de convivencia escolar, además de pedir informes al profesor jefe y profesores de asignatura, aplicando el protocolo interno de convivencia escolar al caso. Agrega que del mérito de todos estos informes evacuados, no se pudo determinar una dinámica recurrente de acoso o exclusión de la alumna de autos, más allá de algunos conflictos propios del rango etario del grupo escolar, descartando estar en presencia de actos de bullyng al interior del curso.

Aclara que, sin perjuicio de este diagnóstico y determinación inicial, se instruyó a la profesora jefe para los efectos de estar pendiente ante cualquier evento y comunicarlo a convivencia escolar, además se recomendó derivar a la alumna para que iniciará proceso de contención con la psicóloga del colegio; decisión de la cual los padres no estuvieron conformes volviendo a esgrimir los hechos ya conocidos. Agrega que a pesar de no aportarse nuevos antecedentes, el establecimiento instruyó al profesor nombre reservado, coordinador de ciclo, para establecer un plan de intervención preventiva al interior de la sala de clases, con el objeto de determinar si se cumplían las horas pedagógicas efectivamente realizadas y que éstas no fueran utilizadas con otros fines.

Continúa, indicando que los padres nuevamente efectuaron presentaciones al colegio reiterando los mismos hechos denunciados, algunos sucedidos fuera de contexto escolar, sin aportar nuevos antecedentes de los ya conocidos, o señalando hechos que no se pueden catalogar como bullyng escolar.

Por otra parte, hace presente que la apoderada recurrente tomó una actitud confrontacional con los miembros del establecimiento, oponiéndose y cuestionando todas las sugerencias y planes de acción en materia de convivencia escolar, pretendiendo sólo sanciones para quienes sindicaba como responsables de los hechos que afectan a su hija, además de enfrentarse con otros apoderados por exponer a los demás alumnos en grupos de WhatsApp del curso destinados a informar y coordinar las distintas actividades en que participan los restantes apoderados, cuestión de la cual constan cartas de reclamo dirigidas a esa dirección.

En suma, niega las acusaciones del libelo indicando que el personal del colegio está calificado para enfrentar las situaciones que se puedan presentar en el área de convivencia escolar y que, además, todas las denuncias interpuestas por la recurrente fueron consideradas e indagadas, de manera que se tomaron las medidas para apoyar a la alumna, motivo por el cual alega la inexistencia de actos u omisiones ilegales y arbitrarias de parte del colegio, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que informa doña nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Educación.

Indica que en su función fiscalizadora de los artículos 48 y 49 de la Ley 20.529, y normativa aplicable para casos en que se ven comprometidos los derechos de los alumnos y el resguardo de la buena convivencia escolar, esa Superintendencia recibió el 2 de octubre de 2023 una denuncia en contra del establecimiento educacional recurrido bajo la temática “Maltrato entre estudiantes”, solicitando a su director un informe con todos los antecedentes que especifica, lo que fue respondido en tiempo y forma, encontrándose actualmente el caso en análisis por parte de la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la Región Metropolitana, la que determinará si existen o no infracciones a la normativa del ramo, lo que puede implicar el cierre de la carpeta o la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio conforme al párrafo 5° de la Ley 20.529.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, según se desprende de los antecedentes, los hechos en que se funda el recurso de protección no constituyen actuaciones u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren las garantías que se indican como conculcadas, toda vez que únicamente se refiere a circunstancias genéricas que habrían afectado a la hija de la recurrente supuestamente cometidas por sus pares en el establecimiento educacional al que asistía; en efecto, en el libelo no se explican de manera detallada en que consistieron tales conductas.

Tampoco se constata que el establecimiento recurrido haya incurrido en la inactividad que se le reprocha, desde que éste informó haber adoptado las medidas correspondientes conforme a los protocolos existentes para tales situaciones, en orden a determinar en primer término la existencia o no de conductas abusivas por parte de terceros respecto de la estudiante nombre reservado, circunstancias que conllevan a desestimar el presente recurso.

Séptimo: Que a mayor abundamiento, conforme la propia recurrente indica, en la actualidad la alumna mencionada fue retirada del establecimiento educacional recurrido, por lo que no existe a su respecto alguna medida que esta Corte pudiese adoptar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Establecimiento Educacional Colegio Santa Mónica Ltda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 3753-2023-Protección