ELETRANS II S.A. con nombre reservado

San Miguel, veintiocho de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Elías Soto Núñez en representación convencional de Eletrans II S.A., empresa del giro de transmisión eléctrica, e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, y expone que por Decreto Exento N° 82, de 29 de febrero de 2012, modificado por los Decretos Exentos N° 487, de 5 de diciembre de 2012, y N° 1, de 7 de enero de 2013, todos del Ministerio de Energía, se fijó el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los 12 meses siguientes, especificándose como nuevas obras del Sistema Interconectado Central, la “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”. Luego, por Resolución Exenta N° 277, de 30 de abril de 2012, y sus modificaciones posteriores, la Comisión Nacional de Energía aprobó las bases de licitación de las obras nuevas del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal, licitación pública internacional de la cual resultó adjudicataria Eletrans II S.A., que es la actual titular del proyecto de línea de transmisión eléctrica denominado “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”. Expresa que el proyecto “Variante Culiprán Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”, tal como su nombre lo indica, corresponde a un segmento de la “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”.

La recurrente indica que de lo señalado y de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley General de Servicios Eléctricos fluye que se trata de la ejecución de un proyecto de servicio público, declarado por la autoridad como “Proyecto de Interés Nacional”, que corresponde a la ampliación del sistema eléctrico de trasmisión nacional, el que faculta al titular de las obras a tramitar concesiones eléctricas a lo largo de todo el trazado de la línea, para llevar a cabo su construcción, independiente de la suscripción de contratos de servidumbres voluntarias.

Añade que el proyecto se ubica en las comunas de Pudahuel, Curacaví, Melipilla, San Pedro y Litueche, provincias de Santiago, Melipilla y Cardenal Caro, en la Región Metropolitana y Región de O´Higgins, y tiene como objetivo la construcción de una nueva línea de transmisión eléctrica, de una tensión de 220 KV, que se ubicará entre la nueva subestación Lo Aguirre y la subestación Melipilla, abarcando una longitud aproximada de 42 km. Refiere que la construcción de esta nueva línea permitirá contribuir a la satisfacción de la creciente demanda energética a nivel local y nacional, aumentando la potencia y energía disponibles en el sistema, mejorando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico a mediano y largo plazo. La señalada línea de transmisión estará conformada, entre otros elementos, por cables conductores que transportan la energía eléctrica, estructuras soportantes de fierro que permiten el tendido aéreo de los conductores, aisladores de vidrio o cerámica que aíslan el paso de la corriente eléctrica de las estructuras y cables de guardia con fibra óptica, para la seguridad propia de la Línea.

Explica que Eletrans II S.A. está ejecutando el proyecto antes referido con todos los permisos ambientales y sectoriales exigidos por la ley, además de contar con los títulos de ocupación del suelo para tal objetivo, pues fue sometido a evaluación ambiental mediante Estudio de Impacto Ambiental el día 1° de junio de 2016, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Expresa que el proceso de evaluación contó con la participación de todos los servicios sectoriales con competencia y el Informe Consolidado de Evaluación se emitió por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental el día 14 de diciembre de 2018, recomendando aprobar el Estudio de Impacto Ambiental y sus respectivas Adendas, conforme al mérito del proceso. Finalmente, la Resolución de Calificación Ambiental se dictó mediante Resolución Exenta N° 1542, de 21 de diciembre de 2018 por la cual se calificó ambientalmente favorable el proyecto “Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla – Rapel”.

A continuación, refiere la recurrente que, tratándose de obras nuevas eléctricas correspondientes al segmento de transmisión, calificada como servicio público por la Ley General de Servicios Eléctricos (artículo 7°), la regulación sectorial estableció la posibilidad de imponer por la vía forzosa los títulos de ocupación del suelo necesarios para ejecutar el proyecto en suelo ajeno, atendida dicha función pública de la transmisión eléctrica. Lo anterior, se materializa en nuestro ordenamiento jurídico mediante la institución de la concesión eléctrica definitiva, con la cual nacen además las servidumbres eléctricas, mediante la aprobación de los planos especiales de servidumbre sometidos a evaluación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Ministerio de Energía, conforme a lo señalado por los artículos 51 y 48 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Además de ello, la referida ley contempla la posibilidad de constituir dichas servidumbres eléctricas legales mediante escritura pública celebrada con los propietarios en todos aquellos casos en los cuales se llegó a un acuerdo en torno a la indemnización a que da lugar la imposición del gravamen eléctrico (artículo 25 letra h de la Ley General de Servicios Eléctricos), sea de forma previa, en paralelo o con posterioridad a la obtención de los decretos de concesión eléctrica definitiva.

Señala que un tramo de la variante Culiprán cruza la Quebrada El Cajón, ubicada en el sector de Culiprán y, para efectos de la construcción de la línea de transmisión, Eletrans II posee los títulos de ocupación del suelo que se requieren. Agrega que el camino cuyo uso público se ha visto interrumpido por vías de hecho por parte de terceros, permite a Eletrans acceder a sectores donde se deben construir estructuras que forman parte de la línea de transmisión y, asimismo, a la faja de servidumbre de la línea para realizar el tendido del conductor eléctrico. Dichos sectores se ubican en los predios que corresponden a las parcelas 100 B y 65 B. Indica que respecto de esta última parcela se constituyeron servidumbres eléctricas mediante escritura pública de constitución de servidumbres celebrada entre Eletrans II S.A. y nombre reservado, de 7 de mayo de 2015, otorgada ante la Notaria Pública de Melipilla doña nombre reservado, y respecto de la parcela 100 B se constituyeron servidumbres eléctricas mediante escritura pública de constitución de servidumbres celebrada entre Eletrans II S.A. y nombre reservado, de 1° de junio de 2015, otorgada ante la Notaria Pública de Melipilla doña nombre reservado bajo.

