ASOCIOACION DE FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE EDUACION Y SALUD DE SAN BERNARDO REPRESENTADA POR DON nombre reservado EN CONTRA DE INSPECCION DEL TRABAJO nombre reservado Y DIRECCION DEL TRABAJO

Foja: 59 Cincuenta y Nueve San Miguel, a dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 15 comparecen nombre reservado, Presidente, nombre reservado, Secretario y nombre reservado, Tesorera, todos dirigentes, quienes deducen acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado, representada por el Inspector Provincial del Trabajo Sr. nombre reservado y en contra de la Dirección del Trabajo de Santiago, por haber emitido en forma arbitraria acta de notificación observaciones y objeciones a la Constitución de la Sociedad de Funcionarios de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo de fecha 21 de octubre de 2014, que calificó y objetó la constitución de esta en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.296.

Se indica que el día 7 de agosto de 2014, don nombre reservado solicitó al Sr. nombre reservado la designación de ministro de fe con la finalidad de la constitución de la Asociación de Funcionarios, otorgando fecha para ésta el día viernes 5 de septiembre de 2014, entre las 11.00 a 16:00 horas, con un número de participantes de 60 personas aproximadamente, señalándose como nombre de la futura entidad gremial como “Asociación de Funcionarios de la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo”, siendo una asamblea única, constituida ante el Ministro de Fe doña Carolina Silva Ponce, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8 y 13 de la Ley N° 19.296.

El día 8 de septiembre de 2014 hizo la presentación formal el señor secretario de la mencionada Corporación, asimismo ese mismo día al recurrente nombre reservado no se le permitió el ingreso a su trabajo como guardia de seguridad, pidiéndole que firmara su contrato y finiquito a lo que se negó, ya que él gozaba de fuero.

Así concurrió a efectuar la denuncia ante la Inspección del Trabajo nombre reservado para solicitar su reintegro y hacer efectivo el fuero, siendo atendido por el abogado de dicha Institución, informándole que no estaba facultado para tomar la denuncia, ni proceder al reintegro por tratarse de una Asociación regida por Ley N° 19.296 y solamente podía tomar un acta de su comparecencia y ésta sería remitida a la CGR para su conocimiento, comparecencia que fue tomada el día 9 de septiembre de 2014.

El día 10 de septiembre del año en curso se solicitó en forma verbal al Departamento Jurídico de la CGR sobre las facultades de reintegro y fuero de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios informado de la misma forma que esa facultad le correspondía a la Dirección del Trabajo y/o Inspección de la misma.

Ante la poca claridad respecto de lo anterior, se solicitó a ambas reparticiones un pronunciamiento formal, lo que se llevó a cabo el 11 de septiembre del año en curso.

La Dirección del Trabajo convocó a una reunión el día 7 de octubre de 2014, levantándose acta de comparecencia, en la cual en su párrafo 6 se instruye por parte de la Unidad de Defensa Judicial y nombre reservado a la Unidad respectiva de la Inspección de San Bernardo la reincorporación del trabajador don nombre reservado y asimismo respecto de la Sra. nombre reservado, lo que consta en el párrafo 7.

Se sostiene, que los hechos constituyen una vulneración al derecho de igualdad ante la ley, artículo 21, 19 N°2 y 3 inciso 5°, artículo 38 inciso 2° y artículo 73 inciso 2° de la Constitución Política de la República, solicitando se adopten las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento del derecho, ordenando la reincorporación del trabajador nombre reservado y su fuero a sus funciones como trabajador de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo.

A fojas 48 la abogada Carol Ovalle Pizarro, en representación de la parte recurrida quien previo a señalar que no resulta procedente el recurso de protección atendida que las materias que se vinculan a este asunto son de lato conocimiento, informa que el día 10 de septiembre del año en curso, el Directorio de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, procedió a depositar en la Inspección Provincial del Trabajo del nombre reservado, dentro del plazo legal vigente, el Acta original de Constitución y cuatro copias de los estatutos certificadas por el Ministro de Fe actuante, quedando la referida entidad inscrita con el N°93.13.0050 en el Registro de Asociación de Funcionarios de esa Inspección.

