nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece el abogado señor Nelson Andrés Ortiz Villalobos, en nombre de nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, invocando la vulneración de las garantías fundamentales de los números 2 y 3, inciso quinto, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso expresando que el actor integra el nombre reservado desde 2016 y que en su trayectoria se incluye la participación como director de la 8ª compañía del cuerpo durante el año 2019 y como Vicesuperintendente del cuerpo entre los años 2020 y 2021.

Expresa que el 4 de julio de 2020 compareció a una audiencia indagatoria en causa N° 15-2020 para el 4 de julio de 2020 ante el Honorable Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado –en adelante, HCSD-, en razón de una denuncia en su contra por irregularidades encontradas en tesorería durante su gestión en 2019. En esa oportunidad –prosigue- se le comunicó que la finalidad de esta citación sólo era darle a conocer sobre esta denuncia, y que existiría una futura instancia en la cual podría presentar antecedentes y pruebas para sostener su defensa; sin embargo, luego, el 22 de julio de 2020 el Comandante del nombre reservado decidió inhabilitarlo temporalmente mediante resolución número 165-2020, conforme al Acuerdo Transitorio N° 30 sobre régimen disciplinario en Estado de Catástrofe Sanitaria COVID 19, de 16 de junio de 2020, del Directorio del nombre reservado; en tanto que el 25 de julio del 2020, el Presidente del HCSD emitió el oficio interno N° 34-2020 en el cual expresa que los antecedentes presentes en la causa 15-2020 pueden revestir carácter de delito, “no teniendo (el HCSD) ni la facultad legal, ni herramientas reglamentarias para seguir conociendo de estos antecedentes”, razón por la que la primera sala del órgano disciplinario decidió declararse incompetente.

Esta declaración de incompetencia –continúa el recurso- no impidió al HCSD seguir conociendo de la causa y en el oficio interno N° 47-2020 de 25 de agosto de 2020 señaló: “la sala N° 2, que lleva adelante la investigación sumaria incoado en el proceso rol causa N° 15-2020, respecto a la inhabilidad del voluntario activo y actual vicesuperintendente don nombre reservado, se acordó lo siguiente: 1. Aplicar lo indicado en el Art. 5, numeral 1, que implica que se extenderá por 30 días más la presente inhabilidad”.

Señala que durante el tiempo que duraron estas inhabilidades, su parte permaneció alejado de las actividades bomberiles y de sus responsabilidades como vicesuperintendente del nombre reservado, situación que se mantuvo hasta el 6 de octubre de 2020 en que el HCSD emitió el oficio interno 50-2020, levantando la suspensión respecto a su calidad de bombero, pero lo despoja de su calidad de vicesuperintendente elegido democráticamente por los nombre reservado Voluntarios del nombre reservado “(…) hasta el cese del Estado de Excepción Constitucional”. Alega el recurrente que el HCSD no tiene esa facultad, ni menos puede despojar a un Oficial General del nombre reservado en una resolución que no pretende ser una sentencia sino la extensión de una medida supuestamente provisoria, puesto que el Acuerdo N°30 establece que, luego de los 60 días de investigación, se puede proceder a la suspensión del voluntario “hasta el término legal del estado de excepción, fecha en que se iniciará un proceso disciplinario en su contra”.

Expresa que en contravención a esa norma y a la previa declaración de incompetencia de su primera sala, el HCSD continuó el proceso disciplinario en mención y, con fecha 17 de noviembre de 2020 se le citó a una “audiencia de prueba” para el 16 de diciembre de 2020, la cual fue suspendida el 14 de ese mes, por lo que el 20 de enero de 2021 fue citado nuevamente a una audiencia en el HCSD por el caso N° 15-2020, pero esta vez para la “revisión de nuevos antecedentes aportados por superintendencia”; audiencia a la que asistió y se le expusieron antecedentes que acompañó el superintendente, pero sin que se le permitiera presentar pruebas ni antecedentes propios. Indica que, posteriormente, fue citado ante el HCSD para el 11 de febrero del 2021, para la audiencia de contestación y prueba, a la que su parte no podía comparecer, por lo que fue reagendada para el 27 de ese mismo mes. El 26 de febrero de 2021 –señala el recurso- el señor nombre reservado presentó un escrito ante el HCSD solicitando se deje sin efecto la audiencia en atención a la declaración de incompetencia de 25 de julio del 2020, petición que fue desestimada por el HCSD que lo citó a nuevamente a audiencia para el 4 de marzo de 2021, día en que el recurrente presentó reposición al rechazo de su solicitud anterior, recurso que fue desestimado, según se le informó por oficio en la misma data, en atención a que sólo se revisarían aspectos bomberiles.

