Protección contra Colegio nombre reservado

San Miguel, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Ariel Arturo Osorio Benavides, abogado, en representación de nombre reservado y nombre reservado, padres del estudiante nombre reservado, interpone recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, establecimiento particular, por la medida de expulsión aplicada al alumno, entonces de 17 años y estudiante de IV° Medio A, mediante Resolución de Término de 28 de julio de 2026, posteriormente confirmada por Resolución de Rectoría de 11 de agosto del mismo año.

Sostiene que dichos actos son ilegales y arbitrarios y vulneran la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a la educación del estudiante.

Expone que nombre reservado cursó toda su trayectoria escolar en el establecimiento y que se encuentra diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y Trastorno del Control de Impulsos, bajo tratamiento médico, antecedentes que eran conocidos por el colegio.

Relata que el 10 de julio de 2026, durante una actividad académica, el estudiante calentó con un encendedor un elemento metálico y lo aplicó en la zona cervical de dos compañeros, provocándoles quemaduras. Reconoce la gravedad del hecho, pero sostiene que se produjo en un contexto de desregulación asociado a su condición clínica, sin intención de causar lesiones graves, y que el estudiante reconoció inmediatamente su participación.

Reprocha al procedimiento disciplinario, entre otros aspectos, prejuzgamiento, aplicación retroactiva del Reglamento Interno, ausencia de una evaluación colegiada, insuficiente ponderación de los antecedentes médicos, falta de un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual adecuado, y desproporción de la medida adoptada.

Alega, asimismo, que el colegio sancionó una conducta vinculada a la condición neurodivergente del estudiante sin establecer el nexo entre dicha condición y los hechos investigados, y que la expulsión, adoptada durante el último año de enseñanza media, compromete gravemente su continuidad educativa y estabilidad emocional.

Solicita que se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas y se ordene el reintegro del estudiante, junto con medidas de nivelación, acompañamiento, ajustes razonables y demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, Victoria Santelices Campos, abogada, en representación del Colegio nombre reservado, evacúa informe solicitando el rechazo de la acción.

Reconoce los hechos ocurridos el 10 de julio de 2026 y sostiene que éstos constituyen una falta gravísima prevista en el Reglamento Interno y una afectación grave de la convivencia escolar, susceptible de dar lugar al procedimiento de expulsión.

Afirma que el hecho no fue un episodio disciplinario aislado, pues el estudiante registraba antecedentes previos y una matrícula condicional, y que el establecimiento había implementado medidas de apoyo y seguimiento antes de los hechos objeto del recurso.

En cuanto al procedimiento, señala que se comunicó formalmente su inicio al estudiante y su apoderada, se permitió formular descargos y acompañar antecedentes, se practicaron diligencias investigativas, se dictó resolución fundada el 28 de julio de 2026 y posteriormente se conoció una solicitud de reconsideración, previa consulta al Consejo de Profesores, resolviéndose el 11 de agosto mantener la medida.

Niega la existencia de prejuzgamiento y de aplicación retroactiva del Reglamento Interno, señalando que la agresión física con lesiones ya se encontraba tipificada como falta gravísima al momento de ocurrir los hechos.

Respecto de la condición clínica del estudiante, afirma que ésta era conocida y fue ponderada, junto con los antecedentes médicos y psicológicos aportados por la familia, pero sostiene que la neurodivergencia no impide per se la aplicación de medidas disciplinarias frente a conductas que causan lesiones a terceros.

Añade que el estudiante contó previamente con apoyos pedagógicos y psicoeducativos y que la medida se adoptó considerando tanto la gravedad del hecho como los antecedentes disciplinarios anteriores y la necesidad de resguardar la seguridad de la comunidad educativa.

Tercero: Que, nombre reservado, de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación, evacúa informe indicando que, revisados los antecedentes aportados por el establecimiento, la medida aplicada se ajustaría al procedimiento contemplado en la normativa educacional vigente.

Señala, asimismo, que se constató el cumplimiento de diversas etapas del procedimiento disciplinario, entre ellas, la existencia de la conducta sancionada en el Reglamento Interno, la notificación del inicio del procedimiento, la posibilidad de formular descargos, la notificación de la medida y sus fundamentos, el ejercicio del derecho a reconsideración, la consulta al Consejo de Profesores y el cumplimiento de los plazos correspondientes.

Agrega que, revisada la plataforma SIGE del Ministerio de Educación, el estudiante figura expulsado del Colegio nombre reservado.

