nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

San Miguel, once de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, chilena, ingeniera en administración, interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos de su remuneración por concepto de crédito social, pese a encontrarse pendiente un juicio ejecutivo en su contra por la misma deuda.

Señala que el 14 de febrero de 2022 pactó un préstamo con la recurrida, pagó la cuota N° 12 el 31 de mayo de 2023 y luego, por motivos ajenos a su voluntad, dejó de pagar las restantes. Indica que en reiteradas oportunidades acudió a sucursales de la Caja para regularizar su situación y que la única alternativa ofrecida fue la repactación de la deuda, opción que incrementaba considerablemente el monto adeudado y la dejaba en una situación financiera crítica, frente a lo cual se le advirtió que, de no acceder, se iniciarían acciones judiciales de cobranza.

Expone que la Caja hizo uso de la cláusula de aceleración y dedujo demanda ejecutiva por el total de lo adeudado, la que fue presentada el 17 de abril de 2024 en causa Rol C-495-2025 (sic) del Juzgado de Letras de Peñaflor. Sin embargo, indica que al revisar sus liquidaciones de sueldo entre marzo de 2022 y la fecha, advirtió que la recurrida había ordenado a su empleador efectuar descuentos mensuales por montos que incluso superarían la cuota originalmente pactada, pese a existir dicho juicio pendiente.

Señala que en el área de recursos humanos de su empleador se le informó que las retenciones se realizaban por instrucción exclusiva de la Caja y que, al concurrir a una sucursal de esta, no obtuvo explicación sobre el fundamento de los descuentos ni sobre el cálculo aplicado. Afirma que esta conducta configura un ejercicio de autotutela, puesto que la recurrida, al mismo tiempo que demanda el cobro del total de la deuda, obtiene por vías de hecho pagos mensuales análogos o superiores a una cuota.

Sostiene que tal actuar vulnera su derecho de propiedad sobre su remuneración garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que se le priva y perturba en el goce de aproximadamente $4.389.374 descontados desde marzo de 2022, cifra que estima aproximada por no contar con todas sus liquidaciones entre marzo y septiembre de 2023, y que la situación se mantiene en el tiempo, configurando una afectación actual y continua.

Indica que, aunque el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las cajas de compensación para efectuar descuentos por planilla, ello no autoriza a utilizarlos de manera arbitraria cuando se ha optado por la vía judicial de cobro mediante la cláusula de aceleración, ya que se produciría un doble pago carente de sustento jurídico.

Solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, se le ordene abstenerse de seguir efectuando descuentos en su remuneración y se disponga el reembolso de los montos indebidamente descontados entre marzo de 2023 y agosto de 2025 y los que se realicen en el futuro, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, al evacuar informe, Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicita el rechazo del recurso de protección deducido.

Expone que la recurrente mantiene dos créditos sociales vigentes con la Caja. Indica que el primero, código N° 208COS100111249, fue otorgado el 14 de abril de 2022 por un capital inicial de $3.815.953, a una tasa de interés mensual de 1,82 % pagadero en cuarenta y ocho meses, con cuota mensual de $128.884 y primer vencimiento el 30 de junio de 2022, registrándose el pago de las cuotas 1 a 28 entre julio de 2022 y septiembre de 2024 y manteniéndose en mora las cuotas 29 a 39, correspondientes a los meses de octubre de 2024 a agosto de 2025.

Añade que el segundo crédito, código N° 208COS100164097, fue otorgado el 17 de octubre de 2022 por un capital de $1.566.009, a una tasa mensual de 2,19%, en sesenta cuotas de $50.085, con primer vencimiento el 31 de diciembre de 2022, pagándose las cuotas 1 a 22 entre enero de 2023 y diciembre de 2025 y encontrándose en mora las cuotas 23 a 33, de octubre de 2024 a agosto de 2025.

Precisa que, si bien se inició demanda ejecutiva en contra de la recurrente, ésta no ha sido notificada, por lo que no existe doble cobro, y que la interposición de la acción judicial obedece a la obligación impuesta por el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, que ordena iniciar cobranza judicial a más tardar al sexto mes de morosidad cuando la deuda supera las cincuenta unidades de fomento.

Sostiene que, tratándose de deudas actualmente exigibles y no prescritas, la recaudación a través del mecanismo de descuento por planilla previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es jurídicamente procedente.

Expone luego el carácter social de los créditos que otorgan las Cajas de Compensación, regulados en la Ley N° 18.833, destacando que se trata de corporaciones de derecho privado sin fines de lucro dedicadas a administrar prestaciones de seguridad social. Cita los artículos 19, 21 y 22 de dicho cuerpo legal para sostener que el crédito social es una prestación de bienestar social financiada con el fondo social de la Caja y que el legislador estableció, como garantía de pago, que lo adeudado por crédito social debe ser deducido de la remuneración por el empleador y remitido a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Sobre esta base, destaca particularidades del “descuento por planilla”, al que califica como mecanismo especial de pago inherente al crédito social, obligatorio para el empleador y que opera con independencia de la voluntad de la Caja, de modo que el pago se entiende efectuado por el trabajador desde que se practica la deducción en su sueldo, conforme al inciso segundo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 y al Compendio de Normas de la Superintendencia, debiendo dirigirse las acciones de cobro contra el empleador en caso de no remesar las sumas retenidas. Añade que el trabajador no puede oponerse a dicho mecanismo por tratarse de una modalidad propia de este tipo de créditos y que, en consecuencia, no puede calificarse el descuento por planilla como una gestión de cobro autónoma o arbitraria de la Caja.

