nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se interpone acción de protección en favor de don nombre reservado, suboficial mayor de Carabineros de la dotación de la 14° Comisaría de Carabineros “San nombre reservado” dependiente de la Prefectura de Carabineros “Del Maipo”, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, y en contra del señor Prefecto de la Prefectura de Carabineros “Del Maipo”, coronel nombre reservado con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N° 407 de 9 de diciembre de 2022, por la que se procede a aplicarle la medida disciplinaria de baja de las filas de la mencionada Institución con nota de conducta “mala” y en la que se califica un hecho administrativo como un delito de apremios ilegítimos, con lo que estima vulnerados los derechos garantizados en el artículo 19 N°s. 2, 3 inciso quinto, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el cabo primero nombre reservado de la dotación del Centro Nacional de Control de Imágenes de Carabineros, con ocasión del cumplimiento de sus funciones como “Operador de Revisión de Imágenes”, observó un registro fílmico correspondiente al 8 de diciembre del año recién pasado, a las 10:55 horas, en el que detectó que un funcionario policial que portaba el parche con el grado de suboficial mayor, con la expresión “J. nombre reservado Y”, agredió a un civil no identificado con un golpe de puño, logrando establecer que se trataba de nombre reservado de la dotación de la 14° Comisaría de Carabineros “San nombre reservado” que ese día se encontraba realizando el servicio de “funeral de alto riesgo” en el frontis del Cementerio Sacramental de San nombre reservado.

Señala que el “Control Nacional Control de Imágenes” dio cuenta del hecho al Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, los que hicieron la correspondiente denuncia en la Fiscalía Local de San nombre reservado mediante parte policial N° 72 de 9 de los señalados mes y año.

Indica que como consecuencia de los reseñados hechos el recurrente fue desvinculado de Carabineros de Chile, toda vez que el prefecto señor nombre reservado los calificó como apremios ilegítimos, conforme a la Resolución de Baja N° 407 de 9 de diciembre de 2022, la que le fue notificada al día siguiente.

Afirma que con la emisión del señalado acto administrativo se ha actuado de forma desproporcionada y arbitraria, transgrediendo diversa normativa interna de Carabineros de Chile, a saber: a) el documento electrónico ordinario N.C.U. 166982855 de 31 de agosto de 2022, de la Dirección de Justicia de Carabineros de Chile, el que transcribe; b) los artículos 84 bis, 84 ter, 84 quater, 84 quinquies y 84 sexies, de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile que se refieren al régimen de responsabilidad administrativa; c) los artículos 1°, 5° y 6° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros N° 15; y d) los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, dado que la resolución reclamada adolece de aquella fundamentación que mandan esas disposiciones.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, estima que existe una íntima relación entre lo que se identifica como “debido proceso sustantivo” y el contenido de la garantía constitucional contenida en el numeral segundo del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que la medida administrativa objetada no sería proporcional, desde que no se le otorgó un debido proceso administrativo, ya que se le desvinculó y luego se investigó, no obstante que el Reglamento de Carabineros ordena la instrucción de un sumario administrativo y al término de éste, luego de un justo y racional procedimiento, aplicar las medidas administrativas que correspondan, pero en el presente caso se impone la sanción sin que el sumario administrativo se haya siquiera instruido ni menos que se determine la existencia de una infracción administrativa.

Al referirse a la transgresión del artículo 19 N° 3 del señalado texto constitucional indica que se infringe el debido proceso, pues existiendo recursos procesales pendientes de resolución en contra del acto decisorio administrativo, se toma la resolución de desvincularlo, Agrega que, además, el procedimiento administrativo que concluye con la resolución que califica de ilegal y arbitraria se desconoce el derecho a la defensa en relación con el de ser oído y efectuar descargos administrativos de acuerdo la normativa reglamentaria de la referida Institución uniformada, siendo necesario que existan las instancias y que estas sean respetadas conforme a los requerimientos del debido proceso legal.

En lo relativo al numeral 16 del artículo 19 de la Carta Magna, luego de desarrollar su sentido y alcance, concluye sosteniendo que “la elección del trabajo es libre, pero la naturaleza misma de dicho trabajo, así como su regulación no puede modificarse por acuerdo de las partes”.

Al referirse al artículo 19 N° 24 del mencionado cuerpo legal, refiere que tiene derecho de propiedad sobre la totalidad de sus remuneraciones, hasta que no se le notifique lo contrario, y siempre que dicha resolución se funde en un procedimiento previo y legalmente establecido, por lo que es ilegal y arbitrario que actualmente no obtenga sus remuneraciones y sus beneficios legales y reglamentarios.

Segundo: Que evacua el informe requerido, el coronel de Carabineros de Chile nombre reservado de la Prefectura de Maipo, solicitando el rechazo de la acción constitucional enderezada en su contra, con costas, por no existir un acto que se pueda calificar ilegal o arbitrario ejecutado por la institución que representa.

