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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3555-202423 jul 2024

Protección contra Seremi de Salud Región Metropolitana

Fecha
23 de julio de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala
Quinta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 3555-2024, sentencia de 23 de julio de 2024

Resumen

Se rechaza la protección contra la Seremi de Salud: no hay acto ilegal ni arbitrario, pues la facultad de fiscalizar e instruir sumarios sanitarios está establecida y la discusión sobre la decisión excede el carácter cautelar del recurso.

Texto íntegro

Certifico que alegó por el recurso el abogado Renato Alejandro Soto Fernández y contra el mismo el abogado Matías Leal Espinoza. San Miguel, 23 de julio de 2024. Sebastián Platt Astorga, relator.

San Miguel, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 11: A lo principal, segundo y tercer otrosí, téngase presente; Al primer otrosí, a sus antecedentes.

Al escrito folio 12: A lo principal y otrosí, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Renato Alejandro Soto Fernández en representación de Club Vanguardia nombre reservado E.I.R.L., ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Seremi de Salud Región Metropolitana, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 24136882 de fecha 8 de mayo de 2024, lo cual constituye una infracción a sus garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3, N°16, N°21 y N°22 de la Constitución Política de la República.

Señala que la sociedad que representa es un negocio familiar emplazado en la comuna de Puente Alto, el cual cuenta con patente municipal desde el año 2020 para el arriendo de salas para realizar eventos. Que producto de la pandemia quiso ampliar su giro a la preparación de almuerzos y desayunos, cuestión para la cual obtuvo un permiso de la Seremi, mediante Resolución Sanitaria N°012875 de 17 de noviembre de 2020. Afirma que, de acuerdo a la normativa que cita, corresponde a una “microempresa familiar” y no un negocio abierto al público, y que no presta el servicio de piscina pública y no cuenta con ningún trabajador en su emprendimiento.

Indica que el 23 de noviembre de 2022 fue objeto de una fiscalización por funcionarios de la Seremi de Salud, mediante la cual se constataron 24 observaciones que constituirían una falta a la normativa sanitaria y a la de piscinas de uso público, según da cuenta el Acta de Inspección N° [cuenta reservada], lo que derivó que se le impusiera la medida de prohibición de funcionamiento en dicho acto. Al respecto, acusa una serie de irregularidades al momento de la inspección, señalando que los funcionarios municipales “inventaron” las 24 irregularidades constatadas, puesto que todas las observaciones se referían a cuestiones que ya habían sido aprobadas mediante la citada resolución sanitaria de noviembre de 2020 por la misma Seremi de Salud.

En virtud de lo anterior, señala que interpuso un reclamo y solicitó un sumario administrativo en contra de los funcionarios fiscalizadores, proceso del cual desconoce su estado.

Indica que se instruyó un sumario sanitario, en el cual presentó los descargos acompañando los antecedentes respectivos, realizando funcionarios de la Seremi una nueva inspección el 19 de enero de 2023, tras la cual, a pesar de haber subsanado las observaciones anotadas, determinaron mantener la medida de prohibición de funcionamiento, anotando nuevas observaciones.

Refiere que mediante la Resolución Exenta N° 2313508 de 1 de febrero de 2023, se lo sancionó al pago de una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales, respecto de la cual interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió desfavorablemente mediante la Resolución Exenta N° 24136882 de 8 de mayo de 2024, que impugna en este acto.

Acusa que la citada Resolución dictada es arbitraria e ilegal por aplicar a su respecto normativa sanitaria y administrativa que no le empecé, afirmando que el inmueble fiscalizado es su hogar y no funciona como un centro de eventos, ni tampoco prestaba el servicio de piscinas públicas. Asimismo, indica que no necesitaba contar con un permiso sanitario sobre uso de espacios públicos, puesto que constaba con una patente municipal y en su calidad de microempresa familiar de conformidad a la Ley N°19.749.

Solicita que se acoja el recurso por lo expuesto y se deje sin efecto la multa aplicada a Club Vanguardia nombre reservado E.I.R.L.; o en subsidio, por el decaimiento en relación al tiempo de respuesta del recurso de 18 meses, y que se levante la medida de prohibición de funcionamiento.

Segundo: Que, la recurrida Seremi de Salud Región Metropolitana informa que el 23 de noviembre de 2022, concurrieron funcionarios de la Secretaría de Salud de la Región Metropolitana, en visita de inspección al Centro de Eventos y Piscinas, ubicado en Germán Ebinghaus Nº 2582 comuna de Puente Alto, de propiedad de Club Vanguardia nombre reservado E.I.R.L., y cuyo representante legal es don Renato Alejandro Soto Fernández.

Señala que se concurrió al inmueble por solicitud de fiscalización de fecha 18 de noviembre de 2022 y que al hacer ingreso a dicha propiedad, se constató que contaba con autorización sanitaria Nº 12845 de 17 de noviembre de 2020, donde se autoriza los giros de elaboración de platos preparados que requieren y no requieren cocción, emparedados que requieren y no requieren cocción, jugos o zumos de frutas u hortalizas, infusiones de té y café con consumo. Adicionalmente, al interior de la propiedad se constató el funcionamiento de un centro de eventos y una pileta como piscina de uso público, actividades que no contaban con autorización sanitaria para su funcionamiento. Al respecto, señala que se constataron una serie de observaciones e infracciones a la normativa sanitaria y administrativa, por lo cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 178, inciso segundo del Código Sanitario, se decretó in situ la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento de todo el recinto por constituir un riesgo inminente para la salud de los asistentes y trabajadores.

