AGRÍCOLA ALMABAL S.A. con COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

nombre reservado, uno de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Juan Alberto Ávalos Luna, en representación de Agrícola Almabal S.A., domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, interpone acción constitucional de protección en contra de la Compañía General de Electricidad S.A. (C.G.E.), representada por su gerente general nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, de la misma comuna, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios, consistentes en la emisión injustificada de facturas por servicios inexistentes.

Refiere que su representada es propietaria del fundo El Capricho, sector La nombre reservado Alto, comuna de María Pinto, lugar en el que desarrolla su actividad económica, y que, además, es cliente regulado de suministro de energía eléctrica bajo el N° de Cliente 40308530.

Expone que el 10 de mayo de 2023, aproximadamente a las 07:00 horas, se produjo un corte generalizado de energía eléctrica en el sector de Ibacache Alto, debido al estallido de un transformador de propiedad de CGE instalado en la vía pública. Producto de dicho siniestro, y a la misma hora, hizo también explosión el transformador instalado al interior del inmueble de propiedad de su representada, lo que ocasionó un incendio que destruyó completamente el medidor de C.G.E. N° 36137985, los tableros eléctricos, 200 metros de línea trifásica, 2 bombas de pozo profundo y ocasionó pérdidas invaluables en el proceso de producción de la recurrente.

Reseña que su representada denunció el siniestro, primero, a través del canal de denuncias de C.G.E., solicitando la reparación de los daños causados, sin embargo, a través de correo electrónico de 16 de mayo de 2023, la recurrida desconoció la ocurrencia del hecho y se desligó de toda responsabilidad, indicando que “los daños producidos dentro de la propiedad son responsabilidad del cliente y deben resolverse de forma particular, no correspondiendo a una responsabilidad por parte de esta compañía.”.

Relata que, debido a lo anterior, su representada presentó el respectivo reclamo ante la Superintendencia de Electricidad de Combustibles (S.E.C.), la que finalmente resolvió acogerlo, según consta del Ordinario N° 177916, de 19 de junio de 2023, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor: “en relación a su reclamo, relacionado con la normalización de instalaciones de la red eléctrica de distribución, elementos de empalme, y/o equipo medidor, esta Superintendencia resuelve favorable su presentación, en consideración a que dicha normalización es una labor que se enmarca en tareas relacionadas con la mantención del servicio de distribución, la cual es de responsabilidad de la empresa distribuidora, luego es la propia empresa quien debe asumir los costos de dicho trabajo.”.

Afirma que la recurrida no cumplió lo resuelto por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y, por lo tanto, no reparó los daños causados a las instalaciones.

Detalla que la última factura emitida por C.G.E., relativa al medidor siniestrado, corresponde a la factura N° 19616185, con fecha de vencimiento el 17 de mayo de 2023, por la suma de $ 1.175.100, y registra un consumo de 3.040 KWh. Luego, la factura de junio de 2023, N° 19835879, fue emitida por la suma de $ 1.700.600 y contempló, por primera vez, una glosa indicando que “no fue posible tomar la lectura del medidor”, por lo que se realizó una facturación estimada del consumo efectuado por el cliente. Agrega que, en razón de lo anterior, el 28 de junio de 2023, su representada presentó un nuevo reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el que fue acogido mediante el Ordinario N° 184308, de 3 de agosto de 2023, sin que la recurrida diera cumplimiento a lo resuelto.

Pormenoriza que, en el mes de julio de 2023, la recurrida emitió la factura N° 19948187 por la suma de $ 2.220.900, señalando ésta que no fue posible tomar la lectura del medidor, por lo que se realizó una facturación estimada del consumo.

Narra que en el mes de agosto de 2023 su representada concurrió a las oficinas de la recurrida, donde se le indicó que la situación se solucionaría a la brevedad, por lo que, de buena fe, procedió a pagar el total de la factura anterior y que, sin embargo, el 8 de agosto de 2023, la C.G.E. emitió la factura N° 20138985 por la suma de $ 572.100, indicando que “no fue posible tomar la lectura del medidor”, pese a que el medidor se encontraba inutilizado desde el 10 de mayo de 2023, debido a la responsabilidad de la propia empresa eléctrica.

Sostiene que, pese a los reiterados reclamos de su representada, la recurrida continuó emitiendo sucesivas facturas mensuales por una deuda inexistente, la que, al día de interposición de eta acción, alcanza la suma de $ 3.415.900, según consta de la factura N° 24315076, emitida por la recurrida el 3 de septiembre de 2025.