Expone que mediante Resolución Exenta N° 407 de la Prefectura del Maipo, emitida el 9 de diciembre de 2022, se aplicó al suboficial mayor nombre reservado, perteneciente a la dotación de la 14ª Comisaría de San nombre reservado, la medida administrativa de baja de las filas por conducta mala, con efectos inmediatos, a contar de las 00:00 horas del día siguiente de su notificación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 N° 9 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, en consonancia con el artículo 127 N° 4 letra a) inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, atendido que: “el día jueves 08 de diciembre del 2022, en las afueras del Cementerio Sacramental de la comuna de San nombre reservado, tras los apremios ilegítimos que afectaron a una persona de la cual no se mantienen antecedentes, conforme a lo señalado por el cabo 1° nombre reservado, de la dotación CENCICAR (Centro Nacional de Control de Imágenes de Carabineros), mientras desempeñaba funciones de Operador, observó un registro fílmico correspondiente al día 08 de diciembre del año 2022, a las 10:55 horas en el que personal policial de la Eco 14° Comisaría COP Este, se encontraban realizando servicio Funeral de Alto Riesgo, ubicados en el frontis del Cementerio Sacramental de San nombre reservado, donde logró detectar a un funcionario que portaba el parche con el grado de Suboficial Mayor, con las iniciales J. nombre reservado Y., quien agredió con un golpe de puño en el rostro a un civil no identificado”, lo que se estimó que configura la falta descrita en el artículo 22 N° 3 letra a) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, afectándole además las agravantes indicadas en el artículo 33 letras e), f), g), h), i) y j) del mismo texto reglamentario, sin que le asistieran circunstancias atenuantes de su responsabilidad.

La resolución descrita fue notificada al afectado personalmente el nueve de diciembre del año pasado.

Señala que, además, el Mando de la Prefectura del Maipo emitió la Orden de Sumario N° 170849 de 9 de diciembre de 2022, por la que se dispuso la instrucción del respectivo procedimiento administrativo con el objeto de esclarecer la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las posibles responsabilidades disciplinarias, el que, en todo caso, se encuentra suspendido a raíz del nuevo texto del artículo 84 ter inciso final de la Ley N° 18.961, toda vez que las circunstancias descritas fueron denunciadas a la Fiscalía Local de San nombre reservado mediante el parte N° 72 de 9 de diciembre de 2022.

Explica que conforme al artículo 1° inciso cuarto de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile el personal de la institución se sujeta a un sistema disciplinario especial, previsto en sus leyes, reglamentos y demás normativa.

Precisa que en lo concerniente a las medidas disciplinarias el artículo 23 del citado Reglamento de Disciplina N° 11, distingue entre aquellas que pueden afectar al personal de nombramiento supremo y aquellas del personal de nombramiento institucional, consagrando para esto últimos la sanción de “baja por conducta mala” (artículo 23 N° 2 letra e), la que se debe aplicar conforme al Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8.

Refiere que la regla general es que la desvinculación de un funcionario de Carabineros de Chile, en razón de faltas disciplinarias, se produzca luego de instruirse un sumario administrativo, pero existe en la reglamentación institucional vigente la posibilidad excepcional de expulsar a un funcionario con efectos inmediatos y luego proceder con el respectivo procedimiento administrativo disciplinario. En efecto, el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8, establece en su artículo 127 N° 4 letra a) inciso quinto que “cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo o investigación fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por ‘conducta mala‘, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación”. Agrega que su inciso final estatuye que un funcionario que fue dado de baja en forma inmediata, pero al término del sumario administrativo o investigación se le aplica una medida disciplinaria que no importe necesariamente su eliminación, aquél será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar Carabineros, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución; por lo que en definitiva, la medida reclamada no es definitiva, sino que ella queda sujeta al resultado del procedimiento administrativo, el que una vez firme, produce la consolidación de los efectos que se produjeron desde la notificación de esa baja con efectos inmediatos. Hace presente queque la Circular N° 1847 de la Subdirección General de Carabineros de 22 de mayo de 2020, en su letra a) del título relativo a esta materia que: “la resolución que dispone la mencionada medida está exenta del trámite de toma de razón. En virtud de ella, el inculpado queda desvinculado de las filas de la institución a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio del derecho que le asiste a interponer los recursos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15°”.

Arguye que la medida que permite la desvinculación de un funcionario antes del término del respectivo sumario administrativo, ha sido expresamente reconocida por la Contraloría General de la República en los dictámenes N° 16.569 de 2019 y N° 2446 de 2004, por ejemplo.