En paralelo a la causa N° 15-2020 –prosigue el libelo de protección- se inició una segunda causa disciplinaria contra nombre reservado, N° 18-2020, en la que fue citado a una audiencia por el HCSD relativa a una denuncia del director de la Sexta Compañía “por retiro sin autorización de dinero de caja chica de sexta compañía”, y a la que asistió el 10 de agosto de 2020, ocasión en que se le informó sobre la denuncia y se le indicó que existirá oportunidad para presentar sus descargos. Agrega que fue citado a una “audiencia de prueba” para el 16 de diciembre de 2020, la que fue suspendida y postergada para el 11 de febrero de 2021, indicándose que la audiencia sería de contestación y prueba. Señala que, al no poder asistir el señor nombre reservado a esa citación, se generó otra para el 27 de febrero siguiente y que, previo a ella, su parte presentó un escrito al HCSD solicitando dejarla sin efecto en razón de haberse pedido los antecedentes necesarios para presentar sus descargos ante las faltas que se le imputan. Dice el recurso que el HCSD rechazó la solicitud, y cita a nueva audiencia, esta vez de observación de pruebas, para el 4 de marzo de 2021, a la que asistió el recurrente con sus medios de prueba y por HCSD sólo de sus integrantes y que, al intentar presentarse las pruebas el consejero presente argumentó que no tenía manejo de los antecedentes.

Explica el recurrente que al 30 de abril de 2021 ambas causas tenían estados procesales diversos, puesto que en la causa N° 15-2020 no había habido audiencia de prueba ni momento procesal para presentar sus descargos, en tanto que en la causa N° 18-2020 recién tenido una fallida audiencia de “observación” a la prueba. Señala que en este escenario, el HCSD decidió unificar ambas causas, argumentando que ambas se centran en el mismo denunciado y respecto a la misma temática denunciada: tesorería, rendición y manejo de dineros, con sus respectivos alcances reglamentarios y denunciantes, por lo que se decidió acumularlas a fin de poder resolver y dictar sentencia; y luego, el 30 de abril de 2021 el HCSD dictó fallo, describiendo las piezas del expediente disciplinario y atribuyendo la comisión de delitos y faltas a las normas bomberiles, para luego decretar la expulsión del señor nombre reservado.

En cuanto a la afectación de derechos fundamentales, el recurrente sostiene que la determinación del HCSD de expulsar al señor nombre reservado es la conclusión en un proceso lleno de vulneraciones al derecho fundamental a un debido proceso, a un juez natural y a la igualdad ante la ley, toda vez que fue tramitado con una mezcla de diversas normas procedimentales inconexas, ilegales en su forma y fondo, y de una forma antojadiza. Asevera que la sentencia emanada de ese procedimiento sui géneris, diseñado en el camino y carente de racionalidad y justicia, es atentatoria al derecho a la igualdad ante la ley y a la garantía de no ser juzgado por una comisión especial.

Específicamente, quien recurre señala que los actos vulneratorios de las garantías en mención son:

a) La continuación del procedimiento disciplinario luego de la declaración de incompetencia del HCSD. Expone que, de acuerdo a los Estatutos del nombre reservado, artículos 32 y 33, y al Reglamento, artículo 70 N° 2, la competencia disciplinaria el Consejo Superior de Disciplina está facultado para conocer sobre los asuntos bomberiles, es decir, aquellos que digan relación con la disciplina interna dentro de la asociación que es el nombre reservado, y no aquellas propias de la competencia de los órganos del Estado.

Argumenta que la determinación de la primera sala del CSD de remitir los antecedentes al Superintendente para que denuncie los hechos como posibles delitos responde a que los asuntos bomberiles deben separarse de los que podrían constituir delitos, por lo que el efecto natural de esta declaración de incompetencia es el término de la investigación y la espera de una determinación de la justicia penal sobre estos hechos, motivo por el que, al seguir conociendo el caso siendo incompetente, el HCSD actuó arbitraria e ilegalmente, vulnerando el derecho a un juez natural, al basar la sentencia en hechos que el mismo HCSD declaró que eran asunto de la justicia ordinaria, como son “la situación irregular que afectó a un dueño de una ferretería Juanita SpA, a la proveedora de vestimenta doña nombre reservado, y evidentemente al estamento Instituto Nacional de Juventud” y “la situación de la voluntaria de octava compañía doña nombre reservado, quien realizó compras particulares y tras ello recibió sus boletas, estas fueron usadas para cubrir rendiciones bomberiles ajenas totalmente al objetivo de su compra y de su posterior uso”, en tanto que en la parte resolutiva se indica “considerando el denuncio iniciado por el director de octavo compañía, el cual se demuestra efectivamente que sí existió dicha disconformidad la cual no fue subsanada ni corregida a pesar del tiempo transcurrido entre la emisión de la emisión de las facturas (Ferretería como del taller de ropa); efectivamente se usó maliciosamente una boleta de una voluntaria para una rendición de tesorería, completamente ajena a los fondos de compras para rendir al CBPA; efectivamente existe una irregularidad absolutamente clara al usar factura ideológicamente falsa para fines de rendir cuentas a tesorería general. Respecto al caso del INJUV, este tema lo debe dilucidar los Tribunales competentes, no obstante a ello, queda absolutamente en evidencia la contradicción entre la declaración indagatoria del 04 de julio de 2020, el vicesuperintendente don nombre reservado declara (fojas 24): ‘el cual fue rendido directamente a INJUV en diciembre del año 2019 en dependencias del cuartel general...’ pero al contrastar con el acta del Consejo de Oficiales Generales N° 03/2020 del 07 de febrero de 2020 en su calidad de vicesuperintendente a fojas 132 que indica: ‘...indica que no pudo rendir en su tiempo ya que esta rendición debía realizarse entre el 15 y 19 de octubre, debido al estallido social, se quemaron las oficinas del centro…’”.

