Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO y de su Alcalde

San nombre reservado, diez de diciembre de dos mil catorce VISTOS:

A fs. 1 de estos autos comparece don nombre reservado, Ingeniero Forestal, Directivo de nombre reservado, nombre reservado 5º E.M.R de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, señalando que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, interpone Recurso de Protección en contra de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO y de su Alcalde, don nombre reservado por los hechos, acciones ilegales y arbitrarias cometidas en la dictación del Decreto Alcaldicio Nº1473, Sección Primera, Lo Espejo, fechado el 8 de Septiembre de 2014 y notificado el 16 del mismo mes y año. En su virtud – dice – se le destituye de su calidad de Funcionario Municipal, Escalafón nombre reservado 5 E.M.R, de Planta, con desempeño en la Dirección de Servicios Generales lo que vulnera, a su respecto, las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Constitución Política, esto es la de la igualdad ante la ley y de proscripción de la arbitrariedad y la garantía del derecho de propiedad y de cualquiera de sus atributos. Solicita – en amparo del mismo – se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución aplicada o, en subsidio, se ordene retrotraer el procedimiento disciplinario al estado de formulación de cargos; se aplique la sanción menor que en derecho corresponda, o se adopte toda otra medida que SS. Iltma. estime necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Fundamenta la acción que interpone en que se ordenó instruir una investigación sumaria, según Decreto Alcaldicio Nº 196, sección Primera, de fecha 29 de enero de dos mil catorce en contra de quien o quienes resultaren responsables como consecuencia de una denuncia de supuestas irregularidades informadas por carta de fecha 20 de Enero de 2014 por doña nombre reservado, ocurridas en la Dirección de Desarrollo Ambiental. Se designó para dicho efecto a don nombre reservado. Posteriormente, por Decreto Alcaldicio Nº 340 de 27 de febrero de 2014 se ordena instruir Sumario Administrativo, designándose como Fiscal a don nombre reservado, el que es reemplazado por nombre reservado, según Decreto Alcaldicio 680, sección primera de 21 de abril de 2014. Que los cargos que se le imputan son dos y los reproduce textualmente: 1.- Haber vulnerado el Principio de Probidad Administrativa previsto en el art. 58 letra g de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, a raíz de la exigencia que hacía, en razón de su cargo, a las veterinarias nombre reservado y nombre reservado, de la cantidad de $40.000 mensuales con cargo a su remuneración para insumos y/o materiales para el programa Centro de Esterilización de Mascotas de dicho municipio. En el caso de la veterinaria nombre reservado de los $30.000 que en principio entregaba fue aumentado a $40.000 debiendo acreditar esta contribución mediante facturas o boletas ante nombre reservado, Supervisor del Centro de Esterilización. 2.- Que el mismo principio anterior lo vulnera al falsificar la rendición de gastos menores con una boleta, la Nº 179754, la cual fue entregada por doña nombre reservado a propósito de la exigencia ilegal que pesaba sobre ella, implicando que en la rendición de gastos menores se falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales.

Enseguida, junto con rechazar lo cargos, da cuenta de todo el procedimiento que se observaba para la adquisición de insumos y para paliar la tardanza, añade, que muchas veces debía hacer aportes voluntarios para satisfacer la demanda de usuarios o no retrasar el trabajo de los profesionales del Centro y alcanzar las metas previamente definidas. Que la causa disciplinaria que lo afecta se construye sobre la base de declaraciones falsas, inconsistentes y de contradicciones entre quienes depusieron. Luego el recurrente procede a impugnar los antecedentes en los que se fundan los cargos que se le imputan. Destaca una auditoria la que ordenó dar curso para el Centro de Esterilización, quedando a cargo de la Sra. nombre reservado y a quien se le delegaron funciones de control de dicho Centro.

Refiriéndose al cargo Nº2 junto con rechazarlo explica que lo ocurrido se debió a que una fotocopia de la boleta Nº 179754 se incluyó en el Cuaderno de Anexos suponiendo el Fiscal que ella habría sido pagada con fondos provenientes de doña nombre reservado cuando en realidad se hizo con fondos entregados para los gastos del Centro de Esterilización. En testimonio de ello, refiriéndose al documento incorporado al proceso disciplinario que objeta el Fiscal, la fotocopia no dispondría ni del timbre del Centro ni de su firma, en señal de haber sido revisado el original por su persona y que obra en poder de la Dirección de Control.

