Protección contra ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

San Miguel, ocho de abril de dos mil catorce.

VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 8, doña nombre reservado, administradora pública, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra del ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO, don Erasmo Valenzuela Santibáñez, domiciliado en domicilio reservado de la Comuna del mismo nombre, a fin de que esta Corte restablezca el imperio del derecho dejando sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1579-2013, que aplica a la recurrente la sanción disciplinaria de destitución, acto que ésta estima ilegal y arbitrario, disponiendo en su lugar la absolución de la señora nombre reservado de toda medida disciplinaria o, en su defecto, se le aplique una sanción distinta a la impuesta en el sumario administrativo, con costas.

Refiere que por el referido Decreto Alcaldicio se rechazó, sin dar fundamento alguno, el recurso de reposición que dedujo en contra del decreto sancionatorio dictado por el mismo Edil en el sumario administrativo seguido contra la funcionaria nombre reservado, en el que se aplicó a la recurrente la sanción disciplinaria de destitución, al igual que a la sumariada y al señor nombre reservado, además de diversas sanciones a otros funcionarios.

Expone que con fecha 10 de septiembre de 2013, en su calidad de Tesorera Municipal y de Directora de Administración y Finanzas subrogante, denunció ante el Alcalde la sustracción de fondos municipales por la señora nombre reservado, encargada de remuneraciones, lo que motivó la instrucción del sumario administrativo ya señalado, en el que se interrogó a varios funcionarios, agregaron diversos documentos y tras cerrarse la investigación, se formularon cargos y aplicaron las medidas disciplinarias ya indicadas.

Expone que las tres personas sancionadas con la medida de destitución lo fueron por haber incurrido en la misma infracción legal, no obstante que sus conductas fueron del todo diversas. Así mientras la señora nombre reservado incurrió en actos ilícitos, ella (la recurrente) y el señor nombre reservado, habrían denunciado el actuar de la primera. Pese a ello, se estimó por el recurrido que había infringido el principio de probidad administrativa, sancionado en el artículo 123 en relación al artículo 82 letra j) de la Ley 18.883, esto es, haber atentado contra los bienes de la Municipalidad, cometido actos que produjeran la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyeran su valor o causaren su deterioro.

Agrega que en el sumario quedó claramente establecido que junto a toda la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad, fue víctima de la conducta deshonesta y desleal de la funcionaria más arriba nombrada, haciendo pasar desapercibida su actividad ilícita mediante argucias y engaños. Así, la documentación presentada por la señora nombre reservado para la autorización de las operaciones por las que se enriqueció ilícitamente, mostraba transferencias por montos que cuadraban perfectamente, de modo que conocidas las demás maniobras utilizadas para engañar a toda la cadena de control de la Municipalidad, hicieron a la recurrente víctima de la desleal conducta de su subordinada.

Adiciona que también, en buena parte, la apropiación de dineros se debió a las debilidades en el funcionamiento de otros estamentos de la Municipalidad, que no estaban bajo su control ni dependencia, como la Unidad Municipal de Control Interno, que debía examinar y visar los decretos de pago, procurando su correcta imputación y controlar la ejecución financiera y presupuestaria, además de representar al Concejo los déficits que se advirtieran en el presupuesto municipal. Situación que no ocurrió, pues dicha unidad tenía un desfase en el control de las actuaciones de la Municipalidad, por lo que se enteró de las actividades de la encargada de remuneraciones sólo con ocasión de la denuncia realizada por la recurrente al señor Alcalde.

Enfatiza que la medida de destitución que se le ha aplicado vulnera gravemente sus derechos Constitucionales, especialmente aquellos resguardados bajo los números 2, 3, 17 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica que infringe el derecho al debido proceso consagrado en el numeral 3 del citado precepto constitucional, jurídica y doctrinalmente aplicable a la sustanciación de sumarios administrativos, desde que en ellos debe efectuarse una debida ponderación de la prueba. Lo que no ocurrió en este caso, llegándose a conclusiones arbitrarias y alejadas del mérito del proceso, de los descargos formulados y de las probanzas solicitadas.