A raíz de dicha decisión, se citó a don nombre reservado para el día 25 de noviembre de 2022, con todos los medios probatorios pertinentes, pudiendo traer sus descargos por escrito, los cuales fueron presentados el 4 de enero de 2023. En dichos descargos señaló que el día de la inspección estaba realizando una reunión privada y que no son ciertas las observaciones anotadas en el acta respectiva.

Manifiesta que con motivo de tener mayores antecedentes, el Departamento Jurídico de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana solicitó realizar una nueva visita inspectiva al lugar, la que se materializó el día 19 de enero de 2023, en la cual se logró evidenciar que no acreditó contar con una resolución sanitaria para el funcionamiento de centro de eventos y pileta al interior de la instalación, no obstante que logró subsanar ciertas medidas.

Finalmente, señala que se dictó Resolución el 1 de febrero de 2023, que resolvió la problemática planteada y procedió a ratificar el acta de la visita inspectiva de 23 de noviembre de 2022, manteniéndose la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento, aplicando al recurrente la multa de 50 UTM.

Refiere que tal decisión se fundó en la circunstancias que la sumariada no logró desvirtuar parcialmente los hechos constatados, no obstante que aún subsistió el problema principal referido a la falta de autorización sanitaria para el centro de eventos y la piscina, lo que importaba un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2; 5 e), f); 8; 11; 13 y 23 18 del D.S. N° 10/2010 del Reglamento de condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad básicas en locales de uso público; los artículos 3; 6 N° 12; 11; 37; 61; 63; 64 y 80 del D.S. N° 209/2003 del Reglamento de piscinas de uso público; los artículos 32; 34; 38; 56; 62 y 107 del D.S. N° 977/2012; y los artículos 37; 45 y 47 del D.S. N° 594/2000 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo todos del Ministerio de Salud.

En vista de lo anterior, la recurrente presentó recurso de reconsideración administrativa el día 8 de febrero de 2023, y que se resolvió, previo informe técnico, el día 8 de mayo de 2024, rebajar la multa a 35 UTM, ratificando en todo lo demás la sentencia pronunciada.

Sostiene además que la vía de protección no es el medio idóneo para solicitar que se deje sin efecto la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento y la multa aplicada, puesto que existen medios de impugnación especiales para reclamar la decisión tomada por la Autoridad, según lo dispuesto en la ley 19.880.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

Quinto: Que, en la especie, el motivo por el cual se funda la presente acción constitucional dice relación con una serie de irregularidades denunciadas al momento de la visita inspectiva realizada el 23 de noviembre de 2023 por parte de funcionarios de la Seremi de Salud, lo que derivó en la instrucción de un sumario y dictación de la resolución de 8 de febrero de 2024, que sancionó a la recurrente con una multa de 35 U.T.M.

Asimismo, agrega que la ilegalidad se manifiesta en las exigencias de contar con autorizaciones administrativas adicionales a su calidad de “microempresa familiar”, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.749.

Sexto: Que, conviene tener presente que tanto Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Salud, el D.F.L. N° 1 de 2005, como el Código Sanitario, entregan a la autoridad sectorial la facultad para adoptar medidas y fiscalizar el resguardo sanitario de la población, en cumplimiento del deber del Estado y sus organismos en orden a garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio nacional.

Al respecto, de acuerdo al mérito de lo informado por la recurrida y los documentos acompañados, ésta ha llevado a cabo la instrucción del sumario sanitario de conformidad con sus atribuciones legales y en el ámbito de su competencia, teniendo en especialmente en consideración lo dispuesto en el artículo 156 del Código Sanitario al señalar “Estas actuaciones serán realizadas por funcionarios del Servicio Nacional de Salud. Cuando con ocasión de ellas se constatare una infracción a este Código o a sus reglamentos, se levantará acta dejándose constancia de los hechos materia de la infracción. El acta deberá ser firmada por el funcionario que practique la diligencia, el que tendrá el carácter de ministro de fe”

Séptimo: Que, en primer término, resulta necesario advertir que, aun no habiéndose acompañado antecedentes que logren acreditar que el recurrente se encuentra acogido al régimen dispuesto por la Ley N°19.749, que permite crear microempresas familiares, es posible determinar que, sin perjuicio de las características de su actividad comercial, estas sociedades siempre quedan sujetas al cumplimiento de la normativa sanitaria, según dispone el artículo 26 del Decreto N°2385 sobre Rentas Municipales.

Octavo: Que, de lo expresado y el mérito de los antecedentes, aparece que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, desde que no se discute la existencia de la facultad de la Secretaría Regional de Salud para llevar a cabo fiscalizaciones e instruir sumarios sanitarios al respecto, actuaciones que quedan suficientemente establecidas y fundamentadas mediante la Resolución de 8 de mayo de 2024, siendo el cuestionamiento a su decisión un asunto que excede la naturaleza cautelar del recurso de protección y que debe ser discutida en la sede que corresponda, a través del procedimiento pertinente, sin perjuicio del ejercicio de los derechos que corresponda.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Club Vanguardia nombre reservado E.I.R.L. en contra de la Seremi de Salud Región Metropolitana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°3554-2024-Protección