En cuanto a los hechos que fundamentan la presente acción cautelar, expresa la recurrente que en el sector de Culiprán, “Quebrada el Cajón”, de la comuna de Melipilla, existe un camino que comienza aproximadamente en las coordenadas UTM Norte: 6.257.065,5, y Este: 295.555.05, WGS 84, Huso 19, según señala la aplicación Google Earth. En la aplicación caminera de Google Maps se aprecia de la siguiente manera: Nace donde termina el camino “El Dibujo” y avanza hacia el este bordeando la Quebrada El Cajón permitiendo acceder a un conjunto de parcelas ubicadas en dicha quebrada, con el camino público “El Dibujo” y posteriormente con la ruta G-60 que une Melipilla y Rapel. Añade que conecta el domicilio reservado, propiedad de nombre reservado, y 65 B, propiedad de don nombre reservado, en las cuales su representada debe realizar trabajos. Señala que, históricamente, desde su creación, dicho camino ha sido destinado al uso público, no existiendo hasta ahora cierres, portones ni nada que impida su uso público, pero tal situación cambió cuando opositores al proyecto, entre los cuales se encuentran los recurridos, instalaron un portón de madera y reja metálica, el cual se cerró con una cadena y candado por los recurridos, impidiendo el paso de su representada, entre otros, restringiendo de esa manera el uso público histórico del camino. Dicha situación pudo ser conocida por parte de Eletrans II S.A. el día 24 de febrero de 2021 en circunstancias en que una vez que se encontraba desarrollando labores aguas arriba del portón, a su regreso constataron su instalación y que se había cerrado con candado, impidiendo salir a los trabajadores. En esa oportunidad se presentaron los recurridos, quienes violentamente acusaron falsamente ser propietarios del predio, expulsándolos del lugar, señalando que les impedirían el paso y amenazando a los trabajadores. Además, expresa que, como se indica en Constancia de Carabineros de Chile de 24 de febrero de 2021, bloquearon el paso a los trabajadores de Eletrans II y contratistas con una moto, agresiones verbales y amenazas. Hechas las revisiones en el Conservador de Bienes Raíces, pudieron advertir que efectivamente no se trata de ninguno de los propietarios colindantes con la ubicación de donde se instaló el portón referido, vértice donde colindan las parcelas 74 B, 88 B y 86 B. Relata que, como consta en acta policial, tomaron conocimiento de que la persona que realizó dicha intervención ilegal e ilegítima fue nombre reservado, el recurrido, quien se ha presentado ante muchos parceleros del sector como “activista” en contra del proyecto de línea de transmisión, junto a quien sería su pareja, doña nombre reservado, recurrida en esta causa, quien con posterioridad se ha presentado en otros sectores donde se desarrollan los trabajos (predio de doña nombre reservado, correspondiente a parcela 100B) impidiendo la ejecución de los mismos también por vías de hecho, violencia y amenazas.

La actora agrega que el día 21 de marzo de 2021 se presentaron los recurridos nombre reservado y nombre reservado en un predio donde se desarrollan las obras de implementación de la línea de transmisión eléctrica en el sector de Culiprán, ingresando disfrazados de trabajadores a las dependencias de faena, en particular en zona de izaje, impidiendo con ello continuar con la realización de los trabajos, lo que se ha traducido en retrasos en la ejecución de las obras y pérdidas pecuniarias importantes, ascendientes a más de 100.000.000 (cien millones de pesos) en horas de vuelo de helicópteros contratados que no se han podido utilizar a causa de estas irrupciones violentas e ilegítimas, montos que serán demandados en la sede correspondiente. Además de ello y como consta en Parte Denuncia de 21 de marzo de 2021 ante la Fiscalía Local de Melipilla, los recurridos que ingresaron ilegalmente a la faena amenazaron que continuarían realizando esas irrupciones violentas para impedir el vuelo de helicópteros y la ejecución de los trabajos de la línea.

Razona la recurrente que los actos de los recurridos consistente en el cierre y obstaculización para el uso de un camino de uso público e irrupciones en las faenas, impidiendo la ejecución de un proyecto de servicio público al tratarse de una obra de ampliación del sistema de transmisión nacional, licitada por el Estado de Chile a través del Ministerio de Energía y adjudicada a Eletrans II, y porque el mismo artículo 7° de la Ley General de Servicios Eléctricos establece de manera expresa que el transporte de electricidad tiene condición de “servicio público”. En ese mismo sentido, los impedimentos generados por los recurridos a la realización y concreción de las obras nuevas de construcción de la línea de transmisión que forman parte del Plan de Expansión de la Transmisión del Ministerio de Energía afectan severamente el principio de preservación de la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, consagrado en nuestro ordenamiento en el artículo 72°-1 numeral 1 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

La actora expresa que el camino cuyo uso se ve impedido u obstruido sirve a un número de predios que surgen a propósito de un proceso de subdivisión y loteo efectuado durante el año 2002, y que al momento de efectuarse la subdivisión y adjudicación de los predios que derivan del predio matriz, los comparecientes pactaron de forma expresa que los caminos interiores que sirven a todos ellos cumplirían un fin eminentemente público. De esta manera, señala que la situación de hecho aquí descrita se encuadra perfectamente con las circunstancias descritas por el artículo 592 del Código Civil, en cuanto se refiere a “… caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos …”, estableciendo que dichos caminos, y según el tenor literal del legislador, no corresponderán a bienes nacionales, según se entienden en el artículo 589 del Código Civil. Indica que, en consecuencia, se trata de un camino privado de uso público, es decir, un camino que nace a partir de propiedad privada, habiendo sido destinado convencionalmente a un uso público.

Razona la recurrente que el uso público del camino ha sido alterado por vías de hecho por los recurridos, mediante la instalación y cierre de un portón, privando con ello tanto a su representada como a la comunidad en general, e incluso a los dueños de parcelas ubicados aguas arriba del portón instalado, de poder usar el camino. Expresa que, conforme a los carteles instalados en el portón, por parte de los recurridos, se colige que existirían razones “ambientales” que justificarían su acción deliberada de oponerse a la realización de un proyecto legítimo y legal, conculcando con ello las garantías fundamentales de mi representada, e incluso lesionando derechos de terceros. Hace presente que ya existió un recurso de protección interpuesto por la recurrida nombre reservado y nombre reservado, entre otros, en contra de su representada para oponerse a la realización del proyecto, el que fue rechazado por esta Corte.

Concluye indicando que ante la modificación ilegítima del statu quo, Eletrans II no tiene más opción que presentar un recurso de protección para reestablecer de manera oportuna el imperio del derecho, atendido que la obra que ejecuta está sometida a severos plazos de parte de la autoridad eléctrica “Ministerio de Energía” y la Administración en general, debido a que no resulta aplicable el artículo 26 de la Ley de Caminos porque se trata de un camino privado y que, por ende, no puede ni debe presumirse público. Expresa que el acto de los recurridos es arbitrario, toda vez que corresponde a vías de hecho, sin respaldo legal, y contrario a la razón, toda vez que infringe incluso la destinación de uso que los propios dueños del camino le dieron a este. Además, es un acto ilegal porque constituye una infracción a lo dispuesto por el numeral 3°, inciso cuarto del artículo 19 de la Carta Fundamenta, en relación con el artículo 76 de la Constitución Política de la República, como lo ha señalado la jurisprudencia, al modificar derechos preexistentes por vías de hecho obrando como una “comisión especial”. Al impedir de facto el ejercicio de servidumbres eléctricas legales se estaría afectando el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar una actividad económica.