A continuación el recurrente hace responsable al Alcalde recurrido de las ilegalidades y arbitrios incurridos durante la secuela del Sumario Administrativo. En primer término, sostiene, aplica la medida de destitución, la más gravosa de todas, con total ausencia de pruebas, coherentes y contundentes. Que quien detenta la potestad sancionatoria disciplinaria debe velar tanto por la presunción de inocencia cuanto por el principio de culpabilidad que juegan a favor de un inculpado. Que ambas exigen razonabilidad y justicia en la determinación del ilícito administrativo, presupuesto esencial en todo el procedimiento sancionatorio. Cita y aplica dictámenes de la Contraloría General. Que en este caso tanto el Fiscal como el Alcalde, para sancionar, solo se apoyaron en declaraciones y probanzas sesgadas y no en todas, tampoco. Alega, como segundo acto arbitrario, que su parte se vio imposibilitada de rendir adecuadamente la prueba de descargo como consecuencia de la negativa del Fiscal Sumariante de recepcionar la testimonial ofrecida. Solo permitió la declaración de un solo testigo y rechazó los oficios a otras unidades municipales por falta de conexión con los cargos formulados y que habrían sido requeridos, en todo caso, bajo fines dilatorios. Y ello, asevera, contraviene el art. 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, sin perjuicio del extenso acopio de antecedentes y dictámenes que hace valer y refiere en respuesta al parecer del Fiscal Sumariante tanto en este recurso cuanto en el proceso disciplinario.

Sostiene también, de otra parte, que la gravosa sanción ha sido impuesta sin que se configure infracción alguna a la probidad administrativa. Sobre este particular, en esta parte, realiza un análisis del concepto probidad administrativa y la forma de cómo no resulta posible subsumir su conducta funcionaria en el tiempo que la desempeña con las infracciones que se le imputan.

Luego refiere a una cuarta acción ilegal o arbitraria que la denomina infracción al principio de proporcionalidad. Insiste en que se le ha aplicado la sanción administrativa más gravosa sobre la base de pruebas dudosas, confusas y contradictorias y no habiéndosele permitido rendir las suyas en descargo. Que, además, tampoco se considera su ya extensa trayectoria funcionaria. Cita, al efecto, dictámenes de la Contraloría referente a que la sanción impuesta sea proporcional a la gravedad de la falta que se ha imputado. ( Dicts. 29.869/1997 - 13338/2000 – 4978/2004)

Finalmente, como quinta y ultima acción arbitraria advierte una evidente falta de motivación del acto administrativo sancionatorio, en este caso, del decreto Alcaldicio 1.473, Sección Primera Lo Espejo, de 8 de Septiembre de 2014. Al cabo de citar consistentes disposiciones legales y reglamentarias que previenen la necesidad que un acto sancionatorio de los caracteres como el del referido Decreto Alcaldicio disponga de los fundamentos de hecho que le permitan arribar a la conclusión de destituir, aquel no tiene alguno, lo que redunda en su ilegalidad.

Sostiene, por último, en lo que respecta a la afectación de la garantía de Igualdad ante la Ley y de la Prohibición de Discriminación Arbitraria ( art. 19 Nº2 de la Constitución); en cuanto a lo primero, sostiene, que dejan en evidencia un tratamiento discriminatorio y desigual. Que el Sr. Alcalde de I. Municipalidad de Lo Espejo, sin siquiera revisar detenidamente los antecedentes legales y de mérito del procedimiento, tardando 6 días en dictar el Decreto Alcaldicio sancionatorio, aplica una medida disciplinaria de destitución sin que en la especie, existan pruebas contundentes y coherentes que le permitan arribar a esa conclusión. No se le permitió ejercer el legítimo derecho a la defensa en un procedimiento que no respeta la garantía del debido proceso; no se tipifica adecuadamente la supuesta e inexistente infracción, reconduciéndola infundadamente a una falta de probidad administrativa. No se pondera la proporcionalidad de la sanción impuesta, al no explicitar como se configura la gravedad en la supuesta e inexistente infracción y se aplica la medida disciplinaria a través de un acto infundado, es decir inmotivado, con violación de nuestro ordenamiento jurídico administrativo.

Además que se desconocen principios básicos como el de culpabilidad, legalidad, tipicidad, presunción de inocencia y proporcionalidad.

Y con respecto a la “prohibición de la discriminación arbitraria ”reitera lo ya reseñado precedentemente en torno al injusto de su condena, apoyando este acápite en dos pareceres que transcribe del Tribunal Constitucional.

