nombre reservado CONTRA nombre reservado CON nombre reservado

En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil diecinueve.

Vistos:

Que, a fojas 5, don nombre reservado, entrenador profesional de futbol, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, miembros del Directorio del Club Social y Deportivo Defensor Boroa, todos domiciliados en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en razón de los hechos que pasa a exponer.

Relata que el 6 de junio del año último fue notificado por don nombre reservado de su desvinculación del Club Deportivo Defensor Boroa, por haber utilizado un timbre no autorizado perteneciente al Club, en una carta de apelación enviada a la Comisión de Disciplina de la “Liga Dávila”, siendo acusado, además, de haber falsificado la firma del jugador del Club nombre reservado, negando el recurrente ambas imputaciones.

Expresa que el obrar de los recurridos importa una vulneración de sus derechos constitucionales establecidos en los numerales 2° y 3º del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental y de la presunción de inocencia que le favorece. Añade, que los recurridos ventilaron la situación relatada en redes sociales como “whatsapp”, cuestión que afecta su honorabilidad.

Explica que lo que realmente ocurrió fue que al presentar la apelación en favor del jugador antes referido y con autorización de este último, él estampó los datos personales del jugador incluyendo una letra “A” entre paréntesis para indicar que los insertaba con anuencia de aquél, reiterando que jamás falsificó la firma. En cuanto al uso del timbre, aclara que éste siempre ha existido y que lo usó a petición de un miembro de la Comisión de Disciplina al presentar el recurso en favor del señor nombre reservado, quien había sido injustamente castigado por esa instancia.

Añade que el Directorio carece de legalidad, pues ante la Municipalidad el Club Deportivo se encuentra acéfalo desde el año 2005.

Finalmente requiere que se le reincorpore a la institución, que mediante los mismos medios utilizados para comunicar su expulsión se anuncie su reintegro al Club y que se apliquen sanciones a los recurridos.

Que a fojas 63, 100 y 129, informan en idénticos términos y al tenor del recurso los recurridos nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, señalado que don nombre reservado es el Director del Club Deportivo Defensor Boroa, calidad en la que el 6 de junio pasado entregó al recurrente en su lugar de trabajo una carta notificándole su desvinculación del Club, por carecer del derecho de mandar una apelación al Comité de Disciplina, según los estatutos del Club, por haber cometido irregularidades en relación a aquello y por no haber acatado el castigo impuesto por la Comisión al jugador nombre reservado.

Señalan que al haber presentado de propia iniciativa la apelación en cuestión, el recurrente pasó a llevar a la directiva del Club usando un timbre no autorizado. Respecto a la carta, aclara que además en la misma no aparece la firma del jugador y que el recurrente carece de legitimación activa para deducir una apelación porque no forma parte de la directiva.

Niega que la directiva del Club se encuentre acéfala desde 2005, ya que aquél aparece en la nómina de organizaciones y dirigentes habilitados para participar en la elección del Consejo Comunal, Decreto Nº 7808 de 1 de junio de 2016, en el que figura la integración del Directorio.

Reclama que el recurso no indica claramente la vulneración de derechos que denuncia, los que son enumerados de manera taxativa por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Requieren el rechazo de la presente acción con costas.

Que, con fecha 10 de septiembre recién pasado se prescindió del informe de los recurridos nombre reservado y nombre reservado.

Que, a fojas 179, informa al tenor del recurso el Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur quien adjunta el reglamento de dicha institución e indica que el “Club Defensor Boroa” presentó una solicitud de afiliación reciente, el 1 de octubre de 2018, que debe ser revisada y registrada una vez que se analicen los antecedentes, lo que a la fecha del informe no ha acontecido.

Que a su vez, a fojas 187, informa al tenor del mismo, la Ministra del Deporte, quien señala que el Directorio del Club Social y Deportivo Defensor Boroa no se encuentra en los catastros de la Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes de Chile, por lo cual, no cuenta con la información solicitada ni tiene supervigilancia ni fiscalización sobre dicho club.

Que por resolución del pasado trece de noviembre de dos mil dieciocho, se dispuso adicionalmente, que el árbitro que impuso la sanción de expulsión en el primer partido amistoso informara sobre tal medida y a la Comisión de Disciplina de la Liga Dávila, a fin de que complementara su informe, quienes no cumplieron con lo ordenado, de modo que por resolución de ocho de enero del año en curso, se prescindió de tales informes.

Que de otro lado, por resolución de veintidós de agosto pasado se ordenó que la presente causa fuera vista de manera conjunta con el nombre reservado° 3741-2018-PRO, que incide en materias similares, a fin de evitar decisiones contradictorias, de modo que se dispuso su agregación en la tabla, una en pos de otra.

