nombre reservado con INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

nombre reservado, a veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece Christian Oliver Veliz Torres, abogado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, desempleado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado en su totalidad, en cuanto al pago de subsidios por incapacidad temporal devengados, por el no pago de pensión provisoria y por dilatar excesivamente la tramitación de la pensión por incapacidad, habiendo sido ordenado otorgar cobertura del seguro de la misma ley por la Superintendencia de Seguridad Social, por medio de Resolución Exenta N° R-01-UJU-63181-2023 de 11 de mayo de 2023, la que quedó firme por Resolución Exenta N° R-01-S-103370-2023 de 7 de agosto de 2023 de la SUSESO.

Sostiene que su representado, se desempeñaba como chofer para la empresa Servicios Generales Maper Dos Ltda. y que en los primeros meses del año 2020 contrajo COVID-19, enfermedad que le generó múltiples secuelas, las que en un principio no se consideraron de carácter laboral por parte de la recurrida, institución que no realizó investigación por parte del Instituto de Seguridad del Trabajo, para la determinación de origen laboral de la patología.

Asevera que al no haber sido considerada su enfermedad como una patología laboral, se mantuvo durante casi 2 años con licencias médicas y con subsidio de incapacidad laboral el que recibió al menos hasta diciembre del año 2022, oportunidad en la que cesó toda prestación al haber sido finiquitado por la empresa donde trabajaba.

Expone que entre las secuelas derivadas del COVID-19 de origen laboral, se encuentra la determinación del COMPIN, previo al proceso de calificación de enfermedad profesional de un 90% de incapacidad y que durante el tiempo que ha estado en tratamiento ha sufrido numerosas hospitalizaciones y sus capacidades físicas están reducidas al mínimo.

Actualmente su diagnóstico es crítico y su calidad de vida se ha visto notablemente afectada, mantiene padecimientos de dolor crónico intratable que le impide dormir por la noche o un mal dormir, las crisis de dolor desencadenan episodios de asma que exacerban sus dolores, tiene escasa movilidad provocada por dolores en articulaciones, codos, rodillas y tobillos y mantiene un dolor intenso en la espalda, donde también se le efectuó en su oportunidad una cirugía.

Añade que su representado recurrió el 12 de diciembre de 2022 a la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-63181-2023 de 11 de mayo de 2023, acogió la reclamación y calificó la patología como una enfermedad de origen laboral ordenando al Instituto de Seguridad Laboral otorgar las prestaciones del seguro de la Ley 16.744.

Asevera que a partir de agosto de 2023, el Instituto de Seguridad del Trabajo debía brindar las prestaciones médicas y económicas del Seguro de la Ley 16.744, sin embargo sólo ha otorgado las prestaciones médicas, arguye que “existen omisiones ilegales y arbitrarias en las prestaciones económicas, manifestadas en el subsidio por incapacidad temporal, y la correspondiente pensión provisoria por incapacidad..” (sic)

Añade que ha establecido una comunicación constante con representantes del IST, quienes le han solicitado de forma recurrente, liquidaciones de sueldo, finiquito y certificados de cotizaciones, lo que se refleja en un set de conversaciones por WhatsApp y que el recurrente envió los primeros días de septiembre tal como reflejan las mismas conversaciones.

Cita el artículo 31 de la Ley 16.744, que obliga a pagar los subsidios desde el día en que se comprueba la enfermedad, pero indica que aquello no está ocurriendo en el caso sub lite. “Artículo 31°.- El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento, desde el día que ocurrió el accidente o se comprobó la enfermedad, hasta la curación del afiliado o su declaración de invalidez.

La duración máxima del período del subsidio será de 52 semanas, el cual se podrá prorrogar por 52 semanas más cuando sea necesario para un mejor tratamiento de la víctima o para atender a su rehabilitación. Si al cabo de las 52 semanas o de las 104, en su caso, no se hubiere logrado la curación, y/o rehabilitación de la víctima, se presumirá que presenta un estado de invalidez.”

Refiere que el dictamen N°58 del año 2022 de la Superintendencia de Seguridad Social, señala a este respecto que procede el pago de pensión por incapacidad provisoria, en los casos derivados de secuelas por COVID-19 de existir una evaluación de incapacidad permanente. Es así como el caso de don nombre reservado, cumple con todos los supuestos aludidos.