Por último, en lo atinente a la “garantía del derecho de propiedad y de todos sus atributos ”(art. 19 Nº 24 ) señala que al ser privado de su puesto de trabajo, el que describe, mediante destitución, afecta su derecho de propiedad sobre el derecho a la función o estabilidad en el cargo.

Concluye reiterando la petición formulada al inicio en cuanto a que se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución aplicada o, en subsidio, se ordene retrotraer el procedimiento disciplinario al estado de formulación de cargos; se aplique la sanción menor que en derecho corresponda, o se adopte toda otra medida que esta Corte estime necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección.

A fs. 41 comparece el abogado Carlos Olivares Varas en representación de los recurridos, quien, evacuando el informe requerido, en lo principal de su escrito solicita se declare la inadmisibilidad del recurso como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, fundando esta petición en la circunstancia que la acción cautelar intentada procura impugnar la resolución que aplica una medida disciplinaria en el contexto de un sumario administrativo y luego después, que el procedimiento referido aún no concluye por cuanto existen recursos pendientes que resolver, acompañando al efecto un certificado extendido por la Secretaria Municipal de Lo Espejo de la circunstancia de haberse intentado reposición por parte del funcionario sumariado. La Sala Tramitadora de esta Corte, a fs. 51, por resolución de 12 de Noviembre ppdo. negó lugar a la solicitud de lo principal.

En el primer otrosí del mismo escrito, el mismo letrado por la parte recurrida, en forma subsidiaria de lo pedido a lo principal, procede a informar derechamente el recurso pidiendo que se rechace la acción de protección deducida por don nombre reservado, por las razones que expone:

1.- Plantea la improcedencia de Recurso de Protección por existencia de un procedimiento reglado que regula la materia, en que se establece un procedimiento específico. Abundando sobre lo inapropiado del recurso intentado, que pretende impugnar un acto administrativo que resolvió sancionar al recurrente con una medida disciplinaria, señala que la Ley 18.883, que regula esta materia, se encarga de resguardar efectivamente los derechos y garantías de los funcionaros inculpados, quienes, ante una decisión adversa a sus intereses disponen de un medio específico de impugnación procesal para revertir o modificar la decisión administrativa, llamado recurso de reposición, sin perjuicio de la facultad de recurrir a la Contraloría General de la República ante la concurrencia de vicios de ilegalidad que afectaren sus derechos funcionarios.

Que, en síntesis, la recurrente ha dispuesto y sigue disponiendo de herramientas jurídicos administrativas para la defensa efectiva de sus intereses funcionarios no siendo ajustado a derecho pretender dejar sin efecto una sanción impuesta a través de un recurso de protección concebido para situaciones urgentes y excepcionales de tutela de derechos fundamentales, cuando no existan otros medios legales de amparo de los mismos, resultando absolutamente improcedente la acción de cautela constitucional intentada .

2.- En torno a la INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD QUE LA RECURRENTE TENDRÍA SOBRE SU CARGO EN LA PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL aborda las dos garantías que reclama vulneradas el recurrente. Las consagradas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 24 de la Constitución de la República. Es decir, (a) el derecho a la igualdad ante la Ley y la prohibición de discriminación arbitraria y, (b) el derecho de propiedad.

En cuanto a la garantía del artículo 19 Nº 2 señala que el Alcalde de la Municipalidad de Lo Espejo ha aplicado la ley. La Nº 18.883. Que de acuerdo al artículo 123 de la citada Ley, que transcribe, tenía que adoptar la única medida disciplinaria frente a hechos que revestían el carácter de infracción grave al principio de probidad administrativa. Es decir – según el informante –no cabe otra sanción frente a este tipo de infracciones, siendo aplicable a los casos de las letras a y e del citado artículo.

Agrega que el Alcalde tenía la obligación de proceder del modo como lo hizo y que el proceso se inició como consecuencia de una denuncia escrita y formal por parte de una profesional afectada y que la sanción le fue aplicada por igual a otros dos funcionarios implicados en los mismos hechos e inculpados en el mismo sumario administrativo. Que no es un arbitrio aplicar la medida disciplinaria de destitución pues la infracción por él cometida constituye una falta grave al principio de probidad administrativa consistente en los dos cargos que le fueron imputados los que reproduce. Que la resolución de tal medida no implica un actos discriminatorio. Fue adoptada conforme al mérito del proceso administrativo, procediendo el recurrido, a reproducir el listado de antecedentes que se estuvieron en vista para justificar la sanción impuesta.