Que, por resolución del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se dispuso la agregación extraordinaria de estos autos a la tabla agregada del día martes veintidós de enero, procediéndose a su vista en dicha audiencia, sin que las partes comparecieran a alegar.

Considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho, y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión, arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

nombre reservado: Que para los efectos de proceder a la acertada resolución de la acción constitucional deducida, es preciso dejar establecido que tanto del recurso como de las presentaciones de la recurrente, aparece que el acto contra el cual se interpone el recurso, y que el actor considera arbitrario e ilegal, es la resolución del Directorio del Club Social y Deportivo Defensor Boroa, de fecha 6 de junio de 2018, por la cual se dispuso la desvinculación del recurrente tanto en lo relativo a su calidad de jugador como a la de socio, basada en las infracciones gravísimas que se han imputado al recurrente en el proceso vinculado a la apelación contra la sanción impuesta al jugador del club señor nombre reservado.

TERCERO: Que más allá del análisis de fondo que pueda formularse en torno al procedimiento seguido para determinar la veracidad de las acusaciones vertidas contra el recurrente y de los efectos que sus actos puedan haber causado respecto del club deportivo del cual formaba parte, en lo relativo a la medida de expulsión del recurrente formalizada a través del acto impugnado, resulta indispensable distinguir entre las calidades de jugador o entrenador de un equipo de fútbol y la de socio de la organización comunitaria funcional, pues aquella distinción pone en evidencia el procedimiento y normativa aplicable para la imposición de una sanción como la reclamada. En este sentido, es elemental tener en consideración que esta acción constitucional, no constituye en caso alguno, una instancia que permita efectuar un análisis de mérito de la conducta imputada al recurrente y/o al recurrido, sino que en cambio, lo que debe ser tutelado por esta Corte, es el respeto de las garantías fundamentales en los procedimientos aplicados para arribar al acto que se impugna.

CUARTO: Que de este modo, en relación a la calidad de jugador o entrenador de un equipo de fútbol amateur, parece posible formular diversos enfoques, los que evidentemente conducen a un análisis de fondo, en torno a la naturaleza jurídica de ese tipo de relaciones, las que podrían enmarcarse en lo laboral o en lo civil, según se resuelva, pero que excede sin lugar a dudas, el marco de una acción cautelar.

Pero en lo tocante a la calidad de socio, y en especial, en torno a la expulsión de un socio de una organización comunitaria, que aparece como indispensable controlar la legalidad de aquella decisión, asunto que si parece susceptible de ser revisado por esta vía.

QUINTO: Que en este sentido, debe tenerse presente que organizaciones como un club social y deportivo encuentran su marco regulatorio, en el título XXXIII del libro I del Código Civil y la ley N°20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana, pero especialmente, en sus estatutos, las que son fiscalizadas y reguladas por la autoridad competente, de manera que para verificar la legalidad de la expulsión del recurrente, es indispensable su lectura a la luz de las normas estatutarias pertinentes.

SEXTO: Que, en este sentido, el artículo 11 de los estatutos del Club Social y Deportivo Defensor Boroa, dispone las formas en las cuales se puede perder la calidad de socio, considerando además de las evidentes y tradicionales, como la renuncia y la muerte del socio, la inasistencia a asambleas, o las de intentar lucrar con los fondos de la organización o valerse de un cargo para ejercer actividades políticas; la de expulsión, regulada en la letra d) de dicha norma, que establece que se pierde tal calidad, “por exclusión acordada en asamblea extraordinaria por los dos tercios de los miembros presentes, fundada en infracción grave de los estatutos, de las normas de la ley N° 19.410, o de sus obligaciones como socio de la organización”. Señala la norma referida que, el acuerdo de exclusión será precedido de la investigación correspondiente, con audiencia previa del afectado a fin de que se reciban sus descargos.

En el mismo sentido, el artículo 553 del Código Civil, establece que la potestad disciplinaria, en este tipo de organizaciones, debe ejercerse a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo similar, que ejercerá tales facultades mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados, lo que constituye el principio de legalidad del órgano jurisdiccional de cada corporación.

SEPTIMO: Que dicho lo anterior, y revisados los antecedentes, especialmente la resolución impugnada, y sin que ello implique en modo alguno entrar a una revisión de fondo de la investigación llevada a cabo en dicho proceso, queda en evidencia, a juicio de estos sentenciadores, que en dicho procedimiento la Directiva del Club Social y Deportivo Defensor Boroa, incurrió en irregularidades que saltan a la luz de manera palmaria, de su mera lectura.

En efecto, la resolución que decreta la expulsión de nombre reservado de su calidad de socio, impone dicha sanción sin que haya dado cumplimiento al procedimiento que los propios estatutos contemplan.