Manifiesta que conforme al Dictamen 58 del año 2022 de la SUSESO procede, sino el pago de subsidios incapacidad temporal, una pensión de invalidez provisoria sin más dilación, toda vez que se ha determinado por el COMPIN un 90% de discapacidad y el Instituto de Seguridad del Trabajo está requiriendo nuevamente evaluar su grado de incapacidad para comenzar a pagar pensión, lo que lo tiene una situación desesperada. El dictamen anterior aplica a la fecha, sin haber nueva instrucción de SUSESO respecto de la situación de personas con secuelas de COVID19, lo que transforma la omisión y dilación de IST en un acto abiertamente Ilegal.

A su juicio resulta ilegal y arbitrario que el Instituto de Seguridad del Trabajo no proceda al pago de subsidios por incapacidad temporal pendientes como prestación del seguro, toda vez que el tratamiento de la enfermedad y secuelas inició en el año 2020 y se mantiene incluso efectuado el reclamo por enfermedad laboral el 12 de diciembre de 2023 y su relación laboral finalizó el 14 de diciembre de 2022 y su finiquito es de 19 de diciembre de 2022.

También resulta contrario a derecho, que el Instituto de Seguridad del Trabajo, iniciando el trámite de pensión por incapacidad laboral, teniendo una incapacidad determinada del 90% por parte del COMPIN, no otorgue desde ya, una pensión provisoria para que el paciente, recurrente en autos pueda sustentar sus necesidades más básicas de vivienda, comida y traslados, obligándolo como se refleja en los distintos correos a ir de funcionario en funcionario, conseguir documentos, pedir informes, dejando a cargo de una persona que apenas tiene movilidad, la carga de tramitar sus beneficios de seguridad social.

Indica que por los hechos antes mencionados, se han vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1°, 2°, 3°, 18° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se ordene el pago de las prestaciones económicas, subsidios retroactivos y aquellos que corresponda y se continúe brindando el tratamiento médico con cargo al seguro de la Ley N° 16.744, que se tramite sin más dilación la pensión por incapacidad laboral del recurrente y se pague una pensión provisoria por incapacidad laboral, con el fin de que goce íntegramente las prestaciones del seguro de la Ley 16.744 en el tiempo intermedio.

Atento lo dispuesto en el N°3 del Auto Acordado que regula la materia, se pidió informe, al tenor del recurso a la Superintendencia de Seguridad Social.

Al efecto comparece Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de dicha entidad, quien expone que don nombre reservado, el 18 de enero de 2023, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social solicitando se califique el origen de la contingencia que le afectó a contar de abril de 2020, por la que fue diagnosticado con Covid-19 positivo; contingencia a la que el Instituto de Seguridad del Trabajo, no le otorgó la cobertura del nombre reservado contra Riesgos Profesionales, derivándolo a su régimen de salud común (Fonasa - COMPIN Metropolitana).

Explica que con la finalidad de resolver la antedicha presentación, se requirió informe y los antecedentes médicos del caso al Instituto de Seguridad del Trabajo (I.S.T.), el que mediante Carta 1.10.d./142/2023, de 3 de febrero de 2023, señaló lo siguiente:

“Al respecto, cabe señalar que el Sr. nombre reservado consultó en nuestros servicios el 12 de diciembre de 2022, refiriendo haber sufrido de Covid 19 en año 2020, enfermedad que lo habría dejado con múltiples secuelas, las que consideró de carácter laboral. No obstante, el Sr. nombre reservado nunca consultó cuando contrajo el Covid 19, más de dos años atrás".

"El paciente no se encontraba en ningún registro epidemiológico del MINSAL, como contacto estrecho laboral, ni tampoco proporcionó evidencia que permitiese concluir que contrajo la enfermedad como consecuencia del ejercicio de su trabajo. De hecho, los antecedentes clínicos acompañados en el requerimiento, nada indican al respecto. En dicha virtud, nuestro Comité Calificador de Enfermedades Profesionales, determinó que la patología del Sr. nombre reservado es de origen común, sin relación con su actividad laboral, siendo derivado a su sistema previsional de salud común".

Sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos laborales del Sr. nombre reservado, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-63181-2023, de 11 de mayo del año 2023, acogió su reclamación, calificando la contingencia en referencia como de origen laboral e instruyó al Instituto de Seguridad del Trabajo otorgar la cobertura del nombre reservado contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en la Ley Nº16.744. lo anterior, por cuanto, como se señala en el dictamen en comento: “…mediante el Oficio Ordinario N° 1598, de 08.05.2020, numeral 3, literales b) y c), este Servicio ha establecido que en el caso de trabajadores que sean diagnosticados con Covid-19 positivo y que no se desempeñan en establecimientos de salud (como de este caso se trata), si el pertinente Organismo nombre reservado contra Riesgos Profesionales califica el cuadro de origen común, previo a ello deberá determinar la relación del contagio con las labores del trabajador afectado, investigando sobre los contactos con enfermos o infectados de Covid-19 en el lugar de trabajo o en el ámbito laboral, requerir la información al respectivo empleador y justificar debidamente los fundamentos de la calificación como común de la contingencia, aun cuando el caso no haya sido considerado como contacto estrecho laboral por la autoridad sanitaria. Que, como se puede observar en los citados registros, no se han aportado antecedentes que indiquen que la Mutualidad haya investigado la situación y determinado justificadamente que el origen de la contingencia tuvo un motivo extralaboral. En efecto, en la documentación allegada al expediente no se evidencia que se haya realizado alguna gestión investigativa ante la entidad empleadora o en el lugar de trabajo respectivo; fundamentos por los que cabe concluir que no resulta pertinente estimar el caso como de origen común…”

Indica que se hizo presente que los interesados podían interponer recurso de reposición, aportando nuevos antecedentes, dentro del plazo de cinco días hábiles, conforme a lo establecido en los artículos 59 y 25 de la Ley N° 19.880.

Asevera que el Instituto de Seguridad del Trabajo el 13 de junio de 2023, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, interponiendo recurso de reposición contra la Resolución Exenta N° R-01-UJU-63181-2023, de 11 de mayo de 2023, notificada electrónicamente a la Mutualidad recurrente con igual fecha, por la que esta Superintendencia calificó como de origen profesional una contingencia que en abril de 2020 afectó a don nombre reservado.

La Superintendencia de Seguridad Social, previa nueva revisión de los antecedentes del caso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-103370-2023, de 7 de agosto del año 2023, rechazó el recurso de reposición en referencia, confirmándose que la Mutualidad debe otorgar al trabajador la cobertura del nombre reservado contra Riesgos Profesionales por la contingencia antes referida. Lo anterior, por cuanto fue presentado una vez vencido el plazo de cinco días que establece el artículo 59 de la Ley N° 19.880.

Informa al tenor del recurso don Jaime Contreras Vergara, abogado, en representación del Instituto de Seguridad del Trabajo, quien estima improcedente el recurso intentado, por cuanto lo que en realidad se cuestiona es la procedencia de un beneficio excepcional, propio de la seguridad social, garantía no protegida por la acción de protección.

Añade que lo que el recurrente pretende, mediante este procedimiento de urgencia, es la declaración de un derecho, como sería un supuesto pago de subsidios y de pensión transitoria, lo que implica que no existe un derecho indubitado para cautelar, cuestión que contraviene la naturaleza y espíritu de la acción de protección.

Afirma que, en los hechos, tampoco existe una situación que requiera un pronunciamiento urgente, ya que existen otros procedimientos idóneos para la discusión planteada en el presente recurso, a saber, el dispuesto en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo.

Esgrime que no existe un acto arbitrario o ilegal del Instituto de Seguridad del Trabajo en relación a la cobertura del cuadro laboral del actor, determinado en resoluciones exentas R-01-UJU-63181-2023 y R-01-S-103370-2023, de la Superintendencia de Seguridad Social, ni tampoco en relación a la tramitación de expediente para evaluación de incapacidad por parte de la COMPIN.

Hace presente que recurrente consultó en los servicios de IST el 12 de diciembre de 2022, refiriendo haber presentado Covid 19 en año 2020, sin haber consultado previamente en esa institución.

Explica que en dicha oportunidad, el caso fue revisado por el Comité Calificador de Enfermedades Profesionales de IST, evidenciando que el Sr. nombre reservado no se encontraba en ningún registro epidemiológico del MINSAL, como contacto estrecho laboral, ni tampoco proporcionó evidencia que permitiese concluir que contrajo la enfermedad como consecuencia del ejercicio de su trabajo, por lo que se determinó que la patología del Sr. nombre reservado era de origen común, sin relación con su actividad laboral, siendo derivado a su sistema previsional de salud común.