En definitiva, pide la recurrente que se ordene la inmediata reapertura del camino, la demolición del portón y el cese de todo acto que perturbe el libre ejercicio de los derechos que le asisten a Eletrans II para la construcción de la línea de transmisión eléctrica, haciendo uso de un camino destinado por sus dueños jurídica e históricamente al uso público.

La actora acompaña los siguientes antecedentes:

1.- Copia de escritura pública de adjudicación de los predios de la subdivisión de 24 de enero de 2002, celebrada en la Notaría de Melipilla de don nombre reservado.

2.- Copia de escritura pública de 9 de enero de 2002, que estableció las Bases de la Adjudicación, celebrada en la Notaría de Melipilla de don nombre reservado.

3.- Copia de Resolución de Calificación Ambiental correspondiente a Resolución Exenta N° 1542 de 21, de diciembre de 2018, por la cual se calificó ambientalmente favorable el proyecto “Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla – Rapel”.

4.- Copia de escritura pública de constitución de servidumbres celebrada entre Eletrans II S.A. y nombre reservado, de 7 de mayo de 2015, otorgada ante la Notaria Pública de Melipilla doña nombre reservado.

5.- Copia de escritura pública de constitución de servidumbres celebrada entre Eletrans II S.A. y nombre reservado, de 1° de junio de 2015, otorgada ante la Notaria Pública de Melipilla doña nombre reservado.

6.- Sentencia de recursos de protección acumulados al rol 10833-2020, de esta Corte, deducidos por doña nombre reservado y don nombre reservado, entre otros, en contra de Eletrans II S.A.

7.- Constancia de Carabineros de Chile, 2da Com. Graneros, de 24 de febrero de 2021, que da cuenta de hechos del recurrido nombre reservado para imposibilitar el paso de trabajadores de Eletrans II S.A. para la construcción de la línea de transmisión.

8.- Parte denuncia de Carabineros de Chile, Retén Codegua, de 21 de marzo de 2021, confeccionado por el funcionario nombre reservado, ante denuncia realizada por nombre reservado.

9.- Copia de escritura pública de mandato judicial de 18 de agosto de 2020, otorgada en la Notaría de Lo Barnechea de nombre reservado.

10.- Documento electrónico correspondiente a archivo .KMZ denominado “Camino continuación El Dibujo” en el cual se muestra el Camino, el hito de ubicación del portón, la superposición del plano de parcelación, etc. el cual se puede apreciar a través del programa Google Earth.

Segundo: Que informa la abogada Sabiñe Maitane Susaeta Herrera, en representación de doña nombre reservado, negando las acusaciones que se le hacen, e indica que la situación respecto de la cual la empresa Eletrans II S.A. ha interpuesto recurso de protección es un escenario complejo y de angustia para su representada, situación que lleva meses de conflicto social y jurídico en distintas instancias.

Explica en su libelo recursivo que se han interpuesto diversos recursos de protección contra la empresa por vulnerar distintas garantías constitucionales de su representada y otros ciudadanos, al realizar actividades de vuelo de helicóptero y uso de caminos no autorizados en su Resolución de Calificación Ambiental, además de una solicitud de invalidación ante Tribunales Ambientales y más de una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente por infracción reiterada de los compromisos en dicha resolución. Expone que estas conductas ilegales no solo han vulnerado su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, sino también su derecho a la vida y la integridad síquica sometiéndolos a un constante estrés y malestar.

Relata que el día miércoles 17 de marzo, luego de contactar telefónicamente con diversas personas de la empresa, quienes no le entregaron información satisfactoria en relación al exceso de vuelos de helicópteros, su representada se apersonó en el helipuerto de Popeta, donde se desarrolla parte de la faena de Eletrans II S.A., para solicitar esta información al encargado de la faena. Para poder hacer ingreso a la misma, utilizó elementos de protección personal, a saber, casco, chaleco reflectante, gafas de seguridad, mascarilla y zapatos de seguridad. Se entrevistó con don nombre reservado quien la atendió y le indicó que se realizan trabajos con helicóptero entre las torres 139 a 152. Al consultarle acerca de los permisos ambientales, señaló que la construcción de estas torres no está autorizada en la resolución de calificación ambiental. En ese momento, su representada le manifestó que la Superintendencia de Medio Ambiente emitió la Resolución Exenta N° 96, de 19 de enero de 2021, donde se establece que el sobrevuelo constante de helicópteros afecta la salud mental de los vecinos al tratarse de una faena permanente, contrario a las indicaciones de la resolución de calificación ambiental 1542. El encargado la ignoró y emitió expresiones de desprecio por los cuestionamientos, por lo que su representada procedió a ingresar de forma pacífica al helipuerto. Ante esto, la faena se detuvo momentáneamente. Señala que su acompañante, nombre reservado, se comunicó con Carabineros de Chile, acudiendo personal del retén Codigua. Su representada se retiró del helipuerto a dejar constancia de los hechos, luego de lo cual se reanudó la faena con normalidad. El jueves 18 de marzo su representada se reunió de forma virtual, vía plataforma Meet, con el subgerente de Eletrans II S.A., don nombre reservado, quien le indicó que la empresa había decidido que realizará la construcción de las estructuras 139 a 152 con helicópteros a causa de que los vecinos de Culiprán habían puesto reparos para el uso del camino. Le señaló que se programaron las faenas de lunes a domingo de 8 a 19.00 hrs., ante lo cual su representada indicó el dictamen de la Superintendencia de Medio Ambiente que señala que los vuelos producen estrés en los vecinos. Don nombre reservado le señaló que está en conocimiento del documento, pero que se refiere a la construcción de otras estructuras, a pesar de que la afectación por una faena permanente de las mismas características ya estaba y está ocurriendo, como consta en varias denuncias a la Superintendencia. Se le indicó a su representada, además, que no se realizarían trabajos los días domingo entre las torres 149 y 152.

