nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Certifico que se anunciaron y alegaron en la Segunda Sala, por el recurso de protección el abogado señor Rogers Mariangel Oviedo y contra el mismo la abogada doña Claudia Ramírez Krause. San Miguel, 05 de diciembre de 2023. Nicole Bustos Maulén, relatora.

San Miguel, cinco de diciembre de dos mil veintitrés.

A los folios 20 y 21: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Rogers Mariangel Oviedo, en representación de nombre reservado, e interpone acción constitución de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de la Pintana, representada por su Alcaldesa doña Claudia Pizarro Peña, por el acto que tilda de ilegal y arbitrario, consiste en privarlo de las remuneraciones sin mediar acto administrativo alguno, vulnerando el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, 3 inciso 5, 4 y 24 de la Carta Fundamental.

Señala que su representado ingresó como funcionario de la planta auxiliar de la I. Municipalidad de La Pintana el 9 de mayo del año 2006, por lo que a la fecha mantiene 17 años de servicio, gozando actualmente de nombramiento indefinido en categoría F, nivel 11, de la planta del personal de la atención primaria de salud (APS) al tenor de la Ley N°19.378.

Explica que, el 26 de agosto del año 2022, el recurrente fue objeto de un procedimiento policial, encontrándose en su domicilio domicilio reservado gramos de cannabis sativa, hechos por los que se formalizó investigación en su contra por el delito de tráfico de pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley N°20.000, causa penal que se encuentra en actual tramitación.

Refiere que el recurrente continuó prestando servicios como auxiliar sin mayores contratiempos y que en ese contexto, en forma imprevista, la recurrida dejó de pagarle sus remuneraciones, sin mediar procedimiento administrativo sumarial al efecto ni acto administrativo que permita conocer el fundamento de la decisión de la recurrida.

Explica que el afectado ha acudido a distintas instancias municipales requiriendo información sobre su situación laboral y nadie le ha dado respuesta satisfactoria.

Agrega que la normativa del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, aplicable en forma supletoria al recurrente por remisión especial de la Ley N°19.378, es clara en cuanto a que cualquier suspensión adoptada en contra de un funcionario municipal en forma preventiva y transitoria en el marco de un sumario administrativo, no importa de manera alguna la privación de las remuneraciones del sumariado.

Asimismo, que aún en el evento que se aplique al funcionario la medida disciplinaria de suspensión del empleo, de 30 días a 3 meses, la misma siempre lleva aparejada el goce de sueldo de, al menos, el 50 por ciento y nunca su privación total.

Alega que el proceder de la I. Municipalidad de la Pintana aparece desprovisto de toda legalidad o justificación, según da cuenta el Certificado que sirve de antecedente para esta acción de protección, pues indica que las “remuneraciones del recurrente” se “encuentran suspendidas”, si explicitar bajo qué fundamento se adoptó tal decisión, en circunstancias que el mismo instrumento indica que el funcionario mantiene nombramiento indefinido vigente.

Denuncia que con dicho actuar ha vulnerado su derecho consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez el recurrente ha sido discriminado arbitrariamente por la recurrida, constituyéndose en una comisión especial, lo que infringe, a su vez, la garantía del debido proceso prevista en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental. Agrega que, además, ha significado un grave daño a la honra personal y familiar del recurrente, garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. Añade que también se ha vulnerado la garantía contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política que asegura a todas las personas el derecho de propiedad, específicamente en relación al derecho a la continuidad de los servicios y las remuneraciones propias del cargo del recurrente.

Concluye que el actuar impugnado es ilegal y arbitrario al no dar cumplimiento con las exigencias de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que exige en su artículo 11, inciso 2°, a los Órganos de la Administración del Estado, entre ellos, la I. Municipalidad de La Pintana, fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión en cuanto a los hechos y el derecho; como lo dispuesto en el artículo 41, inciso 4°, de dicho cuerpo legal, que obliga a la fundamentación de toda decisión, actuar que se hace exigible por mandato del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja el recurso, ordenando que se reestablezca el imperio del derecho y el reintegro del recurrente a sus labores, con pagó íntegro de sus remuneraciones durante el tiempo que ha estado separado de sus cargos hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Segundo: Que, informa la recurrida al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

Da cuenta del vínculo contractual que mantiene con el recurrente, quien desempeña funciones de apoyo al sistema de vigilancia nocturno para el Centro de Atención Familiar Santiago Nueva Extremadura, en calidad de titular, categoría F, nivel 13, con arreglo a las normas de la carrera funcionarias, contenidas en los artículos 32, 34 y 35 de la Ley N°19.378.

Indica que con ocasión de un procedimiento policial, el 26 de agosto de 2022 fue allanada la vivienda del recurrente, encontrándose en su domicilio “domicilio reservado rollo de bolsas de nylon transparentes utilizadas para la dosificación”, según acta de audiencia de control de detención, en causa RUC N°2200592969-9, RIT N°2494-2022 ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

Añade que en dicha audiencia se decretó en su contra la medida cautelar prevista en el artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal, en su modalidad nocturna, que se mantiene hasta la fecha y cuya nueva revisión se encuentra programada para el día 23 de octubre de 2023.