Esgrime que la actuación de la recurrida constituye una clara perturbación o amenaza que atenta contra la garantía constitucional de su representada consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues la compañía ejerce un cobro de dineros e intenta apoderarse de parte del patrimonio de Agrícola Almabal S.A, sin causa legal o racional que lo justifique. A su vez, aduce que es ilegal, por cuanto la recurrida pretende el cobro de servicios no prestados, lo que vulnera lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos y su Reglamento, la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y las normas generales contenidas en los artículos 1545 y siguientes del Código Civil y el artículo 97 N° 4 del Código Tributario, entre otros cuerpos legales. Finalmente, afirma que es arbitraria, porque no existe motivo racional que justifique el cobro realizado por la compañía, pues la relación contractual entre la empresa y el cliente se basa en un intercambio: servicio a cambio de un pago; y exigir el pago sin haber recibido la contraprestación rompe esta lógica fundamental, convirtiendo el cobro en un mero acto de voluntad, desprovisto de razón.

Pide acoger el recurso, con costas, declarando que la Compañía General de Electricidad S.A. debe restituir a su representada la suma de $ 1.045.800, correspondiente al monto pagado en exceso por las facturas emitidas los meses de junio y julio de 2023; anular y dejar sin efecto todas las facturas emitidas a la Agrícola Almabal S.A., desde el mes de agosto de 2023 hasta el mes de agosto de 2025; abstenerse de emitir nuevas facturas a la empresa, por concepto de suministro de energía eléctrica asociadas al medidor N° 36137985; y adoptar cualquier otra medida que se estime en justicia, con el objeto de asegurar eficazmente los derechos de la recurrente.

Segundo: Que evacúa informe nombre reservado, jefa de la División Jurídica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, exponiendo que, en cuanto al marco legal, resulta fundamental destacar que el artículo 123 del Decreto Supremo Nº 327/97, dispone que “los concesionarios de servicio público de distribución deberán facturar en base a las cantidades que consten en el equipo que registra los consumos del usuario, exceptuando los casos en que este reglamento autoriza la estimación del consumo”. Añade que, por su parte, el artículo 124 del citado decreto, ha dispuesto que “la responsabilidad por la mantención de los medidores será de los concesionarios, independientemente de la titularidad del dominio sobre ellos”. Especifica que el artículo 126 del mentado decreto, en su inciso segundo, dispone que “si por cualquier causa no imputable al concesionario no pudiere efectuarse la lectura correspondiente, el concesionario dejará una constancia de esta situación en un lugar visible del inmueble y podrá facturar provisoriamente, hasta por dos períodos consecutivos, una cantidad equivalente al promedio facturado en los seis meses anteriores (…)”.

Hace saber que fueron presentados dos reclamos por la recurrente, ya que, tras una interrupción de suministro eléctrico, habían explotado dos transformadores de electricidad, generando un incendio y graves daños a la infraestructura eléctrica; que ambos reclamos fueron acogidos. señalando que correspondía que C.G.E. asumiera dichos costos de reparación y mantención, decisión que, tras recursos de reposición presentados por la concesionaria, fue confirmada.

Precisa que la materia objeto de dichos reclamos es distinta a la que Agrícola Almabal S.A. formula a través del recurso de protección, en el que denuncia que, desde junio de 2023, estaría recibiendo facturas de parte de C.G.E., pese a que, producto de los daños generados por el incendio aludido, la concesionaria ha dejado de prestar el servicio de suministro de electricidad y que esta cuestión no ha sido objeto de reclamos ante la Superintendencia, por lo que ese organismo fiscalizador no ha emitido un pronunciamiento sobre el particular..

Concluye que, de ser efectivo lo reclamado, concurriría una situación antijurídica y arbitraria, que no encuentra sustento en la normativa eléctrica, aun cuando el usuario haya contratado una tarifa “especial”, como sería la AT 4.3 – MEDICIÓN BT. En el mismo sentido, indica que la facturación provisional en base a consumos estimados (no leídos), es una figura que tiene claros límites en su aplicación, por lo que su aplicación general, por parte de C.G.E., constituiría una actuación ilegal de la concesionaria.

Tercero: Que, Patricio Pinto Hurtado, abogado, evacúa informe actuando en representación de Compañía General de Electricidad S.A. (C.G.E.).

Aduce que las acciones de su parte, en ningún caso, son ni ilegales ni arbitrarias en el contexto de la acción de protección, que la controversia es de carácter legal y económico, no constitucional, y que, por la naturaleza del reclamo, los hechos han mutado a una etapa de cumplimiento y resolución pues la contraria no ha acreditado los daños que pretende le sean indemnizados.

Argumenta que si bien las resoluciones de la S.E.C. fueron desfavorables a C.G.E. y se confirmó su validez tras declararse extemporáneo el recurso de reposición, el acto de su representada no puede ser catalogado como una omisión arbitraria ni ilegal que persista a la fecha del informe ante la Corte, pues una cosa es que la SEC determine que los daños producidos deban ser reparados, y otra cosa distinta es el monto de dichos daños, lo cual solo puede ser determinado, en caso que no exista consenso entre las partes, por los tribunales ordinarios de justicia. Adiciona que su parte siempre ha demostrado su voluntad de acatar la orden de compensación y reparación, pero la recurrente no acompañó la documentación técnica requerida para materializar el acuerdo.