Sostiene que su destitución es contraria a derecho por no haber incurrido en ninguna de las conductas típicas contenidas en la norma invocada para su destitución y que autorizan dicha sanción, la que a su respecto, además, es contraria al principio de proporcionalidad entre sanción y gravedad de la falta.

Sustenta al respecto, que la potestad disciplinaria del Alcalde es limitada, pues el legislador tipificó las conductas que hacen a un funcionario merecedor de las distintas sanciones que se establecen y especialmente de la de destitución, sin dejar su aplicación a la discrecionalidad del Alcalde. Afirma que del curso de la investigación resultó innegable la conducta de falta de probidad de la principal involucrada que se apropió de gran cantidad de recursos municipales y que fue sancionada con la medida de destitución, estableciéndose que actuó sola, sin complicidad de ningún otro funcionario. Por la tanto, no resulta procedente aplicar a otros funcionarios, especialmente a la demandante de protección, igual sanción de destitución, menos aún fundada en la misma norma legal, vulnerándose también la proporcionalidad entre conducta y sanción, especialmente cuando se trata de la sanción más grave. Acepta que a lo más podría sancionársele por negligencia o ingenuidad.

Indica que la sanción de destitución impuesta violenta el derecho de Igualdad ante la ley, contemplado en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, desde que se establecen diferencias arbitrarias entre los funcionarios sancionados, aplicándose sin mayor explicación sanciones distintas. Alega que si la conducta que se le imputa es no haber ejercido eficazmente el control jerárquico que debía sobre su subalterna, atendido que fue víctima de sus engaños, debió habérsele aplicado igual sanción que a los funcionarios de Control Interno de la Municipalidad, a quienes sólo se les impuso la suspensión de su empleo, distinción totalmente injusta, ilegal y arbitraria.

Afirma que también se infringe su derecho de propiedad establecido en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, desde que el Estatuto Municipal determina una serie de obligaciones para los empleados municipales y, también, la forma en que pueden perder la titularidad de sus cargos, estableciendo un derecho de propiedad sobre el cargo. Lo que se relaciona con la garantía del Nº 17 del artículo 19 de la Constitución que si bien no se encuentra en el catálogo de los derechos amparados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ponderada dada la infracción cometida.

Por lo expuesto pide lo más arriba señalado.

SEGUNDO: Que por su parte, a fojas 57, el señor Alcalde de la I.Municipalidad de Calera de Tango, don Erasmo Valenzuela Santibáñez, evacúa el informe que le fuera requerido solicitando el rechazo del recurso con costas.

Expresa al efecto, que si bien es efectivo que con fecha 10 de septiembre de 2013, la señora nombre reservado, en su calidad de Tesorera Municipal, puso formalmente en su conocimiento, que tras una auditoría interna efectuada el día anterior, al proceso del pago de planillas del personal contratado por el Código del Trabajo, se detectó una irregularidad cometida por la funcionaría encargada de las remuneraciones, quien presuntamente se habría apropiado de fondos municipales desviándolos a sus arcas personales, también es un hecho conocido de todos y ciertamente de la recurrente, que con antelación y de manera verbal, por teléfono, fue advertido de aquello por el funcionario nombre reservado, tal como consta del sumario administrativo en la fojas que indica. Razón por la que el Fiscal Instructor en su dictamen consideró dicha circunstancia como atenuante respecto del mencionado funcionario y no para la señora nombre reservado.

Manifiesta que atendida la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, ordenó la instrucción del sumario correspondiente, y el día 12, recabados mayores antecedentes, realizó la denuncia pertinente a la BIPE de la Policía de Investigaciones de Chile, que la derivó a la Fiscalía Local de San Bernardo, presentándose además, querella criminal por malversación de caudales públicos.