A juicio de quien recurre, la inclusión de tales hechos en la sentencia da cuenta de la voluntad de no respetar la propia declaración de incompetencia del HCSD.

Señala que lo mismo ocurre en relación al caso N° 18-2020, debido a que la sentencia señala: “la sala concluye: de acuerdo a los antecedentes aportados en el oficio remisor, en las declaraciones indagatorias, el voluntario don nombre reservado efectivamente se apropió de los dineros de la sexta compañía en vez de ser devuelto al Tesorero General o depositado en las cuentas bancarias del cuerpo de bomberos. Por tanto, incurre en una grave infracción en los deberes propios del cargo afectando a la imagen y fe pública a bomberos, como a la comunidad misma- dicha situación se encuentra contemplada en los requisitos del Art. 70 numeral 2., además afecta gravemente al Art. 125 ya que dicha conducta daña la sana convivencia entre bomberos y la relación de una compañía con la oficialidad general del nombre reservado”.

Según el recurso, si se estaba ante un caso de apropiación de dineros de parte del señor nombre reservado, esto debería haber sido abordado de la misma forma como hizo la primera sala del HCSD al declarar su incompetencia, por lo que al haber continuado el conocimiento de esta causa y haber fallado en ella a pesar de no tener las facultades para hacerlo, el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado vulneró la garantía de artículo 19 N°3, inciso quinto.

b) La aplicación al recurrente de una investigación sumaria ilegal, y de forma irracional e injusta, puesto que el procedimiento que culmina en la sentencia no es el ordinario del Reglamento, sino una mezcla entre aquel y un procedimiento ilegal y arbitrario creado ad-hoc por las autoridades del nombre reservado en el “Acuerdo Transitorio funcionamiento régimen disciplinario en estado de catástrofe sanitaria COVID 19” N° 30, de 16 de junio de 2020, según el cual, el bombero voluntario que sea sometido a la “investigación sumaria” deberá “quedar fuera de toda actividad bomberil, incluyendo asistir al cuartel”, norma que a juicio del actor, luego de prejuzgar la gravedad de la falta, anticipa la sanción, y si se demuestra en la investigación sumaria que hay responsabilidad del voluntario, “la suspensión temporal (…) se extenderá hasta el término legal del estado de excepción”, a cuyo término se procederá a iniciar un procedimiento disciplinario ordinario al denunciado.

Señala el recurso que el Acuerdo N° 30 transgrede la jerarquía normativa del nombre reservado, puesto que su Reglamento del nombre reservado señala: “Art. 9° El nombre reservado se regirá por un cuerpo normativo, los cuales tendrán prevalecencia unos sobre otros, de acuerdo al siguiente orden: Estatutos, Reglamento General, Acuerdos de Carácter Permanente del Directorio, Reglamento de las Compañías, Acuerdo de Carácter Permanente de las Compañías y Protocolos especiales. Ninguno podrá contener disposiciones contrarias entre sí.”, por lo que el Acuerdo N°30 es ilegal dado que vulnera ese ordenamiento jurídico, al ser un acuerdo temporal de directorio que, como tales, están por debajo de los Estatutos y del Reglamento, y que introduce una medida de suspensión no prevista en el procedimiento que conoce el HCSD conforme al artículo 74 del Reglamento.

c) La aplicación arbitraria y antojadiza de las normas del Acuerdo N°30 en los casos disciplinarios seguidos contra nombre reservado. Al efecto, arguye que se inició la investigación sumaria en su contra y su suspensión por el comandante del nombre reservado, no por el HCSD, y además, con desprecio de la racionalidad que debe tener un proceso disciplinario.

