nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de AFP Capital S.A. por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicado por correo electrónico de 25 de agosto de 2025.

Expone que solicitó la devolución de sus fondos al amparo de la Ley N°18.156, que regula la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y la posibilidad de retirar los fondos acumulados si se cumplen los requisitos legales. Señala que la administradora fundó el rechazo en tres motivos: que respecto de un empleador el contrato contendría declaraciones contradictorias sobre la voluntad de afiliación, al aludir tanto al régimen chileno como al extranjero; que respecto de otro empleador el anexo con la declaración de voluntad de mantener el régimen extranjero habría sido expedido con posterioridad al término de la relación laboral; y que el certificado de afiliación acompañado habría caducado, por ser válido solo por sesenta días. Controvierte dichas razones, sosteniendo que en el anexo de contrato se expresa claramente la voluntad de mantenerse afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que, por tanto, la recurrida interpreta erróneamente la documentación aportada.

Sostiene que la AFP incorpora exigencias no previstas en la Ley N°18.156, pues dicha normativa solo exige que el trabajador extranjero esté afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación. Afirma que esos requisitos se cumplen en su caso y que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, además de un certificado de institución de seguridad social de su país de origen, permiten acreditar dicha afiliación. Destaca que la constancia electrónica puede ser verificada en línea en el sitio oficial del IVSS mediante el código alfanumérico que figura en el documento o incluso mediante su cédula de identidad venezolana, por lo que la AFP disponía de medios tecnológicos suficientes para comprobar su autenticidad. Alega que, pese a ello, la recurrida omitió verificarla y rechazó la solicitud con una interpretación formalista, agregando la exigencia de apostilla o vigencia que la ley especial no contemplaría expresamente.

Añade que, tratándose de nacionales venezolanos, la exigencia de ciertos documentos legalizados o actualizados resulta especialmente gravosa e incluso imposible de cumplir, dado el contexto de inexistencia de representación diplomática venezolana operativa en Chile para estos efectos.

Afirma que se afecta su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al darle un trato desigual respecto de otros solicitantes que, en situaciones similares, han obtenido respuestas favorables, y también su derecho de propiedad del artículo 19 N°24, por cuanto los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual le pertenecen y la negativa a restituirlos importaría una retención injustificada. Añade además la garantía del artículo 19 N°26, sosteniendo que la recurrida impone condiciones que afectan la esencia de esos derechos.

Solicita acoger el recurso de protección, declarar ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero y ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, y que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceda dentro de un plazo razonable a la devolución de los fondos previsionales solicitados, o bien que se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, Paula Catalina Peña Vásquez, abogada, en representación de AFP Capital S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

En primer término, sostiene que la acción de protección es improcedente, por no ser la vía idónea para resolver una controversia de lato conocimiento relativa al cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156. Afirma que el recurrente no invoca un derecho preexistente e indubitado, sino que pretende obtener por esta vía una declaración de que cumple las exigencias legales para acceder a la devolución de fondos previsionales, materia que, a su juicio, debe ventilarse ante la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar la normativa previsional y cuyas instrucciones son obligatorias para las AFP.

En cuanto al fondo, afirma que AFP Capital no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad, pues rechazó la solicitud de devolución de fondos presentada el 19 de agosto de 2025 en estricto cumplimiento de la ley y de la jurisprudencia administrativa obligatoria de la Superintendencia de Pensiones. Explica, en primer lugar, que respecto del empleador Comercial Valora S.A. el contrato de trabajo acompañado contiene declaraciones contradictorias sobre la afiliación previsional del actor, ya que en su cláusula sexta alude al mismo tiempo a afiliación al sistema chileno, en AFP Capital, y al mantenimiento del régimen extranjero. Añade que el recurrente acompañó además una declaración jurada de 2 de mayo de 2025 destinada a reconocer y sumar períodos cotizados en Venezuela a su historial previsional chileno, lo que reafirma esa contradicción. Señala que, conforme al Oficio Ordinario N°16137 de 2 de septiembre de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, en estos casos debe primar la regla general de cotización en Chile, por lo que no procede acceder al beneficio del artículo 1 letra b) de la Ley N°18.156 cuando existen manifestaciones incompatibles sobre la voluntad de mantener afiliación extranjera.

Agrega, en segundo lugar, que respecto del empleador Marketing y Promociones S.A. el anexo de contrato en que se expresa la voluntad de mantener afiliación extranjera fue extendido el 27 de julio de 2025, esto es, con posterioridad al término de la relación laboral consignada entre el 22 de junio de 2022 y el 23 de mayo de 2024. Indica que, conforme al Oficio Reservado N°25057 de 29 de diciembre de 2023 de la Superintendencia de Pensiones, la manifestación de voluntad exigida por la Ley N°18.156 debe constar en el contrato o en un anexo otorgado mientras la relación laboral se encuentre vigente, de manera que los anexos extemporáneos obligan a rechazar la solicitud. Sostiene así que el actor tampoco cumplió este requisito copulativo.

Finalmente, en relación con la afiliación previsional extranjera, afirma que el recurrente tampoco acreditó válidamente el requisito del artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156. Señala que la “Constancia de Afiliación” al IVSS de 13 de enero de 2021 se encontraba vencida, por tener una vigencia de 60 días, y que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no estaba firmada por quien la emite ni apostillada o legalizada, careciendo así de valor suficiente para producir efectos en Chile conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla. Añade que, según el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma ni apostilla, así como las declaraciones juradas del propio afiliado, no sirven para acreditar cobertura previsional en el extranjero, pues solo la autoridad previsional competente puede certificar esa circunstancia.

Concluye que AFP Capital se limitó a aplicar la normativa vigente y las instrucciones obligatorias del ente fiscalizador, sin incurrir en acto ilegal o arbitrario alguno, por lo que solicita el rechazo total del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones del IVSS” de 24 de noviembre de 2020, sin legalización ni apostilla, y su contrato de trabajo contiene declaraciones contradictorias.

Sexto: Que, conforme a lo expresado, la falta de vigencia y de apostilla de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Séptimo: Que, conforme a lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos debidamente legalizados y/o apostillados, y la existencia de declaraciones contradictorias en su contrato de trabajo, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°3611-2025 Protección