En cuanto a la prescripción, sostiene que la obligación sigue siendo exigible mientras no exista sentencia que la declare, ya que la prescripción extintiva no opera de pleno derecho y debe ser alegada y declarada judicialmente.

Cita el Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que indica que, mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones derivadas del crédito social y del pagaré respectivo, el empleador debe continuar practicando los descuentos de cuotas, criterio que, a su juicio, impide acoger la tesis de la recurrente en sede de protección. Afirma que cualquier discusión sobre exigibilidad, prescripción u otras defensas debe ventilarse en un juicio de lato conocimiento y no a través del recurso de protección.

Finalmente, descarta la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, por cuanto no existe traspaso ilegítimo de remuneraciones a la Caja, sino ejercicio de una facultad expresamente reconocida por la ley para resguardar el fondo social. Señala que sólo podría existir arbitrariedad si se practicaran descuentos respecto de créditos declarados prescritos, lo que no ocurre en la especie.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él- que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que según consta de los antecedentes incorporados por la actora, especialmente el e-book de la causa Rol C-1070-2024, tramitada ante el Juzgado Civil de Peñaflor, caratulada “CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS AND”, la recurrida demandó judicialmente en procedimiento ejecutivo a la actora de autos por una de las deudas que motiva esta acción cautelar, derivada de la suscripción del pagaré N° 208COS100111249, en la que se opusieron excepciones.

Quinto: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N.º 18.833 establece que las sumas adeudadas por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación deben ser deducidas de la remuneración del trabajador por la entidad empleadora y remesadas a la Caja acreedora conforme a las normas que rigen el pago de cotizaciones previsionales, en el caso de autos la Caja optó por judicializar el cobro de uno de los pagarés, excluyéndolo del ámbito extrajudicial que ahora pretende retomar, al reactivar los descuentos a través del empleador de la recurrente.

Tal proceder resulta arbitrario, pues implica reactivar un mecanismo de cobro excepcional conferido por la ley para situaciones específicas –esto es, ante cobros oportunos– condición que no se cumple en la especie. Al haber optado por la vía judicial, la recurrida renunció a utilizar el mecanismo extrajudicial del artículo 22, el cual, en razón de su carácter excepcional, debe interpretarse y aplicarse restrictivamente, máxime cuando en sede judicial ya se han adoptado medidas como embargos. En consecuencia, no le asiste la facultad de perseguir el cobro simultáneamente por ambas vías.

Sexto: Que, conforme al principio de sujeción a la Constitución y a las leyes, la recurrida –en cuanto entidad que ejerce una función pública asistencial– debe actuar de manera motivada y racional. Por ello, estaba obligada, al menos, a comunicar previamente al recurrente sus decisiones, y no proceder de forma sorpresiva, haciendo uso abusivo de una potestad unilateral prevista en la ley y en el contrato, sin considerar la legítima expectativa del trabajador de percibir íntegramente sus remuneraciones.

Una vez elegida la vía judicial, la Caja queda impedida de ejercer el mecanismo previsto en el artículo 22, ya que, además, su actuar priva al recurrente del derecho a ejercer defensa patrimonial en sede judicial. Ello no obsta a que pueda ejercer las acciones ordinarias que le confiere el ordenamiento jurídico para perseguir el cumplimiento de la obligación.

Séptimo: Que el actuar arbitrario de la recurrida importa la vulneración del derecho del actor consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, desde que afecta su patrimonio, reduciendo el monto del dinero que le corresponde percibir por su trabajo.

Octavo: Que, en cambio, en lo que dice relación con el cobro de la deuda originada en el crédito código N° 208COS100164097, a través de los descuentos de las remuneraciones pertinentes, cabe señalar que no existe ilegalidad o arbitrariedad en ello, dado que se trata de una deuda respecto de la cual no hay constancia de existir cobro judicial ni de que se le haya declarado prescrita por algún tribunal, por lo que ha dicho respecto el recurso de protección no puede prosperar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en lo relativo al cobro del pagaré N°208COS100111249 y, en consecuencia se ordena a la recurrida abstenerse de continuar efectuando descuentos a las remuneraciones de la recurrente por esa obligación y se dispone que la Caja deberá restituir los montos indebidamente descontados, sin perjuicio de lo que se resuelva en la causa ejecutiva señalada en la parte considerativa.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°3678-2025 Protección.

PAGE