nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A.

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156, con lo que vulnera los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales y el 26 de agosto de 2025, se le notifica mediante correo electrónico que su solicitud fue rechazada porque no se acompañó certificado o constancia de afiliación vigente y susceptible de validación que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Explica que la extranjera ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico o profesional solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, ya que realiza una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Indica que el rechazo de la recurrida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, por cuanto se le impide disponer de sus fondos. Sostiene que el acto impugnado se funda en una interpretación excesivamente formalista y contraria al propósito de la ley, afectando injustificadamente su patrimonio.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Señala que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, el 20 de agosto de 2025, sin embargo, sostiene que dicha solicitud adolece de un problema, ya que, entre los documentos presentados con la solicitud, se incluyó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' y una 'Declaración bajo fe de juramento', por lo que se rechazó la solicitud y fue comunicado oportunamente el 26 de agosto de 2025.

Señala que el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, el Oficio señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Indica que el mismo oficio refiere la ineficacia de la constancia electrónica y declaraciones juradas señalando que no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos. Asimismo, se establece que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales, ya que, no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen y que dicho oficio concluye señalando expresamente que: “En consecuencia, los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, no requiriéndose ninguna otra intervención adicional sobre dicha apostilla”.

En cuanto al derecho, argumenta que el rechazo de la solicitud no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ajusta estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las facultades que le otorgan el DFL N°101/1980, el DL N°3.500/1980 y la Ley N°20.255.

Añade que la negativa no afecta el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos, que permanecen en su cuenta individual para financiar su pensión futura, ni lo deja en situación de indefensión, puesto que puede subsanar los antecedentes y reingresar su solicitud conforme a las exigencias legales.

Por último, sostiene que el recurso no es la vía idónea, dado que existen mecanismos administrativos específicos ante la AFP o la Superintendencia para resolver este tipo de gestiones, por lo que no se configura vulneración a las garantías del artículo 19 N°2 ni N°24 de la Constitución.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 27 de noviembre de 2025, señala en primer lugar que la solicitud de la recurrente busca una declaración sobre la existencia de un eventual derecho a retirar fondos previsionales, lo que excede la naturaleza y finalidad de la acción de protección, pues no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos normativos para acceder a dicha devolución.

Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley, por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad con la normativa aplicable en la especie y con la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Precisa que, en lo que respecta a la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad y, hace presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias (entendiendo esto último que dé derecho al pago de subsidios) y médicas, en caso de enfermedad de origen común.

Por otra parte refiere que en cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, que habría aportado la recurrente ante la Administradora, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla y, además, dicho documento no da cuenta de que el trabajador haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile. Por lo tanto, no es un documento útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.

Asimismo, refiere que acompañó una declaración jurada a su solicitud de retiro de fondos, en la que declararía encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que este documento, al igual que el anterior, no cumple con los requisitos dispuestos para acreditar el cumplimiento de contar con cobertura previsional pues tampoco es emitido por la autoridad competente del país de origen de la recurrente.

Agrega que, además en este caso, la persona recurrente no expresó oportunamente ni de forma inequívoca su voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera en su contrato, requisito esencial según la Ley N°18.156. Por lo tanto, prevalece la afiliación al sistema chileno y no corresponde la devolución de fondos. Además, permitir el retiro podría generar un perjuicio fiscal futuro, ya que el Estado podría verse obligado a financiar una pensión.

Solicita que se declare improcedente el recurso de protección presentado contra la Superintendencia, ya que no se ha configurado privación, perturbación ni amenaza a derechos constitucionales atribuibles a dicho organismo o que se rechace el recurso con condena en costas al abogado que actúa en favor de la parte recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley 18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por la parte recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada; y una declaración jurada que emana de la propia trabajadora y no de la Institución de Seguridad Social, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Por otra parte, tampoco se ha allegado ningún antecedente certero de que el recurrente va a volver definitivamente a su país de manera que correspondiese devolver a la Institución de Seguridad Social de su país los fondos que pudiese haber reunido en la A.F.P. durante su estadía en Chile.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, lo son en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, toda vez que, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley para el retiro de fondos, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, y, por tanto, es innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3675-2025 Protección.