También expone que el Director de Administración y Finanzas suplente que individualiza, evacuó un informe contable con fecha 24 de septiembre de 2013, en el que se describen las irregularidades en las que había participado la señora nombre reservado, verificándose que ellas ocurrían desde el año 2010 y se determina el monto sustraído en la suma de $ 76.320.520.

Continúa relatando el desarrollo del sumario administrativo, en el que con fecha 15 de octubre de 2013 se dedujeron cargos, transcribiendo aquellos formulados contra la recurrente, los que motivaron la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1535-2013, por el que se aplicó a la señora nombre reservado la medida de destitución de su cargo, por infracción al principio de probidad administrativa, en conformidad a lo señalado en el artículo 123 en relación al artículo 82 letra j) de la Ley 18.883, e impuso a otros funcionarios las sanciones que indica. Decisión respecto de la que la Sra. nombre reservado dedujo recurso de reposición, el que fue desestimado por Decreto Alcaldicio N° 1579-2013 ordenando la mantención de la medida disciplinaria aplicada.

Argumenta que por lo expresado el ente edilicio recurrido no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario en la sustanciación del sumario administrativo ni en la aplicación de la medida disciplinaria cuestionada, pues aquél se llevó con estricta sujeción a las normas del debido proceso y determinó la sanción impuesta a la recurrente de acuerdo a los hechos establecidos a su respecto.

Señala en cuanto a éstos, que de la investigación del sumario, el Fiscal Instructor determinó que de manera reiterada, a partir del año 2010, la señora nombre reservado, subordinada y de dependencia directa de la demandante de protección, duplicó el pago de su remuneración a través de cheques y transferencia electrónica a su cuenta bancaria, mediante diversos actos que se prolongaron en el tiempo, reconocidos por ésta, que ocasionaron detrimento en el patrimonio municipal. Lo que constituye una violación reiterada al principio de la probidad administrativa que deben observar todos los funcionarios públicos y un ilícito penal que deberá ser determinado por los Tribunales de Justicia. Asimismo, que la recurrente en su calidad de Tesorera Municipal y superior jerárquico directo de la mencionada funcionaria, debió controlar de manera eficiente y con el debido resguardo de los intereses municipales el actuar de su subordinada, lo que no aconteció o no realizó de manera oportuna y eficaz, traduciéndose en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias. También que dicha conducta negligente en el control del actuar de su subordinada directa, ocasionó un perjuicio al patrimonio municipal estimable en la cantidad de $ 76.419.419 pesos, por lo que no ha dado cumplimiento a sus obligaciones laborales, en cuanto a observar la debida diligencia y cuidado que por la importancia de su cargo le impone la ley, en cuanto a conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores municipales, manejar las cuentas corrientes bancarias, visar decretos de pagos y órdenes de compra a fin de controlar la ejecución presupuestaria municipal. Máxime si una de sus obligaciones principales es diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y salen de tesorería, revisando el comportamiento real de los dineros con relación al presupuesto e informar a las unidades que correspondan, funciones que no se han cumplido y que aparecen de manifiesto en el “Manual de Descripción y Especificaciones de Cargos de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango.” También que conforme a lo establecido por el Fiscal, ha existido desidia, falta de diligencia y cuidado en el actuar de la recurrente, especialmente al no tomar los resguardos pertinentes ni contrastar la información proporcionada por su subordinada al momento en que se le solicita su consentimiento para suscribir los cheques y autorizaciones de transferencias de fondos, que han ocasionado un perjuicio patrimonial grave al erario municipal.

Adiciona que el Fiscal también le hizo presente a la recurrente, que existen otros hechos en los cuales se encuentra involucrada, que originaron otro sumario administrativo iniciado con fecha 15 de Octubre de 2013, aún no afinado, en el que ha quedado en evidencia la sustracción por la recurrente de $ 5.000.000 de la cuenta municipal de bienestar, monto que habría sido depositado en su cuenta corriente personal, lo que constituiría una violación grave a la probidad administrativa y un ilícito de igual o mayor gravedad que el que motiva esta acción.