Explica que, además de vulnerar el derecho a un juez natural, el Acuerdo N°30, es un procedimiento ad hoc, hecho a la medida de la persona juzgada, el recurrente. Sin perjuicio de ello, lo actuado contradice el Acuerdo N°30, puesto que es el HCSD el que debe tomar la determinación de iniciar la investigación sumaria, pero en este caso la determinación fue tomada por el comandante con base en el proceso disciplinario llevado contra nombre reservado, y después de los 60 días de supuesta investigación y de la suspensión, se rehabilita al recurrente como voluntario, pero se le despoja de su cargo, sin facultades para hacerlo, al mantener la inhabilidad sólo en el cargo de oficial del mando administrativo de vicesuperintendente hasta el cese del Estado de Excepción Constitucional.

d) La aplicación de un procedimiento disciplinario ordinario luego de la investigación sumaria, en abierta contradicción con las normas previamente utilizadas. El acuerdo N°30 establece que, si se determina la responsabilidad del bombero en la investigación sumaria, cuando se levante el estado de excepción se le iniciará un procedimiento disciplinario según el Reglamento y que la suspensión del bombero continuará hasta ese momento, pero en el caso del recurrente el HCSD no respetó esta regla, porque luego del plazo de 60 días de la investigación sumaria y la resolución recién analizada, el HCSD continuó inmediatamente el proceso como si fuese un procedimiento disciplinario normal, armando un procedimiento único e irrepetible que sólo sirve para este caso.

Termina el recurso solicitando que se deje sin efecto la expulsión de nombre reservado del nombre reservado.

La parte recurrente acompañó los siguientes documentos:

1. Oficio interno 162-2020 del nombre reservado

2. Documento 165-2020 emitido por comandancia del nombre reservado.

3. Orden del día 136-2020 emitida por la comandancia del nombre reservado.

4. Oficio interno N° 50-2020 del Honorable Consejo Superior del nombre reservado.

5. Oficio interno N° 34-2020 del Honorable Consejo Superior del nombre reservado.

6. Oficio interno N°155-2021 del nombre reservado.

7. Oficio interno N°161-2021 del nombre reservado.

8. Acuerdo transitorio funcionamiento régimen disciplinario en estado de catástrofe sanitaria Covid 19 N° 30 del nombre reservado.

9. Estatutos y Reglamento del nombre reservado.

Al informar el recurso, la recurrida solicitó su rechazo, argumentando al efecto que los Cuerpos de nombre reservado se rigen por la Ley Marco y su reglamento, los estatutos y reglamentos, y supletoriamente, por las reglas del Código Civil.

Expone que los Cuerpos de nombre reservado tienen un régimen distinto al de las demás personas jurídicas, considerando su diversa naturaleza derivada de los fines que cumplen, de modo que lo regulado en sus estatutos es la norma fundamental para sus miembros, lo que reviste especial importancia en cuanto al régimen disciplinario que se den los Cuerpos de nombre reservado.

Explica que el procedimiento disciplinario se encuentra regulado en el Título XII del Reglamento General, artículos 66º y siguientes, y que, puntualmente, en el caso de autos, el recurrente, en su calidad de vicesuperintendente de la institución, fue citado a comparecer ante el Consejo Superior de Disciplina (sala), debido a una serie de denuncias en su contra por rendiciones y mal uso de recursos monetarios del nombre reservado. En particular, señala que los hechos por los cuales fue citado son: 1) Rendición de factura Nº 259 de Comercial Juanita Spa de fecha 27 de diciembre de 2019, por un total de $1.186.002.-, pero se retiraron materiales de construcción por un monto $199.159.- y se pagó el IVA del total de la factura por un monto de $189.362.-, quedando pendiente un monto por pagar y retirar la mercadería de $797.481.-; sin embargo se rindió al nombre reservado, como pagados y materiales retirados. Lo anterior corresponde a una acción realizada por el recurrente el año 2019 ejerciendo el cargo de Director de la 8ª. Compañía; hecho que denunció la persona que ejerce el cargo el 2020. 2) En su calidad de Director de Compañía el año 2019, recibió fondos por un total de $1.250.000.-, correspondientes a un proyecto del Instituto Nacional de la Juventud adjudicado al nombre reservado. Afirma que dichos fondos fueron entregados al recurrente, pero no fueron rendidos por el recurrente, causándole un perjuicio monetario a la Institución, ya que tuvieron que ser devueltos en su totalidad al INJUV. 3) Compra de vestuario a doña nombre reservado, Voluntaria de la 5ª Compañía del nombre reservado, emitiendo facturas por montos de $625.000.- y $250.000.-, quedando un saldo pendiente de pago por $235.000.- 4) Rendición de boleta por un monto de $890.000.- por materiales de construcción, boleta que correspondía a materiales comprados para fines propios de la voluntaria de la 8ª Compañía doña nombre reservado. Dicha boleta fue entregada al recurrente cuando acompañó a doña nombre reservado a la ferretería para que le ayudara en la compra de materiales, y este la rindió como gasto efectuado por la compañía. 5) Rendición de ampliación de cocina de la 8ª Compañía. Señala que el recurrente rindió facturas, en las que se pudo constatar que los materiales de construcción ahí descritos, un total de $1.900.055.- no fueron recibidos o instalados en o por la Compañía. 6) Apropiación indebida de $900.000.- de la tesorería de la 6ª Compañía, cuando el recurrente en su calidad de Vicesuperintendente ejercía como interventor de dicha compañía.

