Protección contra Universidad Autónoma de Chile

Foja: 96 Noventa y Seis San Miguel, tres de septiembre de dos mil quince.

Vistos y considerando:

Primero: Que a fojas 1, doña nombre reservado, titulada de la Carrera de Ingeniería Comercial, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Universidad Autónoma de Chile, representada por su rector, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal de negarle la entrega de su título de Ingeniera Comercial.

Expone que, entre los años 2007 a 2009, cursó la carrera de Ingeniería Comercial a través de un Programa Especial de Formación Profesional (PEF) que la recurrida ofrecía a los alumnos egresados y titulados de carreras afines, al cual ingresó a propuesta del Director de la Escuela de ese entonces, don nombre reservado, y, con la debida autorización de Rectoría, la que aceptó por cuanto significaba una carrera más lucrativa aunque le faltaba un requisito, cual era, dar el examen de grado para obtener el título de Ingeniera de Ejecución en Administración. Así, contrató dicha prestación de servicios con la recurrida, cumpliendo a cabalidad tanto con la malla curricular como en los pagos, egresando en el año 2009 para, posteriormente, rendir el examen de grado en el mes de diciembre de 2010.

Refiere que la recurrida se ha negado en forma sistemática a entregarle su título de Ingeniera Comercial, aduciendo que no cumple con los requisitos para ingresar al PEF, que no existen antecedentes en Registro Curricular que avalen sus dichos, que no aparece el pago del examen de grado, todas respuestas inverosímiles, por cuanto es imposible que ella sin haber sido alumna de dicho curso, tenga un código de alumna de Ingeniería Comercial en registro curricular, un certificado de egreso, concentración de notas y una acta original de Examen de Grado PEF Ingeniería Comercial Primavera 2010, aprobado con nota 4,6 con timbre y firma original del funcionario autorizado.

Agrega que, ante la negativa persistente de la recurrida, en el mes de mayo de 2015 envió un correo electrónico al rector (I), señor nombre reservado, exponiendo nuevamente su situación, solicitando una reunión, para que le diera una solución, cuestión que no ocurrió, por cuanto con fecha 25 de mayo pasado, le envió una carta vía email, señalando que se remitiera a lo expuesto en carta de fecha 13 de mayo de 2014, ante lo cual, el día 26 de mayo concurrió a las dependencias de rectoría, para insistir ser recibida por el rector, recibiendo solo evasivas de parte de su secretaria.

Indica que el actuar de la universidad vulnera su derecho a la propiedad, establecido en al artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución, ya que se ha desconocido su derecho de propiedad, al negarle de manera ilegal y arbitraria la entrega de su título académico. A mayor abundamiento, manifiesta que tiene propiedad de las calificaciones obtenidas y de todos los documentos que acreditan que estudió dicha carrera, en especial su título, toda vez que se incorporaron a su patrimonio de modo irrevocable.

Solicita que se decreten todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida hacerle entrega de su título de Ingeniera Comercial y los documentos que acreditan que estudió dicha carrera, con costas.

Segundo: Que, a fojas 36, informa don nombre reservado, en representación de la recurrida Universidad Autónoma de Chile, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Expone, en primer lugar, que esta acción debe ser rechazada por extemporánea, toda vez que estos hechos fueron objeto del recurso de protección IC 295-2014, el cual fue rechazado por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 17 de diciembre de 2014.

Explica que los hechos en los cuales basa la recurrente esta acción acontecieron en agosto del año 2014, transcurriendo con creces el plazo legal para su interposición y, el hecho de que la actora haya reiterado por carta de fecha 13 de mayo de 2015 su solicitud de que se le otorgue título académico, no altera el plazo original de interposición del recurso, pues el rechazo a otorgar el referido título profesional fue realizado por carta del año 2014, rechazo que, como se dijo, ya fue objeto de una sentencia judicial que estimó que dicha acción por parte de su representada se encuentra ajustada a derecho.

En relación con el fondo del asunto, expone que en el año 2004 la recurrente egresó de Ingeniería en Ejecución en Administración, mención Recursos Humanos, sede Santiago, pero no realizó el proceso de titulación dentro del plazo de dos años contados desde el egreso, por lo que debía revalidar sus estudios cursando un mínimo de dos asignaturas del plan de estudio de su carrera, como lo establece el Reglamento General del Alumno.

Así, refiere que en el año 2007 doña nombre reservado ingresó al Programa Especial de Ingeniería Comercial que permite obtener dicho título, a determinados titulados de carreras afines, completando un programa especial. Indica que, si bien la recurrente no cumplía con los requisitos de ingreso a dicho programa -que exigía estar en posesión del grado de licenciado o título profesional equivalente a una carrera de 8 semestres de duración-, es una práctica frecuente autorizar “condicionalmente” a los alumnos egresados de la universidad para cursar estos programas “especiales”, mientras se titulan de su carrera de origen, pues se entiende que ello refuerza determinados conocimientos, reorienta su vocación y les permite ahorrar tiempo para salir mejor preparados al mercado laboral.