Del plexo normativo citado se concluye que el jefe de la Prefectura está habilitado para aplicar la medida de eliminación en fecha inmediata, esto es, luego de notificada la resolución que así lo dispuso, y previo al término del sumario administrativo que corresponde instruir conforme al artículo 3° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15. Precisa que si la medida disciplinaria significa la eliminación del funcionario no debe seguir percibiendo sus remuneraciones, puesto que ya no cumple labores, cuestión que ocurre simplemente porque no ha sido liberado del servicio manteniendo su calidad de funcionario, sino que por el contrario, a su respecto ha operado una medida administrativa de carácter expulsiva. Conclusión ha sido respaldada tanto por los tribunales superiores de justicia como por la Contraloría General de la República, de manera tal que el integrante de la institución que es desvinculado con efectos inmediatos, no puede cumplir con las labores propias del cargo o función, por lo que no resulta pertinente que se le paguen sus remuneraciones.

Indica que las instrucciones contenidas documento electrónico NCU 166982855 de 31 de agosto de 2022, de la Dirección de Justicia, mencionado por el recurrente, no limita la aplicación del referido artículo 127 N° 4 letra a) inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Persona de Carabineros N° 8, entendiéndose que los jefes cuentan con la potestad para disponer dicha medida, pero que el procedimiento administrativo que acto seguido se ordenara instruir debía suspenderse en virtud del artículo 84 ter inciso final de la Ley N° 18.961, en el actual texto a que hace referencia el recurrente.

Expone que no existe infracción al numeral segundo del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que la desvinculación realizada en los términos descritos se encuentra autorizada excepcionalmente ante una conducta grave y trascendente. Asimismo, no existe vulneración al N° 3 de la señalada norma constitucional, porque no es correcto afirmar que existan recursos procesales en contra del acto decisorio, dado que en contra del acto administrativo impugnado en esta sede, no se prevé ningún recurso en la reglamentación constitucional, sino que únicamente en forma posterior y luego de dictaminado el asunto por el Jefe respectivo, se consagran los recursos jerárquico y de apelación, previstos en los artículos 94 y 98 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15. Afirma que tampoco se vislumbra transgresión a la garantía reconocida en el número 16 del señalado artículo 19, toda vez que como lo ha aclarado la Contraloría General de la República, las personas que ingresan voluntariamente a los organismos e la Administración del Estado, y al hacerlo se adscriben a un régimen de derecho público que establece diversas causales de cese (Dictamen N° 95.739 de 2015), por lo que no se advierte la manera como la mencionada resolución del mando, dictada en el ejercicio de sus atribuciones y de la normativa expuesta importó su vulneración, puesto que toda persona que ingresa a Carabineros de Chile tiene conocimiento que su conducta personal y funcionaria se debe ajustar al ordenamiento jurídico, en especial respecto del trato hacia los civiles, quedando sujeto tanto al escrutinio del público como de los superiores jerárquicos, quienes deben dar cuenta a quien corresponda de los hechos irregulares que adviertan durante los servicios policiales, así como adoptar las medidas necesarias para corregir tales actuaciones. Finalmente, en lo que dice relación con la vulneración del artículo 19 N° 24 del Código Político, atendido que al subsumirse el comportamiento del recurrente en la normativa expulsiva, dada su gravedad, trascendencia y desvalor, lo que elimina la causa legal para proceder al pago de sus remuneraciones, lo que se sigue de la naturaleza de la medida, ya que no se trata de una suspensión u otra medida que autorice el pago de un ex funcionario, siendo el propio ordenamiento jurídico el que permite a la autoridad de Carabineros cesar el pago luego de su expulsión de la institución, En conclusión, al no existir antecedentes ni elementos de juicio que permitan hacer lugar al presente recurso de protección, insta a esta Corte a rechazarlo, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, como ha sostenido la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, “la acción de amparo constitucional procede al existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, carente de fundamento racional o contrario a la ley.” Esta es la condición primigenia sin la cual aquélla no puede prosperar.

Otro requisito exigido para su procedencia, asentado el primer presupuesto, “estriba en una conculcación de determinados derechos fundamentales que se busca proteger por esta vía, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional, que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio y a dispensar protección a la persona agraviada.” (Rol CS N°1827 -10)

En consecuencia, si la existencia del acto u omisión no se comprueba, o si la afectación o conculcación de derechos no existe, en una relación causa-efecto con los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que se denuncian, o bien la Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna para los efectos antes indicados, el recurso carecerá de su objetivo y necesariamente debe ser desestimado.