Especifica que el Consejo Superior de Disciplina inició dos causas en contra del recurrente, la N° 15-2020 por las faltas de la 8ª Compañía, y la N° 18-2020 por los hechos de la 6ª Compañía, para que conociera los hechos por los que estaba citado, hiciera sus descargos y presentara las pruebas que estimare necesarias para su defensa, según lo estipula el Reglamento General.

Luego de sostener la gravedad de los hechos antes referidos, atribuidos al actor en su calidad de oficial, tanto director como vicesuperintendente, los que, incluso, están siendo conocidos en la causa RIT N° 12.591-2020 del Juzgado de Garantía de nombre reservado RUC N° 2010050762-6, el 29 de abril de 2021 –prosigue el informe-, de acuerdo al Reglamento General en su artículo 73 número 8, la sala del Consejo Superior de Disciplina aplicó la sanción de expulsión al recurrente, sin que el recurrente ejerciera su derecho de apelación.

Se aduce en el informe que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales mencionadas en el recurso, pues como miembro del nombre reservado, el recurrente conoce los Estatutos y Reglamento que rigen la institución, como asimismo, los procedimientos disciplinarios regulados, y en su caso fue sido sometido a un procedimiento racional y justo respecto de las denuncias en su contra, en el que tiene la oportunidad de hacer los descargos correspondientes como también aportar los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos por el órgano disciplinario descrito en el Reglamento General que es de conocimiento de todos los miembros de la recurrida. Sobre la sentencia, asevera que está fundada en un procedimiento con las garantías del debido proceso, descritas en el Reglamento General.

Se acompañó por la recurrida la siguiente documentación:

1. Copia de las causas incoadas por el Consejo Superior de Disciplina en contra del recurrente.

2. Copia del estatuto y Reglamento del nombre reservado.

3. Correo electrónico del INJUV.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo;

2º) Como se adelantó en lo expositivo, la acción cautelar interpuesta se endereza en contra de la decisión del Honorable Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado de aplicar a uno de sus miembros, don nombre reservado, la sanción de expulsión. El fundamento del recurso descansa en varios cuestionamientos al procedimiento disciplinario que condujo a imposición de dicho castigo, que en síntesis son:

1.- La continuación del procedimiento disciplinario luego de la declaración de incompetencia del HCSD.

2.- La aplicación de una mezcla entre el procedimiento reglamentario y un procedimiento que califica de ilegal y arbitrario, creado por las autoridades del nombre reservado en el “Acuerdo Transitorio funcionamiento régimen disciplinario en estado de catástrofe sanitaria COVID 19” N° 30, de 16 de junio de 2020, que faculta la suspensión del investigado, medida que no está prevista en el procedimiento regulado.

3.- La aplicación arbitraria y antojadiza de las normas del Acuerdo N°30 en los casos disciplinarios seguidos contra nombre reservado, en los que fue suspendido por el Comandante del nombre reservado.

4.- La aplicación de un procedimiento disciplinario ordinario luego de la investigación sumaria, en abierta contradicción con las normas previamente utilizadas.

A su vez, el recurrido alega que el acto materia del recurso se dictó en un procedimiento reglamentario, racional y justo, resuelto por el órgano competente y mediante una sentencia fundada, con motivo de actos de gravedad que, incluso, pueden importar delito, por lo que, también, se realizó la denuncia ante el ministerio público en razón de los mismos;

3º) Atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

4º) Una importante clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Agaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339);

5º) De lo anotado en supra 2º), se desprende que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno a reparos al procedimiento disciplinario que arribó a disponer la expulsión del recurrente de su calidad de miembro del nombre reservado, de los que derivaría la ilegalidad y arbitrariedad de la sanción, con afectación a las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, ambas con reconocimiento de rango constitucional.

Desde ya, se recalcará que el foco de estas consideraciones estará puesto específicamente en la medida de expulsión y los rasgos del procedimiento disciplinario que condujo a ella, toda vez que en allí radica la medida de cautela urgente que se pide y, también, porque es claro que la suspensión o inhabilitación temporal del recurrente -primero de todas sus labores en el nombre reservado y luego, desde el 6 de octubre de 2020, sólo de sus funciones como vicesuperintendente- es un aspecto que, por una parte, está fuera del radio temporal del recurso de protección, cuya interposición fue muy posterior al vencimiento de los treinta días corridos contados desde su adopción, y de otro lado, se vio superada por la secuela de la tramitación, vale decir, con el mérito de la sentencia sancionatoria;

6º) Para un mejor entendimiento de las motivaciones que seguirán, es útil recapitular los hechos que, de acuerdo al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, lo reconocido por éstas y lo no discutido, resultan acreditados:

a) En 2019, el recurrente, nombre reservado, ejerció como director de la 8ª Compañía del nombre reservado y, en 2020 asumió como vicesuperintendente del referido cuerpo de bomberos.