Manifiesta que, de la decisión anterior, el Sr. nombre reservado reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la que fue acogida por dicho ente, mediante resolución exenta R-01-UJU-63181-2023 de 11 de mayo 2023, calificándose la contingencia en referencia como de origen laboral, ordenando a IST otorgarle la cobertura del nombre reservado contra Riesgos Profesionales.

Conforme a ello, desde la citada resolución, el Sr. nombre reservado fue ingresado a la cobertura del nombre reservado contra riesgos profesionales, siendo evaluado y quedando con controles ambulatorios, otorgándose las prestaciones que ha requerido.

Paralelamente, el instituto que representa, dedujo una reposición, toda vez que de los antecedentes recabados no era posible evidenciar un nexo causal de la patología presentada por el Sr. nombre reservado con su trabajo, la que fue rechazada mediante resolución exenta N° R-01-S-103370-2023, posterior a lo cual IST presentó un recurso de revisión, por estimar que existió error de hecho en la resolución que calificó el cuadro del Sr nombre reservado como laboral, el que se encuentra pendiente.

De esta forma, no obstante que IST no está de acuerdo con la calificación laboral efectuada por la SUSESO en este caso, ha obrado conforme a sus obligaciones legales, ingresando al paciente a la cobertura del nombre reservado que administra y otorgando las prestaciones que corresponden según su estado de salud, lo que deja en evidencia la falta de fundamento tanto fáctico como jurídico del recurso de protección intentado, el que deberá ser rechazado, con costas.

El Sr. nombre reservado alega que no se le han pagado subsidios ni se le ha constituido una pensión transitoria, pero no indica desde cuando debería habérsele pagado subsidio ni la razón de ello, ni tampoco porqué, a su juicio, le correspondería una pensión transitoria.

Al respecto, señala que las prestaciones económicas de la Ley 16.744, se otorgan a los trabajadores que, producto de un infortunio o afección laboral, se encuentran incapacitados, en forma temporal o permanente, para ejercer su actividad laboral, por lo que las prestaciones económicas surgen de una determinación médica, que establece la necesidad de reposo del paciente (incapacidad temporal) o bien su estado secuelar (incapacidad permanente).

En el caso de la incapacidad temporal (y existiendo un vínculo laboral vigente), el trabajador tendrá derecho al pago de un “subsidio”, que es un monto de dinero que tiene por finalidad reemplazar la remuneración del trabajador, mientras esté con reposo médico. Lo anterior, seencuentra contemplado en el artículo 30 de la Ley 16.744.

En el caso de la incapacidad permanente, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a una pensión de invalidez, según el porcentaje de incapacidad que se le hay determinado, conforme a las disposiciones del DS.109.- Por su parte, la “pensión transitoria”, es una ficción jurídica, establecida para aquellos casos en los cuales, habiendo transcurrido el período máximo de goce de subsidios (104 semanas), el paciente aún requiere reposo y existen tratamientos pendientes, que impiden evaluar su incapacidad permanente, presumiéndose, entonces, su estado secuelar, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley ya citada.

Postula que, en el caso del recurrente, no ocurre ninguna de las situaciones anteriores, porque tal y como lo reconoce en su presentación, estuvo con licencia médica hasta el 5 de diciembre de 2022, por lo que el subsidio derivado de éstas, fue pagado por su sistema previsional de salud común. Luego, al momento de su ingreso en IST, el 12 de diciembre de 2022, el paciente no se encontraba haciendo uso de licencia médica ni se encontraba con reposo. A la vez, evaluado por médico IST, se determinó que se encontraba estable, indicándose controles ambulatorios, sin reposo.

Así, acusa que en este escenario no es efectivo que al Sr. nombre reservado se le adeude o le correspondiere pago de subsidios, toda vez que a su ingreso en IST, no tenía indicación de reposo.

