nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH LIMITADA

San Miguel, diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio 21: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, representada legalmente por nombre reservado, por haber efectuado descuentos por planilla en su remuneración correspondientes a un crédito de consumo previamente judicializado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que habría ejercido simultáneamente la vía judicial y la deducción directa de remuneraciones sin notificación previa, vulnerando con ello su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el cese de los descuentos, la restitución de las sumas retenidas y la condena en costas.

Expone que, el 5 de agosto de 2024, suscribió un pagaré por un préstamo de consumo por $2.961.086, pactado en 60 cuotas, incorporándose cláusula de aceleración conforme al artículo 9° de la Ley N°18.010 y estipulación de descuento por planilla. Señala que, al incurrir en mora, la recurrida dedujo demanda ejecutiva ante el 2° Juzgado de Letras de Talagante, causa Rol C-1105-2024, la que culminó con sentencia favorable de abandono del procedimiento. Indica que, no obstante lo anterior, en agosto de 2025 se practicaron descuentos por $120.750 en su remuneración, sin aviso previo.

Alega que el actuar importa un doble cobro, pues al judicializar la deuda la recurrida habría renunciado al mecanismo del artículo 22 de la Ley N°18.833, no pudiendo reactivar unilateralmente la deducción directa. Argumenta que tal conducta configura abuso del derecho y enriquecimiento sin causa, contraviniendo además jurisprudencia que exige información previa al trabajador.

Sostiene que estos hechos afectan su patrimonio, privándola de parte de su remuneración sin fundamento legal vigente, configurándose una perturbación y amenaza actual a su derecho de propiedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene el cese inmediato de los descuentos, la restitución de las sumas retenidas —incluidas las que se practiquen durante la tramitación— y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, al evacuar informe, comparecen nombre reservado y nombre reservado, en representación de la recurrida Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, solicitando el rechazo íntegro del recurso, por estimarlo carente de fundamento, con expresa condena en costas.

Expone que la recurrente incurriría en una confusión respecto de los créditos involucrados, pues Coopeuch habría otorgado a la Sra. nombre reservado dos créditos de consumo distintos: uno de 31 de julio de 2019, operación N°201971194678, por $5.355.159, pagadero en 83 cuotas —82 de $120.750 y una final de $111.174—, cuyo pago se pactó y autorizó expresamente mediante descuento por planilla; y otro de 23 de marzo de 2022, operación N°202270427938, por $2.961.086, posteriormente renegociado, cuyo incumplimiento motivó un juicio ejecutivo Rol N°1105-2024, que se tramita ante el 3° Juzgado Civil de Talagante. Indica que los descuentos reclamados por $120.750 no corresponderían al crédito judicializado, sino al crédito de 2019, de manera que niega el “doble cobro” alegado por la actora.

Aduce que el recurso sería extemporáneo, por cuanto el plazo fatal de 30 debe contarse desde la ejecución del acto o desde el conocimiento cierto, y, aun aceptando la versión de la recurrente, los hechos se sitúan en agosto de 2025, mientras la acción se dedujo el 30 de septiembre de 2025, agregando que, además, los descuentos por planilla del crédito 2019 se ejecutarían desde octubre de 2019 conforme al plan de pagos, resultando ilógico sostener un conocimiento reciente.

Argumenta, luego, que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, ya que la recurrente no podría dejar sin efecto la autorización de descuento mientras no se extingan totalmente las obligaciones, invocando el inciso segundo del artículo 18 del Decreto N°43 (Reglamento sobre Información al consumidor de créditos de consumo), y, asimismo, el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios para reprochar la contradicción con su conducta anterior. Añade que Coopeuch habría respetado los límites de descuentos del artículo 58 del Código del Trabajo y, tratándose de descuentos a favor de cooperativas, los márgenes previstos en la Ley General de Cooperativas (artículos 54, 54 bis y 55), además de citar el artículo 96 del Estatuto Administrativo, señalando que las cuotas de $120.750 representarían un 22,12% de la renta informada, dentro del máximo aplicable.

Refiere, además, que la recurrente carecería de un derecho indubitado, recordando el carácter cautelar y no declarativo del recurso de protección y sosteniendo que acogerlo importaría, en los hechos, declarar la extinción de una deuda; y, por otra parte, plantea que la controversia, al darse entre socia y cooperativa, se regiría por el DFL N°5 de 2003 (Ley General de Cooperativas), que prevé justicia ordinaria en procedimiento sumario o arbitraje para disputas sobre interpretación, aplicación o cumplimiento, por lo que la acción constitucional no sería la vía idónea. En consonancia con lo anterior, sostiene que, al no existir derecho indubitado ni acto antijurídico, no habría afectación de garantías fundamentales y, en particular, no se configuraría vulneración de la propiedad.

Por estas razones, solicita que se rechace, en todas sus partes, el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, previo a resolver el fondo del asunto, corresponde pronunciarse sobre la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida. Al respecto, si bien, los descuentos cuestionados habrían comenzado en el mes de agosto de 2025, según la recurrente, y la acción se dedujo el 30 de septiembre del mismo año, debe considerarse que la naturaleza de los descuentos en las remuneraciones es de tracto sucesivo. En este sentido, la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha establecido que cuando el acto denunciado se materializa continuamente, mes a mes, el agravio se mantiene en el tiempo, motivo por el cual la alegación de extemporaneidad no puede prosperar.

Quinto: Que, en cuanto al fondo de la controversia, es necesario recordar que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías constitucionales preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable que el derecho cuya tutela se requiere tenga el carácter de indubitado, esto es, que no se encuentre sujeto a discusión o controversia jurídica entre las partes, según se desprende de la interpretación del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados, se vislumbra que existe una controversia sustancial respecto al origen y vigencia de la obligación que motiva los descuentos. Mientras la recurrente sostiene que se trata de un crédito judicializado cuya vía de cobro administrativo habría sido renunciada, la recurrida aclara que los descuentos corresponden a una operación distinta (N°201971194678, del año 2019) y no al crédito que fue objeto del juicio ejecutivo Rol C-1105-2024. Esta discrepancia sobre la identidad del crédito y la validez del mandato de descuento otorgado por la socia a la cooperativa, impide considerar que la actora sea titular de un derecho indubitado susceptible de ser protegido por esta vía.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, de los antecedentes acompañados a folio 10, aparece que los descuentos de $120.750 que la actora cuestiona, coinciden con el plan de pagos del crédito de consumo otorgado por la recurrida el 31 de julio de 2019, por un monto de $5.355.159, y no con el crédito otorgado el 5 de agosto de 2024, por el monto de $2.961.086, que fuera judicialmente demandado en la causa Rol C-1105-2024.

Octavo: Que, por consiguiente, al no verificarse la existencia de un derecho indubitado ni un acto que pueda calificarse de ilegal o arbitrario en los términos exigidos por la Constitución, el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°3733-2025 Protección