Que, a mayor abundamiento, está reconocido por el recurrente que el proceso se inició por una funcionaria a honorarios que prestaba servicios en la Dirección de Desarrollo Ambiental, desterrando todo capricho del Alcalde de la Municipalidad de Lo Espejo. Cita una jurisprudencia del Excma. Corte Suprema contenida en la causa Rol 4766-2012 apuntando en este sentido y en el que estos asuntos se resuelven con el mérito de los antecedentes allegados. Agrega por último el informe recurrido que en el sumario administrativo seguido contra el recurrente sedio estricto cumplimiento a las garantías del debido proceso. El Sr. nombre reservado tuvo la posibilidad de realizar sus descargos, rendir pruebas e incluso deducir recurso de reposición en contra de la medida disciplinaria de destitución, habiendo sido válidamente emplazado, aplicando, en apoyo de lo que expone, el dictamen Nº 53484 de fecha 22 de Agosto de 2013 d ela Contraloría General de la República.

b) En cuanto a la vulneración que se invoca, del artículo 19 Nº 24 de la Constitución, es decir, el derecho de propiedad, debe señalarse con toda claridad que no es tal y así está reconocido de manera unánime por los Tribunales Superiores de Justicia. Señala que la Excma. Corte Suprema habría zanjado definitivamente la situación. Reiteradamente ha declarado que no existe derecho de propiedad sobre el cargo. Que si existiese alguno sería una especie de derecho de propiedad que no tendría las características propias del dominio y que sólo se mantendría mientras no opere una causal legal de cesación de funciones como en el caso sub-uidice. A continuación cita dos jurisprudencias de la Excma. Corte Suprema: la causa Rol Nº 5041-2003 y la causa Rol Nº4766-2002, dejando para el final, en este punto, que la recurrente sí incurrió en motivos de cesación de funciones como faltar gravemente a la probidad administrativa.

3.- Y, por último, al punto EXISTENCIA DE INFRACCIÓN A LOS DEBERES Y OBLIGACIONES FUNCIONARIOS, QUE IMPORTAN GRAVE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA, el informe refiere a la conducta desplegada por el recurrente como Director de nombre reservado de la Municipalidad de lo Espejo sosteniendo que sí trasgredió sus deberes y obligaciones funcionarias, particularmente la letra g del artículo 58 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, es decir no observó el principio de probidad administrativa conceptualizado en el inciso segundo del artículo 52 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde señala “…observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular…” Y, por tal motivo fue objeto del proceso disciplinario en virtud del cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución. Que la gravedad de los hechos llevaron al fiscal a cargo de sugerir pasar los antecedentes al Ministerio Público por revestir los hechos caracteres de delito. Que además quedó indubitadamente acreditado en el proceso disciplinario de cómo el Director nombre reservado, valiéndose de su jerarquía, requería el cobro ilegal a dos veterinarias con desempeño bajo su dependencia, para que entregaran parte de la remuneración que recibían para la compra de insumos en circunstancias que el aludido programa disponía de presupuesto para ello. Que esta circunstancia configura la falta a la probidad administrativa y, en consecuencia el sr. Alcalde ha cumplido con sus deberes al resolver en la forma como lo ha hecho respecto del recurrente, no existiendo la posibilidad de una sanción disciplinaria de menor intensidad, por expreso mandato legislativo.

Se trajeron los autos en relación ordenándose su vista conjunta con otras acciones cautelares con rango constitucional originadas bajo el mismo motivo.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE PRIMERO: Que el Director de nombre reservado de la Municipalidad de Lo Espejo, don nombre reservado ha recurrido de protección en contra del Alcalde de la I. Municipalidad de Lo Espejo señor nombre reservado a raíz de la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 1473 Sección Primera, Lo Espejo, fechado el 8 de Septiembre de 2014 y notificado el 16 del mismo mes y año, dictamen que contiene la medida disciplinaria de destitución impuesta en su contra como consecuencia del sumario administrativo que se instruyera por el Fiscal Sumariante de la Municipalidad de Lo Espejo, Sr. nombre reservado por faltar gravemente a la probidad administrativa en las dos aristas que da cuenta la respectiva acusación.