Por su parte, en el caso que su estado de salud hubiere variado y hubiere requerido reposo desde que la SUSESO calificó su afección como laboral, tampoco tendría derecho a subsidio, porque no tiene una relación laboral vigente, requisito indispensable para poder percibir esta prestación económica, considerando que la finalidad del subsidio es reemplazar las rentas del trabajador incapacitado temporalmente para trabajar. Hace presente que su relación laboral concluyó el 14 de diciembre de diciembre de 2022, por lo que, desde esa época, aun cuando se le pudiera haber prescrito reposo, no habría tenido derecho a pago de subsidios.

En relación a su solicitud de pensión transitoria, no existiendo indicación de reposo posterior al plazo legal de percepción de subsidios (104 semanas), no corresponde constituir este beneficio.

Menciona que la constitución de una pensión de invalidez transitoria es una situación excepcional, no descrita en la ley, sino que surge de la interpretación de la Superintendencia, para aquellos casos en que, habiéndose superado el período máximo de goce de subsidios (104 semanas), existen terapias pendientes que ameritan el reposo del trabajador e impiden la evaluación de incapacidad permanente y por ende, la constitución del beneficio económico derivado de aquello (indemnización o pensión).

Reitera que el recurrente ha estado sin reposo médico desde el 6 de diciembre de 2022 y la razón por la cual no ha sido posible proceder a la evaluación de su incapacidad permanente, desde la calificación de su caso como laboral, no es la existencia de terapias pendientes, sino que la falta de un protocolo específico para la determinación de la pérdida de capacidad de ganancia en casos de COVID-19, que se emitió, recién a fines del mes de septiembre de 2023 (Resolución exenta 1271, de 29.09.2023). A la fecha, este Instituto se encuentra en proceso de remisión de los antecedentes actualizados del paciente a la COMPIN respectiva.

Afirma que las prestaciones que reclama el recurrente no constituyen un derecho indubitado, pues a juicio de este Instituto dichos beneficios no corresponden en su caso, al no cumplir los requisitos para ello, producto de lo cual, la acción de protección resulta improcedente.

Añade que el Instituto de Seguridad del Trabajo ha actuado conforme a las disposiciones de la Ley N° 16.744, dentro del proceso administrativo establecido al efecto por la Ley 16.744 y por la SUSESO, por lo que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, con costas.

En seguida, hace presente que, en virtud de dictamen 58, de enero de 2022, la SUSESO ordenó a los Organismos Administradores de la Ley 16.744, no enviar a los secuelados de COVID-19 a evaluación de incapacidad ante COMPIN, mientras no se emitiera el protocolo específico para la determinación de porcentajes de incapacidad o baremos. El Protocolo que regula la evaluación de incapacidad por secuelas asociadas a la enfermedad de covid-19 laboral, fue emitido recién a fines de septiembre del presente año. En este contexto, para poder enviar los antecedentes del paciente a la COMPIN, se debe contar con información actualizada, la que se ha estado recopilando en este período, con la finalidad de proceder a la derivación del caso a la brevedad.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Segundo: Que, la recurrente estima arbitraria e ilegal la omisión consistente en que la recurrida no le habría otorgado la cobertura del seguro de la Ley Nº 16.744, en su totalidad, en cuanto al pago de los subsidios por incapacidad temporal devengados; por el no pago de pensión provisoria y por dilatar excesivamente la tramitación de la pensión por incapacidad, conculcando con ello las garantías constitucionales reconocidas en los numerales 1º,2º,3º, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, con el mérito de los antecedentes aportados por las partes concernidas, apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible tener por cierto los siguientes hechos de relevancia jurídica:

1.- El recurrente, contrajo Covid-19 en el mes de abril de 2020.

2.- Hizo uso de licencia médica hasta el 5 de diciembre de 2022, a través del régimen de salud común.

3.- La relación laboral del recurrente con su empleador concluyó el 14 de diciembre de 2022.

4.- el 12 de diciembre de 2022, el recurrente consultó a la recurrida IST, a propósito de haber sufrido de Covid 19 en año 2020, enfermedad que lo habría dejado con múltiples secuelas, las que consideró de carácter laboral.

5.-El 18 de enero de 2023, nombre reservado, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social solicitando se califique el origen de la contingencia que le afectó a contar de abril de 2020, por la que fue diagnosticado con Covid-19 positivo.

6.- La Superintendencia de Seguridad Social, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-63181-2023, de 11 de mayo del año 2023, acogió la reclamación del recurrente, calificando la contingencia en referencia como de origen laboral e instruyó al Instituto de Seguridad del Trabajo otorgar la cobertura del nombre reservado contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en la Ley Nº16.744.