b) Por Acuerdo transitorio N° 30 del 16 de junio de 2020, el Directorio del nombre reservado –uno de cuyos integrantes es el vicesuperintendente-, adoptó el sistema de “Funcionamiento Régimen Disciplinario en estado de catástrofe sanitaria Covid 19”, N° 30, de 16 de junio de 2020, basado en la figura de “investigación sumaria” como alternativa al procedimiento “normal” o conforme al Reglamento General, quedando entregada a la decisión del HCSD la determinación alternativa de iniciar el proceso normal de investigación o bien, el proceso de investigación sumaria.

c) Por disposición del HCSD de la citada asociación, se iniciaron las causas N° 15-2020 y N° 18-2020 para establecer la eventual responsabilidad disciplinaria del recurrente en hechos precisos y determinados en el ejercicio de sus cargos y que le eran atribuidos en las respectivas denuncias.

d) En la causa N° 15-2020 fue citado para el 4 de julio de 2020, oportunidad en que el HCSD le comunicó la denuncia; en tanto que fue citado y compareció a la audiencia de 26 de enero del actual, para ser informado de los nuevos antecedentes de la investigación; a continuación y tras sucesivas prórrogas de la audiencia de contestación y prueba, el recurrente fue citado para el 27 de febrero de 2021, a la que no compareció. Seguidamente el recurrente fue citado a la audiencia 4 de marzo de 2021 para la observación de pruebas entregadas y acompañadas a los autos, a la que tampoco compareció.

e) Con fecha 22 de julio de 2020, el recurrente fue inhabilitado temporalmente de sus funciones en conformidad con lo regulado en el Acuerdo N° 30, inhabilidad que mutó el 6 de octubre de 2020, quedando vigente sólo para las funciones de vicesuperintendente, dado que el recurrente fue reestablecido en sus labores bomberiles.

f) El 25 de julio de 2020 el HCSD declaró su incompetencia para conocer los aspectos denunciados que correspondían a materias propias de la jurisdicción penal, en especial lo referente a los fondos entregados por el Instituto Nacional de la Juventud a la 8ª Compañía de nombre reservado, ordenando dejar compulsas para que el HCSD se remita sólo a los aspectos propios del ámbito bomberil a que eventualmente pudiera estar afecto el denunciado señor nombre reservado.

g) En la causa N° 18-2020, a su vez, el recurrente fue citado a una audiencia de contestación y prueba que, tras sucesivas prórrogas, fue agendada para el 27 de febrero de 2021, a la que aquel no asistió y, luego, fue citado a una audiencia de observación de pruebas para el 4 de marzo de 2021, a la que sí compareció.

h) Por decisión de 24 de abril de 2021, la Sala 1 del HCSD determinó acumular las causas N° 15-2020 y N° 18-2020, a fin de poder dictar sentencia, por estar centradas en el mismo denunciado, señor nombre reservado, “y respecto de la misma temática denunciada: tesorería, rendición y manejo de dineros, con sus respectivos alcances reglamentarios y denunciantes”.

i) Por sentencia de 29 de abril de 2021, el HCSD aplicó al recurrente la sanción de expulsión del nombre reservado;

7º) La ley 20.564 que establece la Ley marco de los nombre reservado de Chile, publicada el 3 de febrero de 2012, dispone en su artículo 1º: “Los Cuerpos de nombre reservado y la Junta Nacional de Cuerpos de nombre reservado de Chile constituyen el Sistema Nacional de nombre reservado; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y , en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil. Más adelante, el artículo 3º de dicha ley prescribe: “Existirá un nombre reservado por comuna o agrupación de comunas, los que estarán conformados por Compañías y Brigadas, según requiera el trabajo de la institución (…)”;

8º) Según se propone en el Estatuto tipo para la concesión de personalidad jurídica de los cuerpos de bomberos –fijado antes por el Decreto 2.640 de 1968, del Ministerio de Justicia, y ahora en la Resolución exenta 1.617 de 16 de mayo de 2012, de la misma cartera de Gobierno, emitida a propósito de la ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana- la potestad disciplinaria los cuerpos de bomberos, asociaciones de derecho privado, sin fines de lucro, será ejercida por el Consejo Superior de Disciplina, los Consejos de Disciplina de las Compañías y la Asamblea General, y se regulará por sus estatutos, el Reglamento General y los reglamentos propios de cada una. Añade el artículo décimo segundo de ese modelo que en la dictación de tales normas, lo mismo que en su aplicación, debe garantizarse un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución las leyes y los estatutos confieren a sus asociados. El artículo cuadragésimo quinto prevé que habrá un Consejo Superior de Disciplina al que, entre otras funciones, le corresponderá conocer de las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones de los Consejos de Disciplina de las Compañías y de las demás atribuciones que el Reglamento General determine. Y postula el modelo, también, que de las resoluciones disciplinarias que el Consejo Superior de Disciplina dicte en primera instancia, podrá siempre apelarse ante la Asamblea General, acorde al procedimiento que prescriba el Reglamento, el cual deberá observar las condiciones inherentes a un debido proceso;