Señala que en el año 2009 la alumna egresó del Programa Especial, pero no rindió el examen de grado de dicho programa, por no estar facultada para ello, al no haber obtenido el título habilitante, correspondiente a su carrera de origen.

Agrega que en el año 2012, alegando circunstancias extraordinarias, la alumna presentó solicitud escrita con el objeto de obtener su título de Ingeniera en Ejecución y el nombre reservado de la época, considerando que el Programa Especial había cumplido con el objetivo de revalidar sus estudios de Ingeniería en Ejecución, le señaló a la alumna, que el plazo para terminar los trámites pendientes para optar al título solicitado vencían en primavera de 2012. Luego, en noviembre de 2013, la alumna presentó apelación, señalando que por motivos personales no pudo completar la titulación de Ingeniería en Ejecución. Adicionalmente, solicitó un título distinto, pidiendo que se le otorgara el de Ingeniero Comercial, exhibiendo una "supuesta" copia del acta del examen de grado del programa especial de ingeniería comercial, rendido en primavera de 2010, petición que también fue rechazada por no estar habilitada la alumna para rendir dicho examen del programa especial o para obtener el título de ingeniero comercial, al no cumplirse la condición de contar con un título previo, y por no constar a la Universidad la autenticidad del acta exhibida por la alumna, carecer el documento de las formalidades propias de dichas actas, no existir en registro curricular antecedentes de que la alumna rindiera dicho examen, ni constancia del pago de los derechos para rendir examen de grado.

Por lo anteriormente expuesto, solicita el rechazo del presente recurso, ya que la alumna lo que intenta hacer es obtener por este medio un grado académico sin tener las aptitudes y sin haber cumplido con los requisitos para ello, pues cursó la carrera de Ingeniería en Ejecución en Administración, Mención Recursos Humanos, y no se tituló en ella, por lo que tampoco puede otorgarse el título de ingeniero comercial, al no cumplir con los requisitos reglamentarios del programa especial, que dice haber cursado y aprobado.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

Quinto: Que, en consecuencia, para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Sexto: Que mediante sentencia de fecha 17 de diciembre de 2014, dictada en autos sobre acción de protección Rol 295-2014, esta Corte rechazó la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra de la Universidad Autónoma de Chile, argumentando que “la recurrente no acompañó documento alguno que diera cuenta del cumplimiento de las exigencias aún pendientes referidas por la recurrida, esto es, su titulo de la carrera anterior (Ingeniería en ejecución) y su práctica aprobada, antecedentes que la facultaban para obtener el nuevo título de Ingeniería Comercial, para el cual ha rendido los exámenes de los semestres correspondiente e incluso habría rendido su examen de grado sólo acompañó, recientemente, un documento que la acredita, únicamente, como egresada de la carrera de ingeniero en ejecución” (considerando sexto), agregando que “no habiendo acreditado la recurrente que esté titulada (ni licenciada) de la anterior carrera de ingeniería en ejecución, supuesto que le permitía acceder al curso especial para Ingeniero Comercial en referencia, no ha podido la autoridad respectiva de la Universidad Autónoma de Chile entregarle su nuevo título, no obstante tener aprobados los cursos respectivos e incluso, al parecer según fotocopia acompañada últimamente, su examen de grado. Además, tampoco acompañó documento que acredite haya cumplido la práctica profesional” (considerando séptimo), concluyendo que “en estas condiciones, el acto negativo de la recurrida, reclamado en autos, de otorgarle a la recurrente el título de Ingeniería Comercial, no puede calificarse como ilegal ni arbitrario, toda vez que se ha fundado en antecedentes legítimos y convenidos previamente, con lo cual no podrá accederse al presente recurso de protección” (considerando octavo).

El fallo antes referido fue confirmado por la Excma. Corte Suprema mediante sentencia de 5 de enero de 2015, Rol N° 32.805-2014.

Séptimo: Que, así las cosas, de lo relacionado por la actora en su libelo y de lo indicado en el fallo a que se hace referencia en el basamento anterior, se colige que no ha existido de parte de la Universidad recurrida una nueva acción o conducta reprochada por la actora, puesto que ésta se ha limitado a reiterar a la recurrente, mediante correo electrónico, que se le dé una solución a su problema, ante lo cual la recurrida respondió que se “remitiera a lo expuesto en carta de fecha 13 de Mayo de 2014”.

Por consiguiente, en la presente acción constitucional se están discutiendo los mismos hechos que sirvieron de fundamento al recurso de protección que dio origen a los autos Rol N° 295-2014, de esta Corte, sentencia que fuera confirmada por la Corte Suprema y que se encuentra, en consecuencia, firme.

Octavo: Que, de lo razonado, preciso resulta analizar el alcance que tiene lo resuelto en la sentencia del recurso de protección Rol N° 295-2014, de esta Corte, en este nuevo examen que plantea la actora, habida cuenta que se trata de las mismas partes y hechos, e idéntica solicitud, cual es que se le reconozca el título de ingeniera comercial, sin existir antecedentes nuevos sobre la materia.

Noveno: Que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil establece que "las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada".

Por su parte, el artículo 176 consigna que "corresponde la acción de cosa juzgada a aquél a cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio, para el cumplimiento de lo resuelto o para la ejecución del fallo en la forma prevenida por el título XIX de este Libro".

A su vez, el artículo 177 se refiere a la excepción de cosa juzgada, estableciendo que puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya identidad legal de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir.

Décimo: Que, a este respecto, se distingue doctrinariamente entre los conceptos de cosa juzgada "material" y cosa juzgada "formal". La primera autoriza a cumplir lo que se resuelva en una resolución judicial e impide renovar la discusión sobre la cuestión resuelta, en el mismo proceso o en un juicio posterior. La segunda, en tanto, autoriza cumplir lo resuelto de manera provisional e impide renovar la discusión sobre la misma materia ya resuelta en el mismo proceso, pero permite discutir el asunto en un nuevo juicio.

La regla general es que las resoluciones judiciales producen cosa juzgada material, pero excepcionalmente, algunas sólo producen cosa juzgada formal.

Undécimo: Que se encuentra asentada en nuestra doctrina y jurisprudencia la tesis de que el recurso de protección es uno de aquellos casos de excepción en que la sentencia que sobre ellos recae produce, precisamente, cosa juzgada formal, por cuanto aquélla es revisable con posterioridad ante otros tribunales competentes.

En efecto, el artículo 20 de la Constitución Política de la República preceptúa, en su inciso primero que "el que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°,12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".

Como es sabido, se trata de una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

Así las cosas, las sentencias que se pronuncian sobre estas acciones cautelares producen tan solo cosa juzgada formal, esto es autorizan a cumplir provisionalmente lo resuelto y se impide renovar la discusión sobre la cuestión resuelta, en el mismo proceso, pero sin que obste su revisión en juicio posterior.

Duodécimo: Que la conclusión referida en el basamento anterior es clarísima –y diríamos unánime- cuando lo resuelto en sede de protección es discutido nuevamente en un procedimiento diverso –ordinario, por ejemplo-, mas no cuando la identidad legal de personas, de cosa pedida y de causa de pedir se verifica en un nuevo procedimiento de protección.

En estos casos, los fallos de protección, frente a otros recursos de protección, producen, a juicio de estos sentenciadores, efecto de cosa juzgada sustancial, con un efecto vinculante para los futuros jueces, derivado de una sentencia que se ha hecho indiscutible e inmutable, no existiendo razones valederas para privar a los fallos dictados en recursos de protección del efecto procesal de cosa juzgada material en otros procedimientos de esta misma naturaleza, ya que existiendo una decisión sobre la materia, la acción de protección se ha extinguido.

Décimo tercero: Que, por lo demás, aun si consideráramos que, en el caso sub iúdice, la sentencia de esta Corte pronunciada en los autos Rol 295-2014 sólo ha producido cosa juzgada formal, igualmente la presente acción de protección deberá ser, necesariamente, desestimada, por cuanto es a todas luces extemporánea, habida cuenta que los hechos en que se funda se verificaron durante el año 2014 –dando origen a los autos antes referidos-, esto es, transcurrido con creces el plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión ilegal o arbitraria, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 24 de junio de 1992.

El nuevo correo electrónico enviado por la actora al rector de la Universidad recurrida -y que motivó la respuesta en contra de la que se acciona- no es más que un pretexto para procurarse un nuevo plazo que le permitió deducir el presente recurso constitucional, no existiendo ningún antecedente adicional que permita sostener que se trata de actos distintos a los que, hace ya casi un año, motivaron un pronunciamiento de esta Corte.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 24 de junio de 1992, SE RECHAZA la acción constitucional deducida a fojas 1 por doña nombre reservado, sin costas.

Redacción del Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 370-2015 Prot.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte presidida por la Ministra señora María Stella Elgarrista Álvarez e integrada por el Ministro Jorge Sáez Martin y por el Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

No firma el Ministro señor Jorge Sáez Martin por haber cesado en sus funciones, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.

San Miguel, tres de septiembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.