SEGUNDO: Que, del reclamo que hace constar la recurrente en la acción cautelar con rango constitucional que intenta, invoca como garantías amagadas la del artículo 19 Nº 2 y Nº24 , esto es el Derecho a la Igualdad ante la Ley y la Prohibición de Discriminación Arbitraria. En crédito del amago de esta garantía se sostiene que durante la secuela del sumario administrativo no fueron observados los principios del debido proceso, con apoyo de probanzas incoherentes, sesgada y sin contundencia, prescindencia del criterio racional y justo para arribar a la aplicación de la medida de disciplinaria de destitución y al margen también de la presunción de inocencia y del principio de culpabilidad, entre otras falencias que se encarga de consignar. Y, la otra garantía vulnerada, como se anotara, la del art. 19 Nº 24 esto es, “El derecho de propiedad en sus más diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales…”sosteniendo que al ser privado de su puesto de trabajo mediante destitución, afecta su derecho de propiedad sobre el derecho a la función o estabilidad en el cargo.

TERCERO: Que lo informado por la parte recurrida apunta no sólo a consideraciones formales en cuanto a rechazar la procedencia y admisibilidad de la protección intentada por la recurrida sino que también solicita el rechazo del recurso ya que la decisión adoptada es el resultado de un procedimiento reglado previsto en la ley, con garantías para quienes se estimen afectados, del cual está haciendo uso la recurrente y la medida disciplinaria adoptada a su respecto es la consecuencia de haber faltado gravemente la recurrente a la probidad administrativa debidamente según lo dispuesto en el artículo 58 letra g de la Ley 18. 885 sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales en relación con el artículo 52 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, circunstancias, éstas, establecidas en el sumario administrativo.

CUARTO: Que, como se ha dicho en otras ocasiones, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho asignándosele la debida protección al perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico, o carente de fundamento o caprichoso, reparándose por el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas, y por ello, con resguardo constitucional preferente, todo ello, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Consecuente con lo expresado precedentemente, en lo que atañe a los presupuestos de la acción cautelar, la medida disciplinaria adoptada en contra de la recurrente ha sido dictaminada al término de un proceso también disciplinario, previsto en un procedimiento contemplado en la ley, en este caso, en la ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. A mayor abundamiento, el señalado proceso ha estado conformado por dos etapas, una de Investigación Sumaria a cargo de don nombre reservado y luego, un Sumario Administrativo a cargo del Fiscal sumariante don nombre reservado, tal como se reconoce. Cabe destacar a este respecto, lo que está también reconocido por la misma recurrente, que el citado Fiscal nombre reservado reemplazó al anterior nombre reservado como consecuencia de un reclamo de incompetencia que fuera acogido lo que da cuenta que estamos en presencia de un proceso, reglado, dentro del marco legal y que contempla la aplicación de medidas disciplinarias, no sin destacar la amplia potestad que dispone el funcionario afectado de esgrimir defensas a su haber, por si, o a través de un letrado. En este sentido, está acompañado en autos a fs. 58, la certificación de la Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Lo Espejo de la circunstancia de haberse intentado un Recurso de Reposición presentado por el funcionaria sumariado para ante el Alcalde con el objeto de modificar o revertir lo resuelto en torno a la medida disciplinaria impuesta; todo lo cual, es un testimonio que descarta la acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que decreta la medida exenta de fundamentos. Es también, la manera de desatender a lo que ha sido planteado por la recurrente en cuanto a la vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República. Y, de igual modo, no resulta dable impetrar para este preciso efecto, el restablecimiento del imperio del derecho por cuanto éste, no ha sido quebrantado.

SEXTO: A mayor abundamiento, es sabido y también está reconocido por la propia recurrente que esta Corte, conociendo de un asunto por la vía de la acción cautelar con rango constitucional se limita a la apreciación de una acción u omisión ilegal o arbitraria que amenace, perturbe o prive el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente y no en una sede revisora de lo obrado por los órganos administrativos competentes en los sumarios administrativos, tal si se tratare de un recurso de apelación. Éste sería el caso y en cuya virtud el recurrente formula sus objeciones a las variadas incidencias y valoraciones producidas en dicho proceso disciplinario lo que la determina a manifestar su disidente parecer, pero por motivo alguno, configurar la amenaza o privación de alguna garantía constitucional. Por el contrario. Atento el libelo del recurso queda claro que el recurrente ha tenido acceso a una defensa íntegra y ha dispuesto de la asistencia de variados letrados durante toda la extensión del aludido sumario.