Es así, como junto con notificarle la medida de expulsión, se reconoce que no ha existido una asamblea extraordinaria de asociados citada al efecto, así como la falta de audiencia previa del afectado, pues se impone la sanción y se le hace ver que podrá hacer llegar su descargo a una asamblea que se publicará a la brevedad; es decir, se admite que la decisión fue tomada antes de llevar a cabo la asamblea y sin oír al afectado, lo que importa una infracción básica a las reglas de un justo y racional procedimiento.

OCTAVO: Que si bien estas infracciones a reglas procedimentales, podrían ser desestimadas en razón de la gravedad de las infracciones atribuidas al recurrente, vistas a la luz de lo resuelto y sobre todo, atendido que privan a lo decidido de fundamento, asumen otro valor que afecta, evidentemente, el acto impugnado.

En efecto, la exigencia en torno a la existencia de fundamento, si bien no puede llevar al extremo de exigir un rigor propio de una sentencia judicial, permite al menos, requerir de la fundamentación suficiente que permita al recurrente, y a toda persona, entender la razón de lo resuelto. Más aún cuando se trata de una sanción tan gravosa como la impuesta al afectado.

Tampoco se trata de realizar un juicio de mérito a la sanción impuesta, pues ello implicaría sustituir al organismo disciplinario competente, lo que excedería los límites de la acción constitucional de protección; pero en lo que aquí interesa, el acto atribuido a la parte recurrida, claramente resulta arbitrario, en tanto carente de fundamento, de manera que vulnera el derecho fundamental del recurrente, desde que se le ha aplicado la sanción más gravosa del estatuto, esto es, la exclusión de su calidad de socio, sin que exista una fundamentación suficiente y razonable que la justifique, dando así un trato diferente, no igualitario o injusto, que lo deja en la indefensión, lo que agravado por las infracciones procedimentales referidas previamente, le privan del derecho a un debido proceso.

NOVENO: Que en este sentido, la sanción tampoco ha sido impuesta por una autoridad competente, ni en el marco del ejercicio de sus atribuciones, por lo que no puede ser considerada como legal, ni puede obviarse que la resolución que la impone adolece de serios defectos formales de fundamentación, las que reflejan los vicios procesales ya denunciados, arribando a una decisión que no se explica de manera lógica, ni se explican las razones ni consideraciones por las cuales impuso una sanción de esa extensión.

En efecto, la exigencia de que toda sanción devenga de un proceso previo legalmente tramitado, no puede limitarse únicamente al cumplimiento de meras formalidades, sino que debe ser analizada al tenor del contenido de los actos procesales que se impugnan. En este sentido, en el caso de autos, las infracciones procesales detectadas, dan cuenta de un proceso que no cumple con los estándares mínimos para calificar dentro de lo que cabe exigir a un debido proceso legal, partiendo por la actuación del órgano competente, esto es, la comisión de ética, tribunal de honor u otro equivalente, considerando la falta de asamblea extraordinaria de asociados que debe tomar la determinación y por cierto, la ausencia de audiencia del afectado, que importa un flagrante infracción al principio de bilateralidad, y deja lo resuelto en manifiesta falta de fundamento.

DÉCIMO: Que como se ha venido diciendo, el trato conferido al recurrente, resulta arbitrario y discriminatorio, en tanto se le impone una sanción, por medio de una resolución que carece de fundamentos y emanada de un órgano que carece de jurisdicción para ello, de modo tal que importa una infracción a la garantía del N° 2 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, teniendo presente que la sanción le ha sido impuesta por un órgano diverso del que establece la Ley y los estatutos, dicha resolución importa una infracción a la garantía contemplada en el inciso quinto del número tercero del citado artículo 19 del texto constitucional, en tanto el recurrente ha sido juzgado por una comisión especial y no por el juzgador establecido en la ley y estatuto.

UNDECIMO: Que, en estas condiciones procede acoger la acción constitucional interpuesta, de manera que se restablezca el imperio del Derecho y se de curso a un proceso sancionatorio seguido con irrestricto apego a los estatutos, donde previa investigación del órgano competente, se cite a una asamblea extraordinaria de asociados, se oiga al afectado y se tome una decisión en torno la expulsión del socio, por los quórums legales.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en su calidad de miembros del Directorio del Club Social y Deportivo Defensor Boroa, sólo en cuanto, se deja sin efecto la resolución de exclusión de 6 de junio de 2018, debiendo procederse de acuerdo a las reglas del estatuto de la organización.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante Sr. Pablo Hales Beseler.

ROL N° 3741-2018 PROT (vista conjunta 3740-2018-PROT).

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Stella Elgarrista Álvarez, señora nombre reservado. Catalina González Torres y Abogado Integrante señor Pablo Hales Beseler.