Cuarto: Que, con posterioridad, la parte recurrente formuló observaciones al informe del colegio, insistiendo, en que la omisión de la comisión técnica prevista en la Ley No 21.809 viciaría el procedimiento; que las medidas de condicionalidad anteriores no habrían sido válidamente formalizadas; que los apoyos y ajustes implementados serían insuficientes; y que el establecimiento habría efectuado una interpretación inadecuada de la condición clínica del estudiante.

Reitera, además, sus alegaciones acerca del prejuzgamiento, la falta de congruencia del procedimiento y la insuficiencia del acompañamiento académico durante el período de suspensión.

Quinto: Que, la recurrida acompañó antecedentes adicionales destinados a acreditar las medidas que fundaron la condicionalidad de la matrícula con anterioridad y su conocimiento por el estudiante y sus apoderados.

En particular, hace presente la existencia de una condicionalidad de marzo de 2025 y de una comunicación de 5 de diciembre de 2025, suscrita, según afirma, por el estudiante y sus apoderados, que contemplaba compromisos de conducta y advertía que la comisión de nuevas faltas graves o gravísimas podía dar lugar a la activación de un procedimiento de expulsión.

Sexto: Que, compareció como tercero coadyuvante de la recurrida nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado uno de los estudiantes afectados por los hechos de 10 de julio de 2026, haciendo presente su interés jurídico en la mantención de la medida disciplinaria y la existencia de una investigación penal derivada de dichos hechos.

Séptimo: Que, el recurso de protección constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías expresamente enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza actual, debiendo existir un derecho preexistente e indubitado y un nexo directo entre el actuar reprochado y la afectación denunciada; no siendo esta vía idónea para sustituir los procedimientos y recursos específicos previstos por el ordenamiento, ni para reexaminar el mérito de decisiones adoptadas en otros procedimientos, salvo que se constate una infracción manifiesta que amerite tutela urgente.

Octavo: Que, no se encuentra controvertido el hecho que dio origen al procedimiento disciplinario, consistente en que, el 10 de julio de 2026, el estudiante nombre reservado calentó un elemento metálico mediante un encendedor y lo aplicó sucesivamente en la zona cervical de dos compañeros de curso, provocándoles lesiones consistentes en quemaduras de primer y segundo grado.

Tal conducta, atendida su naturaleza y resultado, reviste una entidad suficiente para afectar gravemente la convivencia escolar y la integridad física de otros integrantes de la comunidad educativa, encontrándose prevista como falta gravísima en el Reglamento Interno del establecimiento y habilitando, por tanto, el inicio del procedimiento disciplinario respectivo.

Lo anterior no significa prescindir de la condición clínica del estudiante, cuestión que debe ser considerada al examinar la legalidad, proporcionalidad y eventual carácter discriminatorio de la decisión adoptada, pero sí permite descartar que la activación del procedimiento disciplinario haya carecido, por sí misma, de fundamento.

Noveno: Que, en cuanto al procedimiento seguido, consta que el establecimiento comunicó al estudiante y a su apoderada el inicio del procedimiento disciplinario; les informó los hechos imputados y la posibilidad de formular descargos; recibió éstos el 16 de julio de 2026; practicó diligencias investigativas; y, el 28 de julio siguiente, dictó resolución fundada aplicando la medida de expulsión.

Asimismo, la familia ejerció el derecho a solicitar reconsideración, la que fue sometida a consulta del Consejo de Profesores y resuelta por la Rectora mediante resolución de 11 de agosto de 2026.

Tales antecedentes permiten concluir que el estudiante y sus representantes conocieron la imputación, pudieron ejercer defensa y acompañar los antecedentes que estimaron pertinentes, y contaron con una instancia de revisión de la decisión, de modo que no se advierte, en estos aspectos, una infracción a las exigencias de un procedimiento racional y justo.

Décimo: Que, la recurrente reprocha también la ausencia de un informe previo emanado de una comisión integrada por el profesor jefe, el encargado de convivencia educativa y un integrante del equipo técnico-pedagógico, exigencia que se vincula a las modificaciones introducidas por la Ley No 21.809.

Sobre este punto, la recurrida sostiene que dicha obligación fue incorporada al artículo 6 letra d) del DFL No 2 de 1998, cuerpo normativo asociado al régimen de subvención estatal, razón por la cual no resultaría exigible al Colegio nombre reservado establecimiento particular pagado.

Consta, además, que la Superintendencia de Educación, al revisar el procedimiento disciplinario, calificó la exigencia del informe de dicha comisión como una etapa que “no corresponde al procedimiento efectuado”.

