nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

CERTIFICO: Que se anunció, escuchó relación y alegó contra el recurso el abogado señor Miguel Araneda. San Miguel, 14 de agosto de 2024. Cristián Calderón Bórquez, Relator.

San Miguel, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

Al escrito de folio 17: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado interpone recurso de protección en favor de Juslene nombre reservado, de nacionalidad haitiana, contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°24281563, de 7 de junio 2024, que rechazó su solicitud de permanencia definitiva y le otorgó visación de residencia temporaria por un año, decisión que conculca su derecho al debido proceso y a la igualdad ante la Ley contemplados en el artículo 19 N°2 y N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880.

Expone que la recurrente solicitó un permiso de Residencia Definitiva el 11 de abril de 2022 y que el 9 de mayo pasado, la recurrida le otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar su certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado y apostillado, lo que cumplió el 22 de mayo acompañando un certificado de antecedentes penales en trámite emitido por la embajada de Haití en Chile el 13 de mayo 2024 y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con misma fecha, solicitando en su carta explicativa que con dicho documento se tenga por cumplido lo ordenado, atendida las dificultades políticas y sociales de su país de origen, que impiden obtener el citado documento dentro del escueto plazo otorgado por la autoridad.

Explica que el 7 de junio último fue notificada de la Resolución Exenta N°24281563, por la cual se rechazó su petición de residencia definitiva y se le otorgó una temporal por el plazo de un año, fundado en no acompañarse el documento requerido, a pesar de que acompañó el comprobante de su solicitud en trámite y la carta explicativa del caso, lo que considera arbitrario al no ponderarse adecuadamente por el servicio recurrido las explicaciones dadas para la presentación de dicho documento.

Pide que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución impugnada y que se le ordene dictar una nueva en que se pronuncie sobre su solicitud con el mérito de la documental acompañada, todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el 9 de agosto de 2017, la recurrente solicitó por primera vez el beneficio de permanencia definitiva, la que fue rechazada el 2 de agosto de 2018 otorgándole, en subsidio, una visa temporaria por 10 meses, la que estuvo vigente hasta el 15 de marzo de 2019.

Agrega que, posteriormente, el 11 de abril de 2022, la extranjera solicitó nuevamente el beneficio de residencia definitiva en el país y que luego de su tramitación de rigor, el 9 de mayo de 2024 se le notificó estar en causal de rechazo por no haber completado el plazo de un año de residencia temporaria -requisito exigido para solicitar el beneficio impetrado- y por no haber remitido el certificado de antecedentes penales de su país de origen, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos y acompañar el documento, de acuerdo al artículo 91 inciso 2° de la Ley 21.325. Afirma que en el plazo establecido la recurrente no cumplió con lo requerido y no evacuó descargos por la causal de rechazo informada, dictándose la resolución que se impugna por este recurso, sin haberse hecho uso de los recursos administrativos contemplados por la ley para ello.

Hace presente un abuso del derecho en esta presentación, toda vez que la recurrente interpuso recurso protección ante esta Corte bajo el Rol 735-2024, en el cual se acogió su petición y se ordenó al Servicio pronunciarse sobre el fondo dentro de un plazo perentorio, lo que hizo previa notificación de la causal de rechazo, siendo el presente recurso una impugnación al mérito de las resoluciones de término que dicta esa autoridad dentro del ámbito de su competencia y facultades legales y sin hacer uso de los recurso administrativos dispuestos por la Ley 19.880 para ello, lo que denota un intento de judicialización de cualquier decisión que se dicte por ese organismo.