9º) Ahora bien, mirados los Estatutos del nombre reservado y su Reglamento General, se observa, en lo que ahora interesa, la existencia de la siguiente preceptiva particular:

a) Conforme al artículo 10 de los Estatutos –reflejado en el artículo 7º del Reglamento General-, la calidad de bombero voluntario se pierde “por ser el voluntario objeto de medida de separación o expulsión impuesta por el organismo disciplinario competente por infracción grave a los Estatutos o Reglamentos”

b) El artículo 15 de los Estatutos prevé: “El nombre reservado será administrado por un Directorio General compuesto por un Presidente que se denominará Superintendente, un Vicesuperintendente, cuatro Comandantes, un Secretario General, un Tesorero General y un Intendente General”, y más adelante, agrega la norma que también integrarán el Directorio los Directores Honorarios de la institución”.

c) A su vez, el artículo 32 de los Estatutos prescribe: “Habrá un Consejo Superior de Disciplina que será elegido cada año, compuesto por el Superintendente, Comandante, Secretario General y cuatro Directores Honorarios o de Compañías designados por el Directorio General, fallará como Jurado en todos los asuntos disciplinarios que afecten los intereses generales del nombre reservado, sin perjuicio de la facultad del Consejo de Oficiales Generales para juzgar las faltas leves”; y de acuerdo al artículo 33, le corresponde, entre otras materias, conocer y resolver las medidas disciplinarias que procedan en contra de los Oficiales Superiores del nombre reservado de las Compañías, entre los que se cuenta el vicesuperintendente, acorde al artículo 14 de los Estatutos.

d) El artículo 3º del Reglamento General agrega a lo anterior: “La administración y régimen disciplinario del nombre reservado estarán a cargo del Directorio General, del Consejo Superior de Disciplina, del Consejo de Oficiales Generales, cada uno con las atribuciones que este Reglamento les señala”.

e) De acuerdo al artículo 9º del Reglamento General, el nombre reservado se regirá por un conjunto de normas que prefieren unas sobre las otras, según el orden que la disposición señala y que va desde los Estatutos hasta los Protocolos Especiales, ninguno de los cuales podrá tener disposiciones contrarias entre sí.

f) El artículo 66 del Reglamento General regula el Consejo Superior de Disciplina (CSD), señalándole como objetivo “tomar conocimiento y determinar el cumplimiento o las faltas a los Estatutos del nombre reservado o de las Compañías, en su caso”. Luego, el artículo 70, en su número 2, detalla que le corresponde “conocer y resolver disciplinariamente las siguientes materias: (…) 2. Conocer los asuntos disciplinarios que afectaren los intereses generales del nombre reservado y cuyo conocimiento haya sido encomendado por el Directorio o el Consejo de Oficiales Generales”; y según dispone el artículo 73, podrá acordar la medida de expulsión, en virtud de la cual, el sancionado pierde su calidad de Bombero Voluntario.

g) En cuanto al procedimiento, el inciso primero del artículo 74 del Reglamento General prescribe: “El CSD en Pleno o en Sala, deberá preservar el debido proceso, lo que significa el respetar los derechos del o los nombre reservado Voluntarios involucrados en algún caso, garantizando un proceso justo y equitativo, conservando el derecho fundamental a ser escuchado en una audiencia habilitada para tal efecto donde se le deben presentar todos los antecedentes por los cuales se le acusa, pudiendo solicitar copia del requerimiento del cual se acusa, tendrá derecho a una audiencia de indagatoria y una audiencia de contestación donde presentar las pruebas que sean pertinentes a la investigación o el caso, para lo cual deberá ser citado a comparecer ante el órgano correspondiente;

10º) Como primera reflexión, sobre la incompetencia del HCSD que el recurrente invoca como uno de los fundamentos de la ilegalidad del acto que reclama, esta Corte no puede más que poner de relieve que, acorde se lee en el Oficio Int. N° 34-2020, de 25 de julio del año pasado -allegado a estos autos y citado literalmente por el actor-, lo comunicado por el Presidente del HCSD consistió en la declaración de incompetencia acotada a la relevancia penal de los hechos denunciados, pero manteniendo compulsas de todo lo obrado “a fin de seguir conociendo solo de aquellos aspectos estrictamente bomberiles que eventualmente pudiese estar afecto el denunciado, don nombre reservado”.