En estas condiciones, y atendida la controversia planteada respecto del ámbito de aplicación de aquella exigencia, no aparece configurada con la evidencia propia de esta acción cautelar una infracción que permita afirmar que la sola ausencia de dicha comisión vició el procedimiento disciplinario seguido en la especie.

Undécimo: Que, tampoco se advierte que la sanción haya sido aplicada por razón del diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o del Trastorno del Control de Impulsos del estudiante.

El establecimiento reconoce haber tenido conocimiento de dichos antecedentes clínicos y afirma haberlos considerado tanto durante su trayectoria escolar como al resolver el procedimiento disciplinario. La resolución impugnada ponderó, entre otros elementos, el reconocimiento de los hechos, el arrepentimiento y los antecedentes de salud acompañados por la familia.

Por su parte, el informe psicológico acompañado por la recurrente da cuenta de dificultades en materias tales como control inhibitorio, anticipación de consecuencias, evaluación de riesgo y regulación conductual, pero no establece que el episodio concreto de 10 de julio de 2026 haya constituido una manifestación involuntaria de la condición clínica del estudiante que excluyera toda posibilidad de reproche disciplinario.

De esta forma, los antecedentes reunidos no permiten concluir que el establecimiento haya sancionado al alumno por su condición o necesidad educativa especial, sino por una conducta que produjo lesiones a dos integrantes de la comunidad educativa.

Duodécimo: Que, en relación con la alegada ausencia de ajustes razonables y medidas de acompañamiento, los antecedentes dan cuenta de que el estudiante recibió durante su trayectoria escolar medidas de apoyo pedagógico y psicoeducativo, entre ellas evaluación diferenciada, mayor tiempo para rendir evaluaciones y seguimiento por distintos profesionales del establecimiento.

La recurrente cuestiona la suficiencia de tales medidas y sostiene que no se acompañaron Planes de Acompañamiento Emocional y Conductual que permitan acreditar una intervención respecto de la condición del estudiante.

Sin embargo, aun considerando dicha controversia, no aparece de los antecedentes que la medida expulsiva se haya fundado directa o indirectamente en la discapacidad o necesidad educativa especial del alumno, ni que la eventual insuficiencia de alguno de los mecanismos de acompañamiento permita, por sí sola, privar de fundamento a un procedimiento motivado por un hecho grave que produjo lesiones físicas a dos estudiantes.

Décimo tercero: Que, respecto de la proporcionalidad, tampoco aparece que la expulsión haya sido impuesta en un contexto carente de antecedentes disciplinarios previos.

En efecto, la recurrida acompañó antecedentes relativos a medidas de condicionalidad anteriores y, particularmente, una comunicación de 5 de diciembre de 2025 en la que se resolvió mantener excepcionalmente al estudiante en el establecimiento durante el año 2026, documento que, según lo informado, aparece suscrito por el propio alumno y sus apoderados y contempla compromisos específicos de conducta.

En tales condiciones, la medida impugnada no aparece como una reacción espontánea frente a un único episodio, sino como la culminación de un proceso disciplinario en que existían advertencias y medidas previas, antecedente que, unido a la gravedad del hecho de 10 de julio de 2026, impide calificar la expulsión como carente de proporcionalidad.

Décimo cuarto: Que, además, la ponderación de la integridad física y psíquica no puede efectuarse exclusivamente desde la situación del estudiante sancionado, pues la conducta que motivó el procedimiento produjo lesiones físicas a dos compañeros, uno de cuyos representantes compareció en estos autos como tercero coadyuvante de la recurrida.

Por consiguiente, el deber de resguardo del establecimiento se extiende al conjunto de la comunidad educativa y, especialmente, a quienes resultaron directamente afectados por los hechos, circunstancia que también debía ser considerada al adoptar una medida destinada a preservar la seguridad y convivencia escolar.

Décimo quinto: Que, en consecuencia, del examen conjunto de los antecedentes no se advierte que las resoluciones de 28 de julio y 11 de agosto de 2026 hayan sido adoptadas al margen de las facultades del establecimiento, mediante un procedimiento carente de garantías, por razón de la condición clínica del estudiante o sin fundamento racional.

Por ello, no se configura un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido mediante esta acción cautelar, sin que corresponda a esta Corte sustituir al establecimiento en la determinación del mérito disciplinario de la conducta cuando la decisión ha sido adoptada dentro del marco normativo y procedimental antes referido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la abogada integrante Yasna Otárola Espinoza.

N° 3616-2026 Protección.