Expresa que la controversia sobre la existencia y cuantía de la deuda, que la recurrente estima inexistente, constituye un asunto de legalidad infraccional y de cobro que debe ser resuelto en los tribunales ordinarios o mediante la aplicación de las facultades de la Superintendencia, y no mediante la acción de protección, pero especifica que la S.E.C. carece de las potestades legales para imponer indemnizaciones, materia que es de competencia exclusiva y excluyente de los tribunales ordinarios de justicia.

Afirma que será de competencia de la S.E.C. determinar si los cobros efectuados son procedentes o no, cuestión que no ha sido sometida a su conocimiento. Por esta razón, infiere que la recurrente sustenta su acción constitucional en derechos y garantías que no tienen naturaleza indubitada, pues la Superintendencia sólo señala la efectividad de los hechos, pero, en ningún caso, que su representada deba indemnizar a la recurrente, y el monto de dicha indemnización debe discutirse en los tribunales ordinarios de justicia. Recalca que la S.E.C. tiene las competencias técnicas necesarias para determinar si un cobro es procedente o no, situación que indudablemente no puede ser objeto de un recurso de protección Indica que la recurrente no señala cuál o cuáles serían las garantías constitucionales vulneradas y como se configuraría ésta conculcación.

Pide desechar íntegramente el recurso interpuesto por la recurrente, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que, a folio 24, este tribunal de alzada, como medida para mejor resolver, y de acuerdo a lo alegado en estrados por las partes, ordena oficiar a la recurrida para que informe si ha dejado sin efecto las facturas emitidas desde junio de 2023 en adelante, y si ha realizado devolución del dinero pagado por la recurrente, correspondiente a las facturas emitidas los meses de junio y julio de 2023.

Quinto: Que rola, a folio 30, un escrito presentado por el abogado de la Compañía General de Electricidad S.A., acompañando, en lo principal, un informe sobre las notas de crédito emitidas en favor de la recurrente y haciendo presente, en el otrosí, que es necesario contar con los datos de la cuenta de la recurrente para llevar a cabo la devolución de dinero “consultada”.

Sexto: Que, a folio 33, figura un escrito mediante el cual el abogado de la recurrente, hace presente, a solicitud de la recurrida, los datos de la cuenta corriente de su representada.

Séptimo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Octavo: Que, por ende, es necesario clarificar como cuestión previa y fundamental para abordar el presente asunto, que la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restringida.

Así, el asunto sometido al conocimiento de este tribunal de alzada se justifica únicamente frente a situaciones que requieren de manera imperativa la adopción de medidas de protección en favor del derecho cuya vulneración se denuncia.

También, en relación con el derecho que se pretende tutelar, es indispensable que tenga un carácter incontrovertible, y no se trate de meras expectativas o de una auto atribución hipotética de prerrogativas no reconocidas por el ordenamiento jurídico.

Noveno: Que cabe precisar que la acción que por esta vía se denuncia de ilegal y arbitraria, consiste en la emisión injustificada, cada mes, por la Compañía General de Electricidad S.A. (C.G.E.), de facturas por deudas inexistentes respecto de la Agrícola Almabal S.A.

Décimo: Que corresponde, a esta Corte, dilucidar si el acto impugnado, mediante el presente libelo, es ilegal o arbitrario y si afecta la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que el afectado denunció como vulnerada.

Undécimo: Que la recurrente arguye que el cobro que pretende la recurrida no tiene causa real, pues no entregó el servicio; ni legal, pues la Ley General de Servicios Eléctricos y su Reglamento sólo autorizan a cobrar por la energía efectivamente suministrada. Desde esta perspectiva, afirma que exigir el pago, sin haber recibido la contraprestación torna el cobro en irracional. Y para avalar su pretensión acompaña una serie de facturas electrónicas que dan cuenta de los montos cuestionados.

Duodécimo: Que el informe evacuado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, si bien ilustra sobre los reclamos efectuados por la actora y el marco legal aplicable al asunto sometido a conocimiento de este tribunal de alzada, no otorga elementos suficientes para dilucidarlo.

En efecto, dicha institución hace una distinción entre la materia objeto de los reclamos presentados por la recurrente en su oportunidad y la que plantea a través del recurso de protección, en el que denuncia que estaría recibiendo facturas de parte de la Compañía General de Electricidad S.A. (C.G.E.), pese a que la concesionaria ha dejado de prestar el servicio de suministro de electricidad; aseverando que esta última cuestión no ha sido objeto de reclamos ante la Superintendencia, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre el particular.