El domingo 21 de marzo, al constatar que los helicópteros se encontraban trabajando entre las estructuras 149 a 152, su representada se dirigió nuevamente al helipuerto de Popeta, luego de hacer las consultas telefónicas pertinentes y no obtener respuesta satisfactoria. Se apersonó con elementos de protección personal para poder hacer ingreso a la faena como indican las normas de seguridad. En ningún minuto indicó que trabaja para la empresa. Su acompañante hizo ingreso del vehículo hasta la zona de helipuerto, con lo cual las faenas continuaron ocurriendo desde el otro helipuerto ubicado más al sur, sin que se haya detenido el trabajo de la empresa. Su acompañante, nombre reservado, tomó contacto con Carabineros de Chile, por lo que acudió hasta el lugar personal policial del retén Codigua. Ante la situación, se apersonó también en la faena don nombre reservado, prevencionista de la empresa SASEM, quien ingresó a la faena también. Se le indicó a su representada que se estaban realizando trabajos en la torre 151, con lo cual se estaba incumpliendo lo que la empresa Eletrans había indicado el jueves en la reunión. En ese momento, nombre reservado contactó a la Gerencia de Eletrans, quienes señalaron que no debían realizarse los trabajos con helicópteros el domingo en las citadas estructuras. Ante la situación, nombre reservado se comprometió a detener las faenas en estas torres y trabajar al sur de la estructura 148. Su representada le señaló que si esto no se cumple se apersonaría nuevamente en el helipuerto. Luego de esa conversación, se retiró al retén de Codigua para dejar constancia de la situación.

Por último, en relación con el uso del camino de Quebrada El Cajón, indica que su representada no tiene relación alguna con los trabajos que levantaron el portón mencionado, ni ha amenazado en forma alguna a ningún trabajador o contratista por el uso del mismo. Refiere que, contrario a lo que manifiesta la empresa, el camino El Dibujo es privado, no público, agregando que el 24 de febrero de 2021 su representada no se encontraba en Culiprán, sino viajando hacia un trabajo en terreno a la comuna de Renaico, Región de la Araucanía, como consta en el Permiso Único Colectivo, que acompaña, por lo que no realizó el cierre del camino ni amenazó a persona alguna.

Añade que su representada se ha entrevistado de forma respetuosa con varios de los contratistas que han llegado a instalar faenas utilizando el camino, ninguno de los cuales ha mencionado o hecho presente las escrituras a las que hace alusión Eletrans II para hacer uso del camino, y tampoco han indicado las medidas dictadas por el Consejo de Monumentos Nacionales con respecto al uso del puente del siglo XIX ubicado al inicio del camino. Expresa que su representada se ha reunido también en más de una ocasión con representantes de la empresa, reforzando la idea de que está actuando de manera pacífica y dentro de la esfera del derecho. Así, la recurrida, el 18 de marzo, se reunió con don nombre reservado, quien le indicó que no tenía idea acerca de este puente ni de los requerimientos que deben hacerse al Consejo de Monumentos Nacionales. Tampoco los contratistas ni el subgerente han podido explicar por qué la ruta G-674 o Camino El Dibujo que conduce al camino de Quebrada el Cajón no está incluido dentro de la resolución de calificación ambiental como uno de los caminos a utilizar para la instalación y desarrollo de las faenas, además de ser privado. Refiere que la actitud de la empresa siempre ha sido hacer ingreso por el camino a velocidades que exceden los 20 km por hora y sin realizar la humidificación del sedimento o poner barreras de sonido como indican los requerimientos ambientales para el uso de estos caminos.

En cuanto al derecho, expone que la empresa, desde que obtuvo su resolución de calificación ambiental el 2018, ha realizado operaciones sin contar con los permisos sectoriales a los que se comprometió a obtener en dicha resolución, e infringiendo compromisos expresos de la misma. De esta manera, ha provocado un perjuicio directo en los derechos constitucionales de su representada, como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, y ante la insistencia de la empresa de operar sin las autorizaciones administrativas necesarias y con infracción a los comprometido en su resolución de calificación ambiental, se han interpuesto en su contra diversas acciones judiciales por vulneración al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, tales como recursos de protección presentados por distintos vecinos, denuncia que se encuentra en proceso sancionatorio por las reiteradas infracciones de la empresa a su resolución de calificación ambiental, lo que consta en el expediente D-142-2020 de la Superintendencia de Medio Ambiente y que el año 2020 provocó un alud en la quebrada, causando daños ambientales y riesgo a la salud de la población.

Expone que el actuar ilegal de Eletrans durante más de dos años en el sector ha provocado que los vecinos adopten medidas desesperadas, como acudir a las mismas instalaciones de la empresa para solicitar el cese de las actividades no autorizadas (siempre de manera pacífica y llamando a las autoridades pertinentes), especialmente teniendo en cuenta la lentitud del aparato administrativo del Estado en poner orden frente a esta situación. Las denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente se han llevado a cabo desde el año 2021 y, a más de un año y medio, no se han obtenido resultados y la empresa sigue operando de manera ilegal, lo que genera impotencia en su representada y demás ciudadanos afectados, que ya no saben qué medidas tomar para evitar que se siga dañando el ecosistema que habitan, además de su salud mental.

Alega también vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona, artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al tener que soportar durante estos dos años el actuar ilegal de la empresa que opera sin cumplir los permisos de su resolución de calificación ambiental, utilizando caminos a una velocidad imprudente y sin las medidas ambientales comprometidas, realizando viajes de helicópteros en horarios no autorizados. Los viajes en helicóptero no solo provocan molestias sonoras sino que además temor en la población al verlos pasar con sendas estructuras. Si bien es cierto que la empresa tiene autorización en su resolución para realizar cierta cantidad de viajes en helicóptero, debe comprenderse que al ser una empresa que ha infringido reiteradamente las normas, la sensación de miedo de los vecinos ante los viajes de helicópteros con estructuras pesadas sobre sus hogares es latente y continua.

Tercero: Que, por su parte, informa al tenor del recurso doña nombre reservado, negando las acusaciones que se hacen en su contra. Expresa que no es opositora al proyecto en cuestión, que no ha cometido ninguna intervención ilegal ni ha proferido amenazas o agresiones a algún trabajador de Eletrans II o personal a su cargo, ni he realizado alguna acción directa o indirecta que afecte las garantías fundamentales de dicha empresa.