7.- El Sr. nombre reservado, fue ingresado a la cobertura del nombre reservado contra riesgos profesionales, siendo evaluado y quedando con controles ambulatorios, otorgándose las prestaciones que ha requerido.

Cuarto: Que lo primero que corresponde dejar asentado, conforme se indicó en el fundamento que precede, que la recurrida Instituto de Seguridad del Estado, ingresó al recurrente a la cobertura del nombre reservado que administra y le ha otorgado las prestaciones que corresponden según su estado de salud, por lo que el recurso carece de fundamento en esta parte.

Quinto: Que en lo relativo a las prestaciones económicas que la recurrente reclama, esto es, el pago de subsidios y una pensión transitoria, ha de señalarse que la Ley N° 16,744 que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, instituye prestaciones económicas a los trabajadores que, producto de un infortunio o afección laboral, se encuentran incapacitados, en forma temporal o permanente, para ejercer su actividad laboral. En el caso de incapacidad temporal el trabajador tiene derecho al pago de un subsidio que reemplaza la remuneración del trabajador mientras no pueda laborar por prescripción médica. Es del caso señalar que el recurrente estuvo con licencia médica hasta el 5 de diciembre de 2022, por lo que el subsidio se le pagó por su sistema previsional común. El 12 de diciembre de 2022, cuando el recurrente ingresa al IST, éste no se encontraba haciendo uso de licencia médica ni se encontraba con reposo y más importante aún, el señor nombre reservado carece de relación laboral vigente, pues ésta concluyó el 14 de diciembre de 2022.

En lo que hace a la solicitud de pensión de invalidez transitoria, conforme se lee de los informes evacuados en autos, recién en septiembre de 2023, a través de la Resolución exenta 1271, se emitió el protocolo para la determinación de la pérdida de capacidad de ganancia en casos Covid-19, encontrándose actualmente en proceso de remisión de los antecedentes actualizados del recurrente a la Compin respectiva, por lo que no se verifica la dilación excesivamente de la tramitación de la pensión por incapacidad que se denuncia.

Sexto: Que de lo que viene de razonarse, no es posible soslayar que ésta no es esta la vía para obtener lo que la recurrente pretende, puesto que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentran indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el actor solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse a través del presente recurso, ni del modo en que se pide, dado que el esclarecimiento de si asisten o no al recurrente los derechos que reclama, exige un procedimiento ante la entidad técnica, como lo son la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social y la Compin, y, entenderlo de otro modo conllevaría aceptar la indebida instrumentalización de la presente acción constitucional;

Séptimo: Que no se desconoce por esta Corte que la parte final del artículo 20 citado dispone que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, pero esta disposición constitucional no importa que el recurso de protección se erija como un sustituto jurisdiccional de cualquier procedimiento general o específico que exista a nivel legal y se lo utilice en reemplazo de procesos concebidos por el legislador como precisos y específicos para la defensa de los derechos que se denuncia vulnerados. La expresión que utiliza la Carta Fundamental, como se expuso más arriba, únicamente denota que las providencias urgentes para restablecer el imperio del derecho que se adopten con motivo de acogerse el recurso deberán instar por poner pronta solución al mal que lo justificó, pues este último amenaza, perturba o priva de tal forma el ejercicio del derecho constitucionalmente protegido que se requiere de un remedio inmediato y eficiente para su efectiva vigencia; pero quedan a salvo las acciones que ordinariamente prevé el ordenamiento para la solución definitiva del conflicto y en rigor no sólo respecto del afectado recurrente, sino también de aquel contra quien el recurso fue dirigido.

En la situación planteada el conflicto que propone el recurrente encuentra una solución mediante el ejercicio de las acciones y procedimiento que actualmente están siendo evaluados para su oportuna decisión técnica, de tal suerte que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para emitir el pronunciamiento que se demanda.

En tales condiciones, debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en al Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por Christian Oliver Veliz Torres, abogado, en representación de nombre reservado, en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo, representada por nombre reservado, Regístrese y archívese.

Redactó la ministra Claudia Lazen M.

N° 3687-2023-Protección Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señoras María Teresa Díaz Zamora y Claudia Lazen Manzur y la Fiscal Judicial señora nombre reservado.