En base a ello concluye que, de ser efectivo lo reclamado mediante la acción intentada, habría una situación antijurídica y arbitraria, que no encuentra sustento en la normativa eléctrica. De lo dicho se infiere que a ese organismo fiscalizador no le consta que los cobros se produjeron habiéndose dejado de prestar el servicio.

Décimo tercero: Que, por su parte, la Compañía General de Electricidad S.A., en lo que interesa, desarrolla un planteamiento jurídico totalmente opuesto al de la Agrícola Almabal S.A. y refuta lo sostenido por ésta, esgrimiendo que la controversia sobre la existencia y cuantía de la deuda, que la recurrente estima inexistente, constituye un asunto de legalidad infraccional y de cobro que debe ser resuelto en los tribunales ordinarios o mediante la aplicación de las facultades de la Superintendencia, y no mediante la acción de protección, aludiendo que el derecho o garantía que se dice infringido no tiene naturaleza indubitada.

Cabe dejar constancia que la mayoría de las alegaciones de la recurrida, vertidas en su informe, están orientadas a acusar la indeterminación del monto de los daños que debieran ser indemnizados; reparación que no fue objeto de las solicitudes de esta acción constitucional, no estando de más decir que los fundamentos de fondo, referentes a este tópico, son los mismos que los reseñados anteriormente respecto de los cobros realizados.

Décimo cuarto: Que, sin perjuicio de que la Compañía General de Electricidad S.A. (C.G.E.) acompañó notas de crédito detalladas en un cuadro, a nombre de Agrícola Almabal S.A, refiriendo haber dejado sin efecto las facturas emitidas desde junio de 2023 en adelante, sólo es posible apreciar en este documento la fecha de emisión de la nota enlistada, su número y su monto, sin que pueda determinarse a qué período corresponde cada una y sin que ello signifique reconocimiento alguno de cobros improcedentes efectuados a la recurrente.

Décimo quinto: Que, en el mismo escrito con que la recurrida adjuntó el cuadro mencionado, explicitó que “Con relación a la devolución de dinero consultada, para poder efectuar la misma es necesario contar con los datos de la cuenta de la recurrente (corriente, vista u otra) y las demás gestiones necesarias para efectuar dicho trámite”, sin detallar el monto a restituir.

Décimo sexto: Que la recurrente, en el escrito de folio 33, únicamente expresa que: “A solicitud de la recurrida, vengo en hacer presente a SSI. que los datos de la cuenta corriente de mi representada son los siguientes: (…)”, no hallándose posteriormente, en la tramitación del proceso, alguna constancia de pagos por conceptos de devolución de dinero.

Décimo séptimo: Que, del examen exhaustivo de los argumentos de las partes, consignados latamente en la parte expositiva y de los documentos incorporados por ellas, se desprende que la discusión sobre el procedimiento de facturación de los consumos, la improcedencia del cobro de los servicios que no se habrían prestado y la devolución del monto pagado en exceso por las facturas emitidas, requiere de un examen exhaustivo de aquellas, constituyendo una materia que debe ser elucidada ante la autoridad administrativa sectorial, esto es, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C.), la cual cuenta con las facultades y conocimientos técnicos para resolver este tipo de controversias. Asimismo, los conflictos suscitados por los cobros de los montos previamente establecidos, corresponderán a cuestiones de lato conocimiento, que deben ser resueltos por los tribunales ordinarios, por lo que exceden el ámbito propio del recurso de protección.

Décimo octavo: Que, en consecuencia, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido.

En efecto, un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda. A contrario sensu, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, careciendo de la entidad exigida por la Constitución Política de la República para su protección por la presente vía de acción.

Décimo noveno: Que, en virtud de lo expuesto, no se avizora la existencia de algún derecho indubitado en favor de la recurrente, pues los hechos que sirven de sustento al presente recurso de protección se encuentran absolutamente discutidos por la recurrida, por lo que, existiendo posiciones antagónicas, no corresponde a esta sede jurisdiccional zanjar el conflicto que existe entre los litigantes.

Vigésimo: Que, por consiguiente, ha de inferirse que la acción de protección, como mecanismo procesal excepcional para cautelar ciertas garantías individuales, en el caso particular de que se trata, no puede prosperar, razón por lo cual obligatoriamente ha de ser rechazada.

Por estas consideraciones, y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Juan Alberto Ávalos Luna, en representación de Agrícola Almabal S.A., en contra de la Compañía General de Electricidad S.A. (C.G.E.).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Paula Manzo Sagüez.

Rol N° 3628-2025 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señor Carlos Farías Pino, señor Leonardo Varas Herrera (s) y abogado integrante señora Paula Manzo Saguez. Se deja constancia que no firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por haber cesado como ministro suplente de la Corte de Apelaciones de nombre reservado.