Concluye que en consecuencia, se sancionó a la recurrente por haber infringido el principio de la probidad administrativa ampliamente, y desatendido las obligaciones funcionarías, causando un daño patrimonial grave al erario municipal lo que ella no ha entendido o no ha querido entender, sin que se justifique hasta ahora la interposición de este recurso.

Por lo expuesto, pide lo más arriba indicado.

TERCERO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es preciso determinar si ha existido de parte de la recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la reclamante de protección del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, aquellos contemplados en los numerales 2, 3 incisos 3, 4, 5 y 6, y N°s 17 y 24, todos del artículo 19 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que al respecto, de la lectura del libelo recursivo, lo sostenido por la entidad recurrida y lo manifestado por los abogados de los anteriores en estrado, no existe discusión ni cuestionamiento entre ellas y se verifica del documento que rola a fojas 6, que con fecha 14 de noviembre de 2013, el señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango dictó el Decreto Alcaldicio N° 1579-2013, por el que desestima el recurso de reposición planteado por doña nombre reservado y mantiene la medida disciplinaria impuesta por Decreto Alcaldicio N° 1535-2013, consistente en: destitución de su cargo por infracción al principio de probidad administrativa, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 123, en relación al artículo 82, letra j) de la Ley 18.883. Acto que precisamente la reclamante estima ilegal y arbitrario, con el que en su opinión, se conculcan los derechos constitucionales que indica y respecto del que por esta vía reclama.

SEXTO: Que en consecuencia, encontrándose claramente establecido el acto, corresponde determinar si éste es arbitrario o ilegal, y determinado aquello, si con él se conculca algún derecho resguardado por la Constitución Política de la República.

SEPTIMO: Que al efecto, del examen del referido Decreto se aprecia que la decisión en él adoptada se sustenta en las normas legales que se citan y en los antecedentes enunciados con los números 1 a 9 bajo el epígrafe “Teniendo Presente”, consistentes en las piezas principales del sumario administrativo ordenado instruir por Decreto Alcaldicio N° 1259-2013, entre ellas, la resolución que cierra la etapa de investigación, la formulación de cargos, los descargos, la vista de fiscal y el Decreto Alcaldicio 1535-2013, que aplica sanciones a los funcionarios que se indican.

OCTAVO: A su vez, del mérito de tales piezas que junto con los antecedentes que se leen de fojas 1 a 5 constan del sumario administrativo que en copia se encuentra guardado en custodia de esta Corte y de éste, es claro, que por Decreto Alcaldicio N° 1259-2013 de 10 de septiembre del mismo año, se ordenó instruir sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas, respecto a los hechos denunciados en el memorando 196 de la misma fecha, emitido por la Dirección de Finanzas, por el que se pone en conocimiento del señor Alcalde irregularidades en que habría incurrido la funcionaria nombre reservado, detectadas en una auditoría interna al proceso de pago de planillas del personal contratado por el Código del Trabajo.

También que por Decreto Alcaldicio N° 1535-2013, la demandante de protección fue sancionada con la medida disciplinaria de destitución de su cargo por infracción al principio de la probidad administrativa, en conformidad a lo señalado en el artículo 123 en relación al artículo 82, letra j) de la Ley 18.883. Sugerida por el Fiscal Instructor en el sumario administrativo ya referido.