Aclara que fue formalizada la investigación por el delito de tráfico de pequeñas cantidades y de posesión, tenencia o porte de municiones, ambos en calidad de autor y en grado consumado.

Dice que el recurrente informó de esa situación a la Unidad de Gestión de las Personas del Departamento de Salud, que verbalmente le indicó que frente a la imposibilidad fáctica de ejercer las funciones para las cuales fue contratado, atendido que dicha medida cautelar se sustenta en un proceso penal que se encuentra en tramitación, sin que medie una sentencia condenatoria, correspondía que conservara su empleo, sin percibir remuneraciones.

Sostiene el artículo 4° de la Ley N°19.378 hace aplicable supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley N°18.883. Explica que debido a que el primer cuerpo legal no regula los descuentos en las remuneraciones, resulta aplicable, entonces, el artículo 69 de la Ley N°18.883, que señala: “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada en el artículo 134, o de caso fortuito o fuerza mayor. Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente”.

Refiere a jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema (N°23799-2014 y N°17.964-2015), en cuanto a que existe justificación para la ausencia de un trabajador a sus laborales originada por la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que no procede el despido.

Indica que la Ley N°18.883 prescribe que “se pagarán las remuneraciones por el tiempo efectivamente trabajado, salvo en casos especialmente establecidos tales como feriados, permisos, licencias médicas y caso fortuito o fuerza mayor”. Analiza si la situación del recurrente se enmarca dentro de la hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor.

Refiere que para determinar aquello debe estarse al resultado del proceso penal y que por esa razón no ha incoado el procedimiento disciplinario, decisión que tiene sustento, según argumenta, en la presunción de inocencia que obra en beneficio del recurrente. Manifiesta que, aplicando el criterio de la Contraloría General de la República (dictámenes N°s.34.609 de 2005, 9.648 de 2006, 64.819 de 2009, 36.433 de 2010, 57.249 y 74.487, ambos de 2011, 80.152 de 2013, 18.372 de 2014, 21.821 y 31.734, ambos de 2017), respecto del recurrente no se configuraría un caso fortuito o fuerza mayor de mediar una condena en sede penal, por faltar el requisito relativo a la inimputabilidad del hecho. Añade que en tal sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en los citados causas roles N°s.23799-2014 y 17.964-2015.

Finalmente, desestima las presuntas vulneraciones a las garantías invocadas en el recurso, afirmando que el actuar de esa entidad no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que ajustados a sus facultades como empleadora, teniendo como orientación las entregadas por el máximo tribunal del país y la Contraloría General de la República.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional, cuyos presupuestos son: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y, c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario es la decisión del municipio recurrido consistente en no enterar las remuneraciones del recurrente sin que medie procedimiento o acto administrativo que así lo disponga.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, son hechos no controvertidos que en causa penal RIT 2494-2022 seguida ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, en actual tramitación, en audiencia de 26 de agosto de 2022 se formalizó investigación respecto del recurrente por los delitos de tráfico en pequeñas cantidades y posesión de municiones y se decretó en su contra la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Lo anterior, en circunstancias que se encuentra contractualmente vinculado al municipio recurrido para cumplir funciones como vigilante nocturno en un CESFAM de dicha comuna.

Sexto: Que, para determinar si existe una actuación ilegal o arbitraria de parte de la recurrida, conviene tener presente lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N°18.883, supletoriamente aplicable en la especie, por remisión del artículo 4 de la Ley N°19.378: “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada en el artículo 134, o de caso fortuito o fuerza mayor”.

Séptimo: Que, advirtiéndose que el recurrente no ha concurrido a desarrollar las funciones para las cuales fue contratado, aparece ajustado a derecho que el municipio recurrido optara por no realizar el pago de sus remuneraciones, en consideración a los términos imperativos de la norma antes transcrita y los principios de probidad y eficiencia en la administración de los medios públicos, vinculantes para el municipio, consagrados en los artículos 3 y 5 de la Ley N°18.575; en efecto, el artículo 69 antes mencionado no requiere para su aplicación la dictación de un acto administrativo.

Octavo: Que, a su vez, no puede entenderse que se configure en la especie la hipótesis de fuerza mayor a que alude la norma en estudio, desde que en la causa penal seguida en contra del recurrente, actualmente con plazo investigación vigente, no se ha dictado sentencia pronunciándose acerca de la existencia de los ilícitos materia de la formalización ni su participación en ellos. De este modo, no es posible determinar que respecto de sus ausencias a cumplir funciones concurre el requisito de imprevisibilidad contenido en el artículo 45 del Código Civil o, en su defecto, si ha sido consecuencia de un acto voluntario y penado por la ley, toda vez que en este último caso “debió prever los resultados de esa acción y la posibilidad de ser descubierto y sancionado”, según ha razonado la Excma. Corte Suprema (causas N° 23.799 - 2014 y 17.964 - 2015).

Noveno: Que, en consecuencia, en la especie no ha existido por parte del municipio recurrido una omisión ilegal o arbitraria al dejar de pagar al actor sus remuneraciones, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de La Pintana.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 3553 – 2023 Protección