nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

San Miguel, quince de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 29 de enero del año en curso, comparece el abogado Augusto Prado Sánchez, para interponer acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, representada por nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la desvinculación de la recurrente, que vulnera las garantías de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y debido proceso, consagrados en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica que el 29 de junio de 2018 fue contratada como docente de aula para realizar labores docentes en el Instituto Regional de Adultos, por una jornada de 39 horas semanales cronológicas, cuya duración fue desde el 3 de julio de 2018 al 28 de febrero 2019, renovándose anualmente ese contrato. Sostiene que el 21 de febrero de 2022 las partes suscribieron un documento denominado “Orden de Trabajo”, mediante la cual la Secretaría General de La Corporación Municipal autorizó la asunción de funciones de la recurrente como docente de aula, con una jornada de 44 horas semanales, con reconocimiento de su titularidad de acuerdo a la ley.

Sin embargo, indica que el pasado 9 de enero recibió una carta sin fecha, cuyo timbre de correos data de 30 de diciembre de 2022, en que se le comunica el término de su contrato fundada en la letra l) del artículo 72 del Estatuto Docente, es decir, por disposición del sostenedor, a proposición del director del colegio, por mala evaluación docente.

En cuanto a los derechos constitucionales conculcados con el acto recurrido, alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto la entidad municipal la ha destituido a través de un acto que carece de fundamentación y racionalidad, omitiendo la motivación obligatoria que establece la ley 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, y la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, ambas vinculantes para el ente municipal. Estima también menoscabado su derecho de propiedad y el debido proceso, al ser desvinculada sin que haya existido un procedimiento administrativo previo que le permitiera ejercer su garantía constitucional a la debida defensa.

Pide se deje sin efecto la desvinculación de la recurrente, adoptando todas las providencias y medidas adecuadas para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando el pago de todas las remuneraciones devengadas durante el tiempo que se tenga separada de sus funciones a la recurrente, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Nathallie Duque Ferragut, abogada, en representación de la Corporación Municipal de San Miguel, solicitando que la presente acción sea rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Indica que la acción de protección de autos es improcedente por cuanto a su juicio no constituye un sustituto jurisdiccional y el ordenamiento jurídico contempla expresamente un procedimiento especial para dirimir la controversia existente entre las partes. Precisa que en la especie es aplicable el D.F.L. Nº 1 del año 1997, del Ministerio de Educación, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, el que establece en su artículo 75 que ante los actos de ilegalidad ocurridos con ocasión del término de la relación laboral, se debe reclamar ante el Tribunal del Trabajo competente de conformidad al artículo 420 del Código del Trabajo, y no mediante la acción constitucional de protección.

Por otro lado, señala que la hipótesis de la letra l) del artículo 72 del Estatuto Docente no es una sanción, sino que una causal de término de la relación laboral docente, la que se encuentra ajustada a derecho y ello obedece a que las evaluaciones de la actora arrojaron resultado de desempeño básico en el último informe de evaluación, cuestión que permite aplicar la causal invocada.

Finaliza señalando que en la especie no ha existido actuación arbitraria o ilegal que pueda imputarse a su representada con ocasión del término de la relación laboral de la recurrente por la causal invocada, la que fue debidamente motivada, no configurándose las infracciones esgrimidas respecto de sus derechos fundamentales.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese derecho.

Cuarto: Que resulta claro que, a pesar de existir un procedimiento especialmente diseñado por el legislador, la redacción de la regla del artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que la Corte de Apelaciones respectiva adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, en consecuencia, la alegación de la inadmisibilidad por existir una vía administrativa especial no puede prosperar y corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado en el recurso de protección intentado.

Quinto: Que, conforme con el mérito del acto impugnado, se constata que la comunicación de que se trata, contiene la suficiente fundamentación que echa de menos la recurrente considerando que en ella, se expresan con claridad, los motivos de dicha decisión y aparece revestido de los presupuestos legales atingentes. Así, no es posible considerar la existencia del acto arbitrario o ilegal ni tampoco una concreta afectación de los derechos y garantías señalados en el arbitrio interpuesto, por lo que la presente acción de protección no puede prosperar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de San Miguel.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Jonatan Valenzuela Saldías.

Rol Nº369-2023 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señora Ma. Carolina Catepillán Lobos, señora nombre reservado integrante señor Jonatan Valenzuela Saldías. Se deja constancia que no firma el abogado integrante señor Valenzuela, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo por estar ausente.