Cuarto: Que como se señaló, por la presente vía se pretende se deje sin efecto la actuación administrativa del Prefecto de Carabineros del Maipo Coronel nombre reservado y Resolución Exenta Nº 407, de 09 de diciembre de 2022, de la Dirección de Personal de Carabineros, por la cual se le priva al recurrente de su trabajo, remuneración y se dispuso la baja de las filas de la institución policial del Suboficial Mayor de Carabineros don nombre reservado, por conducta mala y con efectos inmediatos, en carácter de condicional sujeta al resultado del sumario administrativo, a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, Nº 9, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 127, N°4, letra a), inciso quinto, del Reglamento N°8 de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, por haber incurrido en las faltas descritas en el artículo 22, n°3, letra a), del Nº 11, perjudicándole las agravantes indicadas en el artículo 33 letras e), f), g), i), y j), todos del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile de acuerdo a los hechos latamente consignados a propósito del informe del recurrido, y sin favorecerle atenuante alguna.

Para estos efectos útil es consignar que la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, en su artículo 1º inciso 4º, dispone: “derivado de las particulares exigencias que impone la función policial y la carrera profesional, los organismos y el personal que las desarrollan, así como sus institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que establecen esta ley y en la legislación respectiva”.

La Ley Orgánica, señalada, fue modificada por la ley Nº 21.427, que “Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, publicada el 16 de febrero del año pasado.

Esta exigencia normativa se ve reflejada reglamentariamente en el artículo 44 de dicha ley, que señala: “el personal de Carabineros de Chile deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, consistente en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal en la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su infracción hará incurrir en responsabilidad administrativa y traerá consigo las sanciones que determine el reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos”.

Es importante destacar que a la fecha de ocurrencia de los hechos, base de la acción constitucional incoada, no se había dictado el reglamento que preveía la ley 21.427, correspondiendo aplicar la normativa reglamentaria vigente a esa fecha, los cuales estaban regulados en el reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, Nº 15 y en el Reglamento de Disciplina de Carabineros Nº 11, en los cuales se establece la forma, oportunidad y medios para hacer valer sus alegaciones y defensas, así como los recursos de que podría haber utilizado.

Quinto: Que la alegación del recurrente indicando que dicho acto es arbitrario e ilegal, no puede ser atendida desde que la decisión fue adoptada por el Mando una vez verificada la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 23 Nº2 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, esto es, la sanción de baja por conducta mala, y por su parte, el artículo 25 Nº9 del citado reglamento de disciplina, dispone que la baja por conducta mala, se aplicará de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros Nº8. A su vez, el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nº 8, dispone que el personal de nombramiento institucional puede ser eliminado de la institución por ciertas y determinadas causales, dentro de las cuales su Nº 4 señala: “Por conducta mala: Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación Simple por alguna de las siguientes causales:

a) Por comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesiones gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida, y b) Por asistirle responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción militar u ordinaria, establecida en sentencia ejecutoriada.

A mayor abundamiento, en el siguiente inciso de dicha norma, habilita la aplicación de la sanción disciplinaria de baja prevista en el número 9 del artículo 25 del Reglamento de Disciplina.

Lo anterior, se ve ratificado dado que el acto que se intenta impugnar por esta vía, es de suyo temporal y esencialmente revocable, y encontrándose la autoridad administrativa facultada para dar de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, el accionar es del todo apegado a la legalidad, no pudiendo encontrándose antojadizo, en cuanto este se encuentra debidamente justificado. (Rol CS Nº 25121-2015)

Sexto: Entonces, como es posible advertir, la sanción que se cuestiona por la presente vía ha sido dictada por autoridad competente, en el ejercicio de atribuciones legales y después de haber realizado una investigación simple y previa, en la que se escuchó al recurrente y se comprobó el hecho denunciado en lo pertinente al ámbito disciplinario, lo que desecha toda ilegalidad y arbitrariedad, pues aparece razonablemente justificada.

Séptimo: Que, al no haberse comprobado la existencia de un acto arbitrario e ilegal, forzoso resulta desestimar la presente acción constitucional, siendo inoficioso entrar a analizar la conculcación de algún derecho fundamental de aquellos protegidos por la Carta Fundamental, porque ello supone la comprobación del primer presupuesto que en la especie no concurre.

Octavo: Que, sólo a mayor abundamiento, esta Corte no puede dejar de advertir que se ha intentado una acción constitucional de resguardo de derechos fundamentales respecto de un acto que carece además del carácter de terminal o final, dada su naturaleza condicional, esto es, sujeto en cuanto a su existencia al resultado del sumario administrativo, y de su posible suspensión por denuncia penal, que aún se encuentra pendiente, lo que impide la adopción de medidas, ya que éstas podrían carecer de objeto si acaso el acto, en definitiva, no se mantiene.

Noveno: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley- o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección intentado en favor de don nombre reservado.

Redactó el Abogado nombre reservado Carlos Espinoza.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-36-2023.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministra señora Sylvia Pizarro Barahona, Fiscal Judicial señora nombre reservado señor Carlos Espinoza Vidal.