nombre reservado CONTRA DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUENTE ALTO REPRESENTADA LEGALMENTE POR nombre reservado

17/diecisiete San Miguel, veintiséis de noviembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

PRIMERO: que a fojas 1, don nombre reservado, oficial tercero titular del Primer Juzgado nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del PRIMER JUZGADO nombre reservado, representado por la Juez Suplente tramitadora doña nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado, a fin de que esta Corte declare que deberá dejarse sin efecto el sumario administrativo incoado en su contra y en contra de dos de sus compañeros de trabajo y se proceda a archivar los antecedentes por carecer de fundamento de forma manifiesta, o en su defecto, se disponga iniciar sumario una vez individualizada la persona que envió el correo electrónico y en caso de verificarse que la denuncia fue realizada por interpósita persona, se procedan a archivar los antecedentes y ponerlos en conocimiento para los fines pertinentes.

Funda su recurso en que, con fecha 20 de octubre del presente, fue notificado por la Secretaria Subrogante del Tribunal, doña Verónica Moya Flores, del hecho que se seguía en su contra, junto con sus compañeros de labores señores nombre reservado y nombre reservado, un sumario administrativo por supuestas conductas inapropiadas dentro del Poder Judicial, tales como ostentar poder, tener trato diferenciado con la gente de la Corporación de Asistencia Judicial, trabajar con hálito alcohólico y trabajar bajo los efectos de drogas.

Indica la señora Juez, doña nombre reservado, que la investigación se inicia por disposición de la lltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual en uno de sus correos, recibió una acusación de un tal nombre reservado, del cual no se tienen mayores antecedentes y que indica ser procurador de empresas de “retail”.

Alega que, la indeterminación de la persona que hizo la acusación, genera como necesaria consecuencia la irresponsabilidad de quien hace las acusaciones, lo cual sería grave pues, de verificarse su inocencia y de sus compañeros, no tendría ninguna posibilidad de dirigirse en contra de alguien y determinar la responsabilidad de quien hace acusaciones sin individualizarse correctamente, estando en una situación de desigualdad frente a quien realiza la denuncia.

Indica que esta situación afecta su integridad psíquica, toda vez que bastaría que cualquier persona llame o envíe un correo a la l. Corte de Apelaciones de San Miguel sin identificarse y de ello derive una investigación sumaria.

Agrega que el día 20 de octubre del presente, se le entregó un oficio, solicitándosele se practicara examen de drogas, lo que, a su juicio, atenta gravemente contra su vida privada y pública, la honra de su persona y de su familia, no por el resultado del examen, sino porque una denuncia anónima genera al efecto una situación tal, que le obliga a entregar muestras de pelo, sangre y orina a fin que sean revisadas, lo que menoscabaría su integridad como persona, más aun si no tiene contra quién dirigirse al acreditar que no tiene ninguna dependencia de ese tipo de sustancias.

Así, los hechos anteriormente descritos conculcarían las garantías constitucionales contempladas en los números 1o, 2o y 4o del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; la igualdad ante la ley; y el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.

Por lo expuesto, solicita lo más arriba indicado.

SEGUNDO: Que, a fojas 7 y siguientes, con fecha doce de noviembre de los corrientes, doña nombre reservado, Juez Suplente Tramitador del Primer Juzgado nombre reservado, informa al tenor del recurso intentado en los siguientes términos:

Que los recurrentes son a esta fecha funcionarios del Primer Juzgado nombre reservado, a saber don nombre reservado es Oficial Tercero Titular, desempeñándose como redactor de proyectos de sentencias y proveedor de fondo, don nombre reservado cumpliendo funciones como Oficial Cuarto a Contrata, a cargo de la atención en el mesón de atención de público, y que don nombre reservado es Oficial Tercero Titular, también se desempeñándose como funcionario a cargo de la atención del mesón.

Indica, que el Sumario Administrativo a que hace mención el recurrente fue ordenado con fecha 30 de septiembre de 2014 por Oficio N9 1637/2014, al tenor de lo resuelto por el Tribunal Pleno de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, en sesión de fecha quince de septiembre de dos mil catorce, ello, en razón de una denuncia formulada a través de correo electrónico por un usuario que se identifica como M. Garrido, el que señala, en síntesis, que los aludidos funcionarios, darían una atención preferente a los señores postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto, en desmedro del público en general; que asimismo comentarían frecuentemente en el mesón del tribunal acerca de "carretes" y actividades similares en razón de las cuales asistirían a la jornada laboral bajo los efectos de estas fiestas, señalando del mismo modo que el denunciante ha percibido de los funcionarios mencionados hálito alcohólico, presumiendo asimismo un posible consumo de droga de parte de éstos.

Agrega que, posteriormente, con fecha tres de octubre del año en cuso, se recepcionó en el Tribunal el Oficio N91637-2014, que comunicaba la decisión en orden a instruir una Investigación Administrativa de conformidad con el Auto Acordado sobre Procedimiento para investigar responsabilidad funcionaría de jueces y funcionarios judiciales, a fin de determinar la efectividad de los hechos denunciados y la eventual responsabilidad de los funcionarios en cuestión, disponiendo además que dicha investigación debería ser sustanciada por la suscrita.