Señala que el 19 de mayo de 2015, a través de la empresa Inmobiliaria Altue Ltda. -de la cual es dueña y representante legal-, compró a doña nombre reservado, parte de los 113 propietarios del cerro Culiprán, una propiedad, compuesta por 4 parcelas divididas en 64 lotes, para iniciar un proyecto de eco-parcelas sustentables en la zona. Las propiedades adquiridas establecen en su adjudicación ciertas prohibiciones en relación con el cuidado del medio ambiente y su conservación, además de prohibir las actividades que contaminen acústicamente, siendo estos puntos determinantes a la hora de decidir desarrollar su proyecto familiar en la zona, iniciando ese mismo año la construcción de su casa.

Indica que el proyecto se encuentra dividido en 3 sectores, el primero en la parcelación Los Canelos, que comprende las 10 parcelas resultantes de la subdivisión del lote72B, el segundo Ecoaldea El Peñón, Lote 71B, lugar que habitaron como familia, y Refugio Altue, emplazado en las parcelas 88 y 92A, todas resultantes de la subdivisión del lote Nº 1, cerros de Culiprán. Añade que se ha colaborado con la mejora y mantención de los caminos privados que unen las parcelas, ya sea con maicillo, camión y maquinaria, voluntariamente y en beneficio de la comunidad de Agua Santa, ya que este camino, por ser privado, no tiene mantención municipal. Indica que es de este camino privado que la empresa Eletrans II ha hecho uso, de forma escurridiza, evadiendo el encuentro con vecinos, levantando gran cantidad de polvo a su paso, sin realizar ningún tipo de mantención, humidificación o implementación de barreras, como debiera ser para el uso de un camino privado en consonancia con los vecinos y propietarios de la zona. Asimismo, entre los propietarios y vecinos del cerro se realizan otras mantenciones voluntarias, que van en beneficio común, como podas o despeje de la servidumbre, recolección de basura, humidificación de sectores del camino con tierra suelta cerca de las casas, e instalación de diferentes portones, los que personalmente nunca he visto con llave, sino con alambre o alguna tranca de campo. Estos, por razones de seguridad, se utilizan para limitar el acceso vehicular y así proteger de la habitual aparición de basurales y escombros, del abandono de mascotas, de las fogatas y el inminente peligro de incendio, del abigeato que son víctimas los laceros del cerro Culiprán, que suben sus animales a pastar, y de esta forma evitar que los animales se escapen hacia el camino El Dibujo, y tantas otras problemáticas asociadas al hecho de que el denominado portón histórico hacia el cerro hace un tiempo estaba quedando abierto por el tránsito constante de vehículos.

La señora nombre reservado relata que este portón histórico se encuentra en el límite entre el camino público Ruta G-674, o llamado camino El Dibujo, mismo lugar donde hasta la actualidad el servicio eléctrico de CGE llega con sus medidores y hasta dónde puede llegar el servicio del camión de basura. Todo esto por ser un camino privado, asunto que ha sido consultado en la Municipalidad de Melipilla y la respuesta de la autoridad ha sido que para que este camino sea de uso público debe cumplir con ciertos requisitos principales: primero, debe tener el ancho establecido no inferior a 10 metros (en algunos tramos tiene 3 metros); segundo, ubicación bien definida, y tercero, el acuerdo formal de todos los propietarios para hacer entrega de la faja al Municipio para declarar el uso público de éste, lo que no ha ocurrido hasta hoy.

En cuanto al cierre del camino privado que señala la recurrente, niega la acusación, haciendo hincapié en que esta inculpación se realiza con antecedentes falsos. Refiere que la Ruta G-674, denominado como camino El Dibujo, con el cual empalma el camino privado que conduce hasta Quebrada El Cajón, no forma parte de las consideraciones de la resolución de calificación ambiental que se dictó mediante Resolución Exenta N° 1542-2018, en la cual la recurrente se respalda para realizar sus actividades por el proyecto “Variante Culiprán Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”. Esta situación ha sido parte de varias denuncias ante órganos administrativos: Superintendencia de Medio Ambiente, mediante el expediente MP-005-20211 (con medidas provisorias) también con infracciones previas MP-040-20202 (con proceso sancionatorio); Dirección General de Aeronáutica Civil (con investigación infraccional dictada por la resolución exenta N°375-2021), entre otros. Indica que incluso hubo un recurso de protección presentado ante esta Corte, rol N°10833-2020, que fue rechazado por una lamentable presentación extemporánea de la apelación.

Relata que la instalación de portones de seguridad ha sido una constante iniciativa que se ha planteado en las reuniones de vecinos, desde hace dos o tres años, previo a la pandemia, por lo que la construcción del portón en controversia, a mediados de 2020 aproximadamente, al menos a ella no le causó molestia ni extrañeza, sino como un beneficio porque se redujeron los microbasurales, el abigeato, abandono de mascotas, escape de animales y el tránsito de vehículos ajenos a altas horas de la noche, lo que causaba inseguridad a los residentes más abajo del camino privado, manteniendo la misma función del portón histórico.

Más adelante, expone que la problemática asociada al caso de marras inicia el día 23 de febrero de 2021 cuando, desde su oficina ubicada a pocos metros de su domicilio, fue testigo de los grandes estruendos producidos por un helicóptero que volaba a baja altura, transportando maquinaria de gran tonelaje, para la posterior descarga en una zona que, de acuerdo a la resolución de calificación ambiental no estaba autorizada para el uso de helicóptero, pues la zona autorizada para este fin corresponde al tramo entre las torres 163 a 153 del tramo sur (AMRA) del proyecto, considerando que esta era una medida integrada de mitigación en relación con la eliminación de la construcción de caminos de acceso a las torres 153 a 163, para la no afectación del bosque nativo de preservación de Belloto, denominada “Optimización de faenas de construcción de torres en zonas de valor ambiental”, desarrollada para los componentes Edafología, Flora y Vegetación y Sitios Prioritarios. Ellas establecen que el titular del proyecto tiene como objetivo complementar las medidas de mitigación de cada impacto de dichos componentes, mediante la eliminación de los impactos por erosión, flora y fauna que se podrían generar con ocasión de la construcción de los caminos necesarios para la construcción de las estructuras eléctricas. Expresa que el contrasentido es que una medida de mitigación como la descrita terminó generando impacto ambiental en el medio humano, lo que provocó la manifestación de los vecinos. Eletrans II, por su parte, pese a estas afectaciones denunciadas, verificadas posteriormente por la Superintendencia de Medio Ambiente en el expediente MP-005-2021, arbitrariamente decide realizar faenas con helicóptero fuera de lo establecido en la resolución de calificación ambiental, situación que se mantiene hasta la fecha con la vulneración de nuestros derechos como vecinos.

