nombre reservado con AFP MODELO S.A.

San Miguel, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como trabajador extranjero, notificado el 1 de septiembre de 2025.

Expone el recurrente que, durante la vigencia de su relación laboral en Chile, se le efectuaron descuentos previsionales pese a haber pactado en su contrato la mantención de su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, conforme a la Ley N°18.156. Señala que con fecha 25 de agosto de 2025 ingresó solicitud de retiro de fondos a través del portal de la AFP, acompañando contrato de trabajo con cláusula previsional, título profesional apostillado, cédula de identidad y certificado del sistema previsional venezolano, consistente en una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Refiere que, tras ser requerido para complementar antecedentes, acompañó dicha constancia, la que —afirma— acredita su afiliación a un régimen de seguridad social que otorga cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, pudiendo además verificarse electrónicamente mediante código en la página oficial del organismo emisor. No obstante, indica que la AFP rechazó su solicitud fundándose en la falta de apostilla o legalización del documento, exigencia que estima improcedente por no estar contemplada en la Ley N°18.156. Agrega que dicha formalidad resulta de imposible cumplimiento atendida la inexistencia de representación consular venezolana en Chile, configurándose un caso de fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil.

Sostiene que la recurrida ha efectuado una interpretación excesivamente formalista de la normativa, incorporando exigencias adicionales no previstas por el legislador y desatendiendo el requisito sustantivo de afiliación y cobertura previsional extranjera. Concluye que el acto impugnado vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, al impedirle disponer de ellos pese a cumplir —según afirma— con los requisitos legales exigidos.

Segundo: Que, en lo que respecta al informe evacuado por la AFP Modelo S.A., la recurrida solicita el rechazo del recurso, alegando que su actuación se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente. Expone que el recurrente presentó con fecha 26 de agosto de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando diversos documentos, entre ellos constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada y antecedentes laborales. Señala que, tras el análisis de dichos antecedentes, se le requirió acompañar un certificado de afiliación a un sistema previsional extranjero emitido por la autoridad competente, por cuanto la documentación presentada no resultaba idónea para acreditar dicho requisito. Indica que, al no haber acompañado dicho certificado en la forma exigida, la solicitud fue rechazada con fecha 1 de septiembre de 2025.

Precisa que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción que exige el cumplimiento copulativo de sus requisitos, particularmente el de acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período laboral en Chile. Añade que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones —incluyendo el Oficio N°21.480 de 2017—, dicha afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, que dé cuenta específica de la cobertura exigida. Sostiene que la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración jurada acompañadas por el recurrente no constituyen documentos idóneos, por cuanto no acreditan de manera específica la cobertura previsional, no se encuentran firmados por autoridad competente y carecen de legalización o apostilla, conforme a lo exigido por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, invoca jurisprudencia administrativa y judicial uniforme que ha descartado el valor probatorio suficiente de este tipo de documentos. Concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuación, toda vez que se limitó a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, conforme a las instrucciones del organismo fiscalizador.

Tercero: Que, en cuanto al informe de la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo expone, en primer término, los antecedentes del caso, señalando que el recurrente ingresó solicitud de devolución de fondos previsionales, la que fue rechazada por la AFP por no acreditar debidamente su afiliación a un sistema previsional extranjero. Indica que el actor formuló consultas ante ese organismo, a las cuales se le respondió informando los requisitos exigidos por la Ley N°18.156 y la forma de acreditarlos, remitiéndose además sus presentaciones a la AFP para su conocimiento y respuesta. En cuanto a la normativa aplicable, señala que la referida ley contempla un régimen excepcional que permite la devolución de fondos sólo cuando se cumplan copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°, entre ellos, la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que otorgue cobertura efectiva respecto de las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile, así como la manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación.

Precisa que, conforme a su jurisprudencia administrativa reiterada, la acreditación de dicho requisito debe efectuarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente, que dé cuenta de manera específica de la cobertura efectiva y que se encuentre debidamente legalizada o apostillada, no siendo suficientes documentos genéricos, cartolas de cotizaciones ni declaraciones juradas del propio interesado. En el caso concreto, señala que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada por el recurrente no cumple con tales exigencias, por cuanto no especifica de manera concreta la cobertura previsional durante el período laboral, carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada o apostillada, limitándose a describir en términos generales las prestaciones del sistema venezolano. Añade que la declaración jurada tampoco constituye un medio idóneo de prueba, por no emanar de la autoridad competente.

Asimismo, indica que la exigencia de legalización o apostilla se funda en las normas generales sobre valor probatorio de instrumentos públicos extranjeros, contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, y en la Convención de La Haya sobre Apostilla, no pudiendo ser sustituida por mecanismos de verificación electrónica. Concluye que, atendido el carácter excepcional de la normativa y la falta de acreditación de los requisitos legales en la forma exigida, la actuación de la AFP se ajusta a derecho y a la interpretación administrativa obligatoria de ese organismo fiscalizador, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP Provida de acceder a la petición del actor -trabajador extranjero- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 1 de septiembre de 2025, por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por el actor al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que el recurrente no se encuentra imposibilitado de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°326-2026 Protección