Además que conforme se lee de fojas 297 de dicho proceso, con fecha 15 de octubre de 2013, atendido el mérito de los antecedentes recopilados durante la investigación, específicamente la declaración indagatoria y aseveraciones de otros cuatro funcionarios más los dichos de otra inculpada; el Manual de Descripción y Especificaciones de Cargos de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango; decretos de pago, informe contable y Memorando del Director de Finanzas, el instructor formuló cargos contra la señora nombre reservado por “…incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias.…” consistente, en síntesis, en no haber ejercido oportuna, eficiente y con el debido resguardo de los intereses municipales, los controles necesarios a su subordinada directa, doña nombre reservado, conducta negligente que ocasionó un perjuicio patrimonial ascendente a la fecha del cierre de la investigación a $ 76.419.419, monto que puede incrementarse por no haber concluido la auditoría de la Contraloría General de la República. Adiciona el auto de cargos, que también quedó demostrado en la investigación, que la sumariada y recurrente en esta causa incumplió su obligación laboral “…en cuanto a observar la debida diligencia y cuidado que por la importancia de su cargo le impone la ley, ya que ….debe conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores municipales, como también debe manejar las cuentas corrientes bancarias, visar decretos de pagos y órdenes de compra a fin de controlar la ejecución presupuestaria municipal… diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que ingresan y salen de Tesorería, revisando el comportamiento real de los ingresos y egresos con relación al presupuesto de caja e informar a las unidades que correspondan.” Funciones que según se indica en la formulación de cargos y se confirma del documento agregado a fojas 109 y siguientes del sumario, “aparecen de manifiesto en el Manual de Descripción y Especificaciones de Cargos de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango” y respecto de las que el señor Fiscal concluye que “no se han cumplido, toda vez que ha existido desidia, falta de diligencia y cuidado en su actuar, sobre todo en no tomar los resguardos pertinentes y no contrastar la información proporcionada por su subordinada al momento de que ésta le solicita su consentimiento para suscribir los documentos necesarios tales como cheques y autorizaciones de transferencias de fondos, que han ocasionado un perjuicio patrimonial grave al erario municipal…”.

Asimismo, que según se verifica de fojas 374 del aludido sumario, tales cargos fueron oportunamente contestados por la señora nombre reservado, quien tras argüir sus defensas en términos similares a lo expresado en este recurso, solicita se desestimen los cargos planteados en su contra y proponga al señor Alcalde su absolución.

Por último, consta de fojas 394 del aludido sumario, que con fecha 5 de noviembre de 2013, el Fiscal Instructor emitió su Dictamen en el que tras reseñar los antecedentes de convicción allegados al proceso, da por acreditados los hechos que en él se describen en términos similares a los establecidos en la formulación de cargos, proponiendo al Jefe Superior del Servicio, en este caso, el señor Alcalde, las diversas medidas que se indican respecto de los distintos funcionarios que se mencionan, entre éstas, la de destitución de la recurrente de protección “….por infracción al principio de la probidad administrativa, en conformidad a lo señalado en el artículo 123 en relación al artículo 82 letra j) de la Ley 18.883, ya que su actuar negligente e incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias ha propiciado un perjuicio grave al patrimonio municipal.”

Tras lo cual, conforme se aprecia de fojas 472 y siguientes, el señor Alcalde dictó el Decreto Alcaldicio 1535-2013 de 5 de noviembre de 2013, más arriba indicado, la señora nombre reservado dedujo recurso de reposición y se dictó el decreto alcaldicio respecto del que por esta vía se reclama, que rechazó la reposición impetrada.

NOVENO: Que de lo expuesto es manifiesto, que la medida de destitución fue impuesta por el Alcalde, a proposición del fiscal instructor del sumario administrativo ya referido, en el que concluida la investigación y conforme al mérito de los antecedentes recopilados, se establecieron omisiones, incumplimientos a sus deberes funcionarios y las conductas ya descritas en que incurrió la recurrente, que permitieron o facilitaron la distracción por una subalterna directa suya de más de $ 75.000.000, con el consecuente perjuicio patrimonial para la Municipalidad.

DECIMO: Que al respecto cabe recordar, que el artículo 120 de la Ley 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, determina las medidas disciplinarias de que pueden ser objeto dichos funcionarios, entre ellas, conforme reza su literal d), la de destitución. Sanción que conforme lo estatuye el artículo 123 del mismo cuerpo legal es: “la decisión del Alcalde de poner término a los servicios de un funcionario” y su procedencia la limita el inciso segundo de la norma precitada a: “…sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82, el que a su turno ordena: “El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:… j) Atentar contra los bienes de la municipalidad, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro”. En tanto que conforme lo estatuye el artículo 54 de la Ley 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administración del Estado: la probidad administrativa “….consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.”