En cuanto a la ilegalidad que se denuncia, expone que el rechazo de la petición es por no cumplir la extranjera con los requisitos que lo habiliten para obtener el beneficio impetrado, de acuerdo a los artículos el artículo 31 del D.L. N° 1.094 -vigente a la época de la solicitud-, en relación al artículo 52 de su Reglamento, específicamente por no contar con el plazo mínimo de un año de residencia temporal previo a la petición de residencia definitiva. En relación a la falta de presentación del documento solicitado, indica que su necesario acompañamiento a la solicitud y su forma, están regulados expresamente en la Ley, en los artículos 7 y 11 letra b) del Decreto 177 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece las subcategorías migratorias, en relación a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Hace presente que los descargos efectuados por el recurrente no fueron de la entidad suficiente para desvirtuar la causal de rechazo invocada por ese Servicio, teniendo principalmente en consideración para ello que antes de la causal de rechazo, la recurrente ya había sido requerida para acompañar el citado certificado de antecedentes de su país de origen el 31 de octubre de 2023, sin cumplir con lo ordenado en un plazo mayor de 7 meses antes del rechazo que se impugna, Finaliza, indicando que, sin perjuicio del rechazo que se impugna, a la recurrente se le otorgó un permiso de residencia temporal, en calidad de titular, por el período de un año, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 inciso 5° de la Ley N°21.325, siendo la resolución recurrida dictada por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, por lo que solicita el rechazo de la presente acción constitucional al no existir un acto ilegal y arbitrario de su parte.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el artículo 31 del D.L. N° 1.094, en cuanto a la visa temporaria, señala que: “El titular de visación de residente temporario que completare un año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su permanencia definitiva y si completare dos años de residencia en Chile, estará obligado a solicitarla. En caso de no hacerlo, deberá abandonar el país.”.

Por su parte, el entonces artículo 52 del D.S. N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería entonces vigencia, indicaba que: “La visación de residente temporario, tendrá una vigencia máxima de un año y podrá prorrogarse sólo una vez por igual período. Si en el respectivo pasaporte no se especifica su plazo, se entenderá que su vigencia es la máxima.

El titular de visación de residente temporario que completare un año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su permanencia definitiva y si completare dos años de residencia en Chile como beneficiario de la misma, estará obligado a pedirla. En caso de no hacerlo deberá abandonar el país”.

En cuanto a los documentos requeridos por la Ley para que la autoridad migratoria se pronuncie sobre el fondo de las peticiones efectuadas, el artículo 11° letra b) del Decreto 177 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que establece las subcategorías migratorias, señalaba que: “Sin perjuicio de los requisitos específicos requeridos en cada subcategoría migratoria, y salvo mención expresa en contrario, deberán adjuntarse a toda solicitud los siguientes documentos: b) En el caso de los solicitantes que según la ley chilena sean mayores de edad, el certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad competente de su país de origen o de aquel en el cual hayan residido en los últimos 5 años. En caso que la residencia en un país distinto al de origen haya tenido lugar en un lapso menor a los últimos 5 años, deberá adjuntarse el certificado o documento equivalente, expedido por las autoridades competentes de los diferentes países en los que haya residido durante dicho periodo”. Mientras que su artículo 7° señala que:” Los documentos presentados por los solicitantes de residencia temporal, que fuesen emitidos por una institución extranjera pública, deberán cumplir con las normas de legalización o apostilla comprendidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil”.

Quinto: Que de los antecedentes allegados se constata que el Servicio recurrido mediante Comunicación Electrónica N° 48614207, de 31 de octubre de 2023, solicitó a la recurrente que remitiera en el plazo de 60 días, el certificado de antecedentes penales de su país de origen, y el certificado de vigencia de contrato de trabajo, cumpliendo sólo con acompañar éste último.

Luego, se reiteró la necesidad de acompañar dicho antecedente el 9 de mayo pasado, además de informar como causal de rechazo la falta de cumplimiento del plazo mínimo de un año de residencia temporal, otorgando a la recurrente un plazo de 10 días hábiles para acompañar la documentación faltante y efectuar descargos de la citada causal.

Sexto: Que asimismo, consta que la recurrente, al no contar con el documento específico requerido por la autoridad, se limitó a acompañar un certificado de antecedentes penales en trámite emitido por la Embajada de Haití en Chile el 13 de mayo 2024, solicitando en su carta explicativa que con dicho documento se tenga por cumplido lo ordenado, atendida las dificultades políticas y sociales de su país de origen que impiden obtener el citado documento dentro del plazo otorgado por la autoridad, pero sin referirse a la causal de rechazo invocada por el servicio recurrido por carecer la recurrente del tiempo mínimo de residencia temporal que la habilite para obtener la definitiva, de acuerdo a la normativa del ramo ya expresada anteriormente.

Séptimo: Que, en consecuencia, el Servicio Nacional de Migraciones se ha ajustado a la normativa que rige su actuación, de modo que ésta no puede ser tildada de ilegal, sin que existan elementos de juicio que permitan concluir que en la especie haya obrado de manera caprichosa o irracional, por lo cual tampoco resulta arbitraria.

En tales condiciones, no siendo ilegal ni arbitrario el acto que por este recurso se impugna, resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales cuyo legítimo ejercicio se dice afectado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Juslene nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°3716-2024 Protección.