Señala que ese sobrevuelo con helicópteros está afectando la salud de los residentes del sector de Culiprán, generando nerviosismo, ansiedad y estrés por los vuelos que se realizan desde las 7AM a las 7PM, de lunes a domingo. Además, afecta su integridad física y psíquica por la presencia de material particulado y ruidos, a lo que se suma la percepción de inseguridad y de peligro para niños y niñas ante la posibilidad de que acontezca algún accidente asociado a la caída de materiales sobre las propiedades.

Relata que el 24 de febrero de 2021 se encontraba en el sector de Los Guindos, cuando fue avisada por un vecino que la máquina transportada el día anterior por helicóptero se encontraba en su parcela, razón por la cual mientras se dirigía al lugar, tomó contacto con Carabineros de Codigua a fin de que fuesen testigos de la vulneración y demostrar que se encontraban en su propiedad, fuera de los polígonos de 3x3 metros autorizados por la resolución de impacto ambiental. Al regresar desde el sector Los Guindos a su oficina, buscar los planos y documentación que acredite el dominio de la propiedad, Carabineros ya había llegado al sector indicado, entrevistándose con otros vecinos, que se encontraban en el lugar de implementación de la cancha de tendido, así como con trabajadores de Eletrans II. Al llegar al lugar se encontró con que Carabineros se había retirado hacía pocos minutos. Expresa que no hubo violencia, ni agresiones de ningún tipo, sino solo la intención de explicar a los trabajadores que se encontraban implementando una cancha de tendido con la máquina transportada el día anterior, fuera de la zona establecida en la resolución de calificación ambiental como cancha de tendido, la que se ubica en la torre 153 y dicha maquinaria estaba siendo instalada en los deslindes de su propiedad.

Expresa que les pidió de forma pacífica, fundada y respetuosa que se retiraran, lo que fue comprendido de buena forma por los trabajadores, resolviendo por su cuenta hacer retiro de la maquinaria, reconociendo que no contaban con la autorización necesaria, y la persona a cargo de la maquinaria expresó no poder dejarla en el lugar en vista del mal actuar observado recientemente por parte de la empresa.

En cuanto al derecho, expone la recurrida que el camino individualizado no es público, que no existen los caminos privados de uso público, no hay autotutela, no se ha vulnerado el derecho de propiedad, no se ha afectado la libertad económica y no procede el recurso de protección.

Señala que el marco normativo vigente en materia de caminos públicos está contenido, fundamentalmente, en el decreto con fuerza de ley N° 850, de 12 de septiembre de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº15.840 de 1964, orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del decreto con fuerza de ley N° 206 de 1960, sobre constitución y conservación de caminos.

Expresa que el término “camino privado de uso público” es desconocido en nuestro ordenamiento nacional, y que hay dos figuras que se pueden asemejar a la visión entregada por la contraparte, a saber, los caminos resultantes de las subdivisiones de predios afectos a la reforma agraria (CORA), donde de acuerdo al DFL 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº15.840 de 1964, orgánica del Ministerio de Obras Públicas, se puede reclamar ante la Dirección de Vialidad la apertura de un camino resultante de una subdivisión de un predio CORA, lo que no excluye el derecho de la recurrente de reclamar judicialmente el dominio de terreno, y la figura que señala Decreto 293 de 2008, que aprueba Reglamento sobre Financiamiento de Proyectos de Inversión en Conservación, Rehabilitación y Mejoramiento De Huellas y Caminos Vecinales Privados de Uso Público a que se refiere el Párrafo 3 de la Glosa Nº5 de la Partida 12, Capítulo 02, Programa 04, de la Ley N° 20.232 de Presupuestos del Sector Público para el Año 2008, en que se incluye el concepto de caminos vecinales privados de uso público, que se definen en su artículo 1° como aquella “vía de comunicación terrestre privada de uso público, en los que existe un compromiso formal de transferencia de la faja respectiva a la propiedad del Municipio, y que cumplen las características mínimas de selección reguladas en el presente Reglamento”. Esto porque mediante convenios de programación de huellas y caminos privados de uso público, la Dirección de Vialidad con los Gobiernos Regionales financian proyectos de inversión en conservación, rehabilitación y mejoramiento, bajo la condición de que los propietarios privados de sus fajas comprometan el traspaso del dominio al Municipio respectivo. Para eso, el o los propietarios de la faja involucrada deben firmar una carta compromiso ante Notario Público, mediante la cual se obliguen a donar al Municipio respectivo esa faja, mediante cesión gratuita; y cuando el proyecto es seleccionado, los propietarios deben suscribir escritura pública de promesa de donación, en la que se fijará la forma, plazo y condiciones en que se efectuará la transferencia definitiva del dominio de la faja. Entonces, se entiende que desde que existe esa promesa, se pueden financiar proyectos relativos a fajas que se convertirán en caminos públicos, dado que se convertirán en bienes nacionales de uso público y estarán bajo dominio público. A contrario sensu, mientras se mantengan los terrenos en manos de privados, los caminos siguen siendo privados.

Finalmente, indica que el camino supuestamente cerrado por su parte no es un camino público, por lo que no hay una situación alterada por vías de hecho que representen autotutela, ya que la instalación y cierre mediante pórticos de un camino privado es facultad de sus dueños, ni es la acción constitucional en análisis la vía idónea para discutir sobre cierre de caminos, sean públicos o privados, por el criterio de deferencia y especialidad con la acción de reapertura de caminos presuntamente públicos y porque definir si un camino es público o privado corresponde a un tribunal de lato conocimiento.

Cuarto: Que, finalmente, informa don nombre reservado, en términos análogos a los expuestos en el motivo anterior.

Quinto: Que el recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Sexto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Séptimo: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (nombre reservado Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Octavo: Que, conforme a lo indicado en el libelo recursivo, los actos que la actora atribuye a los recurridos y que impugna por considerar arbitrarios e ilegales son los siguientes:

i) Cierre del camino —que califica como “privado de uso público”— que permite acceder a las parcelas 65 B y 100 B para efectos de construir, emplazar y operar la línea de transmisión, mediante la instalación de un portón, cerrado con candado y cadena, ii) Realización de actos en contra de la ejecución del proyecto, tales como el ingreso ilegítimo a sectores de faena, impidiendo la construcción de la línea de transmisión.