SÉPTIMO: Despejado el contexto en el que se adoptara la medida en contra de la funcionario sumariado y recurrente de autos, toca referir en torno a la garantía conculcada que se invoca, contemplada en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Carta Fundamental. Sería el caso que, merced de la medida de destitución adoptada en contra de don nombre reservado , se le habría privado de una especie de derecho de propiedad que detenta sobre el cargo que ejercía en la I. Municipalidad de Lo Espejo. Sobre este particular, más allá de las lacónicas explicaciones al respecto, sin que medie un relato de cómo se genera el amago, cabe hacer presente, como se sostuvo en estrados, que la jurisprudencia no favorece la tesis de asignarle el anotado respaldo constitucional, esto es, de derecho de propiedad, con todas las prerrogativas inherentes, al cargo o desempeño en funciones públicas. Sobre este particular, no existe propiedad sobre el empleo de los funcionarios municipales y sólo se asegura la admisión a dicha ocupación. El N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no contempla una supuesta propiedad del empleo o función. El derecho constitucional relacionado con las funciones y empleos públicos se encuentra contenido en el N° 17 del citado artículo, y se limita a asegurar la admisión a tales ocupaciones, cuando se cumplan los requisitos legales, pero no se extiende a la permanencia en esas funciones o empleos. A este respecto cabe destacar que esta garantía no se encuentra cubierta por el recurso de protección. De otra parte, el empleo o cargo que se desempeñan en las Municipalidades, vulnerados por los actos en contra de los cuales se reclama derecho de propiedad, garantizado por el N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, no reviste el carácter de ser, según su significado legal, un derecho de propiedad de aquellos que recaen sobre cierta clase de bienes incorporales y del cual pueda ser privado para reclamar de protección. No podría verse afectado su ejercicio respecto de ningún atributo o potestad de los que son esenciales al dominio, como lo establece el precepto del N° 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, dado que no tiene en sí las facultades que son inherentes y que singularizan a la propiedad. Menos puede ser objeto de un acto jurídico que le reporte algún beneficio para disponer del mismo con alguna utilidad que tenga significado jurídico. Al decir del artículo 583 del Código Civil que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad no quiere significar que sea un derecho distinto al derecho de dominio que define el artículo 582 del Código citado, sino que es el mismo derecho de propiedad o dominio, pero que por la naturaleza de las cosas sobre las cuales recae tiene una forma diversa. De ahí el alcance que tiene la expresión "especie de derecho de propiedad" y cuyo sentido guarda estrecha relación con el domicilio reservado° del N° 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. De otra parte, tampoco resulta atendible – siguiendo el razonamiento anotado – que se pretenda amparar el empleo o cargo público con garantía constitucional del derecho de propiedad si aquellos, además, por su naturaleza, están siempre expuestos a su término en tanto cuanto concurran las causas previstas en la ley. Esta circunstancia contraviene, sin duda, los atributos del dominio que la garantía constitucional cautela ( Excma Corte Suprema, sentencia del 24 de septiembre de 2001, Rol 3109-2001, y Corte de Apelaciones de La Serena, en sentencia de 4 de Junio de 2012, Rol 163-2012).

OCTAVO: Que por lo ya razonado anteriormente no existirían medidas que adoptar en este caso, que vayan en resguardo o cautela de derechos o garantías constitucionales cuyo ejercicio hayan sido amagados, perturbados o privados a raíz de actos u omisiones ilegales o arbitrarios al tiempo de la instrucción como durante la tramitación tanto de la Investigación Sumaria como del Sumario Administrativo realizados en la I. Municipalidad de Lo Espejo para establecer las responsabilidades que dieron lugar a las medidas disciplinarias dictaminadas en el Decreto Alcaldicio Nº 1473 Sección Primera, del 8 de Septiembre de 2014.

Y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 Nº2 , Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República, artículos 58 letra g y 118 y sgtes. de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, art. 52 de la Ley Nº 18. 575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el deducido de fs. 1 de estos autos por don nombre reservado atento los razonamientos expuestos y porque no concurren los presupuestos que configuran los actos ilegales y arbitrarios que se reclaman, susceptibles de amparar por vía de la acción cautelar intentada.

Redacción del Abogado Integrante Armando Jaramillo Lira Regístrese y archívese Rol Nº 354-2014.

Pronunciado por el Ministro señor Diego Simpértigue Limare, Ministra Interina señora Carmen Gloria Escanilla Pérez y Abogado Integrante señor Armando Jaramillo Lira.

San nombre reservado, diez de diciembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.