De esta manera, con fecha seis de octubre de dos mil catorce, se dio cumplimiento a lo ordenado, aperturando la Investigación Administrativa Rol 09-2014, dictando luego las primeras resoluciones, entre ellas, el tomar declaración a los tres funcionarios a quienes se menciona en el reclamo, luego de su notificación personal, la que se efectuó con fecha ocho de octubre del año en curso.

Así, con fecha trece de octubre de los corrientes declararon los señores nombre reservado, y nombre reservado, posteriormente con fecha veinte de octubre, prestó declaración don nombre reservado. Hace presente que el señor nombre reservado en su declaración solicitó la realización inmediata de exámenes de detección de uso de drogas o sustancias psicotrópicas, a fin de acreditar su absoluta inocencia respecto de las acusaciones formuladas, como también lo hizo el señor nombre reservado, argumentando en forma textual: "En relación a las drogas me ofrezco voluntariamente a practicarme cualquier examen." Manifiesta que, ante dicha petición, resolvió dar lugar al tenor de lo dispuesto por el artículo 7 del Acta 129-2007, que regula la sustanciación del procedimiento para determinar responsabilidad funcionaría de jueces y funcionarios judiciales, ya que dicha norma indica que el investigador deberá indagar y agregar al expediente tanto los antecedentes que puedan perjudicar al afectado, como los que puedan exculparlo o atenuar su responsabilidad.

En tal sentido, habiéndolo solicitado dos de los funcionarios y a fin de no soslayar la igualdad de armas entre los intervinientes, se dispuso que dicho examen fuera realizado respecto de todos los funcionarios mencionados en el reclamo, con el fin de que todos ellos puedan contar con este medio de prueba para acreditar eventualmente la falsedad de las acusaciones formuladas en su contra.

Expone que a la fecha de su informe, la investigación en comento se encuentra con diligencias pendientes, ya que atendido lo dispuesto en el artículo 10 del Acta 129-2007 de la Excma. Corte Suprema, la misma fue prorrogada por un término de 30 días, por el señor nombre reservado don nombre reservado a través de resolución de fecha cuatro de noviembre del año en curso.

Finalmente, informa que en la investigación se ha actuado con el más estricto apego a las normas legales y en uso de las atribuciones que las mismas le otorgan, todo ello dando cumplimiento a lo ordenado por esta lltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, resguardando en todo momento la debida reserva de los antecedentes, por cuya razón producto de esta investigación no se han vulnerado derechos ni garantía fundamental alguna de los tres funcionarios investigados.

TERCERO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de los recurridos un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la reclamante de protección del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, aquellos contemplados en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Al efecto, al quedar establecido que la investigación sumaria, que realmente se está desarrollando en el tribunal nombre reservado, tiene su origen en una decisión del Tribunal Pleno de esta Corte que ante la denuncia, ya referida anteriormente, respecto de la conducta funcionaria de los tres recurrentes y en uso de sus facultades, ordenó la investigación correspondiente al recurrido, quien está cumpliendo con dicho encargo.

En las condiciones indicadas, el actuar de la recurrida se ha desarrollado conforme a lo dispuesto por el tribunal superior y la investigación correspondiente se ha ajustado a las normas establecidas al respecto por la Excma, Corte Suprema en el Auto Acordado N° 129- 2007, sin que se advierta en dicha tramitación arbitrariedad alguna en perjuicio de los investigados ni éstos la han señalado, salvo en cuanto se decretaron “exámenes de drogas”, lo que si bien resulta invasivo a la persona de los afectados, ello, según lo señalado por la Sra. Jueza recurrida, se decidió a petición del recurrente Sr. nombre reservado y otro de los sometidos a esa investigación, a fin de demostrar su inocencia en cuanto a la denuncia sobre un presunto consumo de drogas, y si bien, el tribunal lo extendió al tercer involucrado señala haberlo hecho con el objeto de mantener la igualdad entre ellos, con lo que tampoco aparece arbitrariedad la adopción de esa medida.

Por lo demás, es un hecho conocido, que los funcionarios públicos deben abstenerse de consumir drogas y para resguardar esa preocupación legal (ley 20.000, entre otras), deben periódicamente los funcionarios efectuarse exámenes de drogas en forma aleatoria, con las precauciones correspondientes a fin de resguardar, en cuanto se pueda, la dignidad personal e intimidad del funcionario respectivo. Asunto que también está reglamentado especialmente para los funcionarios judiciales por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto, conforme a lo señalado por la ley 209.000 y el nuevo artículo 100 del Código Orgánico de Tribunales, reglamentación que se publicó en el Diario Oficial el 20 de abril del 2012.

QUINTO: Que de esta manera, al no haberse constatado en el caso de autos, arbitrariedad ni ilegalidad de parte de la recurrida al dar inicio a la investigación sumaria reclamada por el recurrente y decretar las correspondientes diligencias de instrucción respecto de la conducta funcionaria de los recurrentes, no podrá accederse al recurso de protección de autos.

Y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y auto acordado sobre la materia, de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 1 por don nombre reservado, por si y en representación de los Sres. nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad, devolviéndose la documentación en actual custodia.

Redacción del ministro don J. Ismael Contreras P.

N° 374-2014 – PROT.

Pronunciado por los Ministros de la Cuarta Sala Sr. nombre reservado, Sra. nombre reservado Sr. Juan Kadis Cifuentes.

San Miguel, veintiséis de noviembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.