Noveno: Que, en definitiva, el recurso se encamina en la afectación que denuncia la recurrente de las siguientes garantías constitucionales:

a) Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, consagrado en el párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al realizar los recurridos actos de autotutela, alterando una situación de statu quo en el uso público del camino, obrando como una comisión especial.

b) Derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la carta fundamental, por cuanto Eletrans II S.A. es titular de un derecho real de servidumbre legal eléctrica en virtud del cual tiene pleno derecho a acceder a las parcelas 65 B y 100 B para efectos de construir, emplazar y operar la línea de transmisión y los recurridos, mediante el cierre del camino privado de uso público que permite acceder a tales predios, estarían privando a la actora de poder ejercitar su derecho real de servidumbre, afectándose las facultades esenciales del dominio de su derecho real de servidumbre.

c) Derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, contemplado en el numeral 21 del artículo 19 del vigente código político, por cuanto Eletrans II realiza una actividad económica regulada y el impedimento que realiza la recurrida al no permitir el uso del camino para acceder a los predios sirvientes conculca este derecho.

Décimo: Que, para el análisis del postulado de protección formulado en autos, es útil tener en cuenta que, de lo expuesto por recurrente y recurridos, son hechos no controvertidos los siguientes:

a) El camino cuyo cierre alega la recurrente es aquel que nace al terminar el camino denominado “El Dibujo” —que los recurridos identifican como Ruta G-674— y que conduce hacia la Quebrada El Cajón.

Las partes están contestes sobre el carácter privado del referido camino y no han controvertido, ni en sus escritos ni ante este estrado, que constituye la única vía terrestre para acceder a la faena en que se está desarrollando el proyecto de la actora.

b) Entre el 22 y el 26 de febrero de 2021 la recurrida nombre reservado se encontraba autorizada, en virtud del Permiso Único Colectivo otorgado por Carabineros de Chile con motivo del vigente estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en nuestro país, que se acompaña a estos autos, para desplazarse a la Región de la Araucanía.

c) El 21 de marzo de 2021 los recurridos nombre reservado y nombre reservado ingresaron a la faena de la recurrente vistiendo elementos de seguridad.

Undécimo: Que, en primer término, es del caso determinar el régimen jurídico aplicable al camino cuyo cierre reclama la recurrente, por cuanto le atribuye el carácter de “camino privado de uso público”, mientras que los recurridos arguyen que se trata lisa y llanamente de un camino privado, negando la existencia en nuestro ordenamiento jurídicos de la categoría vial que la actora esgrime.

Duodécimo: Que, como se ha señalado anteriormente, constituye un hecho no controvertido en esta causa el carácter privado del camino en cuestión, pues tal circunstancia es reconocida por ambas partes en sus respectivos escritos.

A este respecto, señala nombre reservado (Tres problemas actuales sobre bienes del dominio público: caminos privados de uso público; subsuelo de bienes públicos; y acceso a playas de mar y a orillas de ríos y lagos. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XVIII,1997, p. 425) que “[c]omo natural reflejo del ejercicio de los atributos y facultades que emanan de la propiedad privada, los dueños pueden destinar algunas franjas o porciones de su suelo para trazar caminos de desplazamiento interno, dentro de su propiedad, o para permitir el tránsito restringido de los vecinos que tengan derecho de servidumbre de tránsito. En este último caso, es posible que existan caminos internos dentro de la propiedad privada, por los cuales otras personas distintas del dueño ejerzan un derecho de servidumbre de tránsito, pero tal tránsito sólo es permitido al titular de tal derecho de servidumbre, el cual tuvo que nacer de un acto constitutivo, ya sea por vía convencional o judicial”.

Decimotercero: Que a los “caminos privados” se refiere el inciso primero del artículo 592 del Código Civil, señalando que “[l]os puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos.”.

Por su parte, el artículo 26 del D.F.L. N° 850 de 1997, del Ministerio de Obras Públicos, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206, de 1960, señala lo siguiente:

“Todo camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de Vialidad ordenará y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído al uso público.

Esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio.

Igualmente, la Municipalidad respectiva o la Dirección de Vialidad, a requerimiento de el o los propietarios de parcelas que tengan interés real y actual en ello, quienes acreditarán dicha calidad con la exhibición de los respectivos títulos de dominio vigentes, dispondrá la apertura o ensanche de los caminos interiores resultantes de las parcelaciones de predios sometidos al proceso de reforma agraria llevado a cabo en virtud de las leyes Nºs. 15.020 y 16.640 y que figuren como tales en los respectivos planos de parcelación.

Asimismo, la Municipalidad respectiva podrá autorizar la instalación de redes de electricidad, teléfono, agua potable y alcantarillado, utilizando para ello el trazado de los mismos caminos, evitándose siempre perjuicios innecesarios a los predios sirvientes.”.

Decimocuarto: Que, así las cosas, el artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 permite que la autoridad administrativa presuma como público un camino si se comprueba que aquel está o ha estado abierto al uso público, caso en el cual la Dirección de Vialidad deberá ordenar su reapertura o ensanche, si es que el mismo ha sido cerrado o intervenido.

Como ha señalado la Excma. Corte Suprema (rol N° 639-2013) en relación con la referida disposición, “el presupuesto fáctico que sirve de base para construir la presunción lo constituye la circunstancia de haber sido entregado al uso de la comunidad”, lo cual “tiene su explicación en la importancia indiscutible que tienen los caminos para los efectos de comunicar distintas localidades”. Expresa el más alto tribunal que “al configurarse su uso público en el caso concreto por una larga data no puede menos que ordenarse se mantenga el statu quo mientras eventualmente se discute en sede judicial la naturaleza de[l] bien”.

Decimoquinto: Que el uso público del camino en cuestión también se encuentra acreditado, desde que los recurridos señores nombre reservado y nombre reservado señalan en sus respectivos informes que en los proyectos de parcelación “se ha colaborado con la mejora y mantención de los caminos privados, que unen las parcelas, ya sea con maicillo, camión y maquinaria, voluntariamente y en beneficio de la comunidad de Agua Santa, ya que este camino, por ser privado, no tiene mantención municipal. Es de este camino privado del que la empresa Eletrans II ha hecho uso, de forma escurridiza, evadiendo el encuentro con vecinos, levantando gran cantidad de polvo a su paso, sin realizar ningún tipo de mantención, humidificación o implementación de barreras, como debiera ser para el uso de un camino privado en consonancia con los vecinos y propietarios de la zona. Asimismo, entre los propietarios y vecinos del cerro se realizan otras mantenciones voluntarias, que van en beneficio común, como podas o despeje de la servidumbre, recolección de basura, humidificación de sectores del camino con tierra suelta cerca de las casas, e instalación de diferentes portones, los que personalmente nunca he visto con llave, sino con alambre o alguna tranca de campo”.