DECIMO PRIMERO: Que del claro tenor de las disposiciones legales reseñadas, es manifiesto que el legislador expresamente sanciona las infracciones graves al principio de probidad administrativa y específicamente aquellas conductas u omisiones que signifiquen un atentado contra los bienes del municipio, como actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro. Todo lo cual debe ser determinado a través de un sumario o investigación sumaria.

DECIMO SEGUNDO: Que en la situación de que se trata, clara y ciertamente se llevó a cabo la investigación sumaria, durante cuyo desarrollo la recurrente contó con todas las instancias pertinentes para su adecuada defensa, que realizó formulando los descargos, solicitando la práctica de diligencias probatorias e interponiendo los recursos que estimó procedentes. Procedimiento en el que se determinó que la señora nombre reservado efectivamente incurrió en las conductas que se le imputan descritas en el inciso segundo del artículo 123 en relación al artículo 82 letra j) de la Ley 18.883 y 54 de la Ley 19.653, sin que sus alegaciones y defensas permitieran justificar o aminorar su actuar.

DECIMO TERCERO: Que en consecuencia, apareciendo del mérito de los antecedentes aportados, que la medida disciplinaria de destitución fue impuesta a la recurrente por la autoridad competente, en uno de los casos permitidos en la ley y de acuerdo al procedimiento que ella contempla, imposibilita estimar que su aplicación por el señor Alcalde de la I. Municipalidad de Calera de Tango sea ilegal.

Tampoco es factible considerar que la aludida decisión sea arbitraria, desde que además de lo precedentemente dicho, tanto el Decreto Alcaldicio N° 1535-2013 que impone la sanción de destitución como el Decreto Alcaldicio N° 1579-2013 que rechaza la reposición deducida en contra de la primera, se encuentran escueta pero suficientemente fundados en argumentos que justifican la conclusión que en ellos se arriba, la que por lo mismo no obedece al mero capricho o actuar carente de razonabilidad de la recurrida, sino que se basa en los elementos de convicción allegados a la investigación.

DECIMO CUARTO: Que por lo expuesto en los anteriores razonamientos, si bien se puede compartir o disentir de las consideraciones por las que se otorga o no valor suficiente a determinados elementos de juicio para justificar las omisiones o incumplimientos por la recurrente a sus obligaciones y deberes funcionarios desde el año 2010, no es posible desconocer que la valoración de aquéllos para tal efecto es una facultad entregada por el legislador al ente administrativo competente que debe resolver la investigación sumaria, cuyo control en esta parte excede o escapa del ámbito de esta acción excepcional, de emergencia y cautelar del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, pues ciertamente ella no es ni puede ser la vía para enmendar la apreciación y valoración de un determinado medio probatorio por la autoridad facultada por la ley para ello como aquí se pretende.

DECIMO QUINTO: Que por consiguiente, no visualizándose del mérito de los elementos de convicción allegados, que en el curso de la investigación sumaria ni en la decisión del edil que con motivo de ella, impone la medida de destitución de doña nombre reservado, se hubiere incurrido en algún acto, sea por acción u omisión, que pueda estimarse ilegal y/o arbitrario, imposibilita dar por concurrentes en la situación de que se trata, los presupuestos exigidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de la acción de protección impetrada, razón por la que necesariamente deberá ser rechazada.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 8 por doña nombre reservado, en contra del Alcalde de la I. Municipalidad de Calera de Tango, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señora María Soledad Espina Otero.

Nº 369-2013-PROT.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por las Ministros señora Carmen Rivas González, señora María Soledad Espina Otero y el señor nombre reservado, don Nicolás Arrieta Concha.

En San Miguel, a ocho de abril de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente