nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

San Miguel, once de enero de dos mil veinticuatro.

Al folio 18: Téngase presente y a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Sergio Aburto Mayorga, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado Valdivia, de nacionalidad cubana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de pronunciamiento de su solicitud de permanencia definitiva, omisión que afecta su derecho a la vida e integridad física y psíquica, asegurado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, lo que también transgrede los artículos 7 y 27 de la Ley 19.880.

Expone que la recurrente realizó su petición migratoria el 9 de marzo de 2022 registrada bajo el N°9525459¸ tras un proceso frustrado anterior y desde esa fecha no ha recibido ninguna comunicación por parte del recurrido, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite demorado, ya que su empleadora le está solicitando su Permiso de Residencia Definitiva para asegurar su continuidad laboral como supervisor de instalaciones, con contrato de trabajo.

Sostiene que la omisión es arbitraria e ilegal toda vez que a la fecha de interposición del presente recurso ha transcurrido un plazo excesivo sin que la autoridad administrativa se pronunciara sobre la solicitud formulada; actuar que infringe lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9, 14, y 27 de la ley 19.880.

Previas citas legales, solicita se acoja el presente recurso ordenando al recurrido pronunciarse sobre su solicitud dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones, opuso la excepción de cosa juzgada, fundada en la existencia de la triple identidad establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil en relación con la causa ingreso N°161.351-2022, acción de protección seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dictándose en esa causa sentencia definitiva el 26 de abril de 2023, rechazando el recurso, la cual fue confirmada por la Excma. Corte Suprema, en causa ingreso N°84.246-2023 de 14 de junio pasado, rechazando el recurso de protección, sin perjuicio que dispuso que el servicio recurrido deberá emitir pronunciamiento en un plazo razonable.

Asimismo, solicita se declare inadmisible el recurso. Explica que la presente acción constitucional no reúne los requisitos básicos establecidos en la Constitución Política de la República y el Auto Acordado que rige la materia, puesto que, como ha resuelto la Excma. Corte Suprema en las sentencias ROL 115064-2022 y 115368-2022, ambas de 20 de marzo pasado, en su considerando sexto señala: “(...) Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud”. Luego, agrega en su considerando octavo: “(...) no ha quedado demostrado que el solicitante sufra alguna vulneración en sus derechos garantizados por la Constitución Política de la República y amparados por la acción de protección, por el mero hecho de no existir pronunciamiento sobre su solicitud de permanencia definitiva” y finalmente, en el considerando duodécimo expresa: (...) habiéndose acreditado que la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por los recurrentes ni aún en grado de amenaza (...)”. En consecuencia, estima que no existe arbitrariedad, ni ilegalidad alguna, ni aún en grado de amenaza por parte de la autoridad migratoria que pueda ser tutelada mediante el presente recurso, lo que sumado al hecho de que no existe un derecho indubitado, solicita se declare su inadmisibilidad.

Asimismo, alega la falta de legitimación pasiva del Servicio puesto que, de conformidad a lo señalado por Excma. Corte Suprema, al no haber incurrido en una acción u omisión que haya vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales, mal podría ser la autoridad migratoria el legitimado pasivo de la acción que se emprende. Además, conforme a la normativa que rige la materia, en ningún momento ha dejado en un estado de indefensión migratoria a la recurrente, procurando mantener su regularidad migratoria en el país que le permita realizar cualquier actividad lícita y desplazarse libremente sin que exista alguna limitación dentro del país.

En cuanto al fondo del recurso, refiere que la petición se encuentra en la etapa de “resolución” desde el 23 de noviembre de 2023.

Añade que el artículo 38 de la Ley 21.325 establece expresamente que todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones. Además, en virtud del artículo 45 de la misma norma, los extranjeros residentes en Chile pueden acreditar su situación regular en el país si es que estos poseen una cédula de identidad vigente y aun cuando se encuentre vencida, el documento se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43.

Indica que el Servicio Nacional de Migraciones, velando por el debido cumplimiento de la función pública, de propia iniciativa ha remitido Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

En cuanto al tiempo de tramitación, refiere que el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país tuvo como consecuencia un alza importante en la cantidad de solicitudes recibidas, que significó un retraso irresistible para la autoridad, circunstancia que ha sido reconocida como una situacióń de caso fortuito, previsto como excepcióń al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880. Agrega que dicho plazo no corresponde a un plazo fatal para la Administración, lo que refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa.

Concluye que se ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las leyes, por lo que se estima que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que genere privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que la recurrente evacuó el traslado conferido, solicitando el rechazo de la inadmisibilidad y de la excepción de falta de legitimidad pasiva opuestas por la recurrida, por los argumentos que al efecto expone, en cuanto a la excepción de cosa juzgada opuesta, reconoce lo expuesto por la recurrida, sin embargo, aclara que el presente recurso se interpuso por una vulneración a la garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política, derecho a la vida e integridad física y psíquica, y no respecto a la garantía del N°2, igualdad ante la ley, como se interpuso el recurso señalado por la recurrida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que no concurre en la especie la triple identidad alegada.

Cuarto: Que, ampliado su informe en folio 18, la recurrida señala que mediante la Resolución Exenta No 24007001, de 5 de enero recién pasado, se otorgó la residencia definitiva al actor, encontrándose por tanto en situación migratoria regular en el país, por lo que solicita se rechace el recurso de protección intentado en todas sus partes, ya que se encuentra satisfecha la pretensión del recurrente, toda vez que se ha otorgado la Residencia Definitiva, habiendo actuado la recurrida, a su juicio, con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que señala que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad, que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías incoadas, por lo que asevera que no es procedente que se le condene en costas.

Quinto: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Sexto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que, con el mérito del informe complementario de la recurrida, aludido en el motivo Cuarto, el Servicio Nacional de Migraciones concedió el permiso de residencia definitiva impetrado por el recurrente, por lo que debe concluirse que ha cesado la situación de indefinición en la que fue planteado el recurso, correspondiente al interés que lo motivó a incoar su solicitud ante la autoridad migratoria, razón por la cual no existe medida alguna de urgencia que esta Corte esté en condiciones de ordenar en pos de la pretensión contenida en el recurso, por lo cual este último ha perdido oportunidad y deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado Valdivia, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3691-2023 Protección.-