De lo expuesto se colige que el camino cuyo cierre reclama la actora permite acceder a las diversas parcelas del sector, entre las cuales se encuentran las denominadas 100 B y 65 B, en las que se encuentra instalando la línea de transmisión eléctrica, según consta en las escrituras públicas de constitución de servidumbres celebradas entre Eletrans II S.A. y don nombre reservado, de 7 de mayo de 2015, y entre la misma empresa y doña nombre reservado, de 1° de junio de 2015, ambas otorgadas ante la Notaria Pública de Melipilla doña nombre reservado, que se acompañan a estos autos.

Así las cosas, el uso del camino en cuestión es público, desde que comienza en un camino que indiscutiblemente tiene este carácter, denominado El Dibujo, y permite el tránsito de personas distintas a su dueño hasta los inmuebles antes referidos.

Decimosexto: Que, por consiguiente, al encontrarse acreditado el uso público del camino que permite acceder a los predios en que la actora está desarrollando el proyecto de instalación de una línea de transmisión eléctrica, sin que los recurridos hayan invocado la existencia de alguna otra vía de acceso a dichos inmuebles, no puede menos que ordenarse se mantenga el statu quo mientras, eventualmente, se discute, en la sede judicial que corresponda, la naturaleza del camino en cuestión.

Decimoséptimo: Que, por lo demás, no han alegado los recurridos ser ellos propietarios del camino que conecta las diversas parcelas del sector, ni han acompañado título alguno que acredite tal circunstancia, pues solo han hecho referencia al carácter privado del mismo, por lo que tampoco se encuentra acreditado su derecho para instalar algún cierre que impida el acceso al lugar en que se encuentra instalada la faena de la actora.

Decimoctavo: Que, en todo caso, se desestimará la acción constitucional sub iudice respecto de la recurrida señora nombre reservado por la conducta que se le imputa consistente en el cierre mediante portón, cadena y candado del camino privado que permite acceder a las faenas de la recurrente, por cuanto se encuentra acreditado que en la fecha en que tal acto se verificó, según relata la actora en su libelo recursivo, esto es, el 24 de febrero del año en curso, aquella se encontraba fuera del lugar de los hechos, según se consigna en el punto b) del basamento décimo.

Decimonoveno: Que en cuanto a los recurridos nombre reservado y nombre reservado, si bien niegan el cierre del camino, acto seguido relatan que “la instalación de portones de seguridad ha sido una constante iniciativa que se ha planteado en las reuniones de vecinos, desde hace dos o tres años, previo a la pandemia, por lo que la construcción del portón en controversia, a mediados de 2020 aproximadamente, al menos a ell[os] no le[s] causó molestia ni extrañeza, sino como un beneficio porque se redujeron los microbasurales, el abigeato, abandono de mascotas, escape de animales y el tránsito de vehículos ajenos a altas horas de la noche, lo que causaba inseguridad a los residentes más abajo del camino privado, manteniendo la misma función del portón histórico. Indican, además, que se encontraban en el sector el día 24 de febrero de 2021 y que se produjo algún altercado con los trabajadores de Eletrans II, en los términos que relatan en sus respectivos informes, todo lo cual permite concluir que, cuanto menos, tienen la posibilidad de mantener abierto el portón, retirando la cadena y candado con que fue cerrado o entregando a la recurrente las llaves para abrirlo.

Vigésimo: Que el cierre del camino mediante un portón, cadena y candado, según se aprecia en la fotografía acompañada por la recurrente en su libelo, altera el statu quo vigente, incurriendo así los recurridos en una actuación que resulta arbitraria e ilegal, toda vez que han ejercido un acto propio de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, constituyéndose en árbitro de sus propios intereses. Señala la Excma. Corte Suprema (rol 36.804-2017) que “la legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener judicialmente el reconocimiento del derecho que invoca y, mientras ellos no sean ejercidos, no resulta lícito a [los] recurrido[s], […] recurrir a vías de hecho para impedir el tránsito del recurrente por los caminos que dan acceso y salida a su predio”.

Vigesimoprimero: Que, por consiguiente, el actuar de los recurridos nombre reservado y nombre reservado necesariamente escapa, excede, está fuera de la regulación que sobre la materia contempla el ordenamiento jurídico nacional, importando por lo tanto vías de hecho constitutivas de auto tutela, erigiéndose en una comisión especial que incuestionablemente vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, al alterar la situación fáctica vigente o statu quo por vías de hecho como ha acontecido en la especie, lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, conduce necesariamente a acoger la presente acción de protección, en los términos que se indicará en lo resolutivo.

Vigesimosegundo: Que, finalmente, se desestimará el presente recurso en cuanto al acto ilegal y arbitrario que se le imputa a doña nombre reservado y don nombre reservado, consistente en el ingreso a la faena de la recurrente, el día 21 de marzo de 2021, interrumpiendo las actividades de la empresa, pues si bien reconocen los recurridos el ingreso, difieren en el carácter violento que la actora le atribuye, sin que ésta haya podido acreditar que se impidiera “de facto la construcción de la línea”, como arguye en su libelo recursivo.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige en la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Elías Soto Núñez en representación convencional de Eletrans II S.A., en contra de doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, solo en cuanto se ordena a los señores nombre reservado y nombre reservado retirar, dentro del plazo de cinco días hábiles, la cadena y el candado, así como cualquier otro obstáculo que obstruya o impida la circulación de la recurrente por el camino que comienza donde termina el camino “El Dibujo” y avanza hacia el este bordeando la Quebrada El Cajón, permitiendo acceder a un conjunto de parcelas ubicadas en dicha quebrada, especialmente las denominadas parcelas 100 B y 65 B, en las cuales la actora debe realizar los trabajos de instalación de la línea eléctrica en construcción.

Asimismo, se ordena a los recurridos abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos que obstruyan o impidan la circulación por el referido camino o el desarrollo de las faenas de la recurrente.

Redacción del Abogado Integrante Adelio Misseroni Raddatz.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 361-2021 Prot.

Pronunciada por la primera sala de esta Corte presidida por el ministro Roberto Contreras Olivares e integrada por el ministro Leonardo Varas Herrera y por el abogado integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.