Con fecha 11 de septiembre de 2014, se emitió certificación de constitución haciendo presente que en conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 19.296 su representada dentro del plazo de 90 días corridos desde la fecha del depósito del acta podía formular observaciones a la constitución de la organización si faltare por cumplir algún requisito para constituirla o si los estatutos no se ajustan a lo dispuesto en la ley.

Según consta del Acta de notificación de 14 de octubre de 2014, se realizan objeciones a la constitución, toda vez que no corresponde la creación de una asociación de funcionarios regidas por la Ley 19.296, sino que se debió constituir una organización de las establecidas en el Código del Trabajo.

Respecto al trabajador señor nombre reservado, indica que éste habría sido reincorporado a sus labores el día 14 de noviembre de 2014, en virtud de un acuerdo al que arribó con la Corporación Municipal de Educación, según lo expresó en acta de comparendo respectiva.

Concluye que no se ha vulnerado ninguna de las garantías alegadas por la recurrente y por lo tanto la acción debe ser rechazada.

A fojas 57 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que, resulta preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, está destinado a cautelar ciertos nombre reservado, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

2°) Que atento lo expresado, constituye requisito necesario de la acción de que se trata la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, a saber, producto del mero capricho de quien lo expide, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecten una o más de las garantías constitucionales protegidas. Así, solo en el caso de darse alguna de dichas exigencias, que no son copulativas, según la literalidad de la disposición que lo consagra, cabría entrar al análisis de las garantías que se enuncian lesionadas, resultando, en caso contrario, inútil e inoficiosa tal labor.

3°) Que con el objeto de resolver la acción constitucional deducida y atendido el confuso tenor del recurso se entiende que el acto ilegal o arbitrario sería la resolución por la cual la Inspección Provincial del Trabajo del nombre reservado observó la constitución de la Asociación de Funcionarios, ello por una parte. Y respecto del recurrente nombre reservado el acto vulneratorio lo constituye el hecho del despido;

4°) Que precisado lo anterior y respecto de la observación que realiza el ente recurrido respecto de la constitución de la Asociación de Funcionarios, atendida la materia, estos sentenciadores no advierten algún tipo de ilegalidad o arbitrariedad en lo actuado que requiera se adopten resguardos por este tribunal, en la medida que la referida autoridad en la observación que formula lo hace dentro de sus atribuciones que por ley le competen, siendo por lo demás la materia un asunto de lato conocimiento que no puede ser cautelado atento lo dicho, a través de la acción cautelar que se ha intentado, con lo cual necesario resulta concluir que éste capítulo de la acción deberá ser desestimada;

5°) Que en lo referido a la exoneración del recurrente señor nombre reservado tampoco resulta menester emitir por estos sentenciadores opinión sobre el particular, atendido principalmente a la circunstancia que de conformidad con al Acta de Comparendo de Conciliación de fojas 47 consta que el reclamante se desistió del reclamo, lo que está en concordancia con la actuación que rola a fojas 22 donde no obstante esta Corte no resolvió la presentación y los recurrentes no lo observaron, menester resulta presumir que los hechos que han dado motivo a este recurso han sido resuelto por las partes;

6°) Que por lo precedentemente razonado y no existiendo acto ilegal o arbitrario al cual esta Corte deba brindar protección constitucional, resulta del todo innecesario pronunciarse sobre la vulneración de alguna de las garantías constitucionales amparadas por la vía que se ha intentado, resultando en definitiva que el presente recurso deberá ser desestimado como se dirá en lo resolutivo;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Fundamentales SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta a fojas 15 y siguientes por don nombre reservado, nombre reservado y doña nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del nombre reservado y en contra de la Dirección del Trabajo de Santiago, sin costas.

Redactó Manuel Hazbún Comandari, Abogado Integrante.

Regístrese y comuníquese Rol Corte 367 – 2014-PROT.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, presidida por la Ministro señora María Teresa Díaz Zamora e integrada por la Ministro señora Carmen Gloria Escanilla Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari.

San Miguel, a dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil catorce notifiqué por el estado diario la resolución precedente.