Hubo, entonces, con toda claridad una distinción por parte del órgano disciplinario entre los ámbitos penal y disciplinario que, a su entender, intersecaban entre sí, reservando para esa última competencia únicamente las eventuales faltas a los principios y régimen propios del nombre reservado que pudieran emanar de los hechos denunciados y, efectivamente, es a ello a lo que aparece abocada la sentencia que resolvió la expulsión del recurrente. Sobre el particular, es propicio consignar que, aunque surjan de unos mismos hechos, las esferas de lo penal, civil y disciplinario se comportan con independencia unas de otras, pudiendo incidirse o repercutirse, pero no necesariamente absorberse;

11º) Ahora bien, cotejada la normativa citada en el motivo 9º) con el mérito de la sustanciación seguida en los casos N° 15-2020 y N° 18-2020 materia del recurso, se advierte que el recurrido procedió con apego a las etapas procesales básicas prescritas en el artículo 74 del Reglamento General, esto es, citando al investigado a sendas audiencias –y más de una vez, según las necesidades planteadas por el interesado- para darle a conocer la existencia de las denuncias en su contra y los hechos que le fueron atribuidos y, posteriormente, brindándole la oportunidad de ser escuchado y ejercer la carga de aportar los antecedentes probatorios que pudiera estimar pertinentes. De hecho, el escrito del recurso se refiere y describe tales etapas, citaciones y comparecencias;

12º) En relación a la mixtura de procedimientos aseverada por el recurrente de protección, entre una investigación sumaria con arreglo al Acuerdo N° 30 y un procedimiento “normal” con arreglo a los estatutos y al reglamento general, lo cierto es que tal combinación no ha resultado evidenciada, como tampoco que se hubiese actuado en forma antojadiza por el órgano resolutor. En cambio, lo que sí es posible observar en los antecedentes del recurso es que la responsabilidad disciplinaria del vicesuperintendente señor nombre reservado se hizo efectiva siguiendo las exigencias de la tramitación ordinaria, cuyas fases fueron respetadas. Cuestión distinta es que durante la misma se hiciera regir una inhabilitación temporal de funciones prevista en un protocolo especial acordado a propósito de la situación que rige al país a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia del nuevo Coronavirus-Covid 19, con aptitud para extender los procedimientos de este tipo más allá de lo regular, como de hecho ocurrió en el caso del señor nombre reservado en que las fechas de audiencia debieron posponerse varias veces;

13º) Por consiguiente y más allá del cuestionamiento de quien recurre a la suspensión que le fue aplicada durante el curso de ambos casos –al que cabe reiterar lo apuntado en el párrafo segundo del motivo 5º)-, lo que ha resultado constatado para los efectos del presente remedio procesal extraordinario de urgencia es que la medida disciplinaria impuesta al recurrente, además de haberlo sido por el órgano competente previsto en los Estatutos y Reglamento General aplicables, en ejercicio de sus funciones, lo fue en un caso que la hacía procedente y en la forma prescrita en aquellos, por medio de una sentencia que explicita suficientemente sus fundamentos, en los que se tiene por acreditados hechos constitutivos de grave infracción de los deberes propios del cargo, “afectando la imagen y fe pública a bomberos, como a la comunidad misma (…)”, en los términos preceptuados en los artículos 70 N° 2 y 125;

14º) En consecuencia, con lo expresado por ambas partes y los antecedentes acompañados, no es posible concordar con quien recurre en cuanto a reunirse en la especie los presupuestos elementales de la presente vía procesal, desde que esta Corte no vislumbra la efectividad de un proceder ilegal o arbitrario en los términos planteados por el recurrente capaz de conculcar las garantías constitucionales de los numerales 2º y 3º, inciso quinto, del artículo 19 de la carta fundamental, toda vez que no ha quedado al descubierto que la medida de expulsión aplicada a su respecto haya emanado de una tramitación carente de las etapas regladas y/o adoptada por un órgano diverso del preceptuado, pues –como se señaló- se le citó formalmente para darle a conocer las conductas que se le reprochaban y se le brindó, también, la oportunidad para aportar prueba y formular las alegaciones que estimó pertinentes -las que fueron desechadas-, aplicándose una sanción por el órgano competente, afirmación esta última que no es discutida por el recurrente, según se lee en su libelo, y de la que cabe colegir que el presente no es un caso de juzgamiento por una comisión especial.

De manera relacionada a lo predicho, conviene recordar que el principio de igualdad ante la ley debe entenderse como igualdad ante toda regla de derecho, cualquiera sea su rango, directriz básica que no se vio atropellada en la resolución de expulsión del actor, desde que la decisión del HCSD se tomó en la forma que estatuyen los Estatutos y Reglamento General de la corporación, sin que se hubiese alegado, tampoco, un trato desigual respecto a otros investigados por la institución durante el estado de excepción constitucional;

15º) Fruto de todas las reflexiones que han sido anotadas, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 3.666-2021 Protección.- Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por la ministro Sra. Ma. Alejandra Pizarro Soto, Sr. nombre reservado y abogado integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.